ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
Radicación n° 05001-31-10-001-2014-00373-01
(Aprobado en sesión de catorce de marzo de dos mil dieciocho)
Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil dieciocho (2018).-
Decide la Sala la admisibilidad de la demanda presentada por ABSALÓN RENÁN TORO AGUDELO para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso frente a la sentencia proferida el 30 de junio de 2016 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín dentro del proceso verbal de impugnación de la paternidad y filiación extramatrimonial de FAVIÁN GONZÁLEZ ECHAVARRÍA contra JUAN MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ y el recurrente.
ANTECEDENTES
1. El promotor pidió declarar que no es hijo de Juan Manuel de la Balvanera González González, y que sí lo es de Absalón Renán Toro Agudelo.
Como causa petendi, adujo que nació el 25 de noviembre de 1971, en vigencia del matrimonio de Juan Manuel de la Balvanera González González y Blanca Neila Echavarría Montoya, quienes lo registraron como hijo. Agregó que en 1981, Neila, su progenitora, le comentó que Juan Manuel no era su padre biológico, y en 1987 ella le reveló que el verdadero era Absalón Renán Toro Agudelo (fls. 5 a 7 y 9 y 10 del c. 2).
2. Notificados los accionados, asumieron la siguiente conducta procesal:
2.1. Juan Manuel González González guardó silencio (fl. 20).
2.2. Absalón Renán Toro Agudelo contestó el libelo introductor oponiéndose a las aspiraciones de su contraparte y proponiendo las defensas que denominó “petición antes de tiempo”, “falta de causa para pedir”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “temeridad y mala fe del actor” y “fraude procesal” (fls. 25 a 32).
3. En el curso del proceso se practicó por parte del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Antioquia, la prueba científica entre el demandante Favián González Echavarría y el accionando Juan Manuel González González, que indicó: “… de los 20 marcadores genéticos analizados, se han encontrado 7 incompatibilidades” (fl. 56).
El mismo laboratorio constató que “Absalón Renán Toro Agudelo no compareció […] para la práctica de la prueba de ADN” (fl. 232).
4. En audiencia celebrada el 16 de diciembre de 2015, el Juzgado Primero de Familia de Medellín clausuró la primera instancia mediante sentencia que (i) no acogió las excepciones de mérito planteadas; (ii) declaró que Juan Manuel de la Balvanera González González no es el padre biológico de Favián, siéndolo Absalón Renán Toro Agudelo; (iii) ordenó que en adelante el gestor llevará los apellidos Toro Echavarría, y que se inscribiera la decisión en su registro civil de nacimiento, y en el de varios (iv) condenó en costas a Absalón Renán; y (v) compulsó copias de lo actuado con destino al Consejo Seccional de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigara la conducta desplegada por el precitado convocado (fls. 233 a 235).
5. Apelada la anterior decisión por el prenombrado codemandado, el Tribunal procedió, previa admisión de la alzada, a decretar de oficio la práctica de la prueba con marcadores genéticos de ADN a Favián González Echavarría, Blanca Neila Echavarría Montoya y Absalón Renán Toro Agudelo, misma que realizada por el Laboratorio de Genética de la Universidad de Antioquia concluyó: “NO EXCLUSIÓN. Se observa que es 79887665.21 veces más probable que Absalón Renán Toro Agudelo, sea el padre biológico de Favián González Echavarría, hijo de Blanca Neila Echavarría de González, con una probabilidad acumulada de 99.99999874824%” (fl. 27 del c. del Tribunal).
Corrido el traslado del dictamen y negada la petición de complementación y aclaración, el ad-quem desató el remedio vertical, con providencia emitida en la audiencia de 30 de junio de 2016, que confirmó la del a-quo (fls. 78 y 79).
6. Inconforme con esa determinación, Absalón Renán Toro Agudelo interpuso recurso de casación que, una vez concedido por esa Corporación y admitido por la Corte, fue sustentado con el escrito que se examina (fls. 6 a 26 del c. de la Corte).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Sus argumentos se compendian así:
1. La alzada se entiende interpuesta en lo desfavorable a Absalón Renán Toro Agudelo, por lo que la acción de impugnación de la paternidad presunta que Fabián González Echavarría instauró contra Juan Manuel de la Balvanera González, no es objeto de decisión, amén de que este último no apeló ni adhirió al recurso.
2. Se colman los presupuestos procesales y materiales necesarios para decidir de fondo, pues, pese a lo argumentado de forma imprecisa, confusa, repetitiva y contradictoria por Absalón Renán Toro Agudelo, se descarta una nulidad del proceso, la falta de capacidad para ser parte, la procedencia de una sentencia inhibitoria o la ausencia de legitimación en la causa, como pasa a explicarse.
2.1. En el auto admisorio de la demanda, no de oficio sino por petición del accionante, se ordenó la práctica de los exámenes científicos a las tres personas involucradas en el proceso como demandante y demandados.
Entonces, no hay irregularidad alguna al no disponerse la concurrencia de la madre del primero, porque el objeto del proceso no es declarar si Blanca Neila Echavarría Montoya es o no la progenitora del gestor.
No obstante, se deja claro que no existe ninguna base para afirmar que la investigación de la maternidad de Blanca Neila Echavarría Montoya respecto del demandante es innecesaria, porque si bien es cierto que según el artículo 1º de la Ley 45 de 1936 la maternidad se presume por el parto, también lo es que según el artículo 66 del Código Civil, tal presunción admite prueba en contrario, por lo que casos hay en que es necesario investigar la maternidad, lo que se debe decir es, como ya se ha dicho, que dicha maternidad no es objeto de este proceso, porque no se acumuló la acción de impugnación correspondiente.
2.2. Cuando se emitió la sentencia de primera instancia había vencido el término de un año previsto en el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil para dictarla, pero estando facultada para ello, antes de que se venciera ese lapso, la a-quo lo prorrogó por seis meses.
2.3. Según las copias auténticas de los folios de registro civil de nacimiento y matrimonio, no hay duda que el demandante existe como persona natural, por lo que no cabía una sentencia inhibitoria.
2.4. No es cierto que Favián González Echavarría debía anexar a la demanda registro civil de nacimiento como hijo extramatrimonial de Blanca Neila Echavarría Montoya; que el presentado no existe y está viciado porque al inscribirlo se alteró y sustituyó su estado civil de hijo extramatrimonial por el de hijo matrimonial de la citada y de Juan Manuel de la Balvanera González; y que antes de iniciar este litigio, el demandante debía adelantar un juicio verbal de nulidad absoluta del que allegó y corregirlo.
Lo anterior, porque
[U]n registro civil no puede ser al mismo tiempo inexistente y nulo, para ser lo último tiene que existir y existe, tanto que se allegó sus copia auténtica, y no se puede afirmar que está viciado de nulidad, porque no fue el querer de su madre y del cónyuge de ésta el que impuso la inscripción del nacimiento del demandante como hijo de ambos, sino el artículo 53 del Decreto 1260 de 1970 al prescribir que “en el registro de nacimiento se inscribirán como apellidos del inscrito el primero del padre seguido del primero de la madre, si fuere hijo legítimo”, siendo lo anterior así no cabe hablar, como lo hace el apelante, de que se obtuvo documento público falso, de que se alteró o sustituyó o suplantó el estado civil, de que se incurrió en el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia patrocinando la impunidad de aquellos punibles, y que la demanda se debió admitir para exigir a Fabián González Echavarría que allegara folio de registro Civil de Nacimiento como hijo extramatrimonial de Blanca Neila Echavarría Montoya, máxime que acumuló las acciones de impugnación de la paternidad presunta y filiación paterna, y el que anexó, salvo que se valore como prueba de que no fue reconocido por el recurrente como su hijo extramatrimonial como establece el artículo 2º de la Ley 45 de 1936, reconocimiento que según reiterada jurisprudencia sería válido aunque no eficaz mientras ostentase le calidad de hijo presunto del cónyuge de su madre, no lo presentó como prueba contra el recurrente, a quién señaló como su padre biológico, sino contra su padre presunto, precisamente para impugnarle esa calidad. De la sentencia que se revisa se deprende que el registro civil de nacimiento que el demandante anexó a la demanda no es verás únicamente respecto de que Juan Manuel de la Balvanera González no es su padre, porque se desvirtuó la presunción de que lo es, pero al recurrente no le asiste razón al sostener contradictoriamente que antes de iniciar el proceso que nos ocupa, el demandante debía adelantar proceso verbal para que se declarar la nulidad por objeto y causa ilícita y corregirlo, porque como la jurisprudencia sobre la materia ha reiterado, para solucionar esa situación la ley no prevé la nulidad sustancial, menos la corrección, sino la acción de impugnación, y según los artículo 5, 10, 11, 22, 44 numeral 4º, 60, 105 y 106 del Decreto 1260 de 1970, cuando prospera ésta el registro a que se viene haciendo referencia, se corrige haciéndola desaparecer de él.
2.5. Además, que el registro civil de nacimiento que aportó el actor no hace fe ante ninguna autoridad y por ende no debió valorarse, según el artículo 106 del Decreto 1260 de 1970, “es un sofisma de distracción del recurrente, porque dicha norma lo que establece es que los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y a la capacidad de las personas no hacen fe ante nadie, si no fueron escritos en el registro del estado civil, y el nacimiento del demandante fue registrado, y según se explicó, como imponía la ley”.
3. Como en cuestión de paternidad, según el artículo 403 del Código Civil, aplicable en la filiación extramatrimonial por remisión del artículo 7º inciso 1º de la 45 de 1936, solo son legítimos contradictores el padre contra el hijo, o éste contra aquel, es evidente la legitimación en la causa y el interés para obrar por activa y por pasiva en este caso, donde Favián González Echavarría pretende que se declare que Absalón Renán Toro Agudelo es su padre extramatrimonial.
4. Al no lograrse en la primera instancia, oficiosamente se ordenó en la segunda la práctica de la prueba científica a Favián González Echavarría, Blanca Neila Echavarría de González y Absalón Renán Torres Agudelo, la cual fue llevada a cabo por el Laboratorio Identigen de la Universidad de Antioquia, debidamente certificado, que informó que “es 79887665.21 veces más probable que Absalón Renán Toro Agudelo sea el padre biológico de Fabián González Echavarría hijo de Blanca Neila Echavarría González con una probabilidad acumulada de 99.99999874824%”.
Sometida a contradicción y analizada como establece el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta que la tecnología que los laboratorios utilizan para su práctica es automatizada y sus resultados son objetivos, que es claro y que sus fundamentos son firmes, precisos y de indudable calidad científica, evidencia que el recurrente es el padre del demandante, porque comparten la totalidad de los marcadores genéticos analizados, lo que impone que la sentencia que se revisa, que así lo declaró, se confirme, aunque por razones distintas a las que cimentaron dicha declaración.
5. La ratificación anunciada se impone también en cuanto dicha sentencia declaró imprósperas las excepciones de mérito propuestas por el apelante, por lo dicho respecto del registro civil de nacimiento que el demandante anexó a la demanda, y el impugnante descalificó, ya que todas las apuntaló en la descalificación que no tiene bases sólidas, excepto la de falta de legitimación en la causa por pasiva, que también cimentó en que no sostuvo relaciones extramatrimoniales con la madre del accionante, aspecto que derrumba la certeza que aporta la prueba científica.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Contiene dos ataques sustentados en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso.
PRIMER CARGO
Se acusa la sentencia del Tribunal de ser indirectamente violatoria, por aplicación indebida, de los artículos 1 y 2 del Decreto 1260 de 1970, como consecuencia de un error de hecho al ignorar el testimonio de Blanca Neila Echavarría Montoya, que de apreciarse hubiera sido determinante en la decisión de declarar “la nulidad absoluta y la falsedad del acta de registro civil de nacimiento de Favián González E. traída al proceso”.
En su desarrollo, el impugnante expone que:
En el acta del registro civil de nacimiento del actor Favián González Echavarría se cometió una falsedad, no de la inscripción, sino de las declaraciones que forman su contenido de parte de Blanca N. Echavarría M., que hizo figurar a su hijo y hoy demandante como nacido dentro de su matrimonio contraído con Juan Manuel González G., es decir, como hijo legítimo, sin serlo. Tal partida o acta de registro civil de nacimiento de Favián González Echavarría no fue corregida sustituida o adicionada para presentarse a este proceso con el nuevo estado civil de hijo extraconyugal, de conformidad con el mandato del artículo 5, numeral 18 del Decreto 2272 de 1989, por el cual se organiza la jurisdicción de familia o por escritura pública. Por ello se afirma que se aplicó indebidamente la ley sustantiva de que trata el Decreto 1260 de 1970, en sus artículos 1 y 2.
[…]
La madre del actor, Blanca Neila Echavarría, expresa en el citado testimonio, que no es cierto que Favián González Echavarría haya nacido dentro de su matrimonio con Juan Manuel González González, como lo denunció ante el Registrador del estado civil de Acandí, sino que es hijo extraconyugal habido dentro de relaciones sexuales con Absalón Renán Toro A. […] Si se hubiera tomado en cuenta el testimonio de Blanca Neila Echavarría M. por el sentenciador, no se le podrían haber reconocido al demandante, con el acta civil de nacimiento arrimada […] la habilitación para ejercer derechos y contraer obligaciones que brindan los artículos sustanciales 1 y 2 del Decreto 1260 de 1970 y Decreto 2272 de 1989, artículo 5 -2,dado que el artículo 106 del mismo decreto citado 1260 de 1970, impide tener como prueba en todo proceso y ante cualquier funcionario público el acta de registro civil de nacimiento, cuando ésta no se inscribe o registra conforme a la ley, y por ello, no hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado, funcionario público, a las voces del citado artículo 106.
Además, el censor indica que a los argumentos del Tribunal, según los cuales, la falsedad del registro no es preciso demostrarla en este proceso al estar impugnándose la paternidad allí reconocida, se responde que
Ese proceso se inició precisamente con la partida de nacimiento que el artículo 106 del Decreto 1260 de 1970, expresa que no hace fe ante ninguna autoridad. Desde el comienzo del proceso verbal, se presentó desde luego, el vicio de la nulidad absoluta y la falsedad. Se responde igualmente, el estado civil no es susceptible de prueba libre, sino que solamente puede ser acreditado por los medios taxativamente contemplados en la ley: registro civil de nacimiento ya corregido, por orden judicial. (Artículo 5, numeral 18 del Decreto 2272 de 1989 y concordantes). Artículos 1.740 y 1.741 del Código Civil y concordantes. Artículos 102 y 106 del Decreto 1260 de 1970, 256, 176 del Código General del Proceso y 265 y 187 del Código de Procedimiento Civil.
[…]
El mismo actor Favián González Echavarría, tiene que reconocer forzosamente en su demanda, la falsedad acaecida al momento de levantar el acta de registro civil de nacimiento, hecha por su madre al inscribirlo como hijo nacido dentro de matrimonio, sin serlo. Se presentó en la demanda, el documento, que precisamente el artículo 106 del Decreto 1260 de 1970, dice que no hace fe ante ninguna autoridad, en armonía con el art. 102 de igual estatuto. No ha tenido el demandante, ni capacidad para ser parte en este proceso, por no haberse corregido su registro civil de nacimiento.
Cuando el H. Tribunal dice, que es en la sentencia de este proceso verbal, cuando se determina si la filiación de quien figura como padre de Favián González Echavarría, se ratifica como tal, o si por el contrario otra persona es quien debe ocupar ese lugar, desobedece las voces del citado artículo 106, que prohibe tener como prueba ante cualquiera autoridad pública, el registro civil de nacimiento de Favián González Echavarría, tal como fue presentado: sin corregir, ni sustituir o adicionar, su partida de registro civil de nacimiento falsa, A la manera prevenida por el artículo 5, numeral 18 del Decreto 2272 de 1989, por el cual se organizó la Jurisdicción de Familia, o por escritura pública de acuerdo al artículo 95 del Decreto 1260 de 1970.
Si es en la sentencia, como estima el H. Tribunal, en donde se determina si la filiación de quien figura como padre de Favián González, se ratifica como tal, o si por el contrario otra persona es quien debe ocupar ese lugar, el Tribunal, para llegar a esa sentencia, tuvo que darle fe al registro civil de nacimiento sin corregir -falso- desoyendo la prohibición del artículo 106 del Decreto 1260 de 1970 […] Es más, con el registro civil de nacimiento de Favián González, traído al proceso, tampoco se puede dar a Juan Manuel González G., como padre legítimo del citado actor, por la falsedad habida (art. 106 del Decreto 1260 de 1970).
El fraude procesal cometido en este expediente, consistió en haber permitido, que se sustituyera al documento que se imponía aportar: el registro civil de nacimiento del actor, como hijo extramatrimonial de Blanca Neila Echavarría M., por el registro civil de nacimiento finalmente presentado y falseado. Así se evadió el riesgo de investigaciones penales por obtención de documento público falso, por declaración falsa de quien denunció Blanca Neila Echavarría M., el registro, supresión, alteración o suposición del estado civil y uso de documento público falso.
[…]
No debe confundirse una acción sobre reclamación de un estado civil, como se hace por demandante y fallador, con una acción sobre rectificación, corrección, sustitución de una partida de registro civil de nacimiento (Ver sentencia de Junio 9 de 1970, tomo CXXXIV, pág. 177 a 179, citada por Héctor Roa Gómez, en su recopilación de jurisprudencias antes citadas, pág. 565).
[…]
El artículo 1740 del Código Civil, también consagra que es nulo absolutamente todo acto a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto. Como igualmente en el artículo 1741 del citado código, se expresa que la nulidad absoluta se produce por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos en consideración a la naturaleza de ellos.
Ningún registro civil de nacimiento en donde se ha manifestado una falsedad por la denunciante del nacimiento, al decir que el hijo inscrito es nacido dentro de matrimonio sin serlo, no se ha hecho conforme a la ley (Art. 106 del Decreto 1260 de 1970 y artículos 1740 y 1741 del Código Civil).
Señalo como artículos probatorios adjetivos el 106 del Decreto 1260 de 1970 y 102, 176 y 256 del Código General del Proceso, 187, 265 del Código de Procedimiento Civil. 1.740 y 1.741 del Código Civil, 165, 171, 173, 208, 212, 213, 221, 257 del Código General del Proceso.
También se propuso como excepción de fondo en la contestación de la demanda: "La falta de causa para pedir, numeral 2, porque el registro civil de nacimiento del demandante es absolutamente nulo e inexistente para traerlo a este proceso, mientras no sea purgada su falsedad".
SEGUNDO CARGO
Se hace consistir en que el Tribunal quebrantó indirectamente, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 1 y 2 del Decreto 1260 de 1970, y el precepto 5-2 del Decreto 2272 de 1989, por efecto de un error de derecho en lo tocante con la prueba de ADN practicada en la segunda instancia.
Con el fin de fundamentar y perfilar su embate, el impugnante sostiene:
Concretamente, para este cargo segundo, se afirma que el examen de ADN entre el actor Favián González Echavarría y el demandado Renán Toro A., fue allegada a un proceso absolutamente nulo, por falsedad y nulidad absoluta por causa y objeto ilícitos en el acta de registro civil de nacimiento de Favián González Echavarría, puesto que dicho documento público sin corregir con fundamento en el artículo 5, numeral 18 del Decreto 2272 de 1989, no hace o da fe ante ninguna autoridad o funcionario público (artículo 106 del Decreto 1260 de 1970). Se registró al demandante falsamente como hijo nacido dentro de matrimonio, es decir, como, legítimo. El H. Tribunal, aprecia dicho peritazgo aducido al proceso, sin los requisitos legalmente necesarios para su PRODUCCIÓN (prueba traída a un proceso viciado de nulidad absoluta, como hemos repetido, por falsedad y nulidad absoluta por objeto y causa ilícitos), e interpreta desacertadamente desde luego, los textos legales que regulan la admisibilidad, pertinencia y eficacia del peritazgo. La influencia del error de derecho anotado para quebrantar indirectamente la ley sustancial (art. 1 y 2 del Decreto 1260 de 1970) o en su caso, el Decreto 2272 de 1989, artículo 5o, numeral 2, hizo que se entrara por el H. Tribunal Superior a valorar el citado peritazgo y llegara a la conclusión de que Favián González Echavarría tenía por padre biológico a Absalón Renán Toro A.
Agrega que como se trata de un error en derecho, los textos legales de disciplina probatoria que han sido quebrados “en la tarea valorativa del peritazgo”, son los artículos 102 y 106 del Decreto 1260 de 1970, y los cánones 164, 165, 168, 176, 226 y 256 del Código General del Proceso.
Señala, asimismo, que la “la equivocación madre del H. Tribunal” es que no se requiere la tramitación de la tacha de falsedad propuesta contra el acta de registro civil de nacimiento de Favián González, a lo que se contesta, que “el estado civil de las personas, se demuestra con la copia de las actas del respectivo libro de registro del estado civil y no con la del acto que lo declara o crea”, por lo que “el estado de hijo extraconyugal no se demuestra o prueba con la copia de la sentencia que declara la paternidad extraconyugal debatida aquí”.
CONSIDERACIONES
1. El examen de la presente demanda de casación se hará a la luz del Código General del Proceso, que rige de manera integral desde el 1° de enero de 2016, pues, según las normas sobre tránsito de legislación allí consagradas, artículos 624 -modificatorio del 40 de la Ley 153 de 1887- y 625-5, los recursos ya incoados, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando «las leyes vigentes cuando se interpusieron», y el que ahora ocupa la atención de la Sala fue formulado en la audiencia del 20 de junio del año pasado.
2. El artículo 346 del referido estatuto previene que para la admisión de la demanda deben cumplirse los requisitos formales contemplados en el precepto 344 ibídem, entre ellos, “La formulación, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y completa”, indicándose complementariamente que “Cuando se invoque la infracción de normas de derecho sustancial, será suficiente señalar cualquiera disposición de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa”.
3. Esas exigencias, básicas para abrirle paso a un posterior análisis de fondo de la demanda, fueron desatendidas, según se expone:
3.1. En ambos cargos, no obstante denunciarse la violación indirecta de la ley sustancial, se omitió citar al menos una norma de esas características que tuviera relación con el asunto decidido por el juzgador de segunda instancia.
En efecto, por disposiciones de linaje sustancial, la Corte ha explicado que se entienden las que “ (...) ‘en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación...', determinándose que de ese cariz no participan, en principio, entonces los preceptos que 'se limitan a definir fenómenos jurídicos o a describir los elementos de éstos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo' (CLI, página 241)” (Auto de 16 de diciembre de 2005, Exp.1998-01108- 01, criterio reiterado en varios pronunciamientos, entre ellos, en el proferido el 2 de noviembre de 2011, Exp. 1996-0098-01).
Y los preceptos 1 y 2 del Decreto 1260 de 1970, y el 5-2 del Decreto 2272 de 1989, indudablemente, no detentan linaje sustancial, por cuanto el primero se limita a definir qué es el estado civil de una persona, el segundo indica de dónde deriva y el último atañe a la competencia de los jueces de familia para conocer de los procesos sobre “investigación e impugnación de la paternidad y maternidad legítimas o extramatrimoniales, de la investigación de la paternidad y maternidad extramatrimoniales que regula la Ley 75 de 1968, y de los demás asuntos referentes al estado civil de las personas”.
Por lo demás, en relación con los mencionados cánones del Decreto 1260 de 1970, “por el cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas”, la Sala desestimó su condición de sustanciales en la sentencia SC de 9 de diciembre de 2004, Rad. n° 6080-01.
3.2. Aunado a lo que se acaba de exponer, suficiente para inadmitir la demanda en relación con ambos cargos, advierte la Corte que en el primero se presenta un planteamiento asimétrico o desenfocado, que le resta la precisión y claridad exigida.
Ciertamente que el alegato del accionado, hoy impugnante en casación, según el cual era necesario que el actor aportara un registro civil de su nacimiento corregido y que diera cuenta de su condición de hijo extramatrimonial, fue descartado por el Tribunal con razonamientos puramente jurídicos: “como la jurisprudencia sobre la materia ha reiterado, para solucionar esa situación la ley no prevé la nulidad sustancial, menos la corrección, sino la acción de impugnación, y según los artículo 5, 10, 11, 22, 44 numeral 4º, 60, 105 y 106 del Decreto 1260 de 1970, cuando prospera ésta el registro a que se viene haciendo referencia, se corrige haciéndola desaparecer de él”.
Por lo mismo, el cuestionamiento que se formula en este cargo inicial, relativo a un aspecto fáctico, como es la supuesta preterición del ad-quem de valorar un testimonio, de la progenitora del gestor, que evidenciaría la “falsedad” en los datos aportados para inscribir en el registro civil de nacimiento a Favián González Echavarría, no atiende las genuinas bases en las que aparece soportada la sentencia confutada que, se reitera, descartan la carga para el demandante de adjuntar, previa iniciación del proceso de impugnación de la paternidad, un registro civil de nacimiento que “corrigiera” su situación con Juan Manuel González, quien lo reconoció como hijo, en vigencia del matrimonio con la madre biológica, Blanca Neyla Echavarría de González.
En punto al desenfoque, como defecto palpable en el cargo en cuestión, la Corporación, en sentencia SC11770-2016, señaló:
[E]n razón a la naturaleza misma del recurso de casación y su reglamentación legal cuando se apoya en la primera de las causales que consagra el Art. 368 del Código de Procedimiento Civil, el escrito destinado a fundamentarlo después de habérsele concedido al litigante interesado en hacerlo valer, debe contener una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, señalando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnación resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa crítica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivación que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcción jurídica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto técnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente”.
3.3. Además, en el segundo cargo no se demostró el error de derecho denunciado, como correspondía según el inciso final del literal a.-) del numeral 2° del artículo 344 del Código General del Proceso.
Véase, en ese sentido, que en añeja y reiterada jurisprudencia, la Corte ha dicho que el desatino de derecho en las pruebas se presenta “cuando el juez quebranta las normas legales que se ocupan de regular el régimen de producción, eficacia o evaluación de la prueba, o sea cuando infringe preceptos de disciplina probatoria. Esta segunda clase de error se da en la contemplación jurídica de la prueba, teniendo suceso cuando el juez aprecia pruebas aducidas sin la observancia de los requisitos legales, o cuando no las evalúa por considerar que fueron ilegalmente incorporadas, o cuando les asigna mérito probatorio que la ley prohibe para el caso, o les niega el que si les confiere, o da por demostrado un hecho con prueba inconducente, o exige para el efecto una prueba específica que la ley no requiere” (CJS S.C. de 20 de oct. de 1999, Rad. 4981).
En el reproche de que ahora se trata, el impugnante, más que mostrar, evidenciar o acreditar una incorporación ilegal de la prueba de ADN practicada en el curso de la segunda instancia, dedica en últimas su esfuerzo a poner el acento en la nulidad del proceso de impugnación de la paternidad, por no haberse arrimado, preliminarmente, un registro civil de nacimiento del actor, corregido en los términos atrás explicitados.
Ese vicio en el procedimiento, de ser cierto, en todo caso resultaba necesario invocarlo por el camino pertinente, que no es otro que el de la causal quinta de casación del artículo 336 del Código General del Proceso: “Haberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicio hubieren sido saneados”.
Obsérvese que, con arreglo al planteamiento del censor, la labor de la Corte consistiría no en estudiar o analizar la posible comisión de un yerro de derecho, sino la nulidad de lo actuado en el juicio de impugnación, temática ajena a la concebida en la causal segunda de la nueva codificación procesal civil.
4. Por último, cumple señalar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y técnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 336, inciso final del Código General del Proceso, y 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad; o una significativa afectación de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, INADMITE el libelo presentado por el codemandado ABSALÓN RENÁN TORO AGUDELO para sustentar el recurso extraordinario de casación que interpuso frente a la sentencia proferida el 30 de junio de 2016 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia dentro del proceso verbal de impugnación de la paternidad y filiación extramatrimonial de FAVIÁN GONZÁLEZ ECHAVARRÍA contra JUAN MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ y el recurrente.
Notifíquese y, en oportunidad, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA