OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
Bogotá D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por Rubén Darío Bedoya Cardona, frente a la sentencia de 22 de noviembre de 2017, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, dentro del proceso de investigación de paternidad de la Defensoría de Familia contra el impugnante.
Al analizar el informe científico se observa que la acreditación e idoneidad del laboratorio donde se llevó a cabo obraba en el expediente, por lo que era innecesaria la solicitud de complementación del opositor en ese sentido, máxime cuando para restarle mérito a la evaluación debía pedir otra, sin que lo hiciera, quedando su validez e idoneidad fuera de discusión.
Frente a un resultado con probabilidad de nexo filial de más del 99.99%, como es el caso, es necesario acudir a los restantes medios de convicción que lo corroboren «que bien pueden ser meros indicios» y si bien en la contestación se negó la existencia de trato íntimo con la madre del niño, lo cierto es que se aportaron fotografías de la pareja y un mensaje de What’s App que lo desmienten, sin que fueran desconocidos en la debida oportunidad.
A pesar de que resultaría innecesario ahondar en el valor dado a las declaraciones de Sindy Pulgarín Mejía y Edilberto Pérez Múnera, de todas maneras fueron debidamente apreciadas por el a quo. Por demás, la mención en el fallo sobre la posibilidad de que el opositor reconociera al niño según dijo en la conciliación, fue algo tangencial que no le sirvió de sustento y por su intrascendencia es innecesario abordarlo (fls. 31 al 40 cno. 2).
Por lo tanto, se equivocó el sentenciador al tener en cuenta «dicho indicio calificado de grave» al no estar plenamente probado el requisito indicante «ya que hace mención únicamente a la sola manifestación del demandado al momento de dar respuesta al libelo genitor, esto es, en forma insular, sin tener en cuenta las pruebas en conjunto para su apreciación como lo manda el artículo 176 del Código General del Proceso», desatendiendo las declaraciones recaudadas a solicitud suya que «al unísono expresan que entre la madre del niño y el demandado nunca existió una relación siquiera de amistad», con lo que corroboraron su dicho para producir un contraindicio desvirtuando la deducción del fallador, que por demás fue una sola cuando se requerían varias.
Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», toda vez que
(…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que riñen con lo anterior, puesto que conforme indican los artículos 346 y 347 ibídem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisión y, aún de superar los ataques las formalidades técnicas previstas, puede la Sala ejercer selección negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente.
De ahí que una vez superado ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales» según manda el inciso final del artículo 336 ejusdem.
Adicionalmente, corresponde precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente dónde radica la infracción; o si es el resultado de yerros de facto en la apreciación del libelo, la respuesta al mismo o algún medio de convicción, singularizando de manera diáfana y exacta en qué consiste la equivocación manifiesta y trascendente incurrida por el sentenciador.
Es así como los artículos 173, 176 y 240 del Código General del Proceso, que se refieren en su orden a las oportunidades para pedir medios de convencimiento, la forma de apreciarlos y los requisitos de los indicios, el primero de los cuales es base normativa de la censura inicial y los restantes con los que se desarrolla la siguiente, son de naturaleza probatoria.
De ahí que según se recordó en CSJ AC4144-2017
[e]sta Corporación tiene bien establecido que son normas sustanciales aquellas que «…en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación…», por lo que no ostentan esa naturaleza las que se «limitan a definir fenómenos jurídicos o a descubrir los elementos de éstos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo». (CSJ AC, 5 May. 2000).
Precisamente en relación con el artículo 176 ejusdem en AC2514-2017 se indicó que es norma «de estirpe probatoria y no material, en cuanto ordena apreciar las pruebas en conjunto, en línea de principio, siguiendo las reglas de la lógica, de la ciencia o de la experiencia, como paso previo para fijar hechos y ahí sí atribuirles las consecuencias previstas en los preceptos sustantivos».
En cuanto al artículo 240 ibídem, corresponde al tenor literal del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil del cual, entre otras estipulaciones adjetivas, se resaltó la insuficiencia de su invocación para los fines de la vía indirecta en CSJ AC219-2017 en un caso donde
(…) se denunció el quebranto de los artículos 95, 248, 249 y 250 del Código de Procedimiento Civil, que en su orden conciernen a: (i) la falta de contestación de la demanda; (ii) los requisitos de los indicios, (iii) la conducta procesal de las partes constitutivas de indicios y, (iv) su apreciación; artículos que, per se, como lo ha destacado la Corte en decisiones precedentes, no son sustanciales.
Por su parte el artículo 173 del Código General del Proceso, aunque con algunos cambios en su redacción, conserva la misma esencia del artículo 183 del estatuto procesal civil al fijar reglas de práctica e incorporación de medios de convicción, frente al cual en CSJ AC5403-2015 se observó
(…) al compendiarse el único cargo propuesto en la demanda que se examina, las normas que se señalaron como indirectamente infringidas por el Tribunal fueron los artículos 177, 179, 183 y 187 del Código de Procedimiento Civil (…) Así las cosas, es del caso colegir que ninguno de esos preceptos ostenta naturaleza sustancial, pues ellos, según se desprende de su simple lectura, son de linaje procesal y, más exactamente, probatorio (…) Ciertamente, el invocado artículo 177 del Código de Procedimiento Civil se ocupa de la carga que tienen las partes de acreditar los hechos que alegan; el 179 de la misma obra, trata del decreto oficioso de pruebas; el 183 ibídem, impone la oportuna incorporación de los medios de convicción al proceso, para que puedan ser apreciados por el juez; y el 187 desarrolla el principio de la valoración conjunta de los elementos de juicio.
Igual acontece con los artículos 269 y 272 del Código General del Proceso, que aunque aparecen tangencialmente en el desarrollo del segundo ataque no se anuncian vulnerados sino que figuran en alusión a su cita por el ad quem, pues contienen reglas de procedencia de la tacha de falsedad y el desconocimiento del documento, lo que es meramente instrumental. Precisamente sobre el primero en AC7530-2016 se recalcó como
(…) en la acusación inicial se invocaron como infringidos los artículos 11 de la Ley 1395 de 2010, 276 del Código de Procedimiento Civil y 164, 176, 260 y 269 del Código General del Proceso. A su turno, en la siguiente, se citaron como transgredidos los artículos 4, 11, 42, 164 y 176 de esta última obra (…) Esos mandatos legales –al margen de que los de la Ley 1564 de 2012 no estaban vigentes al momento de la interposición del recurso de casación, ni de la presentación de la demanda en estudio-, versan sobre los deberes del juez y el ejercicio de sus poderes para lograr la igualdad de las partes; el modo en que se interpretan los cánones procesales; la presunción de autenticidad de los documentos privados, su alcance demostrativo y el reconocimiento implícito de los mismos; la forma en que tales elementos de juicio se tachan de falsos; la necesidad de que las decisiones judiciales se basen en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso; y la manera en que los medios de convicción han de ser apreciados (…) Como se observa, se trata de disposiciones eminentemente procesales y, en su gran mayoría, de linaje probatorio, que, se insiste, no sirven para estructurar los cargos fincados en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil.
Respecto de la referencia al artículo 29 de la Constitución Política cuya afrente se invoca en el primer embate, como se dijo en AC6149-2017 su
(…) contenido es eminentemente procedimental, en tanto regula el debido proceso, sin constituir o extinguir situaciones materiales. Esta Sala ha precisado que «no son sustanciales las disposiciones reguladoras de… la actividad in procedendo» por lo que «por sí solas [no] pueden dar base para casar una sentencia, sino que es preciso que de la infracción de una de esas disposiciones resulte infringida otra norma sustantiva» (AC7549, 9 dic. 2014, rad. n° 2009-00072-02, reitera los fallos SC, 10 dic. 1999, 30 may. 2011).
Fuera de que según se dijo en AC1933-2015 dicho precepto superior «contiene un principio general del derecho como es el del debido proceso, que para su cumplimiento precisa de una regulación especial por materias, por lo que cualquier afectación al mismo debe estar dirigida al caso específico y citando el articulado que lo desarrolle en ese punto».
Quiere decir que al carecer cada uno de los artículos a que alude el censor de la calidad que constituye la esencia del ataque por la causal segunda de casación, toda vez que se refiere a la «violación indirecta de la ley sustancial», vago quedaría cualquier esfuerzo para verificar en qué consistió la misma, tal como se expuso en CSJ AC5335-2017 al llamar la atención en que una omisión en ese sentido por el impugnante «priva a la Corte de uno de los elementos indispensables para cumplir la función asignada como Tribunal de casación que, en el ámbito de la causal invocada, consiste en determinar si la sentencia violó o no la ley sustancial y sin que sea posible a esta Sala suplir, enmendar o completar la tarea del recurrente».
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada para sustentar el recurso de apelación interpuesto por Rubén Darío Bedoya Cardona en el proceso de investigación de paternidad que adelantó la Defensoría de Familia en su contra.
Segundo: Devolver por Secretaria el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA