OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado Ponente

  1. AC2821-2018
  2. Radicación n° 17 614 31 84 001 2015 00050 01
  3. (Aprobado en sesión de veinticinco de abril de dos mil dieciocho)

Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por la accionante para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia proferida el 24 de febrero de 2016, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, en el proceso verbal de declaración de existencia de unión marital de hecho, disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que promovió Yolanda del Carmen Grisales Ossa contra Diego Alejandro Ramírez González y Carlos Andrés Ramírez González como herederos determinados de Carlos Elías Ramírez Valencia; Norha Elena González Valencia y demás herederos indeterminados del mismo causante.



  1. ANTECEDENTES


1.- Se solicitó en el libelo declarar la existencia de la unión marital de hecho conformada entre Yolanda del Carmen Grisales Ossa y Carlos Elías Ramírez Valencia (q.e.p.d.) en consideración a la convivencia permanente y singular desde 2007 hasta el 10 de diciembre de 2014 fecha de la muerte del último, igualmente, declarar la existencia de la sociedad patrimonial.


En sustento se expuso que durante el referido periodo la demandante compartió con Carlos Elías Ramírez Valencia techo, lecho y mesa, con domicilio marital en un comienzo en la ciudad de Manizales, luego en el municipio de Supía – Caldas y a partir de 2013 en San Pedro de los Milagros – Antioquia, por razón de negocios.


Durante el tiempo de convivencia entre los compañeros existió compromiso de apoyo, comprensión mutua, socorro y ayuda efectiva, conformándose una unión marital y la consecuente sociedad patrimonial entre ellos (fls. 3 - 11, cno. 1).


2.- Los convocados se opusieron y formularon como excepciones de mérito «inexistencia de comunidad de vida entre el señor Carlos Elías Ramírez Valencia (q.e.p.d.) y Yolanda del Carmen Grisales Ossa», «falta de los requisitos formales para configurarse una sociedad patrimonial de hecho», «mala fe de la parte demandante» y «genérica» (fls. 147 - 155 cno. 1).


El curador ad litem designado a los herederos  indeterminados, manifestó atenerse a lo probado (fl. 227 – 228, ib.)

3.- En su sentencia el a quo declaró probada la excepción de «inexistencia de comunidad de vida entre el señor Carlos Elías Ramírez Valencia y Yolanda del Carmen Grisales Ossa» y negó las súplicas. Al efecto, señaló que no se probaron los requisitos legales para acreditar la conformación de la unión marital de hecho y por lo tanto tampoco hay lugar al reconocimiento de una sociedad patrimonial (fls. 321 a 326, cno. 2).


4.- Contra esa determinación la promotora formuló recurso de apelación. En términos generales, cuestionó la valoración probatoria efectuada por el a quo, porque se analizó de manera parcial el dicho de los testigos; no se estudiaron las pruebas en su conjunto y no se desvirtuó la existencia de la unión marital en los dos últimos años de vida del señor Carlos Elías.


5.- El Superior confirmó lo resuelto en primera instancia, al estimar que no le asistía razón a la censura en cuanto a las deficiencias endilgadas al fallo del a quo


Aseveró que le correspondía a la gestora probar los elementos inequívocos de la unión alegada exigidos en la Ley 54 de 1990, cometido que no logró y, tras hacer referencia a los diferentes medios probatorios de naturaleza testimonial y documental les restó mérito suficiente para derruir las conclusiones del juzgador de primer grado.


En síntesis, halló que la valoración de los medios persuasivos efectuada por el a quo fue en conjunto y adecuada, pues no se demostró en forma fehaciente que la voluntad de Yolanda y Carlos Elías haya estado encaminada a conformar una unión marital, concretamente, echó de menos la prueba de la convivencia por un lapso superior a 2 años (fls. 8 – 12 cno. 4).


6.- La apelante formuló casación, que le concedió el Tribunal (fls. 15 - 17, ib.).


7.- Por auto de 12 de abril de 2016, se admitió el recurso extraordinario (fl. 4, cno. 5).


8.- En la oportunidad concedida se formularon dos cargos sustentados en la causal segunda de casación, consagrada en el artículo 336 del Código General del Proceso.


a.-) El primero, acusó que la sentencia es violatoria de la Ley 54 de 1990, artículos 1 y 2 modificado por el artículo 1° de la Ley 979 de 2005 literales a) y b) indebidamente aplicados por el Tribunal.


Tal infracción se presenta por «apreciación errónea, por error de hecho», de los interrogatorios y testimonios rendidos por Dainer Oswaldo Orozco, Rafael Ramírez Taborda, Eliana Cristina Noreña, José Jair Orozco, Dina Gheraldine Moreno Serna, Ricardo Rodríguez Lozano y Silvio Marín, por no concederles el alcance que tienen.


Transcribe apartados del interrogatorio absuelto por Yolanda del Carmen Grisales Ossa y de las versiones rendidas por José Jair Orozco, Rafael Ramírez Taborda, Abundio de Jesús Posada y Dainer Oswaldo Orozco, y afirma que el juzgador no realizó una valoración de los mismos de acuerdo a las reglas de la sana crítica, en detrimento del derecho sustancial de la actora.


A continuación, resalta algunos aspectos del interrogatorio de Carlos Andrés Ramírez Valencia y de las declaraciones de Ricardo Rodríguez Lozano y Silvio Marín, para denotar las inconsistencias en que incurrió el primero al manifestar que no conocía a la señora Yolanda cuando ella misma le entregó el vehículo que figuraba a nombre de Carlos Elías Ramírez, mientras que el dicho de los otros dos testigos arroja dudas en el momento de su valoración, siendo más creíbles los practicados por solicitud de la demandante, no obstante lo cual, el a quo con deficiente valoración probatoria negó las pretensiones, desconociendo la pertinencia y conducencia de las pruebas documentales y testimoniales practicadas.


b.-) El segundo, calificó la sentencia de atentar contra la Ley 54 de 1990, artículos 1 y 2, modificado por el artículo 1° de la Ley 979 de 2005 literales a) y b), por indebida aplicación derivada de error de derecho respecto de la apreciación de los testimonios de Yolanda del Carmen Grisales Ossa, Dainer Oswaldo Orozco, Rafael Ramírez Taborda, Abundio de Jesús Posada, José Jair Orozco, Carlos Andrés Ramírez Valencia, Dina Gheraldine Moreno Serna, Ricardo Rodríguez Lozano y Silvio Marín, en la medida que en su valoración se desconocieron normas del Código de Procedimiento Civil y no fueron apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica


  1. CONSIDERACIONES


  1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente», por lo que rige para todos los efectos la presente impugnación planteada el 2 de marzo de 2016, a pesar de corresponder a un pleito iniciado bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil, conforme al numeral 5 del artículo 625 del primer estatuto citado según el cual «los recursos interpuestos (…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron».


  1. La naturaleza extraordinaria de éste medio de contradicción exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso el escrito de sustentación deberá contener la «formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa», respetando las reglas propias de cada causal.


Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», toda vez que


(…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.


Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que riñen con lo anterior, puesto que conforme a los artículos 346 y 347 ibídem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisión y, aún de superar los ataques las formalidades técnicas previstas, puede la Sala ejercer selección negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente.


De ahí que una vez cumplido ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales» según manda el inciso final del artículo 336 ejusdem.


  1. Si se acude al segundo numeral del artículo 336 del Código General del Proceso, relacionado con la violación indirecta de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso sí que sea basilar de la determinación y no una relación aleatoria con el propósito de atinar a alguno con la categoría exigida, como se desprende del parágrafo primero del artículo 344 ibídem.


Adicionalmente, corresponde precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente donde radica la infracción; o es el resultado de yerros de facto en la apreciación del libelo, la respuesta al mismo o algún medio de convicción, singularizando de manera diáfana y exacta en qué consiste la equivocación manifiesta y trascendente en que incurrió el sentenciador.


4.-  Ninguno de los dos cargos propuestos cumple a cabalidad las exigencias exigidas, por lo que no se abren paso, según pasa a exponerse:

a.-) El segundo ataque se edificó en la violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho, no obstante, en su formulación se desconoce la exigencia referida a que se deben relacionar también las normas de carácter probatorio comprometidas, pues al tenor del artículo 344 del Código General del Proceso, «cuando se trate de error de derecho, se indicarán las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicación sucinta de la manera en que fueron infringidas».


En este caso, la recurrente se limitó a mencionar algunos medios persuasivos de naturaleza testimonial e interrogatorios de parte, para afirmar que en su valoración se desconocieron normas del Código de Procedimiento Civil,  y a continuación, sin aludir a la norma instrumental que en su criterio resulta desconocida, dijo que esos elementos demostrativos eran base esencial de las consideraciones del Tribunal para confirmar el fallo de primer grado, pero no fueron valorados conforme a los «principios del Código General del Proceso».


Desde esa perspectiva, al no haberse señalado afrenta contra algún canon de estirpe probatoria, no resulta factible evaluar el desempeño del juzgador por el camino propuesto al desconocerse cuáles son los precisos reparos en punto a la petición, obtención o valoración de la prueba testimonial y como se precisó en AC 30 nov. 2012, rad. 2006-00547,


[e]l ataque indirecto por error de derecho implica, por su parte, la transgresión de un precepto de índole probatoria, como consecuencia del desconocimiento de los parámetros requeridos en la solicitud, decreto, práctica o valoración de los medios de convicción, lo que se debe soportar haciendo un cotejo de estos con la providencia, para resaltar las falencias del sentenciador en el peso que les otorgó al tomar la decisión, desde el punto de vista de su aptitud.


La referida exigencia se justifica en atención a la naturaleza del yerro atribuido, pues según lo indicó la Sala en AC2520-2017, rad. 2009-00055-01, 


(…) La Corte enseñó que se incurre en esta falencia si el juzgador:


Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las evalúa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohíbe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere (CSJ AC8674 de 2016, rad. 2011-00269-01, entre otras).


b.-) En el cargo primero, se acusó la configuración de error de hecho por apreciación errónea de la prueba testimonial y de los interrogatorios de parte.


Esa modalidad de yerro  puede configurarse cuando el fallador se equivoca ostensiblemente al apreciar materialmente los medios de convicción, bien sea por suposición, pretermisión o tergiversación de aquellos.


Así, no cualquier error es válido para soportar esta acusación, siendo menester que sea manifiesto y además trascendente en el sentido de la sentencia, lo que le impone a la inconforme un laborío de individualización de los medios probatorios que a su juicio fueron indebidamente apreciados por el sentenciador, y una comparación entre éstos y las conclusiones que de su valoración se extrajeron, encaminada a demostrar en qué consistió el error y cuál fue su incidencia en la definición del asunto.


En este caso el censor en lugar de señalar el error evidente y trascedente en la valoración preponderante de la prueba testimonial, se limitó a transcribir algunos apartados de lo expresado por José Jair Orozco, Rafael Ramírez Taborda, Abundio de Jesús Posada y Dainer Oswaldo Orozco, para afirmar que el juzgador no realizó una valoración, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de las versiones de esos testigos que daban cuenta de su conocimiento sobre la relación de la gestora con el causante. Al mismo tiempo cuestionó la forma como el a quo, en la audiencia de reconstrucción del testimonio de Dainer Oswaldo Orozco, introdujo elementos que no existen en el mundo jurídico, lo que generó presión al testigo.


A continuación, destacó varias de las respuestas ofrecidas en su interrogatorio por Carlos Andrés Ramírez Valencia y afirmó que éste entre 2007 y 2014 permaneció mucho tiempo fuera del país, ni siquiera se enteró que sus padres habían liquidado la sociedad conyugal y no fue congruente en cuanto a si conocía a la accionante; por otra parte, refirió que las declaraciones de Ricardo Rodríguez Lozano y Silvio Marín generaban dudas, siendo más relevantes y pertinentes aquellas recibidas por solicitud de la actora, pese a lo cual no fueron analizadas adecuadamente por el a quo.


Como puede verse, en este reparo no se ofreció una explicación clara y concreta acerca de qué parte de lo declarado por los comparecientes fue apreciada en forma incorrecta, o dejada de valorar por el Tribunal, y mucho menos de la trascendencia que el yerro denunciado tenía, al punto que, de no haberse presentado, hubiera dado lugar a una conclusión diferente capaz de derruir las bases que sustentaron el fallo.


Omitió la censura cumplir el inexcusable deber de exponer mediante una confrontación específica, lo que la prueba dice y lo que el juzgador no advirtió, tergiversó o distorsionó al apreciarla, tarea que no se satisface con una alegación en la que apenas sugiere su visión particular sobre la forma como debió resolverse el caso o a manera de  una simple discordancia frente a la evaluación crítica del fallador, pues se limitó a transcribir y comentar segmentos del proveído en forma aislada, sin efectuar ningún ejercicio de cotejo entre lo manifestado por los testigos y la apreciación dispensada a los mismos.


Tampoco reparó la inconforme que el ad quem, no solo le restó valor persuasivo a los testimonios, sino también a los documentos aportados al proceso, porque mirados en conjunto no resultaron suficientes para acreditar que entre la señora Yolanda Grisales Ossa y el fallecido Carlos Elías Ramírez existió una comunidad de vida permanente y singular por un término superior a dos años, que pudiera calificarse como unión marital de hecho, en los términos consagrados en la Ley 54 de 1990, punto sobre el cual no manifestó ninguna inconformidad.


Sobre el defecto advertido, en CSJ AC 22 feb. 2010, rad. 1999-07596-01, se indicó


(…) en cuanto a la carga de demostración de los errores en que habría incurrido el juzgador ad quem, en forma invariable ha sostenido la Sala que “es indispensable que el recurrente -cuando endilgue al sentenciador violación de la ley sustancial, a consecuencia de errores de hecho en la apreciación de las  pruebas-, más que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, laborío que reclama la singularización de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontación con las conclusiones que de ellos extrajo -o debió extraer- el Tribunal y la exposición de la evidencia de la equivocación, así como de su trascendencia en la determinación adoptada” (Cas. Civ., sentencia de 23 de marzo de 2004, expediente No. 7533; se subraya).


5.- En síntesis, al no ceñirse ninguno de los ataques planteados a los requerimientos formales de esta extraordinaria senda de impugnación, resulta inviable su aceptación.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar inadmisible la demanda y en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en este asunto por Yolanda del Carmen Grisales Ossa.


Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.


Notifíquese




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA