AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
AC2958-2018
(Aprobado en sesión de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Decídese el recurso de reposición formulado por Griffith Colombia S.A.S. frente al proveído AC1348 de 9 de abril de 2018, por el cual se declaró inadmisible el primero de los cargos de la demanda de casación presentada por Julián Garcés Marín y Visdecol S.A.S., y se admitieron los demás, así como los formulados por Viscofan-Industria Navarra de Envoltura Celulósicas S.A., Viscofan Do Brasil Sociedade Comercial e Industrial Ltda. y Viscofan CZ, S.R.O., dentro del proceso de la referencia.
ANTECEDENTES
1. Griffith Colombia S.A.S. promovió causa contra Julián David Garcés, Viscofan, Industria Navarra de Envoltura Celulósicas S.A., Viscofan Do Brasil Sociedade Comercial e Industrial Ltda., Viscofan CZ, s.r.o. y Visdecol S.A.S., para que se declarara que estos últimos incurrieron individual y/o conjuntamente en actos de competencia desleal, en particular, de desorganización, violación de secretos, descrédito, engaño, y confusión.
En consecuencia, deprecó que se prohibiera a los accionados ejercer el comercio por el término de 10 años o, en subsidio, ordenar el cese de los actos contrarios a la sana competencia.
2. La Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de funciones jurisdiccionales, denegó las súplicas en primera instancia. Esta decisión fue revocada parcialmente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en la que se reconoció la violación de las normas que rigen el mercado, pero negó la solicitud de ordenar la suspensión de actividades y la prohibición de ejercer el comercio.
3. Los convocados acudieron a la casación y el ad quem concedió los recursos el 13 de junio de 2017 (folios 52-53 del cuaderno 15).
4. La Corte admitió los remedios extraordinarios, por estimar satisfechos los requisitos legales (folio 7 del cuaderno Corte), determinación que fue objeto de reposición por el demandante bajo el argumento de que no se acreditó el interés para recurrir, en tanto la acción que se promovió carecía de valor (folios 9 a 16, 17 a 30 ibidem).
5. El 3 de noviembre de 2017 se confirmó el auto anterior, bajo la consideración de que el requisito de la cuantía no es exigible tratándose de procesos declarativos cuyas pretensiones carecen del elemento patrimonial o éste no es esencial a la controversia, como precisamente sucede con el sub lite, en que únicamente se solicitó el «reconocimiento de una transgresión a las reglas que rigen la sana competencia, así como la adopción de medidas para evitar su futura ocurrencia, sin incluir condenas patrimoniales, por lo que no es dable exigir un determinado quantum como condición para acceder al remedio» (folio 40 reverso).
6. La Sala, una vez se presentaron las demandas de casación, por auto de 9 de abril de 2018 negó la admisión de uno de los cargos y admitió los restantes (folios 173 a 179 ejusdem), providencia que fue recurrida en reposición por la accionante con base en las premisas que se sintetizan en lo subsiguiente.
ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
1. Arguyó que el recurso extraordinario no debía ser objeto de trámite, pues las pretensiones del proceso no fueron económicas, lo que excluye que pudiera satisfacerse el requisito del interés para recurrir.
2. Criticó la forma en que Tribunal concedió el instrumento excepcional, por cuanto no tuvo en cuenta el requisito de la cuantía, se abstuvo de tramitar el remedio horizontal interpuesto, no accedió a la nulidad deprecada, y negó la súplica presentada.
3. Retomó el recurso de reposición contra el proveído de admisión del remedio extraordinario, para cuestionar su fundamentación, pues con ella se abrió el espectro de sentencias que pueden ser atacadas en casación y se desconoció que, el artículo 338 del Código General del Proceso, tuvo como finalidad aumentar la cuantía para impugnar, con las únicas excepciones de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil.
4. Manifestó que, ante la improcedencia del recurso, era menester rechazar las demandas de casación, conclusión que encuentra un fundamento adicional en el artículo 90 ibidem.
5. Aseveró que los cargos planteados pretenden convertir el trámite en un asunto de instancia, a través de una velada explicación de incongruencias que no existen y una revisión aislada de las pruebas.
TRASLADOS
Julián David Garcés, Visdecol S.A.S., Viscofan, Industria Navarra de Envoltura Celulósicas S.A., Viscofan Do Brasil Sociedade Comercial e Industrial Ltda. y Viscofan CZ, s.r.o., se opusieron al pedimento, por considerar que el recurso era improcedente por referirse a materias ajenas a los escritos de sustentación, y haberse zanjado la discusión sobre la admisión del remedio extraordinario en su oportunidad (folios 191 a 195).
CONSIDERACIONES
1. Procede desatar el instrumento horizontal impetrado, en aplicación del inciso primero del artículo 318 del Código General del Proceso, que establece que «[e]l recurso de reposición procede contra los autos que dicte… la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reforman o revoquen».
El anterior mandato debe aplicarse de forma prevalente sobre lo dispuesto en el inciso final de la norma en cita, que preceptúa que «[l]os autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición», por tratarse aquélla de una norma especial para este órgano de cierre, siendo aplicable lo dispuesto en el canon 5 de la ley 57 de 1887, a saber: «[s]i en los Códigos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las reglas siguientes: 1ª. La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general».
Ahora bien, como se está cuestionado una decisión del colegiado le corresponde a éste su resolución, al margen de que, en principio, corresponda al magistrado sustanciador admitir las demandas de casación. Y es que, en los casos en que en un mismo auto se determine que uno o varios de los cargos planteados deben inadmitirse, mientras que otros son pasibles de estudios, corresponde a la Sala proferir esta decisión, en virtud del principio de economía procesal y la máxima «qui potest plus, potest minus» (quien puede lo más puede lo menos), caso en el cual este órgano debe resolver la reposición propuesta frente a su providencia.
2. Anticípese que el recurso enarbolado contra el auto de 9 de abril de los corrientes no se abrirá paso, porque con la misma se desconocen máximas procesales y no se propusieron nuevos razonamientos que conduzcan a reexaminar la decisión adoptada.
2.1. Los principios de preclusión y eventualidad, de amplio raigambre jurisprudencial, imponen a los sujetos procesales la carga de intervenir en las oportunidades dispuestas legalmente e impiden que pueda reabrirse un estadio que ya fue finalizado, con el objeto de garantizar el adelantamiento tempestivo del proceso y evitar dilaciones injustificadas.
Por tanto, «[t]rascurrida la oportunidad, la etapa del juicio se clausura y se pasa a la subsiguiente, tal como si una especie de compuerta se cerrara tras los actos impidiendo su regreso»1.
Así lo ha reconocido esta Corporación:
Uno de los principios que regula la función judicial es el de preclusión, según el cual las actuaciones de los intervinientes en los juicios, en especial la impugnación de las decisiones que en el curso de los mismos se adopten, o manifestaciones o peticiones relacionadas con las mismas, se deberán realizar únicamente dentro del preciso marco temporal que les concede el ordenamiento jurídico, so pena de hacerse acreedor a los efectos adversos que de su desatención se desprendan, haciendo así efectivos la seguridad jurídica y evitándose la dilación injustificada de los pleitos (AC866, 6 mar. 2018, rad. n.° 2015-00113-01).
En consecuencia, una vez vencido un plazo legal o agotado el trámite para abrazar una decisión, no es dable con posterioridad retomar la discusión, menos aún, bajo la premisa de que, por mantenerse yerros del paso, no es posible avanzar con el trámite.
Dicho en otras palabras, recurrir los autos que se profieran en la causa, bajo la premisa de que en la actuación se cometió una pifia que, a pesar de alegarse, no fue corregida, es tanto como volver continuamente sobre el debate que ya fue objeto de resolución, en una clara desatención de los principios rememorados.
2.2. Empero de lo comentado, la parte demandante pretende la revocación del auto que admitió, parcialmente, las demandas de casación presentadas por los accionados, con el argumento de que el recurso no debió admitirse por el magistrado sustanciador.
Este razonamiento es una forma de retornar sobre un aspecto evaluado y decidido en su oportunidad, como es el cumplimiento de los requisitos para viabilizar el remedio extraordinario, con lo cual se contradice el principio de eventualidad.
Y es que, por providencia AC7384 de 3 de noviembre de 2017, el magistrado sustanciador analizó los razonamientos esgrimidos por el promotor para oponerse a la admisión de la casación, los cuales fueron desestimados, con lo cual se clausuró definitivamente la oportunidad para debatir esta temática.
Recuérdese que, según el precepto 342 idem, «[e]l auto que decida sobre la admisibilidad del recurso será dictado por el magistrado sustanciador y contra él sólo procede el recurso de reposición», por lo que el desatarse este último la materia queda definida y no es posible revivir la discusión bajo el inaceptable pretexto de que no debió continuarse con el trámite, razón suficiente para desestimar los argumentos de la demandante en este punto.
Ahora bien, la invocación del artículo 90 ib. resulta inadecuada en este momento procesal, por existir unas reglas especiales que rigen la ritualidad de la casación, las cuales distan de los mandatos que regulan la presentación de una demanda que da inicio al proceso.
3. De otro lado, se pidió la reposición porque los cargos presentados por los accionados son meros alegatos de instancia, las incongruencias alegadas no existen y parten de un análisis aislado de las pruebas.
Al respecto, se advierte que el cuestionamiento del recurrente es una mera enunciación, carente de soporte o justificación, pues no particulariza en qué consiste el yerro, como se devela en cada una de las acusación, y la forma en que se desatienden las reglas técnicas de la casación, por lo que no aporta razones adicionales que lleven a reconsiderar la aceptación a estudio de los cargos propuestos.
Más aún, esta crítica parece estar destinada a la replicar los ataques en casación, para lo cual se tiene la oportunidad procesal a que se refiere el artículo 348 de la nueva codificación adjetiva.
4. Finalmente, las supuestas equivocaciones del Tribunal debieron ser alegadas en su oportunidad y, salvo que exista un yerro mayúsculo que pueda dar lugar a una causal de casación, que debió alegarse oportunamente, esta discusión quedó saldada en la instancia respectiva.
5. Por las razones expuestas, se mantendrá el proveído atacado, sin perjuicio del análisis que se hará al momento de desatar el recurso de casación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, no repone el auto mediante la cual se decidió admitir los cargos segundo y tercero de la demanda de casación presentada por Julián Garcés Marín y Visdecol S.A.S., así como los planteados por Viscofan-Industria Navarra de Envoltura Celulósicas S.A., Viscofan Do Brasil Sociedade Comercial e Industrial Ltda. y Viscofan CZ, S.R.O.
1 Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Roque Depalma Editores, Buenos Aires, 1958, p. 197.