AC2935-2018

Radicación n. º 11001-02-03-000-2017-02094-00


Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Laboral de esta Corte en sentencia STL7281 de 2018, se decide lo pertinente sobre el «recurso subsidiario de queja», que se asumió como interpuesto por Roberto Serrano Ávila contra el auto del 25 de abril de 2017, mediante el cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena no le concedió el extraordinario de casación frente a la sentencia dictada el 4 de abril de 2017 en el juicio verbal de simulación que en contra de aquél y Antonio Crescenzi D’Alessandro promovieron Dorian Mejía Franco y Karen Mejía Franco.


I. ANTECEDENTES


1. Dorian Mejía Franco y Karen Mejía Franco acudieron a la jurisdicción con el fin de que se ordenara a los demandados que devolvieran a la sucesión de Rosa Franco de Crescenzi los inmuebles identificados con matrícula inmobiliaria No. 60-103740 y 60-103699, ubicados en la ciudad de Cartagena, los cuales, según los hechos de la demanda, sustrajeron a través de venta simulada.


2. El 4 de abril de 2017, el Tribunal confirmó el fallo del a-quo que accedió a las súplicas de la demanda inicial. (fls. 10 y 11, cdno 5, copias)


3. Inconforme con esta decisión, el demandado Roberto Serrano Ávila interpuso el recurso extraordinario de casación, que no se concedió por falta de interés económico para recurrir. (fls. 14 al 16, ibídem.)


4. Frente a tal determinación, el censor interpuso «recurso de súplica», aduciendo que la sentencia fue «esencialmente declarativa» de una simulación, además que no fijó ejecución o perjuicio económico alguno que se pueda cuantificar, más aún cuando el valor de venta que se tuvo en cuenta, fue calificado de irrisorio dentro del proceso. (fls. 17 y 18)


5. El 23 de mayo de la pasada anualidad, la Sala dual del Tribunal declaró improcedente el ataque expresamente propuesto y devolvió el asunto para que el ponente «disponga el trámite procedente, conforme al principio que informa el parágrafo del artículo 318 del Código General del Proceso, es decir, se tramiten la inconformidades del censor como recurso de reposición y en subsidio queja». (fls. 55 al 57)


6. En cumplimiento de lo anterior, el prenombrado funcionario, procedió a dar aplicación al referido precepto consagratorio del principio pro recurso, y previo el análisis de procedencia de la casación planteada, no repuso la decisión adoptada el 25 de abril de 2017, ordenando, a su vez al demandado, suministrar lo necesario para la expedición de las copias con el fin de que se surta « el recurso de queja». (fls. 62 al 66)


7. Llegado el asunto a la Corte, mediante providencia AC6640 del 9 de octubre de 2017 se abstuvo de decidir el recurso planteado, bajo el argumento que comporta precedente de esta Sala, según el cual, al haberse interpuesto únicamente el «recurso de súplica» contra la decisión que denegó el extraordinario de casación, había de entenderse que tal yerro comprendía sólo al recurso horizontal, sin que pueda entenderse que por virtud de tal, se entiende propuesto también el subsidiario.


8. La Sala Laboral de esta Corporación, mediante sentencia de tutela proferida el 30 de mayo último, concedió la protección constitucional pedida por el recurrente, pues, en su sentir «darle el trámite sólo al recurso horizontal no tiene ningún sentido, pues en caso de que el Tribunal mantuviera su decisión, como en efecto sucedió, se le cercenó la oportunidad al interesado de que se revisara dicha determinación por el superior jerárquico, lo cual evidentemente atenta contra las garantías fundamentales de la parte»





II.        CONSIDERACIONES


1. Previo a desatar el recurso de queja, conforme a la orden constitucional emanada de la Sala Laboral de esta Corporación, es preciso recordar que si bien el parágrafo del artículo 318 del Código General del Proceso prevé que cuando se impugne una providencia mediante un recurso improcedente, el juez debe tramitarlo por las reglas que sí lo sean, tal previsión contempla dos requisitos necesarios para su aplicación: el primero, aunque parece obvio, que el recurso se haya interpuesto; el segundo, que la impugnación se haya realizado oportunamente. En efecto, señala la referida norma que tal adecuación se realizará «siempre que [el recurso] haya sido interpuesto oportunamente», lo que supone, como se dijo, que el recurso a lo menos, se haya incoado.


En ese orden de ideas, este alcance, conforme a precedente de esta Sala, se circunscribe al recurso o recursos que se hayan planteado por el inconforme, de manera que, si sólo uno se interpuso, es éste el que debe adecuarse,  sin que pueda entenderse que por tal virtud, el juez deba entender que contra esa decisión se incoaron todos los recursos procedentes. Por lo tanto, si una decisión judicial es pasible tanto de un recurso horizontal -como el de reposición- así como de uno vertical -como el de apelación o casación-, en caso de que el recurrente sólo interponga un recurso improcedente, deberá atenderse a aquél que sea procedente, y no a «todos aquéllos» que lo sean.


En efecto, y en coherencia con tal argumento, si una parte interpone frente a una decisión un recurso de reposición y en subsidio uno de súplica, cuando el procedente subsidiariamente es el de queja, es claro que en tal evento, el juez ha de darle el trámite a los recursos que sean procedentes, porque todos ellos fueron interpuestos, no así cuando sólo se interpone una sola impugnación como aquí ha ocurrido.


Por tal razón, esta Sala en decisión AC 2355 del 13 de junio de 2018, decidió en asunto que se torna de interés para este asunto:


«Sea lo primero precisar que, tal y como lo concluyó el Tribunal de instancia, en este caso sí es posible aplicar el principio contemplado en el artículo 318 del Código General del Proceso para el recurso interpuesto de manera subsidiaria, pues contrario a las ocasiones en que el recurso subsidiario no se interpone, y por tanto, esta Corporación ha concluido que no es posible aplicarlo, en esta oportunidad, como se ha advertido, el recurso subsidiario sí se interpuso, aunque se invocó uno que era improcedente, de manera que, tal y como reza la norma citada corresponde al Juez ‘tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente’»


2. Aclarado lo anterior, y para dar cumplimiento a la orden emanada del Juez de Tutela, ha de precisarse que el recurso de queja es un medio de impugnación procedente de manera subsidiaria contra aquélla decisión que deniega la concesión del recurso de casación, siendo que, conforme a lo previsto en el artículo 352 del Código General del Proceso, la competencia de la Corte se restringe a examinar si ese pronunciamiento, ratificado al desatar la respectiva reposición, estuvo o no ajustado a la ley.


3. Para el mencionado propósito cumple recordar que dentro de los requisitos del aludido mecanismo extraordinario, el artículo 334 ibídem dispone que procede, entre otras sentencias, contra las dictadas en toda clase de procesos declarativos; y, el artículo 338 señala que cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, el mismo procede cuando «…el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 SMLMV)», que traducidos a pesos en 2017, anualidad en la que se dictó la sentencia de segunda instancia, ascienden a setecientos treinta y siete millones setecientos diecisiete mil pesos ($737.717.000).


4. Es así como, a propósito del interés para recurrir tiene dicho esta Corporación, que aquél «está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (AC6011-2015, resaltado adrede).


5. Para el caso particular, y tratándose de la simulación absoluta del contrato de compraventa de un inmueble, el perjuicio que sufre el demandado frente a quien se decreta, equivale al valor sobre la que versó la declaración del ad quem más las otras sumas que se le haya impuesto pagar, todo ello mesurado a la fecha del fallo, más aún cuando, por virtud de la declaración de simulación confirmada en la sentencia de segunda instancia, a los demandados se les impuso la obligación de restituir los predios a la masa herencial de Rosa Franco. Luego, no es admisible el argumento expuesto por el recurrente, según el cual, la sentencia fue meramente declarativa, pues en ella sí se emitió orden dirigida a los demandados de restituir los bienes inmuebles identificados con los folios de matrícula Nro. 060-103699 y 060-103740 a la masa herencial de la causante Rosa Franco, por lo que el agravio está supeditado al valor de tales inmuebles, para la fecha del fallo de segunda instancia.


Sobre el tópico, la Sala ha dicho que


En los casos de condenas a restituir bienes, contenidas en la sentencia de resolución o de nulidad de actos jurídicos, etc, el interés de que veníamos hablando se determina por el valor del inmueble que debe restituir, junto con el de los frutos cuyo pago se le impuso, cifra de la cual debe descontarse la cantidad que la actora le debe abonar al condenado (CSJ AC, 26 may. 2004, Rad. 2004-00095-01, reiterado CSJ AC, 25 ag. 2014, Rad. 2006-00216-01).



Ahora, siendo que el objeto de la decisión recae sobre un contrato de compraventa, también habrá de tenerse en cuenta su valor, como elemento para determinar el quantum del agravio causado a quien aspira acudir al recurso extraordinario de casación, factor este en el que apoyó el Tribunal su decisión para denegar la concesión de aquél. De manera que, todos estos elementos resultan determinantes para establecer si se cumple con el límite objetivo señalado por el legislador para acudir al recurso extraordinario en mención.


6. Pues bien, para la determinación del mencionado interés, la nueva regulación procesal prevé que «…su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión» (artículo 339).

Se trata pues de dos maneras para determinar el justiprecio del interés para recurrir, o bien se establece con los elementos de juicio que obren en el expediente; o bien, el recurrente tiene la facultad de aportar un dictamen pericial al momento de interponer el recurso. No de otra manera puede entenderse los vocablos «podrá» y «si lo considera necesario» que tiene la norma transcrita. Por lo que la carga ya no recae en el Tribunal quien, en principio, no estaría convocado a decretar una prueba de tal linaje para esos fines.


Ahora, la oportunidad para aportar el dictamen pericial, que además debe cumplir con las formalidades prescritas en el artículo 226 del Código General del Proceso, es al momento de interponer el recurso de casación, y no al momento de atacar la decisión que no lo tuvo por acreditado, como ocurrió en este caso.


Sobre este particular tópico, tiene dicho la Corporación,


Así, sin hesitación, no hay lugar a tramitaciones adicionales como en el anterior código, pues simplemente debe establecerse el quantum del interés para recurrir «con los elementos de juicio que obren en el expediente», esto es, con los medios que estén presentes en el momento de decidir, sin perjuicio de que el recurrente, si lo estima necesario, pueda aportar un dictamen; pero por supuesto que esta facultad del interesado debe ejercerse con diligencia al interponer el recurso, que no después, cuando ya se le hubiese denegado, precisamente porque la norma prevé que el magistrado del tribunal respectivo, bien sea con los factores de persuasión presentes en el legajo, o ya con el dictamen que allegue el recurrente, tiene que decidir «de plano sobre la concesión». (CSJ AC4423 de 13 jul. 2017, rad. nº 2017-1073). (negrillas intencionales)



En suma, es claro que en este evento, al momento de definir el interés para recurrir, no existían elementos de juicio en el expediente para determinar el valor de los bienes a restituir, y como el recurrente no aportó el medio de prueba definido por el legislador para tal fin, el ad quem, en buena medida, acudió a otro parámetro que le permitiera conocer si se superaba el límite para tener por acreditado el interés, a través del valor del contrato declarado simulado, sin que en esa tarea se obtuviese un resultado positivo.


Por lo tanto, al momento de definir la concesión del recurso de casación, ni el valor del contrato superaba el interés del agravio, ni existían elementos de juicio en el expediente para conocer el valor de mercado de los predios para la fecha de la sentencia de segunda instancia, luego, es el recurrente quien debe asumir la incuria en la que incurrió al desechar la oportunidad de aportar un dictamen pericial dentro del término contemplado en la ley procesal.


Así las cosas, sí estuvo ajustada a derecho la decisión del Tribunal que en últimas decidió no conceder el recurso de casación, pues de un lado, el actor no aportó en su oportunidad un dictamen pericial para acreditar el interés para recurrir; y, de otro, con los elementos de juicio que obraban en el expediente, no era posible determinar el interés económico afectado, atendiendo a que el precio pagado por los bienes para determinar así el valor del contrato, no superaba el umbral de los mil salarios mínimos mensuales vigentes.


7. Por lo anterior, se declarará bien denegada la casación, sin condena en costas porque no hubo intervención de la parte demandante que justifique su imposición.


III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


PRIMERO.- DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casación interpuesto por Roberto Serrano Ávila contra la sentencia dictada por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 4 de abril de 2017 en el juicio verbal de simulación que en contra de aquél y Antonio Crescenzi D’Alessandro promovieron Dorian Mejía Franco y Karen Mejía Franco.


SEGUNDO.-        Sin condena en costas porque no se causaron.


TERCERO.- ORDENAR la devolución de lo actuado a la Corporación de origen. Ofíciese.


Notifíquese,


ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado