OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por Víctor Félix Cantillo Burgos, para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia proferida el 24 de septiembre de 2014, por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso ordinario de declaración de pertenencia, que promovió en su contra Lelia Díaz Durán.
Calificó de vanos los argumentos de la alzada porque no se acreditó que Lelia Díaz Durán haya perdido o interrumpido la posesión, y en cuanto a la identificación del predio, bastaba con otear la respuesta ofrecida por el perito a la pregunta Nro. 5 del cuestionario, cuando expresó que, en su criterio, el predio inspeccionado y objeto de la peritación, sí es el mismo descrito en la demanda y sus anexos, de manera que los reparos al respecto debieron plantearse por vía de objeción del dictamen (fls. 50 - 64, cno.7).
Expuso el impugnante que el Tribunal incurrió en un error de derecho, al desatender las directrices del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la demandante no cumplió con la carga de identificar el bien sobre el cual recaían sus pretensiones, por ubicación, cabida y linderos. En este caso, no se recorrió la totalidad del inmueble, ni se corroboró que estuviera explotado económicamente, pues la demandante solo está en posesión de una décima parte y el 90% restante corresponde a selva y resguardo que no se puede explotar debido a la diversidad que representa para el medio ambiente.
Se incurrió en error de derecho por violación del numeral 10 del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el predio no fue debidamente examinado por el a quo en la diligencia de inspección judicial, y en esas condiciones no se podía adjudicar en su totalidad.
Acusó también error de hecho por cuanto el ad quem al aceptar la evocada suma de posesiones, desconoció que sobre el predio pesó un proceso de extinción de dominio contra su propietario Homero Benjumea, quien fue privado de la libertad, de donde se deduce que perdió la posesión y al verse ésta interrumpida no podía sumarse a la de la demandante (fls. 5 - 13, cno. 8).
1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente».
Sin embargo, en virtud del tránsito de legislación y el numeral 5 del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012,
(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
Por tal razón, en esta oportunidad se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil por ser las aplicables al momento en que se formuló el recurso de casación (07. Oct. 2014) y que conservan vigencia hasta que culmine.
2. La rigurosidad de esta senda extraordinaria exige el cumplimiento de una carga argumentativa que no deje dudas sobre cuál es la causal esgrimida, sus alcances y repercusiones, puesto que no es labor de la Corte interpretar las imprecisiones o vacíos de planteamientos incompletos, ni desentrañar el querer de narraciones confusas o deshilvanadas, como se resaltó en CSJ AC 1933-2015:
[e]l numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil consagra que el escrito por medio del cual se provoca esta vía extraordinaria debe contener “[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa”, derivándose para el censor la obligación de respetar las reglas de técnica que faciliten la comprensión de los puntos con que pretende rebatir los sustentos del proveído atacado. Precisamente esa característica dispositiva impide que las deficiencias observadas sean subsanadas directamente y a iniciativa propia por la Corporación.
Y aun cuando se admite que en un mismo escrito obren varios ataques por las diferentes razones fijadas en la ley con tal propósito, el principio de autonomía que les es propio exige que los sustentos individuales estén acordes con la naturaleza de cada una, de tal manera que queden debidamente delineadas y no se confundan.
De ahí que cuando se acude al primer motivo de los que contempla el artículo 368 del estatuto procesal civil, con la modificación del numeral 183 artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, es imprescindible señalar «las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas», pues, a partir de allí se estructura la incursión de una equivocación por vicios in iudicando, eso sí, sin que solo se trate de citar preceptos aleatoriamente a fin de atinar con que logren esa categoría de «sustancial», porque al menos uno debe estar íntimamente vinculado con el fondo del asunto, de conformidad con el numeral 1 del artículo 51 del Decreto 2651 de 1992.
Cumplido lo anterior debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta última en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursión en errores de hecho ora de derecho, y en qué consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 no basta con invocar las disposiciones sino que «el impugnante debe poner de presente la manera como el sentenciador transgredió la norma sustancial».
3. El ataque no satisface los requerimientos técnicos exigidos, como se pasa a exponer:
a.) Luce incompleto e impreciso en su formulación, por cuanto si bien se denunció violación directa «por falta de aplicación e interpretación» de los artículos 2513 del Código Civil, 187 y 407 numeral 10 del Código de Procedimiento Civil, de los cuales solo el primero es de contenido sustancial mientras los otros son de linaje eminentemente probatorio, no se desarrolló en qué consiste la afrenta que se enrostra.
En efecto, el impugnante se limita a cuestionar aspectos de valoración probatoria, al referir que el Tribunal «apoya su sentencia en las circunstancias que tuvo de la valoración conjunta de las pruebas relacionadas», y luego de trascribir apartes del fallo, asegura que éste incurrió en error de derecho por violación de los mencionados artículos del Código de Procedimiento Civil.
Obsérvese que la disposición citada consagra la obligatoriedad de alegar la prescripción a quien quiera aprovecharse de ella y la prohibición al juez de declararla de oficio, sin embargo, pese a que ésta por su contenido fue soporte jurídico del fallo, el recurrente al sustentar el ataque no explicó de qué manera fue transgredida, al punto que en la demanda ningún argumento concreto expuso referente a la forma en que su falta de aplicación o errada interpretación incidió en la definición del asunto, ni cuál fue la infracción de la misma cometida por el juzgador.
Tal omisión torna además impreciso el embate, comoquiera que para cumplir la carga argumentativa que se echa de menos no es suficiente la invocación de una regla de esa connotación, menos aún, cuando en el asunto examinado la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio fue invocada por vía de acción y en virtud de ese reclamo de tutela jurisdiccional se obtuvo la sentencia favorable, sin que el discurso esgrimido por el casacionista apunte a derruir el acierto de esa determinación, por violación de la norma de contenido material referida.
En ese sentido en AC4698-2016, se expuso,
Estas manifestaciones no estructuran una acusación idónea para sustentar el recurso extraordinario, pues, como se ha precisado invariablemente, para que un embate sea apto y suficiente en casación, es necesario que “el recurrente (…) indi[que] la causal del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil en que se respalda y, consonantemente, sustent[e] la acusación, lo cual no puede hacer de cualquier manera y, mucho menos, de una que se asimile a un alegato de instancia, sino con indicación puntual y explicación suficiente de las específicas trasgresiones de la ley -sustancial o procesal- en que incurrió el sentenciador al proferir el fallo cuestionado, y exponiendo los planteamientos que sirven al propósito de demostrar los yerros que se imputen, de donde los argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, o limitarse a presentar la visión personal que el recurrente tenga de la plataforma fáctica del litigio, actitudes todas que harán inadmisible la acusación que en tales condiciones se formule” (CSJ, auto del 26 de octubre de 2012, Rad. nº. 2003-00723-01; se subraya)
b.) Aunque se invocó la vía directa, en la argumentación se entremezcló con las otras dos vertientes de la causal primera, por cuanto en su desarrollo no se describió ninguna equivocación de naturaleza jurídica atribuida al sentenciador, sino que al materializar el ataque se anunció la comisión de yerros tanto de facto como de iure por afrenta de normas probatorias, referidos a que se dio crédito a la suma de posesiones, no se acataron las directrices de identificación del predio y no se efectuó un debido examen del mismo en la inspección judicial.
En esas condiciones, se distanció el impugnante del cometido de demostrar que el juzgador erró en la solución jurídica del caso, y al descender al discurso fáctico incursionó en la senda de errores en la apreciación probatoria, cuyo debate es ajeno a la vía escogida.
Al respecto, en CSJ AC, 22 feb. 2010, rad: 1999-7596-01, se señaló como,
(…) inobservó la impugnante que “… en la demostración de un cargo por la vía directa, el recurrente no puede separarse de las conclusiones a que en la tarea del examen de los hechos haya llegado el tribunal”, debiendo circunscribir su alegato “a los textos legales sustanciales que considere no aplicados o aplicados indebidamente, o erróneamente interpretados; pero en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas” (CXLVI, pág. 50, reiterada en auto del 4 de abril de 2000, exp. 7939). (Subrayado fuera del texto original).
Ahora, si se entendiera que el cargo se planteó por el terreno de la vía indirecta, igualmente su formulación se torna deficiente ante la falta de concreción de la infracción a la única norma sustancial aducida, dado que la invocación aislada de reglas de carácter probatorio resulta insuficiente para sustentarlo, pues como lo memoró la Sala en AC 22 Feb. 2010, rad. 1999-07596-01, las normas de esa estirpe «tampoco por sí solas pueden dar base para casar una sentencia, sino que es preciso que de la infracción de una de esas disposiciones resulte infringida otra norma sustantiva … (C.G. LVI, pág. 318)».
Ante las deficiencias advertidas, se trunca cualquier análisis sobre meras especulaciones o desacuerdos planteados más a manera de alegatos de inconformidad con lo resuelto, que como sustento de un cargo en casación, al efecto, vale la pena reseñar lo expresado en CSJ AC 22 feb. 2010 rad. 1999-07596-01,
(…) el recurrente deberá plantear, con claridad y precisión, un juicio de legalidad contra el fallo, labor que reclama, en adición, el puntual señalamiento de las normas sustanciales que en su concepto vulneró el Tribunal, teniendo presente la inquebrantable naturaleza dispositiva del recurso de casación, que no le permite a la Corte, “… sin resquebrajar caros axiomas que de antaño estereotipan el recurso en comento, suplir o incluso complementar la tarea impugnativa asignada al recurrente, en atención a que -en línea de principio- debe circunscribirse a la demanda respectiva, la cual se erige en carta de navegación para todo el Tribunal de casación, con prescindencia de si fue formulada debidamente, ya que ésta no es, no podría ser de ninguna manera, responsabilidad del Juez, menos del de casación, ajeno al juzgamiento de instancia… Al fin y al cabo en esta materia, por contraposición a lo que tiene lugar en punto al recurso ordinario de apelación, la Corte Suprema sólo puede transitar por el sendero que precedentemente le ha indicado el censor, por manera que su movilidad está ligada, indisolublemente, a lo consignado en el correspondiente libelo, por mas que evidencie, motu proprio, errores o dislates -aún mayúsculos- en la sentencia de segundo grado, los que no puede enmendar oficiosa o libremente, como se acotó, so capa de desnaturalizar, in radice, este singular recurso.
4. En síntesis, al no ceñirse el ataque a los requerimientos formales de esta extraordinaria senda de impugnación, resulta inviable su aceptación.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar inadmisible la demanda y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto por Víctor Félix Cantillo Burgos.
Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA