OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado Ponente


  1. AC2831-2018
  2. Radicación n° 25899-31-03-001-2006-00340-02
  3. (Aprobado en sesión de        siete de marzo de dos mil dieciocho)

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Raúl Alfonso Rojas Romero frente a la sentencia de 21 ago. 2015, proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso de pertenencia agraria de Deyanira Herrera Romero contra los sucesores determinados e indeterminados de Eulogio Romero y Elisa Suárez de Romero, esto es, los herederos desconocidos de sus hijas María Luisa, Ana Francisca y María Elisa Romero Suárez, así como los de Moisés y Jairo Hernández Romero, descendientes de la última. También con la comparecencia de Oliva, Rosalba, Elvira, Fernando, Carlos, Elizabeth, Nohora y Juan Hernández Romero, hermanos de los anteriores; y del impugnante, Guillermo, Rosa, Alcides y Ana Belén Rojas Romero, como continuadores de Ana Francisca.

  1. ANTECEDENTES


  1. Pidió la accionante declarar que adquirió por prescripción adquisitiva extraordinaria la finca Buenavista en Nemocón, que figura a nombre de Eulogio Romero y Elisa Suarez de Romero, ambos fallecidos (fls. 29 al 33 cno. 1).


  1. A pesar de que se convocaron los sucesores de los titulares de dominio inscritos, solo compareció Raúl Alfonso Rojas Romero, oponiéndose y excepcionando «falta de requisitos o presupuestos para la posesión», «inexistencia de los elementos de la posesión» y «falta de integración del litisconsorcio» (fls. 8 al 91, 96 y 97 cno. 1).


  1. El fallo del Juzgado Civil del Circuito de Descongestión de Zipaquirá accedió a la usucapión porque encontró reunidos los presupuestos de ley para tal efecto, lo que apeló Raúl Alfonso Rojas Romero (fls. 549 al 569 y 571 cno. 1).


  1. El Tribunal confirmó la sentencia al desestimar los reparos de la alzada frente a la valoración probatoria del a quo, que se encontró óptima; la falta de vinculación de otros herederos, que ya había sido tratado en la etapa de excepciones previas; y el descuido al no apreciar que el recurrente demostró ser el dueño del bien porque le fue adjudicado en un trámite de sucesión, lo que no tenía relevancia en vista de que eso aconteció el 2007 y el pleito se inició en 8 de noviembre de 2006 (fls. 28 al 39 cno. 5).


  1. El contradictor interpuso recurso de casación  y le fue concedido (fls. 41 al 44 y 84 al 87 cno. 5).


  1. La Corte admitió la impugnación y el interesado la sustentó en tiempo mediante un cargo por «considerar la sentencia acusada como violatoria de la ley sustancial, como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciación de las pruebas presentadas en el libelo de la demanda», pero sin señalar un solo precepto que fuera vulnerado y limitándose a hacer un repaso de los medios de convicción «acorde con las etapas evacuadas, infiriendo dentro de la[s] mismas su contundencia o no y su interpretación adecuada» (fls. 6 al 19).


  1. CONSIDERACIONES


  1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente».


Sin embargo, en virtud del tránsito de legislación y el numeral 5 del artículo 625 de la Ley 1564 de 2012,


(…) los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.


Por tal razón, en esta oportunidad se tendrán en cuenta las normas que establecía el Código de Procedimiento Civil por ser las aplicables al momento en que se formuló el recurso de casación (31 ago. 2015) y que conservan vigencia hasta que culmine.


  1. La rigurosidad de esta senda extraordinaria exige el cumplimiento de una carga argumentativa que no deje dudas sobre cuál es la causal esgrimida, sus alcances y repercusiones, puesto que no es labor de la Corte interpretar las imprecisiones o vacíos de planteamientos incompletos, ni desentrañar el querer de narraciones confusas o deshilvanadas, como se resaltó en CSJ AC 1933-2015 donde se dijo que


[e]l numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil consagra que el escrito por medio del cual se provoca esta vía extraordinaria debe contener “[l]a formulación por separado de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación en forma clara y precisa”, derivándose para el censor la obligación de respetar las reglas de técnica que faciliten la comprensión de los puntos con que pretende rebatir los sustentos del proveído atacado. Precisamente esa característica dispositiva impide que las deficiencias observadas sean subsanadas directamente y a iniciativa propia por la Corporación.


Cuando se acude al primer motivo de los que contempla el artículo 368 del estatuto procesal civil, con la modificación del numeral 183 artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, es imprescindible señalar «las normas de derecho sustancial que el recurrente estime violadas», pues, a partir de allí se estructura la incursión de una equivocación por vicios in iudicando, eso sí, sin que solo se trate de citar preceptos aleatoriamente a fin de atinar con que logren esa categoría de «sustancial», porque al menos uno debe estar íntimamente vinculado con el fondo del asunto, de conformidad con el numeral 1 del artículo 51 del Decreto 2651 de 1992.


Cumplido lo anterior debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta última en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursión en errores de hecho ora de derecho, y en qué consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 «no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió».


  1. En esta oportunidad el impugnante desatendió el deber de citar los preceptos materiales que justificaban el reparo por la causal primera, quedando cerrada de entrada cualquier arremetida contra la providencia del ad quem por el camino propuesto, ya que no es posible estructurar con precisión mediante simples elucubraciones la equivocación «in iudicando», que depende precisamente de la «violación de norma de derecho sustancial» de la cual se derivan las diferentes variables en que se manifiesta la misma, ya en forma directa o indirecta.


Escudriñando minuciosamente la sustentación solo aparecen tangencialmente los artículos 778 del Código Civil y 185 del Código de Procedimiento Civil, pero no para desarrollar el ataque desde la perspectiva de su infracción, ya que el primero obra en una transcripción parcial de las consideraciones en la providencia cuestionada y el último, que de todas formas tiene una connotación meramente demostrativa, según el contexto de que


[a]taca el fallo en consecuencia tanto las declaraciones de los testigos allegados por mi poderdante, demandando dentro del proceso, como las estrategias y explicaciones jurídicas que daban cuenta del cambio de ocupación dentro de un determinado tiempo, según el despacho porque no fue recaudada legalmente al no dársele el traslado de rigor de acuerdo con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aspecto que en su análisis no alcanzan a disipar la eficacia de la prueba.


La ausencia de un principio rector quebrantado conlleva una plena satisfacción con el desempeño del juzgador en su ejercicio de selección del marco normativo y los alcances dados al mismo, así como una adecuada estructuración de la providencia bajo esos lineamientos, por lo que cualquier disentimiento frente a la forma como se sopesaron las probanzas sin encasillarlo en una afrenta al régimen aplicable no pasa de ser un alegato de instancia o la propuesta alterna para tasarlas, sin controvertir satisfactoriamente en qué consistió el desfase, lo que es inadmisible por esta ruta.


Como se dijo en CSJ AC2958-2014


[a]l no estar reseñada una sola «norma sustancial», pierde razón de ser cualquier manifestación de inconformidad del opugnador por la causal primera, puesto que no existiría un punto de referencia al cual dirigir el estudio por este medio de contradicción, quedando a la deriva cualquier razonamiento, que no pasaría de ser una simple manifestación de descontento frente a lo resuelto en las instancias (…) La Sala en  AC de 28 de octubre de 2013, rad. 2007-00084-01, recordó que “Con relación a la causal primera, los artículos 374-3 del Código de Procedimiento Civil y 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, le imponen al recurrente la carga de señalar las “normas de derecho sustancial” infringidas, exigencia que bien puede cumplirse indicando una “cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada” (…) La Corte tiene decantado que por normas de derecho sustancial debe entenderse las que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas concretas , esto es, aquellas que regulan una situación de hecho, seguida de una consecuencia jurídica, y no las que se limitan a definir fenómenos jurídicos o a describir sus elementos, porque al ser tales, no pueden atribuir derechos subjetivos, como tampoco las que establecen, por las mismas razones, determinada actividad procesal o probatoria (…) Requisito de vital importancia, porque de omitirse, al decir de la Sala, “quedaría incompleta la acusación, en la medida en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación” (Sentencia 145 de 1º de octubre de 2004, expediente 7736). La violación, desde luego, no puede referirse a cualquier norma del linaje señalado, sino a una que sea base esencial del fallo impugnado o que haya debido serlo, es decir, que tenga relación con el aspecto material que de la decisión en concreto se controvierte, pues al final de cuentas es la que demarca los confines de la acusación, en consideración a que, en últimas, ese presupuesto formal fue atenuado solamente en lo que atañe a la “proposición jurídica completa””.


  1. Al no ceñirse la censura a los requerimientos formales, resulta inviable su aceptación.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar inadmisible la demanda y, en consecuencia, desierto el recurso de casación interpuesto en este asunto por Raúl Alfonso Rojas Romero.


Segundo: Devolver por la Secretaría el expediente al Tribunal de origen.


Notifíquese




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA