AC2868-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01726-00
Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Se decide el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Octavo Civil Municipal de Oralidad de Armenia y el Setenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, atinente al conocimiento de la demanda ejecutiva promovida por la apoderada de la sociedad Movitram S.A.S contra Proyectos de Ingeniería y Construcción A.R. S.A.S.
ANTECEDENTES
1. En el escrito presentado al «Juez Civil Municipal de Armenia – Quindío (reparto)», del que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclamó de la jurisdicción librar «mandamiento de pago en contra de la empresa demandada» por la suma de $ 82.352.860 por concepto de capital y sanción estipulada en la cláusula penal del contrato por incumplimiento; de igual forma se condene a la sociedad demandada a efectuar el pago de las costas y agencias en derecho que se causen en el presente proceso.
Asimismo, se indicó en cuanto a la competencia que le concernía a dicha autoridad judicial «Teniendo en cuenta que el referido contrato se celebró en el municipio de Dosquebradas Risaralda, pero el mismo se ejecutó en el Departamento del Quindío, esto es, en la Vereda Pueblo Rico de Montenegro – Quindío (…)» (fls. 102-105 del Cdno 1).
2. La demanda presentada fue asignada al Despacho Octavo Civil Municipal Civil en Oralidad de Armenia - Quindío, su titular, a través de proveído de 2 de marzo de 2018, manifestó que «la presente demanda, no puede ser admitida, habida cuenta, que en el titulo allegado como base del presente asunto (contrato de transporte de materiales), no existe estipulación frente al lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, motivo por el cual, no es dable acoger lo mencionado en la demanda por la profesional del derecho que representa los intereses de la parte demandante, esto es, que la competencia radica en este despacho, teniendo en cuenta que el contrato se celebró en el municipio de Dosquebradas Risaralda, pero que se ejecutó en el Departamento del Quindío y por razón de la cuantía», por lo anterior, envió el proceso a los Jueces Municipales de Bogotá por ser el domicilio de la parte demandada y, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso (fls. 11-113 ibídem).
3. Frente a la precedente determinación, la parte demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación, argumentado que «Si bien es cierto el Contrato de transporte se suscribió en el Municipio de Dosquebradas Risaralda, y no se estipuló taxativamente que el cumplimiento de las obligaciones fue en el Departamento del Quindío, sin embargo, en los documentos anexados como prueba, se desprende que el cumplimiento de las obligaciones fue en el Departamento del Quindío (…). En razón a todo lo anterior, le solicito su señoría con el debido respeto, se reponga el auto que rechazó de plano la demanda de la referencia (…)» (fls. 114-115 ibídem).
4. Mediante auto de 21 de mayo del año en curso, la célula judicial referida decidió no dar trámite al recurso interpuesto, de conformidad con «el inciso primero del artículo 139 del Código General del Proceso, las decisiones mediante las cuales un Juez se declara incompetente no admiten recurso alguno» (fl. 117 ibídem).
5. Cumplidos los trámites preceptivos, el expediente fue entregado al Juzgado Setenta y Siete Civil Municipal de Bogotá D.C. que, en resolución de fecha 7 de junio de 2018, optó por manifestar que no le correspondía asumir este asunto y, entonces, promovió el conflicto competencial que ocupa la atención de la Corte, expresando para ello que, «el competente para conocer de la presente demanda ejecutiva por la suma de dinero incorporada en la Factura de Venta Nº 2107 y el “CONTRATO DE TRANSPORTE DE MATERIALES”, allegado por la demandante como base de la ejecución, es tal oficina judicial», es decir, el Despacho Civil Municipal de Oralidad de Armenia (fls. 122-123 ibídem).
6. Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.
CONSIDERACIONES
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Armenia y Bogotá, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los artículos 139 ibídem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de su par 1285 de 2009.
2. De las pautas de competencia territorial consagradas por el artículo 28 del Código General del Proceso, y referente a cuando el demandado es una persona jurídica, la del numeral (5º) establece que será competente «el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquel y el de esta» (se resalta).
Empero, en tratándose de asuntos suscitados, entre otros, por un «negocio jurídico», conforme al numeral tercero (3º) del precepto en comento, asimismo es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, es decir, que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (se resalta).
3. En aras de desatar el presente asunto, es del caso resaltar lo siguiente:
3.1. En primer orden, el promotor del libelo introductorio manifestó que «el referido contrato se celebró en el municipio de Dosquebradas Risaralda, pero se ejecutó en el Departamento del Quindío, esto es, en la Vereda Pueblo Rico de Montenegro – Quindío, Barcelona Alta, Vereda el Rin de Armenia Quindío; y Vereda la Montaña de Quimbaya Quindío», dejándose claramente definido el lugar de cumplimiento del contrato suscrito (se resalta).
3.2. En segundo término, se advierte que el escrito genitor está dirigido al «Juez Civil Municipal de Armenia - Quindío (Reparto)», y que de conformidad con lo afirmado por la apoderada de la sociedad, se desprende que el cumplimiento de las obligaciones se llevaron a cabo en el municipio de Quindío.
Adicionalmente en el acápite de la competencia en la demanda presentada, se hace referencia a que es la autoridad judicial de dicha municipalidad competente en razón de la ejecución del contrato, lo cual, en principio, acorde con la facultad de escoger entre el juez del domicilio principal de la sociedad demandada o el lugar de cumplimiento del contrato, optó por este último fuero.
3.3. En tercer lugar, de la revisión efectuada a las actuaciones cumplidas y, particularmente, al contrato de transporte suscrito entre las partes (fls. 2-4 del Cdno 1), en lo concerniente al objeto se precisó que «EL CONTRATISTA se obliga bajo su exclusiva cuenta y riesgo y bajo su propia responsabilidad, a Transportar el material necesario según la necesidad del CONTRATANTE a los diferentes frentes de trabajo»; y el recurso de reposición interpuesto por el demandante, cumple afirmar que toda discusión la zanjan contundentemente los textos mismos de esos escritos, puesto que allí también se resalta que «(…) en los documentos anexados como prueba, se desprende que el cumplimiento de las obligaciones fue en el Departamento del Quindío (…)» (fls. 114-115 ibídem), esclareciéndose con esto cualquier duda con respecto al sitio donde debía cumplirse el contrato.
3.4. Así, emerge del cruzado análisis de esas piezas procesales que el llamado a conocer la controversia suscitada es el Juzgado Octavo Civil Municipal de Oralidad de Armenia, pues tal fue elegido en virtud al foro competencial demarcado por el lugar de «cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
Es decir, vistas en su integralidad dichas manifestaciones, surge que optó el extremo ejecutante, para seleccionar a qué juzgador le incumbe avocar el conocimiento por cuenta de atribuir la competencia del sub examine, por el parámetro que le ofrece el numeral (3°) del artículo 28 del Código General del Proceso, que no es otro que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones» (se subraya), siendo que ese preciso entendido se evidencia del escrito genitor de la demanda, del contrato celebrado entre las partes y, de las facturas allegadas, donde inequívocamente aluden al «lugar de cumplimiento», o sea el departamento de Quindío.
4. Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda al Despacho Octavo Civil Municipal de Oralidad de Armenia, a quien le corresponde asumir el conocimiento de la referida demanda.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia, deberá continuar por cuenta del Juzgado Octavo Civil Municipal de Oralidad de Armenia.
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Despacho Setenta y Siete Civil Municipal de Bogotá, acompañándole copia de este proveído.
TERCERO: Remitir el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta decisión.
CUARTO: La Secretaría librará los oficios correspondientes y dejará las constancias del caso.
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada