Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por José María Castro Silva y Santiago Otero Rey frente al auto de 21 de septiembre de 2017, por medio del cual la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín negó conceder el de casación de la sentencia de 19 de septiembre de 2017, proferida dentro del proceso verbal de Jurg Paul Haller contra los impugnantes.
Ahora bien, el concepto de «sentencia» a tener en cuenta para dichos efectos no se refiere a la denominación formal que se le dé a la providencia, sino a su efecto práctico en los términos del artículo 278 del Código General del Proceso, según el cual se entienden como tales «las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión», agregando por exclusión que «[s]on autos todas las demás providencias».
Vale resaltar que la misma norma prevé la posibilidad de que en cualquier estado del proceso se dicte «sentencia anticipada», entre otros eventos, si se encuentra establecida la falta de legitimación en la causa, lo que en consecuencia conlleva a una culminación prematura del pleito ya sea en todo o en parte y justifica tal denominación, como se dejó previsto en AC526-2018 al precisar que
[e]sa denominación no es caprichosa ni mucho menos consagra una tercera clase para los proveídos donde se definen con prontitud tales eventos, sino que simplemente le confiere la categoría de «sentencia» a una determinación trascendental que acorta el camino del pleito poniéndole fin con premura, ante la presencia de una situación jurídica que hace innecesario agotar otras etapas e incluso analizar el fondo de la litis, evitando así el desgaste de la administración de justicia en aras de hacer efectivos los principios de eficiencia y celeridad que se espera de ella.
El hecho de que se produzca la decisión con mayor prontitud de la prevista y sin profundizar en los aspectos sustanciales propuestos, no les resta importancia puesto que su relevancia es innegable, tan es así que se sustrae de la órbita de los autos interlocutorios, cerrándole el camino a las impugnaciones horizontales.
Es por esa razón que cuando esa clase de decisiones son apeladas, los proveídos confirmatorios de los Tribunales son indiscutiblemente fallos susceptibles del recurso de casación, si se reúnen las demás exigencias para concederlo.
Cosa muy distinta acontece cuando la decisión de terminar con antelación el debate se trunca en segunda instancia, ya que no existe claridad de la naturaleza exacta del segundo proveído porque, si bien la lógica indica que una «sentencia anticipada» solo puede derribarse por medio de un «fallo», lo cierto es que tal pronunciamiento resultaría atípico en vista de que surte el efecto contrario al previsto en el segundo inciso del artículo 278 en cita, pues, en vez de poner fin al trámite conlleva a su continuación, lo que lo sustraería de tal categoría para hacerlo encajar en la de auto interlocutorio. De todas maneras, independientemente de la denominación que se le confiera, no queda duda de que las repercusiones del mismo inhabilitan la vía extraordinaria en ciernes por la determinación del a quo.
Ese entendimiento concuerda con lo que de antaño tiene dicho la Sala que en CSJ AC2668-2016, al analizar la situación de la «sentencia anticipada» a la luz de la Ley 1395 de 2010 y que conserva vigencia frente a las estipulaciones del Código General del Proceso, encontró que
valorado el material allegado a la Corte, desde ya, puede afirmarse que la decisión del Tribunal estuvo ajustada a la normatividad vigente y, por tanto, la no concesión del recurso debe mantenerse. Las siguientes razones sirven de soporte a esa conclusión:
i) En primer lugar debe decirse que los artículos 366 del Código de Procedimiento Civil y el 344 del Código General del Proceso, establecen como condición para la concesión del recurso extraordinario de casación, entre otras, que la providencia censurada sea una ‘sentencia’, es decir, ambas disposiciones consagran una idéntica regla sobre el particular. En ese orden, se torna innecesario analizar si la norma que debe gobernar la controversia es una u otra y si para la época en que se formuló el recurso aquélla o ésta se encontraban vigentes.
ii) Bajo esa perspectiva, surge, entonces, una contundente conclusión. Independientemente de que el asunto litigado haya cursado el trámite reservado para los procesos ‘declarativos’, como así lo vindica la demandada, no resulta suficiente, en cuanto que, como quedó señalado, las normas invocadas exigen, sin excepción alguna, que el proveído opugnado sea una sentencia.
iii) Cierto es, según lo argumenta el recurrente, que la excepción de transacción fue resuelta mediante ‘sentencia’, sin embargo y, ello lo pasa por alto el quejoso, el Tribunal al resolver la apelación presentada revocó lo decidido por el juez de primer conocimiento y, ese pronunciamiento, ya no procedía hacerlo bajo la misma formalidad sino a través de un auto.
Nótese, al respecto, que la modificación introducida por el artículo 6º de la Ley 1395 de 2010, trajo consigo una condición inalterable. Expresa esta norma que “Cuando el juez encuentre probada cualquiera de estas excepciones”, entre las cuales está la ‘transacción’, ‘lo declarará mediante sentencia anticipada’ (hace notar la suscrita Magistrada).
Por tanto, si lo resuelto alude a declarar no probado el medio exceptivo, procedía dictar un auto y no sentencia. Esta clase de decisiones está reservada, itérase, sólo para cuando prospera la defensa.
iv) En el caso de autos, si bien el a-quo dictó sentencia, lo hizo porque consideró que la transacción estaba acreditada; empero, el Tribunal se apartó de lo decidido y declaró que no solo la excepción aludida no prosperaba sino todas las demás.
En otras palabras, como lo hizo explícito el ad-quem, el recurso de casación no procedía, lisa y llanamente, por cuanto que se formuló frente a un auto y no de una sentencia, como así lo impone, de manera perentoria, la normatividad procesal (arts.366 C. de P.C. y 344 C.G. del P).
3. Ahora bien, la razón de un tratamiento de esas características, es decir, que en algunos eventos se resuelva mediante sentencia y, en otros, a través de un auto, resulta absolutamente procedente y, más que ello, necesario.
En efecto, las referidas excepciones en cuanto que pueden aducirse tanto de previo pronunciamiento como para ser dilucidadas en la sentencia final (transacción, cosa juzgada, caducidad, prescripción extintiva y falta de legitimación en la causa), de ahí que sean catalogadas como ‘mixtas’, al prosperar, comportan la terminación del proceso, luego resulta entendible que ante esa situación el recurso de casación sí proceda, pues el debate ha cesado. Esa fue, precisamente, la modificación incorporada por la Ley 1395 de 2010, pues, la cesación del trámite al acogerse una de esas excepciones, por estar consagrado que se resolvía mediante auto, excluía toda posibilidad de acceder al recurso extraordinario.
Contrariamente, al no prosperar, el proceso continuaría con miras a resolver en el fondo el tema y, de acogerse el recurso de casación cursarían, simultáneamente, uno y otro trámite. En esta hipótesis, en el inmediato futuro, coexistirían la decisión que resuelva el recurso de casación y aquella del juez de instancia o de su superior, según el caso, dilucidando la contienda. En últimas, toda la controversia sería resuelta no por el juez a-quo, ni siquiera por el ad-quem, sino por aquel que tenga la competencia para finiquitar el recurso extraordinario.
Por puesto, este escenario marcaría la alteración completa del trámite de las instancias y desnaturalizaría los procedimientos previstos en las normas vigentes.
Obsérvese que a pesar de que el juzgador de primer grado advirtió en los albores del pleito que «[e]stando pendiente el proceso de celebrar la audiencia de que trata el art. 372 del CGP, advierte el Despacho que impera dictar sentencia anticipada, por encontrar configurada una falta de legitimación», que declaró y con ello le ponía fin, el superior al desatar la alzada dispuso «revocar la sentencia anticipada (…) por lo que, en su lugar se deniega la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y se ordena al juez a-quo que continúe con el trámite del asunto».
De ahí que no es cierto que las secuelas de tal pronunciamiento sean las mismas de una «sentencia de fondo», ya que con ella no se define en modo absoluto y concluyente el objeto de la litis, que continúa en discusión por la instrucción de continuar con el impulso, lo que atinadamente se reseñó en el auto confutado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación de José María Castro Silva y Santiago Otero Rey contra la sentencia de 19 de septiembre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso verbal que les adelanta Jurg Paul Haller. Sin costas.
Segundo: Devolver la actuación surtida a la oficina de origen.
Notifíquese
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado