LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador


AC2792-2018

Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-01765-00


       Bogotá D. C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018)



       Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Tres Civil Municipal y Promiscuo Municipal de Cota, para conocer del proceso ejecutivo promovido por el Banco Colpatria S.A. Red Multibanca frente a Rodrigo Andrés Lemetre Fonseca.


1. ANTECEDENTES


       1.1. Petitum. La entidad actora pidió librar orden de pago por $51.928.742.61, más sus respectivos intereses.


       1.2. Causa petendi. El accionada aceptó a favor de la petente un pagaré, vencido desde el 5 de marzo de 2018, e impago a la fecha.


1.3. Fijación de la competencia en el libelo. La sociedad libelista lo dirigió a los jueces promiscuos municipales de Cota, respecto de los cuales radicó la competencia por el lugar del cumplimiento de las obligaciones y corresponder al domicilio del demandado.


       1.4. En auto de 26 de abril pasado, el Juzgado Promiscuo Municipal de la referida localidad, se declaró incompetente para conocer de la acción, al observar que “(…) el domicilio del demandado se encuentran (sic) en Bogotá (Caratural) (sic)”.


1.5. Por pronunciamiento de 15 de junio ulterior, el Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de esta capital, receptor del proceso, de igual modo se sustrajo de atenderlo, tras advertir que el domicilio del convocado se situaba en dicha municipalidad, siendo entonces de aplicación el foro personal por así escogerlo la actora, en tanto, la dirección de la contracarátula pertenecía a la entidad financiera ejecutante.


       1.6. Planteó así el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.


2. CONSIDERACIONES


       2.1. Baste observar con detenimiento los antecedentes que originaron la colisión cuya historia se ha dejado reseñada, para concluir, en mérito de ellos, que la declaración de incompetencia efectuada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota, carece por completo de base.


2.2. No hay duda, en este caso, para determinar la competencia por el factor territorial se debe acudir al principio general sentado por el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, a cuya letra "(…) en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado".


Lo anterior, porque en la demanda la parte ejecutante expresamente eligió como fueros determinantes de la competencia territorial el personal y el contractual, y esto debía respetarse. Ahora, si uno cualquiera de estos correspondía a la circunscripción geográfica del municipio de Cota, se descartaba la posibilidad de enviarlo a un juzgado de distinto lugar.


Bajo ese espectro, no se comprende cómo el estrado de la aludida localidad anduvo declarándose incompetente, si en el libelo se señaló (fls. 5-8), sin ningún género de dudas, que el sitio en el cual se encuentra el domicilio del extremo resistente atañe, precisamente, al localizado en el ámbito de su comprensión territorial.


En ese orden, no son de recibo las razones esgrimidas por dicho despacho judicial para desatenderse del conocimiento de las diligencias, pues los datos consignados en la “caratula”, si son coincidentes con los del demandado, son simplemente orientativos e informativos y se utilizan en aras de satisfacer las necesidades organizativas de cada juzgado y de los centros y oficinas de servicio; pero jamás pueden ser tomados como plataforma para fijar la competencia.


En todo caso, y aún prescindiendo de lo anterior, es preciso hacer notar que el juzgador cundinamarqués, al obrar de ese modo, terminó asimilando indebidamente los conceptos de domicilio y dirección de notificaciones, por cuanto en su entender, en la “caratula” figuraba únicamente el lugar donde podría comunicarse al demandado de los actos del proceso, lo cual fuera de no ser cierto, pues esa circunstancia se asocia con la parte demandante, según el tenor literal del libelo, dicha información resultaba absolutamente impertinente para establecer la competencia.


En lo pertinente, la doctrina probable de esta Sala señala que uno y otro concepto responden a finalidades diferentes, siendo imposible


“(…) confundir el domicilio, entendiéndose por tal, en su acepción más amplia, como la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, ‘pues este solamente hace relación al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de él, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que así lo requieran’ (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer ‘que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transeúnte), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda, sin que por tal razón, pueda decirse que ésta debió formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que éste sufrió alteración alguna’” (CSJ AC 20 de noviembre de 2000, rad. 0057, reiterado recientemente en AC3888-2017, 20 Jun. 2017, rad. 2017-01282-00).


2.3. Se asignará el asunto al aludido funcionario.

3. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota es el competente para conocer del proceso en referencia. Consecuentemente, ordena enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido a la otra autoridad jurisdiccional involucrada, haciéndole llegar copia de esta providencia. Ofíciese.


Notifíquese





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador