Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver lo que corresponde sobre la admisión del recurso de casación propuesto por la demandante frente a la sentencia de 22 de marzo de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario de declaración de pertenencia promovido por Carol Ceballos Díaz, contra Ceris Mariela Buelvas Díaz y personas indeterminadas, en el cual actúa Banco Comercial Av. Villas como tercero con interés.
Banco Comercial AV. Villas S.A., reconocida como tercero interesado en el resultado de la Litis, se opuso y excepcionó «falta de causa para pedir» (fls. 4 – 7, c. 2).
Al reconsiderar su decisión, el magistrado sustanciador estimó que se reunían a satisfacción todas las exigencias legales, entre ellas el interés económico para recurrir que en un comienzo extrañó.
Al efecto, atendió los motivos de inconformidad de la recurrente en cuanto a que además de los avalúos catastrales de los bienes, obraba en el expediente dictamen pericial de su valor comercial practicado en diciembre de 2003, conforme a la prueba trasladada del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena del proceso hipotecario radicado 2000-00356.
En esa línea, realizó un cuadro comparativo entre la estimación comercial de 22 de los bienes pretendidos en usucapión, al mes de diciembre de 2003, actualizado con la fórmula del «IPC inicial correspondiente a ese mes y como IPC final el de la fecha de la sentencia de segunda instancia», que arrojó una sumatoria de $768.022.805; con la valuación catastral y de ésta incrementada en un 50% a tono con lo dispuesto en el artículo 444 del Código General del Proceso, y el valor catastral «aumentado e indexado», para lo cual aplicó la misma fórmula de indexación desde el 1° de enero de 2015, hasta la fecha del fallo de segundo grado, con un resultado de $530.772.609.
En tal virtud, estimó que, cotejada con los avalúos catastrales, resultaba más idónea la experticia y su valor actualizado para determinar el monto del interés para recurrir, sumado el avaluó catastral de uno de los consultorios que no fue justipreciado por el perito.
Finiquitadas esas operaciones, obtuvo un valor total actualizado equivalente a $837.585.571, «resultantes de sumar los avalúos comerciales actualizados de 22 predios (por $768.022.805) con el avalúo catastral aumentado e indexado del consultorio 105 ($69.562.766), único bien inmueble respecto del cual no se contó con otro medio para asignarle valor dinerario» (fls. 387-392, ib).
Por ende, la labor del encargado de establecer su viabilidad exige un estudio concienzudo que, de resultar insuficiente y así advertirlo la Corte en un riguroso examen preliminar, amerita la devolución de las actuaciones para su escrutinio en forma.
Así lo ha precisado consistentemente la Sala en vigencia del actual ordenamiento adjetivo, como se recordó en AC7929-2017 al señalar que
(…) la decisión de admitir la impugnación extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser así, volverá al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporación, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuantía del interés – en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos notablemente equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros).
Ahora bien, en los pleitos de contenido esencialmente patrimonial el artículo 339 ibídem consagra que cuando «sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión», precepto que contiene una carga para el opugnador de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona la sentencia, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo sin que le esté permitido decretar medios de convicción adicionales a los existentes, ya que el recurrente asume los efectos adversos de su desidia.
Y aun cuando el inciso final del artículo 342 ejusdem contempla que «la cuantía del interés para recurrir en casación fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificación por la Corte», eso no quiere decir que las falencias de quien concede el recurso queden salvadas puesto que pasarlas por alto sería tanto como permitir que la Corporación ejerza competencia sobre asuntos que en realidad le están vedados, en desmedro del debido proceso.
En CSJ AC6081-2017 se dijo en relación con el aparte transcrito que
[e]sta última regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporación admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectación al interés patrimonial del actor, pues ello llevaría a vaciar el contenido y la finalidad del acto de admisión, así como la exigencia de un quantum en la afectación, que simplemente se verían soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisión equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectación de los principios de legalidad e igualdad.
Añadiendo que
[p]ara evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservación o efecto útil, según el cual debe privilegiarse la interpretación que permita que una norma tenga efectos sobre las que no, en concreto, de los artículos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ningún caso, podrá fijar o definir el valor de la resolución desfavorable para el actor, ya que ello quedó exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situación que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podrá solicitarles que examinen su propia decisión, indicando las razones para ello (Cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. n.° 2011-00248-01).
[…] Nótese que el objeto de la usucapión no es otro que obtener la regularización o el ascenso de la posesión hacia el dominio, que valga precisar, es el más importante de los derechos reales, no solo a partir de la perspectiva jurídica, sino desde la óptica económica, en tanto líder del tráfico negocial, máxime cuando se trata de inmuebles, tradicionalmente catalogados como los de mayor importancia y esmero regulatorio. Justamente esta Corporación ha enseñado: «La prescripción adquisitiva supone alterar el derecho real de dominio, uno de los más importantes en la construcción de la historia de la humanidad y de la riqueza, al punto que cuenta con un decisivo raigambre legal en todos los códigos civiles modernos, con un registro inmobiliario autónomo, con acciones judiciales propias, e inclusive con estatura constitucional, como en el caso colombiano en el artículo 58 de la Carta de 1991» (SC17141-2014, 16 dic. 2014, rad. 2005-00037-01).
A tono con lo decantado, la Sala de forma invariable, tanto en el régimen procesal actual como en el anterior, ha requerido la cuantificación de la resolución desfavorable cuando se trata de pretensiones relacionadas con la prescripción adquisitiva de dominio, estableciendo regla constante conforme a la cual «el monto del interés para recurrir en casación está representado únicamente por el valor del inmueble materia de la acción de pertenencia» (Subrayado fuera de texto) (AC de 4 may. 2012, rad. 2012-00301, AC2014-2014, AC3910-2015, AC6307-2016 y AC7084-2016).
4.- En el sub judice, el Magistrado sustanciador estimó que a la demandante le asistía interés para recurrir en casación porque le fueron negadas todas sus expectativas, cuya cuantificación estimó superior a los 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, considerando para el efecto un avalúo comercial de los bienes que data del mes de diciembre de 2003, actualizado a la fecha del fallo de segunda instancia, conforme a la fórmula de indexación.
Ese razonamiento no era el indicado para este evento en particular ya que al estar ceñido el establecimiento del quantum al valor comercial de los bienes involucrados en la controversia, era imprescindible saber ese monto real para la fecha del fallo, tomando en cuenta las diferentes variables acontecidas desde que se rindió la experticia base, lo que no se logra acudiendo a la indexación de sumas por cuanto, el precio en mercado de la propiedad raíz es fluctuante, al punto que puede incrementarse o decrecer, según factores que, lejos de ser homogenizantes, dependen de múltiples variables o circunstancias, de donde en modo alguno podría entenderse que el valor de los bienes inmuebles necesariamente está atado al incremento del IPC.
Al respecto en CSJ AC5019-2016 se resaltó como
(…) de requerirse fijar el quantum del agravio derivado del fallo, en principio, debe acudirse a los elementos de juicio obrantes en el proceso, a partir de los cuales sea factible establecerse realmente, el interés pecuniario «actual». Si a pesar de existir, su vigencia se halla ausente, esos remotos medios de persuasión carecen de contundencia para soportar un pronunciamiento sobre la procedencia o no de la censura extraordinaria, todo lo cual ha de conllevar a su actualización, hasta el día de la aludida providencia (…) Cabe anotar que el mecanismo para la señalada actualización, hallándose de por medio bienes raíces, difiere de cuando se trata de sumas líquidas de dinero, para las cuales es admisible su indexación, no así respecto de aquéllos, que por variadas circunstancias pueden alterar su valor, aumentándolo o disminuyéndolo, lo cual implica determinar de forma técnica o por expertos la verdadera cuantía del interés para recurrir en casación. Si dicha labor no se ha desplegado y aún así, se concede o niega la impugnación extraordinaria, tal determinación se torna apresurada, porque todavía no se ha determinado «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente».
Lo anterior significa que no fue adecuado el medio utilizado para comprobar que el detrimento patrimonial de Carol Ceballos Díaz con el pronunciamiento cuestionado excedía de 1.000 salarios mínimos legales vigentes, resultando insuficiente la pesquisa del encargado de establecer la viabilidad del ataque para concederlo, por lo que lo indicado es el retorno de las actuaciones al remitente para su escrutinio en forma.
Así lo ha precisado consistentemente la Sala en vigencia del actual ordenamiento adjetivo, como se recordó en AC7929-2017 al señalar que
(…) la decisión de admitir la impugnación extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser así, volverá al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporación, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuantía del interés – en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos notablemente equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros).
5.- En consecuencia, se declarará que el recurso fue concedido de manera prematura y se devolverán las diligencias al remitente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que concedió el recurso de casación formulado por Carol Ceballos Díaz.
Segundo: Devolver la actuación a la oficina de origen para que agote la actuación pertinente.
Notifíquese
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado