AC2842-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00803-00
Bogotá D. C., seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Examinado el escrito con el que la parte recurrente pretende subsanar las falencias que se endilgaron a la demanda de revisión en el auto de fecha nueve (9) de mayo de 2018, se observa que aún persisten los mismos desaciertos que dieron lugar a su inadmisión.
1. En efecto, el auto que inadmitió la demanda de revisión puso de presente que los fundamentos fácticos que sirven de apoyo al motivo primero de revisión no cumplían con las exigencias legales formales, dado que existía un distanciamiento entre los supuestos normativos involucrados en dicha causal y la plataforma factual invocada, es decir, no había correspondencia entre ellos, y, por esta razón, se requirió al recurrente para que precisara en torno a cuáles fueron los documentos preexistentes al proceso que no se pudieron aportar en las oportunidades probatorias; cuáles eran los hechos constitutivos de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria que impidieron allegarlos al proceso, y cuál su fuerza decisoria para variar el sentido de la decisión contenida en la sentencia.
2. Sin embargo, el recurrente acude a una síntesis de los hechos de la demanda inicial como una forma de subsanar los errores endilgados a esa pieza procesal, que impide dar trámite a la demanda, pues subsisten los anotados yerros, razón por la cual la demanda será rechazada de conformidad con el inciso segundo, artículo 358 del Código General del Proceso, lo que proyecta una falta de claridad en los temas formales que se pusieron de presente, y en «los hechos concretos» con que se fundan las causales de revisión.
3. Respecto de los “documentos” preexistentes al proceso menciona: (i) dictamen médico forense que hace parte del expediente penal No.500016000564200900807 que adelanta la Fiscalía Sexta Seccional de Villavicencio, (ii) actuación desarrollada por investigadora designada en dicho proceso penal que da cuenta de una inspección adelantada en la Registraduría de Cumaral Meta, (iii) tarjeta de preparación del duplicado de cédula, que se encuentra incorporado al proceso penal, ya aludido, (iii) cédula original del causante que aún reposa en la Registraduría de Cumaral sin reclamar, (iv) acta de inspección a lugares desarrollada en la Inspección de Policía de esa urbe por la investigadora designada, la que hace parte del expediente de la señalada investigación penal, (v) denuncia del robo de la cédula que igualmente se incorporó a la susodicha investigación penal, y (vi) declaraciones testimoniales de Janeth Celina Hernández Bermúdez, William Alexander Castro Gutiérrez y Gloria Esmir Peña Bermúdez.
4. Es evidente que los hechos concretos que corresponde a la causal invocada, «haberse encontrada después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria», tal lo exige el numeral 4 del artículo 357, no aparecen de manera clara y especifica expuestos en el escrito con el que se pretende corregir los yerros del libelo de revisión; incluso, el documento expedido por el Notario Cuarto de Villavicencio, al que se hace referencia en la demanda de revisión, tiene fecha 9 de noviembre de 2017, es decir, es posterior a la expedición de la sentencia de segunda instancia calendada 5 de abril de 2016, el que no tiene el carácter de preexistente y que no haya sido aducido en las oportunidades probatorias del proceso civil, que por reparto adiado 23 de febrero de 2010, fue asignado su conocimiento al Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, y la demanda fue presentada en el año 2009; La escritura pública No. 064 de 23 de enero de 2009, no fue tachada de falsa por la parte demandante, hoy recurrente; de la investigación penal no se dice en que terminó o si está cursante, y, con relación a que no se acompañó las pruebas a que alude el recurrente, tampoco se sabe si existían antes de iniciarse el proceso, máxime que sobre el particular no hay precisión temporal alguna, aunado que se alega que medió obrar de la parte demandada, más exactamente de Gloria Esmir Peña Bermúdez, de mantener oculta la existencia del proceso penal, a pesar que este es de naturaleza pública y las pruebas están incorporadas en esa investigación penal.
De igual modo, el recurrente no aclara de qué manera la existencia de una denuncia de robo de la cédula de ciudadanía del vendedor, padre de los accionantes; las declaraciones vertidas en el proceso penal; las actuaciones desarrolladas por la investigadora designada en el proceso penal, tienen la suficiencia probatoria para estructurar potencialmente la causal de revisión aludida, y que por sí solas podrían cambiar el sentido de la decisión contenida en la sentencia de segundo grado, que declaró no probada la simulación absoluta, y la nulidad absoluta por falta de consentimiento del vendedor, porque la gestión en ese sentido fue al margen del proceso civil y cuando éste ya estaba en curso.
Pues, se remarca, no basta señalar la causal sino que también es menester que haya identidad entre los hechos implorados y los supuestos facticos de la correspondiente causal, dado que aquí rige el principio de taxatividad.
Esta Corporación, de forma reiterada, ha señalado:
[D]esde un comienzo debe el recurrente justificar por qué considera fundada la causal de revisión que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene ‘una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusación precisa con base en enunciados fácticos que guarden completa simetría con la causal de revisión que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostración de esos supuestos, en principio, haría venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qué considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentación que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos idóneos que justifican el inicio de este trámite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificación definitiva de la cosa juzgada. De ahí que si el recurrente no expresa la causal de revisión que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurarían, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisión que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocación para ser admitida, no sólo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusión se tolerara esa deficiencia, tendría que adelantarse una actuación judicial que, a buen seguro, ningún resultado arrojaría, máxime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jurídica, el juez de la revisión no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor (CSJ ARC de 2 de diciembre de 2009, rad. 2009-01923, transcrito en providencias posteriores como en proveído del 27 de agosto de 2012, rad. 11001-0203-000-2012-01285-00,).
5. En lo que atañe a la causal sexta consistente en «haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente», menciona el impugnante extraordinario como hechos configurativos de esta causal, como bien se señaló en la providencia que inadmite la demanda de revisión «una probable negligencia del abogado que representó los intereses de los demandantes en la causa civil que les fue adversa; formulando hipótesis de una posible corrupción económica del aludido profesional del derecho, mismos que no guardan completa simetría con la causal de revisión que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostración de esos supuestos, en principio, haría venturoso el ataque».
De la misma manera considera que existe colusión o maniobra fraudulenta, e incluso delito de falso testimonio de la demandada Gloria Esmir Peña Bermúdez, en cuanto en el interrogatorio de parte absuelto en el juicio civil ocultó voluntariamente al juez de esa especialidad la existencia del proceso penal, además, extrañamente abandonó la investigación penal a su suerte, le mintió al juez civil y obtuvo recursos económicos para comprar un inmueble.
Respecto de las demandadas Blanca Nelcy Peña Bermúdez y de su hija Yulieth Paola Peña, el opugnante las relaciona con el enteramiento misteriosamente de la medida cautelar proferida el día 24-09-2010, y con una posible simulación y fraude procesal cometido por esa circunstancia y por el negocio de compraventa inserto en la escritura pública No. 345 de 2010 corrida en la Notaría Única de Medina – Cundinamarca-. Sin embargo, este reseñado instrumento público no fue demandado en simulación en el proceso civil iniciado por los aquí recurrentes, o sea que no hizo parte del tema de decisión de este.
Es doctrina decantada, reiterada, pacífica y de tiempo atrás adoptada por la jurisprudencia de esta Corporación que las situaciones o hechos que invoca el recurrente para sustentar una causal de revisión deben haber acaecido por fuera del proceso en el que la sentencia que se pide revisar se dictó «toda vez que si se trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo contrario sería tanto como permitir, con grave daño para la seguridad jurídica, la reiteración del litigio por una vía lateral inadmisible...[CCXLIX. Vol. I, 122]. (Citada en SC 182 de 29-10-2004, exp. No. 11001-02-03-000-2001-0030-01).
En verdad que el escrito con el cual se pretendió salvar las falencias formales enrostradas al libelo de revisión, no logra tal propósito en razón de que conserva la falta de concreción fáctica que pueda erigir la colusión o maniobra fraudulenta, como se anotó en el auto inadmisorio, porque no permite vislumbrar dónde pudo estar el acuerdo ilícito de las partes o la maniobra fraudulenta, para hacer incurrir en error al administrador de justicia; amen de resultar palmario que un asunto debatido al interior del proceso, jamás puede servir de estribo para estructurar la causal sexta de revisión, de cara a la jurisprudencia decantada de esta Corporación sobre este específico tema.
Es que, de otra parte, abrir paso al cuestionamiento de la cosa juzgada, con base en la aducción de un recurso de revisión con hechos que no encajan en las causales, ha sido tema también examinado por esta Corporación, que ha reiterado:
[D]esde un comienzo debe el recurrente justificar por qué considera fundada la causal de revisión que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene ‘una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusación precisa con base en enunciados fácticos que guarden completa simetría con la causal de revisión que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostración de esos supuestos, en principio, haría venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qué considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentación que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos idóneos que justifican el inicio de este trámite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificación definitiva de la cosa juzgada. De ahí que si el recurrente no expresa la causal de revisión que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurarían, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisión que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocación para ser admitida, no sólo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusión se tolerara esa deficiencia, tendría que adelantarse una actuación judicial que, a buen seguro, ningún resultado arrojaría, máxime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jurídica, el juez de la revisión no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor (CSJ ARC de 2 de diciembre de 2009, rad. 2009-01923, transcrito en providencias posteriores como en proveído del 27 de agosto de 2012, rad. 11001-0203-000-2012-01285-00).
6. Las anteriores reflexiones conducen a una sola conclusión y es la de que el recurrente no atendió las instrucciones del auto inadmisorio de la demanda, razón por la cual perduran las falencias formales advertidas y por consiguiente, el libelo debe ser rechazado de acuerdo con lo previsto en el artículo 358 del Código General del Proceso.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO: RECHAZAR la demanda de revisión impetrada contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Civil –Familia y Agraria, de fecha 4 de abril de 2016.
Con las formalidades legales, devuélvanse los anexos sin necesidad de desglose.
Notifíquese.
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada