OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado Ponente



  1. AC2832-2018
  2. Radicación n° 05266-31-10-001-2013-00630-01
  3. (Aprobado en sesión de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho)

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Blanca del Socorro Vanegas de Restrepo, Isabel Catalina, Luís Felipe y Diana Restrepo Vanegas, frente a la sentencia de 4 de marzo de 2016, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho de Elsa María Villegas Hincapié contra los impugnantes, en calidad de cónyuge supérstite y herederos conocidos de Rodrigo de Jesús Restrepo Gallego, así como los demás sucesores indeterminados de éste.

  1. ANTECEDENTES


  1. La promotora pidió que se declarara la existencia de unión marital de hecho conformada con Rodrigo de Jesús Restrepo Gallego desde junio de 2000 hasta el 14 de octubre de 2012, con la consecuente sociedad patrimonial que quedó disuelta y debe liquidarse.


Basó sus aspiraciones en que si bien el compañero estuvo casado con Blanca del Socorro Vanegas Serna, con quien procreó a Isabel Catalina, Luís Felipe y Diana, desde el año 1994 Elsa María y Rodrigo de Jesús comenzaron una relación sentimental que se consolidó en junio de 2000 cuando empezaron a convivir como pareja y se prolongó hasta el deceso de éste (fls. 2 al 14 cno. 1).


  1. Los demandados al ser notificados se opusieron (fls. 124 al 144).


  1. El Juzgado de Familia de Descongestión de Envigado profirió sentencia accediendo a las pretensiones de existencia de unión marital de hecho por el lapso indicado, pero negó lo relacionado con la sociedad patrimonial puesto que el causante no había disuelto la sociedad conyugal preexistente. Apelaron los contradictores (fls. 534 al 547 y 550 al 557 cno. 1).


  1. El superior confirmó la determinación al advertir que la vigencia de un matrimonio no impedía el surgimiento de una unión marital y no fue inadecuada la valoración probatoria del a quo, pero precisando que el inicio del vínculo fue el 30 de junio de 2000 (fls. 19 al 33 cno. 3).


  1. La cónyuge supérstite de Rodrigo de Jesús Restrepo y sus hijos comunes interpusieron recurso de casación, que les fue concedido (fls. 34, 37 y 38 cno. 3).


  1. La Corte admitió la impugnación y los interesados la sustentaron en tiempo formulando tres cargos en los siguientes términos (fls. 7 y 23 al 45):


  1. El primero acusa la vulneración del artículo 1° de la Ley 54 de 1990, por la ocurrencia de errores de hecho en la valoración de la prueba testimonial y el interrogatorio de parte absuelto por la promotora, que llevó al Tribunal a aislarse de los requisitos que contempla la norma y se indican en CSJ SC4499-2015 como necesarios para declarar la unión marital de hecho.
  2. El segundo denuncia la afrenta de los artículos 42 de la Constitución Política y los que conforman «el título IV del matrimonio» del Código Civil, de los cuales específica sólo el 113, por indebida aplicación como resultado de «error en derecho respecto de la apreciación de las declaraciones de los demandados» que se recibieron infringiendo tales preceptos y sin tener en cuenta que con ellos se demostraba la «existencia, construcción y convivencia de una familia durante casi 42 años, en la relación conyugal y en la relación paterno filial», como lo reforzaban las declaraciones de parientes y allegados.


  1. En el tercero se duele de la «violación indirecta de la Ley sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la prueba documental» aportada por ambas partes, dándose una indebida aplicación del artículo 1° de la Ley 54 de 1990 al reconocer que existió unión marital desde junio de 2000 hasta el 14 de octubre de 2012, cuando el difunto mantuvo una familia con los demandados desde el 19 de diciembre de 1970 hasta el deceso, que se tuvo inadvertida. Así mismo se desconoció la presunción legal establecida por el parágrafo 2° artículo 1° de la Ley 1204 de 2008, sin que exista prueba de que entre los cónyuges se hubiera dado una separación de hecho.


  1. CONSIDERACIONES


  1. De conformidad con el artículo 1° del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el Código General del Proceso entró «en vigencia en todos los distritos judiciales del país el día 1° de enero de 2016, íntegramente», por lo que rige para todos los efectos la presente impugnación planteada el 14 de marzo de 2016, a pesar de corresponder a un pleito iniciado bajo el régimen del Código de Procedimiento Civil, conforme al numeral 5 del artículo 625 del primer estatuto citado según el cual «los recursos interpuestos (…) se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron».


  1. La naturaleza extraordinaria de éste medio de contradicción exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del artículo 344 del Código General del Proceso el escrito de sustentación deberá contener la «formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa», respetando las reglas propias de cada causal.


Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», toda vez que


(…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.


Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que riñen con lo anterior, puesto que conforme indican los artículos 346 y 347 ibídem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisión y, aún de superar los ataques las formalidades técnicas previstas, puede la Sala ejercer selección negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente.


De ahí que una vez superado ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales» según manda el inciso final del artículo 336 ejusdem.


  1. Si se acude al segundo numeral del artículo 336 del Código General del Proceso, relacionado con la violación indirecta de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso sí que sea basilar de la determinación y no una relación aleatoria con el propósito de atinar a alguno con la categoría exigida, como se desprende del parágrafo primero del artículo 344 id.


Adicionalmente, corresponde precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente donde radica la infracción; o es el resultado de yerros de facto en la apreciación del libelo, la respuesta al mismo o algún medio de convicción, singularizando de manera diáfana y exacta en qué consiste la equivocación manifiesta y trascendente incurrida por el sentenciador.


  1. En esta oportunidad ninguno de los tres cargos propuestos cumple con las exigencias mínimas de técnica antes esbozadas, ya que acudiendo en todos ellos a la causal segunda por afrenta indirecta de normas sustanciales no cumplió precisamente con la carga de invocar al menos una con esa connotación y que estuviera íntimamente ligada con el objeto de la determinación a analizar.


Es así como el artículo 1° de la Ley 54 de 1990, relacionado en la primera y tercera censuras, es meramente descriptivo de la figura de la unión marital de hecho y como se denominan quienes la conforman, pero sin que de ese solo enunciado se extraiga la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, lo que también se puede decir del artículo 113 del Código Civil empleado dentro del segundo ataque, que contiene la definición del matrimonio como acuerdo solemne de voluntades, de ahí que según se dijo en CSJ AC 10 ago. 2011, rad. 2003-03026,


[c]omo lo tiene por sentado la jurisprudencia, “una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripción enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas concretas” (G.J. CLI, pág.254) y por ende carecen de tal connotación “los preceptos materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria” (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01).


Incluso respecto de ambas normas en CSJ AC 10 mar. 2004, rad. 2000-00332-01, se señaló como


(…) en el único cargo que con fundamento en el artículo 368, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, se formula contra la sentencia del Tribunal, por error de hecho en la apreciación probatoria, la demandada recurrente, aparte de referirse al artículo 177, ibídem, denuncia como infringidos los artículos 1º de la ley 54 de 1990 y 113 del Código Civil, respecto del cual se dice sería aplicable por analogía (…) Empero, ninguna de las disposiciones a que se hizo referencia tiene el carácter de norma sustancial para la idoneidad formal de la demanda, porque las dos últimas se limitan a definir, respectivamente, la unión marital de hecho y el contrato de matrimonio civil, en tanto que la primera simplemente es de estirpe probatoria, en cuanto consagra reglas sobre la carga de la prueba.


Lo que se recordó recientemente en cuanto al primero en CSJ AC2534-2017 al indicar que


[e]l recurrente manifestó en la primera acusación que se quebrantó el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, disposición que no tiene naturaleza sustancial, tal y como lo ha definido la Sala en otras oportunidades. Tal norma establece que: A partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho (…) Ese precepto, como la Corte ha tenido la oportunidad de precisar, no declara, crea, modifica o extingue una relación jurídica concreta, pues es «meramente definitorio del fenómeno jurídico allí previsto y de los sujetos que lo estructuran». (CSJ. AC. 28. feb. 2005, rad. 2001-670, reiterado en AC. 22. sep. 2014. rad. 2010-00551-01)


A su vez el artículo 42 de la Constitución Política que se cita en el segundo embate, a pesar de desarrollar dentro de los derechos sociales, culturales y económicos de orden superior lo que corresponde a la familia y precisar que es objeto de protección integral por el Estado, comprende un principio general insuficiente para estructurar un cuestionamiento en casación, ya que lo que ameritaría el examen por esta senda son los preceptos expedidos para reglamentar las situaciones concretas que de allí se derivan.


En CSJ AC 11 feb. 2013, rad. 1993-05281-01, donde se relacionó dicho canon en compañía de otros del mismo nivel, se memoró como


(…) acerca de la invocación de normas constitucionales en apoyo de la impugnación en casación por la vía de la causal primera, esta corporación ha expuesto que “es indiscutible que los preceptos de la Constitución Política que consagran derechos, como es el caso de aquéllos que establecen las prerrogativas fundamentales inherentes a las personas, ostentan, ciertamente, naturaleza sustancial, en tanto que de su aplicación y eficacia pueden surgir, modificarse o terminar situaciones jurídicas específicas. “Empero ello no significa que el carácter sustancial de las normas constitucionales, particularmente cuando actúan en el contexto anteriormente mencionado, deba conducir necesariamente a que su invocación en un cargo en casación sea suficiente para colegir la aptitud del mismo, puesto que, por regla general, las mencionadas disposiciones superiores están llamadas a desarrollarse mediante la ley, caso en el cual serán los preceptos de ésta, y no los de la Carta Política, los que directamente se ocupen o hayan debido ocuparse de la problemática decidida en la sentencia recurrida, de lo que se infiere que, por regla de principio, las disposiciones que el juzgador de instancia pudo infringir son las legales que hizo actuar, inaplicó o interpretó erróneamente” (cas. civ. auto de 5 de agosto de 2009, Exp N° 13430-3103-002-2004-00359-01).


La alusión al «título IV del matrimonio» del Código Civil es genérica y no es labor de la Corporación desentrañar en los artículos que contiene tal aparte dónde podría configurarse alguna falencia en la labor del fallador, puesto que corresponde a los recurrentes no solo especificar al menos uno sino patentizar la esencia del yerro que conduce a su infracción.


En cuanto al parágrafo 2° artículo 1° de la Ley 1204 de 2008, basta con saber que se refiere a trámites de sustitución pensional, para concluir que ninguna incidencia tendría en un litigio de carácter civil y de familia una presunción legal a aplicar en diferencias del orden laboral, por lo que su enunciación es descontextualizada e intrascendente.


  1. En consecuencia, al no ceñirse los ataques a las formalidades de rigor, resulta inviable su aceptación.
  2. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada por Blanca del Socorro Vanegas de Restrepo, Isabel Catalina, Luís Felipe y Diana Restrepo Vanegas, para sustentar el recurso de casación interpuesto en el proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho de Elsa María Villegas Hincapié contra los impugnantes, en calidad de cónyuge supérstite y herederos conocidos de Rodrigo de Jesús Restrepo Gallego, así como los demás sucesores indeterminados de éste.


Segundo: Devolver por Secretaria el expediente al Tribunal de origen.


Notifíquese




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO




ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO




LUIS ALONSO RICO PUERTA




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA