1. AC2994-2018
  2. Radicación n° 11001-02-03-000-2018-00112-00

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por José María Castro Silva y Santiago Otero Rey frente al auto de 21 de septiembre de 2017, por medio del cual la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín negó conceder el de casación de la sentencia de 19 de septiembre de 2017, proferida dentro del proceso verbal de Jurg Paul Haller contra los impugnantes.

  1. ANTECEDENTES


  1. El accionante pidió declarar absolutamente simulada la compraventa contenida en la escritura pública 2964 de 2014 de la Notaría 26 de Medellín, donde Santiago Otero Rey le enajenó a José María Castro Silva una finca en el municipio de Venecia (Antioquia), con folio de matrícula 010-2499, porque el comprador solo se prestó para que quedara a su nombre, sin cancelar suma alguna ni recibir el bien, con el ánimo de eludir la responsabilidad patrimonial del vendedor con él originada en la forma como llegó al patrimonio de aquel (fls. 27 al 33).


  1. Los demandados se opusieron y excepcionaron «inexistencia del ánimo simulatorio», «validez del contrato», «inexistencia del contrato [verbal]», «carencia de presupuestos fácticos y probatorios para demostrar la simulación absoluta pretendida por los actores» y «falta de legitimación en la causa para demandar por activa» (fls. 40 al 49).


  1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín profirió sentencia anticipada declarando la falta de legitimación por activa, que apeló el accionante (fls. 55 al 69).


  1. El superior, en pronunciamiento de 19 de septiembre de 2017, revocó esa determinación y ordenó al a quo continuar con el trámite, frente a lo cual los contradictores interpusieron casación (fls. 9 y 10).


  1. El Magistrado Ponente negó el recurso por improcedente toda vez que independientemente de la calidad del pronunciamiento atacado éste no conllevó la cesación del proceso, condicionamiento que resulta imprescindible para habilitarlo, por lo que los opugnadores carecerían de un interés cierto para opugnar en el estado que quedó el pleito (fls. 9 al 14).


  1. Los opositores formularon reposición contra lo decidido en vista de que los argumentos del Tribunal para revocar el fallo anticipado no son sólidos, lo que amerita su estudio por la Corte, sin que tenga trascendencia que en virtud del mismo el litigio continúe, ya que los efectos son los mismos de una sentencia de fondo. Subsidiariamente acudieron en queja (folios 74 al 77).


  1. El ad quem mantuvo su posición puesto que en el proveído atacado estaban expuestos ampliamente los motivos de improcedencia de la vía extraordinaria, sin que existieran razones para reconsiderarlo, así que dispuso la toma de las reproducciones solicitadas (fls. 81 al 83).


  1. Al arribo de las diligencias a la Corte se surtió el traslado de rigor y la contraparte guardo silencio (fls. 21 y 22).


  1. CONSIDERACIONES


  1. Como lo indica el artículo 333 del Código General del Proceso el recurso de casación está caracterizado por su naturaleza extraordinaria, de ahí que en el precepto que le sigue se establece en forma restrictiva que únicamente tiene cabida respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores, en segunda instancia, cuando se trate de toda clase de procesos declarativos, acciones de grupo cuya competencia sea de la jurisdicción ordinaria y las dictadas para liquidar una condena en concreto, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil sólo recae en las de impugnación o reclamación y las de declaración de uniones maritales.


Ahora bien, el concepto de «sentencia» a tener en cuenta para dichos efectos no se refiere a la denominación formal que se le dé a la providencia, sino a su efecto práctico en los términos del artículo 278 del Código General del Proceso, según el cual se entienden como tales «las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión», agregando por exclusión que «[s]on autos todas las demás providencias».


Vale resaltar que la misma norma prevé la posibilidad de que en cualquier estado del proceso se dicte «sentencia anticipada», entre otros eventos, si se encuentra establecida la falta de legitimación en la causa, lo que en consecuencia conlleva a una culminación prematura del pleito ya sea en todo o en parte y justifica tal denominación, como se dejó previsto en AC526-2018 al precisar que


[e]sa denominación no es caprichosa ni mucho menos consagra una tercera clase para los proveídos donde se definen con prontitud tales eventos, sino que simplemente le confiere la categoría de «sentencia» a una determinación trascendental que acorta el camino del pleito poniéndole fin con premura, ante la presencia de una situación jurídica que hace innecesario agotar otras etapas e incluso analizar el fondo de la litis, evitando así el desgaste de la administración de justicia en aras de hacer efectivos los principios de eficiencia y celeridad que se espera de ella.


El hecho de que se produzca la decisión con mayor prontitud de la prevista y sin profundizar en los aspectos sustanciales propuestos, no les resta importancia puesto que su relevancia es innegable, tan es así que se sustrae de la órbita de los autos interlocutorios, cerrándole el camino a las impugnaciones horizontales.


Es por esa razón que cuando esa clase de decisiones son apeladas, los proveídos confirmatorios de los Tribunales son indiscutiblemente fallos susceptibles del recurso de casación, si se reúnen las demás exigencias para concederlo.


Cosa muy distinta acontece cuando la decisión de terminar con antelación el debate se trunca en segunda instancia, ya que no existe claridad de la naturaleza exacta del segundo proveído porque, si bien la lógica indica que una «sentencia anticipada» solo puede derribarse por medio de un «fallo», lo cierto es que tal pronunciamiento resultaría atípico en vista de que surte el efecto contrario al previsto en el segundo inciso del artículo 278 en cita, pues, en vez de poner fin al trámite conlleva a su continuación, lo que lo sustraería de tal categoría para hacerlo encajar en la de auto interlocutorio. De todas maneras, independientemente de la denominación que se le confiera, no queda duda de que las repercusiones del mismo inhabilitan la vía extraordinaria en ciernes por la determinación del a quo.


Ese entendimiento concuerda con lo que de antaño tiene dicho la Sala que en CSJ AC2668-2016, al analizar la situación de la «sentencia anticipada» a la luz de la Ley 1395 de 2010 y que conserva vigencia frente a las estipulaciones del Código General del Proceso, encontró que


valorado el material allegado a la Corte, desde ya, puede afirmarse que la decisión del Tribunal estuvo ajustada a la normatividad vigente y, por tanto, la no concesión del recurso debe mantenerse. Las siguientes razones sirven de soporte a esa conclusión: 


i) En primer lugar debe decirse que los artículos 366 del Código de Procedimiento Civil y el 344 del Código General del Proceso, establecen como condición para la concesión del recurso extraordinario de casación, entre otras, que la providencia censurada sea una ‘sentencia’, es decir, ambas disposiciones consagran una idéntica regla sobre el particular. En ese orden, se torna innecesario analizar si la norma que debe gobernar la controversia es una u otra y si para la época en que se formuló el recurso aquélla o ésta se encontraban vigentes.


ii) Bajo esa perspectiva, surge, entonces, una contundente conclusión. Independientemente de que el asunto litigado haya cursado el trámite reservado para los procesos ‘declarativos’, como así lo vindica la demandada, no resulta suficiente, en cuanto que, como quedó señalado, las normas invocadas exigen, sin excepción alguna, que el proveído opugnado sea una sentencia.


iii) Cierto es, según lo argumenta el recurrente, que la excepción de transacción fue resuelta mediante ‘sentencia’, sin embargo y, ello lo pasa por alto el quejoso, el Tribunal al resolver la apelación presentada revocó lo decidido por el juez de primer conocimiento y, ese pronunciamiento, ya no procedía hacerlo bajo la misma formalidad sino a través de un auto.


Nótese, al respecto, que la modificación introducida por el artículo 6º de la Ley 1395 de 2010, trajo consigo una condición inalterable. Expresa esta norma que “Cuando el juez encuentre probada cualquiera de estas excepciones”, entre las cuales está la ‘transacción’, ‘lo declarará  mediante sentencia anticipada’ (hace notar la suscrita Magistrada).


Por tanto, si lo resuelto alude a declarar no probado el medio exceptivo, procedía dictar un auto y no sentencia. Esta clase de decisiones está reservada, itérase, sólo para cuando prospera la defensa.


iv) En el caso de autos, si bien el a-quo dictó sentencia, lo hizo porque consideró que la transacción estaba acreditada; empero,  el  Tribunal se apartó de lo decidido y declaró que no solo la excepción aludida no prosperaba sino todas las demás.


En otras palabras, como lo hizo explícito el ad-quem, el recurso de casación no procedía, lisa y llanamente, por cuanto que se formuló frente a un auto y no de una sentencia, como así lo impone, de manera perentoria, la normatividad procesal (arts.366 C. de P.C. y 344 C.G. del P).


3. Ahora bien, la razón de un tratamiento de esas características, es decir, que en algunos eventos se resuelva mediante sentencia y, en otros, a través de un auto, resulta absolutamente procedente y, más que ello, necesario.


En efecto, las referidas excepciones en cuanto que  pueden aducirse tanto de previo pronunciamiento como para ser dilucidadas en la sentencia final (transacción, cosa juzgada, caducidad, prescripción extintiva y falta de legitimación en la causa), de ahí que sean catalogadas como ‘mixtas’, al prosperar, comportan la terminación del proceso, luego resulta entendible que ante esa situación el recurso de casación sí proceda, pues el debate ha cesado. Esa fue, precisamente, la modificación incorporada por la Ley 1395 de 2010, pues, la cesación del trámite al acogerse una de esas excepciones, por estar consagrado que se resolvía mediante auto, excluía toda posibilidad de acceder al recurso extraordinario.


Contrariamente, al no prosperar, el proceso continuaría con miras a resolver en el fondo el tema y, de acogerse el recurso de casación cursarían, simultáneamente, uno y otro trámite. En esta hipótesis, en el inmediato futuro, coexistirían la decisión que resuelva el recurso de casación y aquella del juez de instancia o de su superior, según el caso, dilucidando la contienda. En últimas, toda la controversia sería resuelta no por el juez a-quo, ni siquiera por el ad-quem, sino por aquel que tenga la competencia para finiquitar el recurso extraordinario.

Por puesto, este escenario marcaría la alteración completa del trámite de las instancias y desnaturalizaría los procedimientos previstos en las normas vigentes.


  1. Visto lo anterior no queda duda de que acertó el Magistrado Sustanciador cuando estimó que el caso bajo estudio no era susceptible de recurrir en casación, puesto que está inmerso dentro de la situación factual expuesta.


Obsérvese que a pesar de que el juzgador de primer grado advirtió en los albores del pleito que «[e]stando pendiente el proceso de celebrar la audiencia de que trata el art. 372 del CGP, advierte el Despacho que impera dictar sentencia anticipada, por encontrar configurada una falta de legitimación», que declaró y con ello le ponía fin, el superior al desatar la alzada dispuso «revocar la sentencia anticipada (…) por lo que, en su lugar se deniega la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y se ordena al juez a-quo que continúe con el trámite del asunto».


De ahí que no es cierto que las secuelas de tal pronunciamiento sean las mismas de una «sentencia de fondo», ya que con ella no se define en modo absoluto y concluyente el objeto de la litis, que continúa en discusión  por la instrucción de continuar con el impulso, lo que atinadamente se reseñó en el auto confutado.


  1. Consecuentemente, resultaba inviable el ataque propuesto en ausencia de los supuestos de rigor para concederlo y así lo hizo saber el sentenciador de segundo grado, como ahora se reconoce, sin que haya lugar a imponer condena en costas por no estar causadas a la luz del artículo 365 del Código General del Proceso.


  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar bien denegado el recurso de casación de José María Castro Silva y Santiago Otero Rey contra la sentencia de 19 de septiembre de 2017, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso verbal que les adelanta Jurg Paul Haller. Sin costas.


Segundo: Devolver la actuación surtida a la oficina de origen.


Notifíquese




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado