AC2850-2018


Radicación nº. 11001-02-03-000-2018-01713-00


        Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil Municipal de Oralidad de Medellín y Cuarto Civil Municipal de Villavicencio, para conocer del proceso ejecutivo de la Cooperativa de Aportes y Crédito contra Fredy Alejandro Riveros Zapata.


ANTECEDENTES


  1. Ante el primer despacho, la accionante pretende que el demandado pague la suma de $8.686.881, junto con los intereses moratorios generados desde su exigibilidad.


  1. Ese estrado rechazó el pleito y lo remitió a los Juzgados Municipales de Villavicencio, sustentado en que el pagaré «fue diligenciado desatendiendo las instrucciones dadas para su llenado, en razón de que en la carta de instrucciones (…) se expresó que el lugar de pago será diligenciado con el lugar del domicilio del DEUDOR o con cualquier otro lugar en donde CREDIVALORES pueda demandar al deudor», y como el ente moral no tiene como sede de sus negocios la ciudad de Medellín, no podía elegir dicha municipalidad.



  1. El receptor la repelió y suscitó el conflicto que aquí se resuelve, en suma, porque la promotora hizo uso de la atribución contemplada en el pagaré para determinar la ubicación del reembolso.


CONSIDERACIONES


  1. Comoquiera que la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trabó entre dos estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corporación dirimirlo como superior funcional de aquellos, a través del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo instituyen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la 1285 de 2009.


  1. El ordenamiento adjetivo establece pautas para el reparto de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, ya sea a partir de uno o de varios factores, en consideración a su clase o materia, la cuantía del proceso, la calidad de las partes, la naturaleza de la función o la existencia de conexidad o unicidad, según sea del caso.


Como criterio general el primer numeral del artículo 20 ibídem asigna la competencia al funcionario del domicilio del convocado (fuero personal), excepto si hay «disposición legal en contrario». Ahora bien, para los «los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos», existe uno concurrente con el anterior que brinda la posibilidad de acudir ante la agencia judicial ubicada en la población donde debía cumplirse el vínculo (núm. 3º, art. 28 ut supra).


  1. En este caso, Crediprogreso se propone satisfacer un título valor en blanco con carta de instrucciones a cargo de Fredy Alejandro Riveros Zapata, con autorización para que el mutuante diligenciara, inclusive, el sitio en el que debía pagarse aquél, ya sea «con el lugar del domicilio de EL DEUDOR» o «con cualquier otro lugar donde CREDIVALORES pueda demandar», lo que ocurrió signándose con la ciudad de Medellín, para delimitar la «competencia» por «el lugar de cumplimiento de las obligaciones (…) y por la cuantía» (subrayado de ahora).


Sin embargo, analizada la situación particular se observan inconsistencias en el texto inserto al documento soporte de recaudo que inciden directamente en la asignación hecha y que justifica su escrutinio, tales como que aquél fue creado por Credivalores y Fredy Alejandro Riveros Zapata el 23 de abril de 2013, en Villavicencio; la información referente al «Capital», los «Intereses Remuneratorios», los «Intereses de Mora», la «fecha de vencimiento» y el «lugar de pago» fue completada el 20 de junio de 2015, si se tiene en cuenta que en las instrucciones se dijo que “la FECHA DE VENCIMIENTO corresponde al día, mes y año en que el pagaré sea diligenciado» y las demás dependían de ésta; aparece endosado, sin la fecha en que se produjo la transferencia; el domicilio de las dos sociedades es Bogotá y el único que refiere vecindad con el juzgado escogido es el apoderado judicial.


Con ese panorama, difícilmente puede colegirse que el territorio en que debía «cumplirse la prestación» es el que se consignó, dado que no fueron suministrados detalles contundentes que permitieran destrabar los vericuetos sobre esa temática.


En verdad, aunque se haya pactado que «[e]l espacio en blanco correspondiente al LUGAR DE PAGO será diligenciado con el lugar del domicilio de EL DEUDOR o con cualquier otro lugar donde CREDIVALORES (ahora Crediprogreso) pueda demandar al DEUDOR», tal acuerdo no refleja que fuera la real ubicación en la que debía extinguirse el empréstito, por manera que en esos términos, en lo que importa frente al factor territorial, esa indicación no produce efectos.


Memórese, se itera, que en estos eventos la ley contempla únicamente como admisible buscar la satisfacción de créditos en el domicilio del moroso o en la localidad del «cumplimiento de cualquiera de las obligaciones», lo que evidentemente no se traduce en que sea en cualquier distrito judicial a capricho del acreedor o quien busque el recaudo. Así las cosas, las cláusulas que contraríen dicho mandato no pueden tenerse en cuenta para precisar la «competencia».


De modo que al no avistarse que Fredy Alejandro Riveros Zapata está llamado a honrar la prestación reivindicada en Medellín, ya que sobre el punto nada se dijo en el escrito inicial en respaldo, resulta entendible que el enjuiciador primigenio haya atinado en darle prevalencia al fuero personal general, por cuanto dicha prerrogativa no implica «tolerar una elección caprichosa, en tanto que los eventos de competencia a prevención, conllevan la carga de soportar jurídica y fácticamente la potestad de escogencia del juzgador» (CSJ AC2411-2018)..


Desde esa óptica, en consecuencia, carece de acierto el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio para rehusar la contienda en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, por cuanto si bien la demanda se presentó para cobrar el importe que, como se expresa en su texto, debía ser cancelado en Medellín, existe un alto grado de incertidumbre frente a esa estipulación que la torna inane, como lo advirtió el receptor primigenio al renunciar a su impulso.


  1. Por las razones ante dichas procede remitir las actuaciones al último despacho, a quien le corresponde adelantar la acción emprendida. 




DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio es el competente para asumir el conocimiento de la demanda de la referencia.


Segundo:        Remitir la actuación al citado despacho y comunicar lo decidido al otro estrado involucrado en esta actuación.


Tercero: Librar, por Secretaría, los oficios correspondientes.


NOTIFÍQUESE





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado