AC2834-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01399-00

       

       Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018).



       

Se decide el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Cuarto Civil Municipal de Tuluá y Diecisiete Civil Municipal de Cali, atinente al conocimiento de la demanda ejecutiva interpuesta por la Clínica Medico Quirúrgico Alvernia LTDA. contra la sociedad Servicios Occidentales de Salud S.O.S EPS.


ANTECEDENTES


1. En la demanda presentada al «Juez Civil Municipal de Tuluá-Valle (Reparto)», de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclamó de la jurisdicción librar «MANDAMIENTO DE PAGO» a favor de la accionante por la suma de cincuenta y dos millones treinta y seis mil ochocientos treinta y tres pesos m/cte ($52.036.833), por concepto de capital, más los intereses moratorios; adicionalmente condenar a la parte demandante al pago de las costas del proceso y las agencias en derecho que se causen.


Asimismo, se indicó en cuanto a la competencia que le concernía a la anterior autoridad judicial en razón de las «pretensiones, la vecindad de las partes, articulo 28 C.G.P., numeral 3 y por razón de la cuantía […]» (fls. 1051-1074 del Cdno 4).


2. Después de declararse impedida la Juez tercera Civil Municipal de Tuluá, por la causal 9ª contemplada en el artículo 141 del Código General del Proceso, el escrito incoativo fue asignado al Despacho Cuarto Civil Municipal de esa misma municipalidad, su titular, a través de proveído de 23 de abril de 2018, resolvió rechazar de plano el asunto al considerar que «el domicilio de la entidad demandada está en la ciudad de Cali, lo cual se deduce del certificado de existencia y representación que aporta la parte demandante y de las diferentes facturas de venta allegadas, se procederá a rechazar la presente demanda y se ordenará remitirlo, a la oficina de Reparto Judicial de la ciudad de Cali Valle del Cauca» (fls. 1079-1080 ibídem).


       3. Cumplidos los trámites, el expediente fue entregado al Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Oralidad de Santiago de Cali que, en resolución de fecha 9 de mayo del presente año, optó por manifestar que no le correspondía asumir este asunto y, entonces, promovió el conflicto competencial que ocupa la atención de la Corte, expresando para ello que «el competente para avocar el conocimiento del asunto es el Juez Cuarto Civil Municipal de Tuluá – Valle, porque así lo eligió la apoderada actora y porque la norma sustantiva señala fehacientemente en qué lugar debía cumplirse la obligación cambiaria derivada de las facturas de venta objeto de análisis. Por tanto, en aplicación al 139 del Código General del Proceso […]» (fls. 1083-1084 ibídem).


4. Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el conflicto propuesto con base en las siguientes,


CONSIDERACIONES


1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Buga y Cali, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los artículos 139 ibídem  y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009.


       2. De las pautas de competencia territorial consagradas por el artículo 28 del Código General del Proceso, y referente a cuando el demandado es una persona jurídica, la del numeral (5º) establece que será competente «el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta» (se resalta).


       Empero, en tratándose de asuntos suscitados, entre otros, que contenga un «título ejecutivo», en este caso las facturas de los servicios prestados de salud, conforme al numeral tercero (3º) del precepto en comento, asimismo es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de la prestación, o sea, que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (se resalta).

       

3. En aras de desatar el presente asunto, es del caso resaltar lo siguiente:


       3.1. En primer orden, que las facturas de ventas  objeto de la prestación del servicio de salud, presentadas para recaudar la pretensa obligación en el sub lite, se puede apreciar que fueron suscritas en Tuluá – Valle del Cauca. 


       3.2. En segundo término, se advierte que el escrito genitor está dirigido al «Juez Civil Municipal de Tuluá (Reparto)», y que de conformidad con lo afirmado por la apoderada de la entidad, se desprende que el cumplimiento de las obligaciones (pago de las facturas de servicios de salud prestados) se llevara a cabo en el municipio de Tuluá.


       Adicionalmente en el acápite de la competencia en la demanda presentada, se hace referencia a que es la autoridad judicial de Tuluá competente en razón de la «vecindad de las partes, artículo 28 C.G.P., numeral 3», lo cual, en principio, acorde con el precepto de marras, tornaría válida la escogencia del «juez» por ella efectuada.


       3.3. En tercer lugar, de la revisión efectuada a las actuaciones cumplidas y, particularmente, al acápite de la competencia del texto introductorio, cumple afirmar que toda discusión la zanjan contundentemente los textos mismos de esos escritos, conforme a los precisos términos allí trazados, sin que sea menester recabar en adicionales precisiones sobre el particular.


3.4. Así, emerge del cruzado análisis de esas piezas procesales que el llamado a conocer la controversia suscitada es el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tuluá, pues tal fue elegido en virtud al foro competencial demarcado por el lugar de «cumplimiento de las obligaciones».


       Es decir, vistas en su integralidad dichas manifestaciones, surge que optó el extremo ejecutante, para seleccionar a qué juzgador le incumbe avocar el conocimiento por cuenta de atribuir la competencia del sub examine, por el parámetro que le ofrece el numeral (3°) del artículo 28 del Código General del Proceso, que no es otro que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (se subraya), siendo que ese preciso entendido se evidencia del escrito genitor de la demanda y de las facturas de ventas aportadas y relacionadas (fls. 903-1028 ibídem), donde inequívocamente aluden al «lugar de cumplimiento», es decir la municipalidad de Tuluá.

       

4. Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda al Despacho Cuarto Civil Municipal de Tuluá, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acción emprendida.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia, deberá continuar por cuenta del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Tuluá.


SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Despacho Diecisiete Civil Municipal de Cali, acompañándole copia de este proveído.


TERCERO: Remitir el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta decisión.


CUARTO: La Secretaría librará los oficios correspondientes y dejará las constancias del caso.


Notifíquese




MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada