OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Blanca del Socorro Vanegas de Restrepo, Isabel Catalina, Luís Felipe y Diana Restrepo Vanegas, frente a la sentencia de 4 de marzo de 2016, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho de Elsa María Villegas Hincapié contra los impugnantes, en calidad de cónyuge supérstite y herederos conocidos de Rodrigo de Jesús Restrepo Gallego, así como los demás sucesores indeterminados de éste.
Basó sus aspiraciones en que si bien el compañero estuvo casado con Blanca del Socorro Vanegas Serna, con quien procreó a Isabel Catalina, Luís Felipe y Diana, desde el año 1994 Elsa María y Rodrigo de Jesús comenzaron una relación sentimental que se consolidó en junio de 2000 cuando empezaron a convivir como pareja y se prolongó hasta el deceso de éste (fls. 2 al 14 cno. 1).
Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentación sea «inteligible, exacta y envolvente», toda vez que
(…) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisión y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. Así se facilita, de un lado, establecer si hay acusación; y de otro, verificar, en punto de la violación directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el análisis jurídico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador.
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que riñen con lo anterior, puesto que conforme indican los artículos 346 y 347 ibídem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisión y, aún de superar los ataques las formalidades técnicas previstas, puede la Sala ejercer selección negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusión sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jurídico no alcanza a perjudicar al recurrente.
De ahí que una vez superado ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada «cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales» según manda el inciso final del artículo 336 ejusdem.
Adicionalmente, corresponde precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente donde radica la infracción; o es el resultado de yerros de facto en la apreciación del libelo, la respuesta al mismo o algún medio de convicción, singularizando de manera diáfana y exacta en qué consiste la equivocación manifiesta y trascendente incurrida por el sentenciador.
Es así como el artículo 1° de la Ley 54 de 1990, relacionado en la primera y tercera censuras, es meramente descriptivo de la figura de la unión marital de hecho y como se denominan quienes la conforman, pero sin que de ese solo enunciado se extraiga la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, lo que también se puede decir del artículo 113 del Código Civil empleado dentro del segundo ataque, que contiene la definición del matrimonio como acuerdo solemne de voluntades, de ahí que según se dijo en CSJ AC 10 ago. 2011, rad. 2003-03026,
[c]omo lo tiene por sentado la jurisprudencia, “una norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripción enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas concretas” (G.J. CLI, pág.254) y por ende carecen de tal connotación “los preceptos materiales que se limitan a definir fenómenos jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria” (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01).
Incluso respecto de ambas normas en CSJ AC 10 mar. 2004, rad. 2000-00332-01, se señaló como
(…) en el único cargo que con fundamento en el artículo 368, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, se formula contra la sentencia del Tribunal, por error de hecho en la apreciación probatoria, la demandada recurrente, aparte de referirse al artículo 177, ibídem, denuncia como infringidos los artículos 1º de la ley 54 de 1990 y 113 del Código Civil, respecto del cual se dice sería aplicable por analogía (…) Empero, ninguna de las disposiciones a que se hizo referencia tiene el carácter de norma sustancial para la idoneidad formal de la demanda, porque las dos últimas se limitan a definir, respectivamente, la unión marital de hecho y el contrato de matrimonio civil, en tanto que la primera simplemente es de estirpe probatoria, en cuanto consagra reglas sobre la carga de la prueba.
Lo que se recordó recientemente en cuanto al primero en CSJ AC2534-2017 al indicar que
[e]l recurrente manifestó en la primera acusación que se quebrantó el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, disposición que no tiene naturaleza sustancial, tal y como lo ha definido la Sala en otras oportunidades. Tal norma establece que: A partir de la vigencia de la presente Ley y para todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular. Igualmente, y para todos los efectos civiles, se denominan compañero y compañera permanente, al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho (…) Ese precepto, como la Corte ha tenido la oportunidad de precisar, no declara, crea, modifica o extingue una relación jurídica concreta, pues es «meramente definitorio del fenómeno jurídico allí previsto y de los sujetos que lo estructuran». (CSJ. AC. 28. feb. 2005, rad. 2001-670, reiterado en AC. 22. sep. 2014. rad. 2010-00551-01)
A su vez el artículo 42 de la Constitución Política que se cita en el segundo embate, a pesar de desarrollar dentro de los derechos sociales, culturales y económicos de orden superior lo que corresponde a la familia y precisar que es objeto de protección integral por el Estado, comprende un principio general insuficiente para estructurar un cuestionamiento en casación, ya que lo que ameritaría el examen por esta senda son los preceptos expedidos para reglamentar las situaciones concretas que de allí se derivan.
En CSJ AC 11 feb. 2013, rad. 1993-05281-01, donde se relacionó dicho canon en compañía de otros del mismo nivel, se memoró como
(…) acerca de la invocación de normas constitucionales en apoyo de la impugnación en casación por la vía de la causal primera, esta corporación ha expuesto que “es indiscutible que los preceptos de la Constitución Política que consagran derechos, como es el caso de aquéllos que establecen las prerrogativas fundamentales inherentes a las personas, ostentan, ciertamente, naturaleza sustancial, en tanto que de su aplicación y eficacia pueden surgir, modificarse o terminar situaciones jurídicas específicas. “Empero ello no significa que el carácter sustancial de las normas constitucionales, particularmente cuando actúan en el contexto anteriormente mencionado, deba conducir necesariamente a que su invocación en un cargo en casación sea suficiente para colegir la aptitud del mismo, puesto que, por regla general, las mencionadas disposiciones superiores están llamadas a desarrollarse mediante la ley, caso en el cual serán los preceptos de ésta, y no los de la Carta Política, los que directamente se ocupen o hayan debido ocuparse de la problemática decidida en la sentencia recurrida, de lo que se infiere que, por regla de principio, las disposiciones que el juzgador de instancia pudo infringir son las legales que hizo actuar, inaplicó o interpretó erróneamente” (cas. civ. auto de 5 de agosto de 2009, Exp N° 13430-3103-002-2004-00359-01).
La alusión al «título IV del matrimonio» del Código Civil es genérica y no es labor de la Corporación desentrañar en los artículos que contiene tal aparte dónde podría configurarse alguna falencia en la labor del fallador, puesto que corresponde a los recurrentes no solo especificar al menos uno sino patentizar la esencia del yerro que conduce a su infracción.
En cuanto al parágrafo 2° artículo 1° de la Ley 1204 de 2008, basta con saber que se refiere a trámites de sustitución pensional, para concluir que ninguna incidencia tendría en un litigio de carácter civil y de familia una presunción legal a aplicar en diferencias del orden laboral, por lo que su enunciación es descontextualizada e intrascendente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada por Blanca del Socorro Vanegas de Restrepo, Isabel Catalina, Luís Felipe y Diana Restrepo Vanegas, para sustentar el recurso de casación interpuesto en el proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho de Elsa María Villegas Hincapié contra los impugnantes, en calidad de cónyuge supérstite y herederos conocidos de Rodrigo de Jesús Restrepo Gallego, así como los demás sucesores indeterminados de éste.
Segundo: Devolver por Secretaria el expediente al Tribunal de origen.
Notifíquese
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA