AC2783-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01605-00
Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Guamo y su homólogo de Flandes, ambos pertenecientes al departamento de Tolima, con ocasión del conocimiento de la demanda de «declaración de simulación», presentada por Diana Corporación S.A.S. contra Diana Carolina Jaramillo Raigoza y Jesús Antonio Jaramillo Collazos.
1. Los demandantes presentaron su escrito introductor ante el «JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DEL GUAMO, TOLIMA (REPARTO)» pretendiendo de forma principal que «[s]e declare absolutamente simulado el contrato celebrado mediante escritura pública 515 de quince (15) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) de la Notaria Única del Círculo del Guamo-Tolima». Señaló en el acápite sobre competencia, que la misma estaba dada por «el domicilio de los demandados y por el lugar donde se realizó los (sic) actos de simulación, nulos y/o inválidos».
Con el anterior fundamento, planteó conflicto y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo, no sin antes advertir cambios en el mapa judicial, que llevaron a los juzgados enfrentados a pertenecer a distintos distritos judiciales.
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto por cuanto involucra despachos de diferentes distritos judiciales1; ello, según lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del Código General del Proceso.
En materia de competencia, el ordenamiento prevé diversos factores que permiten determinar el funcionario judicial a quién corresponde tramitar cada asunto, dependiendo para ello de su clase o materia, de la cuantía del proceso, de la calidad de las partes, de la naturaleza de la función, de la existencia de conexidad o unicidad procesal, o de la ubicación de ciertos elementos del proceso.
En cuanto atañe al conocimiento en razón del territorio, el mismo se establece con base en los denominados fueros o foros, de los que son ejemplo: el personal, que se erige en la cláusula general y otros específicos como el real o el instrumental, alusivo entre otros al lugar de cumplimiento obligacional o al de ocurrencia de los hechos, algunos de los cuales están previstos de forma concurrente, esto es, que no afectan la operación de los demás pertinentes, y otros, de modo privativo, lo que es decir, excluyentes de cualquier otra regla de atribución aplicable.
Conviene reiterar y precisar que la mecánica propia de la distribución de atribuciones del estatuto procesal general, parte de la tradicional instauración de un fuero general que garantiza seguridad jurídica a partir de una previsión universal que tiene destinada, ab initio, la función de gobernar todos los supuestos litigiosos posibles, a la cual se acompaña luego una serie de foros específicos, cada uno de los cuales puede operar de forma exclusiva, simultáneamente concurrente o sucesivamente concurrente.
Así, el establecimiento de fueros generales y especiales, es una de las maneras más seguras que el legislador ha ideado en favor del operador jurídico para proceder en materia de determinación de la competencia por razón del territorio. Sencillamente, establece una regla general, advirtiendo a renglón seguido que ella se aplicará siempre y cuando no exista disposición legal en contrario, esto es, no exista regla especial.
La seguridad de tal instrumento es evidente, puesto que basta con verificar si el asunto fue expresamente regulado con disposición especial. De estarlo, aplica por razones obvias, la disposición específicamente asignada a la materia o al sujeto. Si no, por exclusión de materia, aplicará la regla general.
Vista la redacción del artículo 28 del Código General del Proceso, puede advertirse que en el numeral 1 se consigna la fórmula del fuero general en los siguientes términos: «En los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado»; dentro del enunciado se incluye la expresión «salvo disposición legal en contrario», misma que supone la advertencia de que ella se aplicará siempre y cuando no exista pauta en sentido diverso, lo que igualmente implica la anticipación de la existencia de las reglas especiales, algunas que la acompañan y otras que tienen la entidad de exceptuarla.
Precisamente los foros que tienen la entidad de enervar la aplicación de la regla general, son aquellos que están prescritos con carácter exclusivo, único, excluyente, no concurrente o alternativo, en tanto son los que tienen por propósito instituir un fuero específico sin consideración alguna a las demás preceptivas, tornándose potencialmente en la «disposición legal en contrario».
Por su parte, las demás normativas especiales consagradas de forma concurrente no aniquilan la operatividad de la pauta general, en tanto la misma sigue teniendo aplicación, sino que simplemente confieren alternativas adicionales que amplían el margen de decisión del demandante en la selección del funcionario destinatario del ruego jurisdiccional.
En el presente caso, donde la pretensión principal es la declaratoria de simulación, los reclamantes indicaron que la escogencia de la autoridad donde se presentó la demanda obedecía a «el domicilio de los demandados y por el lugar donde se realizó los (sic) actos de simulación, nulos y/o inválidos», razón por la cual se radicó la demanda en el Municipio del Guamo, en tanto allí se suscribió la escritura pública que contiene el negocio jurídico cuestionado.
No obstante, se advierte que del tenor de la norma correspondiente, artículo 28 del Código General del Proceso, en particular su numeral 3, el lugar de celebración del contrato no es constitutivo de algún fuero y por el contrario ese mismo canon contempla que la «estipulación de domicilio contractual» debe tenerse «por no escrita».
El anterior criterio no sólo fue desconocido por el demandante, sino por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Flandes, que también se sustrajo del conocimiento de las diligencias, aludiendo la vigencia del «forum contractui».
Ahora, pese que la selección del foro por parte de la demandante podría entenderse como ambigua, lo cierto es que esta también afirmó, en el aparte correspondiente, que debía atenderse al domicilio de los demandados (f. 38 C. 1) y al referirse este al Municipio de Flandes, no merece reparo la atribución de aptitud legal que en tal sentido efectuó la primera judicatura, aun cuando la hizo a partir una inapropiada confusión entre los conceptos domicilio y lugar de notificaciones.
En definitiva, es la segunda de las autoridades en contienda la que debe conocer del asunto, sin perjuicio de que la contraparte en el momento procesal oportuno y mediante el mecanismo legalmente autorizado, pueda controvertir esa situación.
En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Flandes para conocer de la demanda en referencia.
SEGUNDO. REMITIR la actuación al citado despacho e informar lo decidido al otro estrado judicial involucrado en la contienda.
Notifíquese y Cúmplase,
LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado
1 Conviene precisar que si bien los dos Despachos en contienda corresponden al departamento de Tolima, lo cierto es que pertenecen a diferentes distritos judiciales, esto es: Ibagué y Cundinamarca.