LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador


AC2960-2018

Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-01697-00


Bogotá D. C., dieciséis (16) de julio de dos mil dieciocho (2018)



       Se decide el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá y Primero Civil Municipal de Neiva, para conocer del juicio ejecutivo “por cuotas de administración” impulsado por el Conjunto Residencial Torres de Alejandría P.H. frente al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia BBVA S.A.


1. ANTECEDENTES


       1.1. Petitum. La actora pidió librar orden de pago por $2.672.200, más sus respectivos intereses.


       1.2. Causa petendi. La accionada es dueña de una unidad habitacional que hace parte de la propiedad horizontal demandante.

1.3. Fijación de la competencia en el libelo. La libelista lo dirigió a los jueces civiles municipales de Neiva, respecto de los cuales radicó la competencia “(…) por la cuantía, vecindad de las partes y cumplimiento de la obligación”.


       1.4. En auto de 26 de febrero de 2018, el Juzgado Primero Civil Municipal de la referida localidad, se declaró incompetente para conocer de la acción, al observar que el domicilio principal de la convocada se situaba en Bogotá, siendo además imposible aplicar lo consignado en el numeral 3º del artículo 28 del Código General del Proceso, porque en el título base del cobro no aparecía el lugar donde habrían de cumplirse las obligaciones allí incorporadas.


1.5. Por pronunciamiento de 6 de junio ulterior, el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de este Distrito Capital, receptor del proceso, de igual modo se sustrajo de atenderlo, tras advertir que la demandada tenía una sucursal en la ciudad huilense; resaltó también que el pago de las mencionadas expensas debía realizarse ante “(…) la administración de la unidad residencial, que precisamente se halla ubicado (sic) en el Distrito Judicial de Neiva (…)”.


       1.6. Planteó así el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.


2. CONSIDERACIONES


2.1. Es bien sabido, cual ocurre con el Derecho Civil, el Derecho Mercantil se ocupa de regular relaciones privadas, pero evidentemente no todas sino apenas aquellas que de acuerdo con el ordenamiento positivo constituyen las que suelen denominarse “materia comercial”.


Por eso es necesario, como acontece con cualquier estatuto de carácter especial, que el mismo fije la clase de relaciones a las cuales les es aplicable, y a esta finalidad responden un buen número de las disposiciones traídas en el Código de Comercio, entre las que se destacan las consignadas en sus artículos 1, 11, 20, 21, 22, 23, 24 y 100. Esos preceptos permiten determinar, en cada caso particular, si el negocio, contrato u operación de que se trata da origen o no a un genuino “asunto mercantil”.


2.2. Las obligaciones propter rem o a causa de la cosa, derivadas de la titularidad del derecho de dominio, la posesión, la propiedad fiduciaria o inclusive la simple tenencia, sobre inmuebles sometidos a los regímenes de propiedad horizontal, aunque en principio merecen la calificación de civiles, se convierten en comerciales cuando sus prestaciones deben ser cumplidas por personas naturales o jurídicas que ostentan la calidad de comerciantes, dedicadas al ejercicio del comercio y que reúnen todos los requisitos para ser apreciados como tales.


Se aplica en estos eventos un criterio subjetivo o personal, partiendo del comerciante hacia el acto de comercio, vale decir, considerando la persona y no la operación realizada, para llegar a la conclusión de que los negocios efectuados por los comerciantes son de comercio y, por tanto, sometidos quedan al imperio de la legislación mercantil (arts. 1, 22 y 100 C.Co.1).


2.3. En el subjúdice, no hay duda, la entidad convocada, en el caso el Banco BBVA S.A., ostenta necesariamente la calidad de comerciante, no sólo por hallarse inscrita en el registro del ramo, dedicarse habitualmente a realizar actos de tal naturaleza  [entre los que figuran las operaciones bancarias (art. 20 núm. 7º ib.)]; sino también por corresponder a una sociedad anónima de carácter comercial (art. 100 ib.).


Por ese sencillo pero poderoso motivo, insístase, a la relación obligacional existente entre ella y el conjunto residencial demandante le son plenamente aplicables las disposiciones del Estatuto Mercantil.


2.4. Lo dicho sirve de base para dejar por establecido que, en el asunto de autos, la competencia territorial para conocer de las diligencias se encuentra radicada en el juzgador de Neiva porque, en razón de lo previsto en el canon 8762 de la codificación en cita, la satisfacción de las obligaciones demandadas, a falta de estipulación en contrario, debía realizarse en el domicilio del acreedor, que de acuerdo con la información vertida en el libelo inicial y en sus anexos, se sitúa en esa capital.


Por lo mismo, en atención a lo estatuido en el numeral 3º del artículo 28 del Estatuto Procesal, debe concluirse que es a dicho sentenciador a quien incumbe atender la controversia cuyo conocimiento aquí se discute.


2.5. No son atendibles las razones expuestas por los estrados involucrados para separarse del conocimiento del presente asunto, pues ello equivaldría a subvertir las reglas de competencia fijadas en el aludido canon 28 de la codificación citada; nótese, el actor, único a quien pertenece la elección tratándose de fueros concurrentes, optó por impetrar el libelo ante los jueces del Huila, por ser ese el lugar del cumplimiento de las obligaciones dimanadas del título base del recaudo y la “vecindad de las partes”.


Descartado que el domicilio principal de la entidad financiera llamada a juicio se encontrase en dicha capital, concernía al juzgador opita eliminar el otro foro invocado por el promotor, esto es, el atañedero al sitio donde habrían de satisfacerse las obligaciones ejecutadas. Al no proceder de esa manera, terminó suplantándole en su elección, contrariando con ello lo previsto en los numerales 1, 3 y 5 del precepto 28 de la Ley de Enjuiciamiento vigente.


Tampoco es admisible la tesis prohijada por el juzgador de este Distrito Capital, porque la última parte del numeral 5º del artículo 28 del Código General del Proceso se refiere a la actividades “vinculad[a]s” con las sucursales o agencias y, evidentemente, la simple titularidad de un derecho real y/o el pago de las obligaciones propter rem que de esa detentación se deriven no son, per se, asuntos ligados a las dependencias relacionadas en ese precepto.


2.6. Se asignarán entonces las diligencias al aludido funcionario.


3. DECISIÓN


       En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el Juzgado Primero Civil Municipal de Neiva es el competente para conocer de la acción ejecutiva de la referencia, a quien se ordena remitir las diligencias, comunicando lo decidido a la otra autoridad judicial involucrada. Ofíciese.


Notifíquese





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador


1 “Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas” (Art. 1 C.Co.).

“Si el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por las disposiciones de la ley comercial” (Art. 20 C.Co.).

“Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles.

Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil” (Art. 100 C.Co.).

2 “Salvo estipulación en contrario, la obligación que tenga por objeto una suma de dinero deberá cumplirse en el lugar de domicilio que tenga el acreedor al tiempo del vencimiento (…)”.