AC2886-2018

Radicación n.º 08001-31-03-004-2007-00046-01



Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Procede la Corte a resolver lo que corresponda sobre la admisión del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 30 de noviembre de 2017, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario de pertenencia promovido por Alejandro Char y Compañía Ltda. Ingenieros Constructores y Grupo Andino Marín Valencia Construcciones S.A. -Grama Construcciones S.A.-, en contra de personas indeterminadas, condición ésta en la que acudió Blas García Andrade, al trámite concurrieron en intervención ad excludendum Elida Rocío, Efraín Manuel, José Abel, Rubiela María, Leticia Esther y Zeneila Robledo Ojeda; Adelina Robledo de Vásquez, Ana Isabel, Ligia Esther y Abel de Jesús Robledo Posada; Angelina Alicia Robledo García, María del Carmen Robledo de Cabas, Uriel Francisco, Jorge Eliécer, Sandra Milagro, Abel, Francisco de Paula e Iván Generoso Robledo Palomino; Armando Elías Robledo Acosta, Amanda de Jesús Robledo de Gelvez, Janeth Robledo Ávila, Hilda Reyes y Cecilia Rosa García de Alba; Gladys Esther García de Orellano, Yennis del Carmen, Luz Marina, Wilson Antonio y Julio René García Mejía; Ligia María García Andrade, Alfonso Robledo García y José Miguel García de Alba o Alba.


ANTECEDENTES


1.        Las sociedades demandantes pretendieron de forma principal fuera declarado que adquirieron por prescripción ordinaria el dominio del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria n.º 040-80394, y en subsidio la usucapión extraordinaria, para disponer en consecuencia, la anotación en el respectivo folio inmobiliario (folios 51 y 52, cuaderno 1).


2.        Surtido el emplazamiento de las personas indeterminadas se les designó curador ad litem, quien contestó la demanda y manifestó estarse a lo que se probara y decidiera (folios 65 a 67, ídem).


3.        Blas García Andrade se notificó de la admisión de la demanda personalmente y alegó el interés que le asistía para comparecer por ser poseedor de buena fe. Manifestó que los hechos del libelo eran falsos, pues los hermanos Vizcaino García heredaron 7 hectáreas y vendieron todo lo que tenían; que la escritura n.º 1235 de 10 agosto de 1973 era fraudulenta, dado que tuvo por objeto dividir un predio que dejó de existir por la venta que María de los Reyes Vizcaino viuda de García hizo a Manuel García Torres, mediante escritura pública n.º 1621 de 1º de agosto de 1962; terreno del cual sin detentar la propiedad ni la posesión material, años después vendieron a las sociedades demandantes, situación así demostrada en el proceso de pertenencia que los hermanos García Vizcaino iniciaron antes de enajenarlo, donde la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla revocó la sentencia de 9 de diciembre de 2003, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, y en su lugar, negó la usucapión.


Entonces, no estaba clara la posesión porque la venta conforme a la cual las personas jurídicas convocantes adquirieron la misma se pregonó de mala fe, comoquiera que fueron informadas sobre la existencia de la sentencia dictada en el proceso de pertenencia donde habían sido vencidos los hermanos García Vizcaino (folios 78 a 88, cuaderno 1).


       4.        Uriel Francisco, Jorge Eliécer, Sandra Milagro, Abel, Francisco de Paula e Iván Generoso Robledo Palomino, Armando Elías Robledo Acosta, Amanda de Jesús Robledo de Gelvez y Janeth Robledo Ávila, aduciendo la condición de herederos de Francisco Robledo García (q.e.p.d.), hijo de Adela Rosa García viuda de Robledo, quien fuera heredera en primer orden de Blas García Escalante, en intervención ad excludendum pidieron declarar que también tenían derecho sobre el dominio del predio de mayor extensión individualizado con el folio de matrícula inmobiliaria n.° 040-43, del cual se segregó el n.° 040-80394 objeto de usucapión, como consecuencia de tal declaración, solicitaron negar la pertenencia deprecada por las demandantes principales (folios 1 a 12, cuaderno 9).


       5.        Hilda Reyes y Cecilia Rosa García de Alba, Gladys Esther García de Orellano, Yennis del Carmen, Luz Marina, Wilson Antonio y Julio René García Mejía alegaron la calidad de hijos de Martiniano García Torres (q.e.p.d.), heredero en primer grado de Blas García Escalante, mediante intervención excluyente suplicaron declarar que también tenían derecho respecto del dominio del predio de mayor extensión, y no acceder a la pertenencia de la demanda principal (folios 1 a 12, cuaderno 8).


       6.        Adelina Robledo de Vásquez, Ana Isabel, Ligia Esther y Abel de Jesús Robledo Posada como hijos del finado Jorge Isaac Robledo García, quien a su vez era hijo de la causante Adela Rosa García viuda de Robledo (heredera en primer orden de Blas García Escalante), en solicitud ad excludendum elevaron idéntico pedimento, edificado sobre los mismos supuestos fácticos planteados en las demás intervenciones con mejor interés (folios 1 a 12, cuaderno 6).


       7.        María del Carmen Robledo de Cabas y Angelina Alicia Robledo García manifestaron que eran herederas de Adela Rosa García viuda de Robledo (q.e.p.d.), quien también lo fue en primer grado de Blas García Escalante para promover intervención excluyente con similares suplicas a las referidas a espacio (folios 1 a 12, cuaderno 7).


       8.        Elida Rocío, Efraín Manuel, José Abel, Rubiela María, Leticia Esther y Zeneila Robledo Ojeda expusieron que eran hijos del extinto Efraín Robledo García, quien fuera descendiente de la fallecida Adela Rosa García viuda de Robledo, hija de Blas García Escalante, como soporte de su intervención con mejor interés. Solicitaron análogos pedimentos a los descritos atrás (folios 1 a 12, cuaderno 5).


9.        Ligia María García Andrade adujo su condición de descendiente de Blas García Torres (q.e.p.d.), quien fuera hijo de Blas García Escalante, e igualmente mediante demanda ad excludendum suplicó que también tenía derecho sobre el dominio del predio de mayor extensión de folio inmobiliario n.º 040-43, y se negara la usucapión rogada por las promotoras principales sobre el predio de menor área (folios 1 a 12, cuaderno 10).


10.        Alfonso Robledo García y José Miguel García de Alba1 o Alba2, el primero como hijo de Adela Rosa García viuda de Robledo y el segundo como descendiente de Martiniano García Torres, estos dos últimos herederos en primer grado de Blas García Escalante en intervención excluyente hicieron similares peticiones a las ya descritas (folios 1 a 10, cuaderno 11).


       11.        El 7 de abril de 2015 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla profirió fallo en el que declaró que Alejandro Char & Cía. Ltda. Ingenieros Construcciones y Grupo Andino Marín Valencia Construcciones S.A. adquirieron por prescripción ordinaria el dominio del predio lote 2, distinguido con matrícula inmobiliaria n.° 040-80394; ordenó inscribir la sentencia en la Oficina de Registro de Públicos de Barranquilla; y negó las pretensiones de las demandas ad excludendum (folios 494 a 500, cuaderno 3).


12.        La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de noviembre de 2017, desató el recurso de apelación interpuesto por los terceros con interés y confirmó el numeral primero que negó las pretensiones de las demandas de intervención excluyente, igualmente, revocó los restantes numerales para, en su lugar, despreciar las pretensiones del libelo genitor principal (folios 185 a 199, cuaderno 12).


13.        El recurso de casación fue interpuesto por la apoderada de algunos terceros el 28 de febrero de 2018, el cual fue concedido por el Tribunal (folios 208, 210 a 214, ídem).


CONSIDERACIONES


1.        La determinación que aquí se adopta se hará con sujeción al Código General del Proceso, por ser la norma vigente para el tiempo en el que se formuló el recurso de casación, esto es, el 28 de febrero de 2018 (folio 208, cuaderno 12), en virtud del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, subrogado por el artículo 624 del Código General del Proceso, según el cual «…los recursos interpuestos… se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos…».


2.        La casación se clasifica como un remedio extraordinario, en tanto su finalidad es la revisión de la providencia impugnada, de acuerdo con las causales expresamente señaladas en la legislación y argüidas por el actor, sin que sea dable que el juzgador se adentre a revisar de nuevo el caso o las actuaciones procesales, más allá de los ataques que en concreto se formulan3.


Para salvaguardar esta naturaleza, la regulación ha dispuesto unas condiciones objetivas para su concesión y admisión, so pena que la impugnación se torne inviable y la sentencia cuestionada adquiera carácter definitivo.


El interés para recurrir es una de estas condiciones, establecido en el artículo 338 del Código General del Proceso en los siguientes términos:


Cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil.


Para delimitar el quantum del agravio deberán considerarse las condenas efectuadas y las pretensiones negadas por el juzgador, teniendo en cuenta variables como el objeto material de la controversia, la existencia de litisconsorcios, la finalidad y alcance de la petición, entre otros aspectos.


Según el artículo 339 ídem, corresponde al juez de instancia establecer este interés económico, decisión que deberá adoptar de plano y a partir de los elementos de juicio existentes en el respectivo plenario, sin perjuicio que el interesado pueda aportar un nuevo dictamen.


Previene el inciso final del artículo 342 ibídem que: «[l]a cuantía del interés para recurrir en casación fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificación por la Corte», consagrando una proscripción para que el órgano de cierre interfiera en la valoración que el fallador realice de las probanzas, lo cual, en todo caso, no puede conducir a que deban admitirse recursos concedidos en desconocimiento de los mandatos legales vigentes o de los precedentes aplicables a la materia, ya que de ser así se subvertiría el orden constitucional y legal.


Sobre la interpretación de esta restricción, esta Corte tiene decantado:


Esta última regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporación admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectación a los intereses patrimoniales del actor, pues ello llevaría a vaciar de contenido y finalidad el acto de admisión, así como la exigencia de un quantum en la afectación que irrogó el proveído, que simplemente se verían soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisión errónea o apartada de los precedentes vigentes sobre la materia, afectando el núcleo esencial de derechos como la igualdad y de principios como la legalidad, garantías básicas del estado social de derecho.


Para evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservación o efecto útil, según el cual debe privilegiarse la interpretación que permita que una norma tenga efectos sobre las que no, en concreto, de los artículos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ningún caso, podrá fijar o definir el valor de la resolución desfavorable para el actor, ya que ello quedó exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situación que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podrá solicitarles que examinen su propia decisión, indicando las razones que dan lugar a ello (Cfr. AC5274, 18 ago. 2016, rad. 2011-00248-01; reiterado AC5405, 23 ago. 2016, rad. 2008-00324-01).


Significa que esta Corporación, al revisar los requisitos para admitir la impugnación, puede poner de presente la preterición de elementos relevantes para la determinación del interés, caso en el cual deberá devolver el expediente con el señalamiento de la concesión prematura, para que el juzgador, dentro del marco de sus competencias y en desarrollo de la autonomía judicial, revise su decisión.


3.        En el presente caso, amén de que se pretendió la prescripción adquisitiva de dominio por Alejandro Char y Compañía Ltda. Ingenieros Constructores y Grupo Andino Marín Valencia Construcciones S.A. -Grama Construcciones S.A.-, respecto del lote de terreno identificado con el folio de matrícula inmobiliaria n.° 040-80394, trámite al que comparecieron Elida Rocío, Efraín Manuel, José Abel, Rubiela María, Leticia Esther y Zeneila Robledo Ojeda; Adelina Robledo de Vásquez, Ana Isabel, Ligia Esther y Abel de Jesús Robledo Posada; Angelina Alicia Robledo García y María del Carmen Robledo de Cabas; Uriel Francisco, Jorge Eliécer, Sandra Milagro, Abel, Francisco de Paula e Iván Generoso Robledo Palomino; Armando Elías Robledo Acosta; Amanda de Jesús Robledo de Gelvez; Janeth Robledo Ávila; Hilda Reyes y Cecilia Rosa García de Alba; Gladys Esther García de Orellano; Yennis del Carmen, Luz Marina, Wilson Antonio y Julio René García Mejía; y Ligia María García Andrade como intervinientes excluyentes, al concederse el recurso de casación el Tribunal precisó que el interés debía acotarse al valor del objeto litigioso, sin tener en cuenta que los partícipes ad excludendum pretendieron un terreno de mayor extensión, del cual se desgajó el fundo antes anotado.


Al efecto, el colegiado precisó que el ruego de los intervinientes «continuaba siendo la posesión sobre el predio ambicionado por los demandantes principales [el identificado con el folio de matrícula inmobiliaria n.º 040-80394]» (folio 211 vto., cuaderno 12). 


Sin embargo, advierte la Corte que el ad-quem no tuvo en cuenta el monto actual del agravio que en cada uno de los recurrentes produjo la resolución desfavorable, para lo cual era menester examinar la afectación que en verdad causó la sentencia de segundo grado, según el derecho que fue reclamado, el título invocado y el interés concreto sobre el objeto en litigio.


Además, se observa que si bien los terceros plantearon sus pretensiones en idénticos términos, se relieva que cada una de las intervenciones se fundó en derechos herenciales adquiridos de diferentes causantes, algunos de los cuales habían sido adjudicados y recaído sobre activos precisos.


En este punto, reitérese que la demanda principal versó sobre el terreno identificado con folio de matrícula inmobiliaria 040-803944, segregado de una matrícula correspondiente a un globo que fue objeto de división, mientras que lo perseguido por los terceros era que se declarara que «también t[enían] el derecho de dominio sobre el inmueble de mayor extensión [identificado con folio de matrícula inmobiliaria 040-43]…, terreno adquirido por Blas García Escalante, como consta en la escritura pública 2930 del 9 de diciembre de 1925 de la Notaría Segunda de Barranquilla» (folios 2, 2, 22, 2, 2, 2, 1 y 2 de los cuadernos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, respectivamente), y como secuela de tal reconocimiento, se resolviera «desfavorablemente las pretensiones de la pertenencia» suplicadas en la demanda principal.


En suma, resulta imperioso determinar el interés que le asiste a cada tercero, para lo cual habrá de considerarse la calidad en que actuó cada uno, así como los medios de convicción obrantes en el plenario5 que ponen de presente que en unos casos fueron liquidadas las sucesiones de sus antecesores6, a quienes les adjudicaron porciones del globo de mayor extensión, abriéndoles matrículas independientes, mientras que en otros se hizo una partición concreta sobre el predio que se debate en el caso.


Y es que no puede pasarse por alto, como bien lo ha señalado esta Corporación en punto a la forma como debe calcularse el interés acorde con el contenido de las reclamaciones cuando se deprecan, de un lado, para la sucesión, y del otro, en su propio beneficio.


La primera opción consiste en establecer el valor de todos los bienes que integrarán el acervo, sin atender al porcentaje que cada heredero o legatario podrá reclamar al momento de la liquidación. Esto deberá hacerse cuando lo pretendido es la recomposición de la masa sucesoral, en tanto se persiga el acrecimiento de los activos o la exclusión de pasivos.


En esta hipótesis el actor propende por la protección de la masa sucesoral, más allá de su interés individual, actuando en nombre de ella o en el de todos los sujetos con vocación hereditaria. Sobre el particular, en reciente providencia la Sala expresó:


[N]o era necesaria la división que hizo el ad-quem en relación con la cuota que a cada uno de los demandantes les puede corresponder respecto del referido inmueble en el juicio de sucesión…, a fin de establecer su interés para recurrir en casación, pues si bien es cierto que estos pretenden que los demandados pierdan la cuota que a cada uno les sería asignada en relación con el mismo fundo en tal proceso liquidatorio, no menos cierto es que esa demanda tiene como fin que éstas cuotas engrosen la masa partible.


Se trata, entonces, de una solicitud que no comporta un interés individual para los demandantes sino genérico para la sucesión citada, pues tal petición la elevaron en nombre de ésta (…)


Lo anterior, evidencia el desacierto del criterio del Tribunal, el cual al escindir el monto del interés recurrible en casación para los cuatro actores con base en la supuesta autonomía de los pedimentos de cada uno, omite considerar  que el agravio que la sentencia de segunda instancia le genera a la masa sucesoral representada por  los recurrentes constituye un valor único (Negrita fuera de texto. AC2018, 23 abr. 2014, rad. 2013-02184-00; reiterada AC6789, 20 nov. 2015, rad. 2014-02950-01 y en AC5545-2016, 25 ago. 2016, rad. 2012-00155-01).


La segunda opción se calcula a partir de las reclamaciones concretas realizadas por el heredero o legatario, sin considerar la totalidad del acervo o la sumatoria de los bienes que lo componen.


Ello sucede cuando el promotor, a través de la actuación procesal, reclama un derecho eminentemente individual y en su beneficio exclusivo, sin actuar a favor de la herencia entendida como una universalidad.


Al efecto, la Corte dijo:


En el presente proceso se observa, respecto de la experticia esgrimida como base para conceder el recurso, que el Tribunal no reparó que el auxiliar omitió justipreciar el interés de cada uno de los integrantes de la parte actora, es decir, el  derecho que reclaman en particular, por cuanto es claro que los demandantes piden para sí y no para la herencia, previamente liquidada (AC2465, 9 may. 2014, rad. 2010-00369-01; reiterado en AC5545, 25 ago. 2016, rad. 2012-00155-01).


Esta segunda forma debe utilizarse, por ejemplo, cuando el convocante exige un derecho sobre un bien determinado que integra la masa sucesoral (cfr. AC, 21 ago. 2013, rad. 2006-00480-01), pide una cuota concreta de los activos (cfr. AC, 14 mar. 1996, rad. 5926), o persigue la ineficacia de la distribución realizada en las hijuelas (cfr. AC2140, 30 abr. 2014, rad. 2008-00329-01).


Así las cosas, no puede predicarse que el ad-quem haya agotado a plenitud el examen de la cuantía del interés para recurrir en casación de los terceros ad excludendum, lo que conlleva concluir que actuó de forma apresurada al abrir paso a la impugnación extraordinaria, sin reparar en el contenido de las reclamaciones planteadas por los censores.


4.        Aunado a lo anterior, observa la Corte que el Tribunal por auto de 6 de julio de 2017 reconoció a Reimy Alexandra Char Barrios como apoderada sustituta de los terceros intervinientes recurrentes en casación; empero, en el plenario no se halló poder que otorgara Ligia Esther Robledo Posada –interviniente ad excludendum- al inicial mandatario judicial -Duguid Char Negrete-, situación que pasó desapercibida el colegiado al conceder la casación y que le corresponde examinar.


5.        Por todo lo anterior y sin más consideraciones, se tiene que el Tribunal actuó de manera apresurada en la concesión del mecanismo extraordinario, por lo que resulta necesario devolver el expediente para que revise su decisión, en orden a que valore nuevamente los elementos suasorios que integran el plenario para establecer si existe interés para recurrir y tome los correctivos que considere pertinentes.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:


       Primero: Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, concediendo el recurso de casación dentro del proceso de la referencia.


       Segundo: Devolver la actuación a la oficina de origen, para que proceda como le compete.


Notifíquese.




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado


1 En el registro civil de nacimiento aparece como «José Miguel García de Alba» (folio 13, cuaderno 11).

2 En la presentación personal realizada al poder otorgado aparece como «José Miguel García Alba» (folio 12, cuaderno 11).

3 Lino Enrique Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, Lexis-Nexis y Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 17ª ed., 2003, p. 579.

4 Folios 51 y 52, cuaderno 1, predio segregado de la división material efectuada por María de los Reyes Vizcaino viuda de García, respecto del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria n.° 040-5193510, que fuera adjudicado en las hijuelas de la sucesión de Blas García Escalante, el cual fue dividido en 4 lotes, a saber: lote 1 registrado bajo el folio n.° 040-80393, lote 2 registrado bajo el n.° 040-80394, lote 3 registrado con el folio n.° 040-80395 y lote 4 registrado con el folio n.° 040-80395 (folios 432 y 433, cuaderno 2).

5 Dictamen pericial del IGAC (folios 396 a 457, cuaderno 2).


6 La sucesión de Blas García Escalante fue liquidada mediante sentencia de 10 de diciembre de 1948, proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, en la que se adjudicaron las hijuelas para cada uno de sus herederos así:


(i) Graciela Torres de García (esposa) 380 acciones o partes del predio Revellin;

(ii) Blas García Torres (hijo) 80 acciones o partes del predio Revellin;

(iii) Manuel Salvador García Torres (hijo) 80 acciones o partes del predio Revellin; (iv) Adela García Torres de Robledo (hija) 80 acciones o partes del predio Revellín;

(v) Martiniano García Torres (hijo) 80 acciones o partes del predio Revellín; y

(vi) Máximo García Torres (hijo) 80 acciones o partes del predio Revellín (folio 451, cuaderno 2).


Dichas hijuelas fueron protocolizadas mediante escritura pública n.º 1201 de 25 de mayo de 1962, de la Notaría Segunda de Barranquilla, donde se dividió el predio Revellin en cinco lotes:


1. La hijuela asignada a la heredera Adela García Torres de Robledo fue inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla bajo el folio n.° 040-159307, quien al fallecer fue liquidada su sucesión en el Juzgado Octavo Civil Municipal de esa misma ciudad, mediante sentencia de 27 de abril de 1985 adjudicando la hijuela -040-159307- a cada heredero, así:


(i) Jorge Isacc Robledo García en un 12,85%;

(ii) Francisco de Paula Robledo García en un 12,85%;

(iii) Efraín Robledo García en un 12,85%;

(iv) Alfonso Robledo García en un 12,85%;

(v) Adela Robledo García en un 12,85%;

(vi) Angélica o Angelina Robledo de Castro en un 12,85%;

(vii) María del Carmen Robledo de Cabas en un 12,85%; y

(viii) Nelson Falquez Dugand en un 10%; quienes por escritura pública n.° 1802 de 25 de junio de 1987 de la Notaría Quinta de Barranquilla desenglobaron el predio originando dos matrículas inmobiliarias las n.º 040-187613 y 010-187614 (folios 421, 422 y 452, cuaderno 2).


2. La hijuela adjudicada a Blas García Torres le correspondió el lote de terreno inscrito en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, bajo el n.° 040-166698, quien al fallecer sus herederos liquidaron la sucesión ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de dicha ciudad, y mediante sentencia de 21 de mayo de 1984 se les adjudicó las hijuelas a cada uno de los siguientes herederos:


(i) Margarita Andrade de García (esposa);

(ii) Miguel Ángel García Andrade;

(iii) María Victoria García Andrade;

(iv) Adolfo Enrique García Andrade;

(v) Luis Mariano García Andrade;

(vi) Ligia María García Andrade;

(vii) Emilia Esther García Andrade;

(viii) Blas José García Andrade;

(ix) Jesús María García Andrade;

(x) Mirian Rosa García Andrade; y

(xi) Salvador Augusto García Andrade.


3. La hijuela asignada a Martiniano García Torres fue inscrita en la Oficina de Registro de Barranquilla bajo el folio de matrícula inmobiliaria n.° 040-193510.


4. La hijuela asignada a María de los Reyes viuda de García (esposa de Máximo García Torres) fue inscrita en la Oficina de Registro de Barranquilla bajo el folio de matrícula inmobiliaria n.° 040-193510 y 040-56211, quien por escritura pública n.º 1235 de 10 de agosto de 1973 dividió los dos lotes adjudicados en la sucesión, en 6 porciones, así: (i) de matrícula n.º 040-193510 «lote A» resultaron 4 lotes, a saber, n.º 040-80393, 040-80394, 040-80395 y 040-80396; y (ii) de la matrícula n.º 040-56211 «lote B» fueron desgajados 2 lotes, a saber, n.º 040-159221 y 040-159222 (folios 416 a 418, 432 a 4734, 453 y 454, cuaderno 2).