AC3001-2018

Radicación n.° 11001-31-03-019-2016-00194-01


Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018).



Se resuelve sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la parte demandada frente a la sentencia de 30 de marzo de 2017 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso declarativo de rendición espontánea de cuentas promovido por Sylvia Elizabeth Kraus de Díaz contra Antonio Alejandro Kraus Haertel.


  1. ANTECEDENTES


1.        La demandante solicitó declarar que el convocado tiene la obligación de recibir las cuentas presentadas por ella con ocasión de la venta de las acciones por valor de mil millones trescientos ochenta y cinco mil setecientos treinta y seis pesos ($1.000.385.736,oo), más la adición del precio condicionado al EBITDA de la sociedad Inkra S.A.S., la cual fungió como compradora.

Como consecuencia de la anterior declaración, también se peticionó, que se apruebe la entrega de la suma antes referida al demandado, así como hacerlo parte en la garantía mobiliaria sobre la venta y dar por terminado el mandato civil gratuito que el señor Kraus Haertel confirió a la demandante mediante escritura pública.


2.        El Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, mediante fallo de 7 de febrero de 2017, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la venta se encuentra condicionada a futuro y el precio de las acciones podría variar, por lo que a la fecha no es viable recibir las cuentas que se pretenden rendir.


El ad quem, mediante determinación de 30 de marzo de 2017, revocó la sentencia apelada, para, en su lugar, declarar «que el señor Antonio Alejandro Kraus Haertel tiene la obligación de tomar en consideración las cuentas rendidas por la demandante», e igualmente condenó en costas, en ambas instancias, a la parte vencida.


3.        Contra el anterior veredicto, el demandado, interpuso recurso de casación, cuya concesión fue denegada por el Tribunal, mediante providencia de 18 de mayo de 2017, en la que se sostuvo: «la sentencia que se pretende rebatir por la vía extraordinaria, resolvió la primera parte del proceso de rendición de cuentas, (…), sin que se hubiera establecido el quantum de dicha obligación, pues este monto deberá ser concertado en la etapa subsiguiente de condena», circunstancia que deriva en la «indeterminación actual de la cuantía del interés para recurrir en casación».


Frente a la precitada determinación denegatoria, el convocado interpuso recurso de reposición y, subsidiariamente queja, al considerar que el interés económico del afectado con la sentencia está dado por el monto de las cuentas que el demandado se ve obligado a recibir, suma que para el caso es del orden de más de mil millones de pesos, superándose con creces el monto mínimo de 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.


En respuesta, la Magistratura de origen, mediante auto de 5 de junio de 2017, denegó la reposición planteada y dispuso la expedición de copias para surtir la queja, al considerar la imposibilidad de acoger el monto al que hace referencia las cuentas rendidas ($1.000’385.736,oo), toda vez que esa suma «en modo alguno, está destinada a precisar el valor de las cuentas que debe recibir», y muestra de ello lo constituye el hecho de que esta puede ser posteriormente objetada.


4.        Recibidas las diligencias en la Corte, esta Magistratura, en proveído de 13 de diciembre de 2017, desató el recurso de queja declarando prematura la denegación de la casación, por lo que dispuso devolver el expediente al Tribunal para lo correspondiente.


Para lo anterior se consideró: «las pretensiones del proceso de rendición de cuentas son esencialmente patrimoniales», lo cual «no se desvirtúa por la esquemática marcadamente fraccionada de este procedimiento especial» que tampoco impide «establecer un baremo cierto y concreto para inferir el justiprecio del interés para recurrir en casación».


5.        En cumplimiento de lo anterior, el Magistrado Sustanciador ad quem procedió nuevamente a decidir sobre la procedencia de la impugnación extraordinaria, la cual estimó procedente al concluir «el demandado tiene interés para formular casación contra la decisión proferida en segunda instancia, toda vez que la afectación económica originada en la misma, supera con creces el quantum establecido en la ley».


  1. CONSIDERACIONES


1.        De la prematura concesión del recurso de casación.


La naturaleza extraordinaria del recurso de casación exige el cumplimiento de rigurosos requisitos en lo que se refiere a la interposición y concesión, que no pueden ser obviados por quien profiere el fallo atacado, en tanto corresponde comprobar, entre otros aspectos, la oportunidad de su formulación, la naturaleza del asunto, el interés que asiste al impugnante y los efectos de la providencia cuestionada.


De igual manera, la decisión de admitir la impugnación extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser así, volverá al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesión, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporación, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuantía del interés – en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros).


Desde la perspectiva del Código General del Proceso, se ha reiterado la pertinencia de la declaratoria de prematuro para el otorgamiento del recurso de casación, en los siguientes términos:


«El artículo 342 en cita previene acerca de que la cuantía del interés para acudir en casación “fijada” por el Tribunal no puede ser materia de “examen o modificación” por esta Corporación; restricción que viene a ser análoga a la que existía en vigencia del Código de Procedimiento Civil, que en su canon 372 indicaba que “No podrá declararse inadmisible el recurso por razón de la cuantía”.


Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala, incluidos casos en los que la casación se planteó en vigencia del Código General del Proceso (AC4355-2016 y AC-3077-2016), ha entendido que esa barrera se erige como efectiva, si “la temática arriba a esta Corporación legalmente definida”, pues, no tendría ningún sentido guardar silencio o avalar una ponderación o mensura hecha “sobre bases irreales, lo cual, por sí, implicaría una decisión aparente o no definida” (CSJ AC de 11 de agosto de 2016, rad. 2007-00247-01).» (CSJ AC5735-2016, 1º sep. 2016, rad. 2007-00177-01).


2.        Interés para recurrir en casación.


Conviene señalar que el interés para recurrir en casación refiere a la estimación cuantitativa de la resolución desfavorable al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnación extraordinaria, la cual, para los eventos gobernados por las disposiciones del nuevo estatuto general de procedimiento, debe ser igual o mayor a «un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)», cuando las pretensiones sean esencialmente económicas, de conformidad con el tenor de la preceptiva 338 ibídem.


Sobre el concepto en comentario tiene dicho esta Corporación, que aquél «está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (…) a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo» (AC6011-2015, reiterado en AC7638-2016, 8 nov. 2016, rad. 2012-00290-01).


Lo anterior implica, que cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinará a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisión impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, material y atendidas las singularidades del caso, tal cual lo ha reclamado la Sala:


«Uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesión del recurso extraordinario de casación, corresponde al monto del perjuicio que la decisión atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las demás circunstancias que conlleven a su delimitación, así como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas económicas de los intervinientes varían de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos.» (CSJ AC, 28 sep. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr. 2014, 2008-00347-01).


De manera que la actualidad de la afectación en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnación, la cual debe apreciarse con estricta sujeción a la relación sustancial definida en la sentencia, en tanto que «sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés.» (AC 064, 15 may. 1991; reiterado en AC924-2016, AC1825-2016 y AC5019-2016).


3.        Caso Concreto


En este evento, no es posible predicar aún que la Corporación de origen haya agotado debidamente su labor de examinar la cuantía del interés para recurrir en casación, por cuanto en dicho laborío no atendió el contenido, alcance y fundamento de la pretensión formulada y la muy especial apreciación que en el contexto merece la oposición de la parte demandada.


Ciertamente, dados los antecedentes del caso, era preciso que por el Tribunal se consideraran los lineamientos para el establecimiento del valor del agravio indicados en el proveído anterior, conforme al cual:


«El diseño procesal estudiado no supone la imposibilidad de establecer un baremo cierto y concreto para inferir el justiprecio del interés para recurrir en casación, pues el carácter un tanto más complejo de dicho aspecto en esta clase de supuestos, no implica que el mismo se torne necesariamente inescrutable.


Como acontece en la mayoría de hipótesis, tal búsqueda obliga a efectuar una revisión concreta a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisión impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensión integral, material y atendidas las singularidades del caso, tal cual lo ha reclamado la Sala:

(…)

Al respecto, en reciente proveído de la Sala donde se desató controversia similar a la presente, pero con la determinante variable según la cual se trataba de rendición de cuentas en la modalidad provocada y con afirmación de existencia de saldo a favor del extremo demandante, se explicó:

(…)

«(…)Sin duda, contrario acontece en los eventos de rendición de cuentas donde, se insiste, sin perjuicio de la modalidad, lo pretendido es una liberación o exoneración futura de quien adelanta la actuación, y en lugar de predicarse acreedor, se afirma deudor respecto de un saldo final producto del balance pretendido u ofrecido.


En dicho escenario, por regla general, no es admisible otorgar la calidad de elemento de convicción suficiente para establecer la cuantía de la resolución desfavorable, al monto que el accionante «considere deber» en la estimación juramentada (provocada) o el saldo en contra que el mismo promotor documente al final de la cuenta ofrecida (espontánea).


Estos supuestos, claramente exigen un análisis más detallado que relacione el alcance de la pretensión liberatoria subyacente con la clase de vínculo jurídico invocado en la demanda y muy especialmente, con el sentido y fundamento de la oposición planteada por la pasiva y la dimensión jurídico-patrimonial de la estimación o desestimación de su versión de los hechos.


Nótese, que en el panorama de discusión, no se está cargando al demandado un crédito a satisfacer, sino que se le ofrece una suerte de activo en su patrimonio, razón por la cual es preciso estudiar si el plenario ofrece prueba de la desventaja o menoscabo económico que para la parte inconforme se desprenda de la resolución definitiva en el segundo grado de conocimiento.


Esa labor implica, seguramente, un esfuerzo argumentativo relevante del recurrente –quien por demás cuenta con la potestad de aportar dictamen-, así como una proactiva indagación de la Magistratura en los elementos obrantes en el plenario, para que el escrutinio esté acorde con la plenitud del debate suscitado y delimite en su justa y práctica medida la dimensión de los derechos en discusión y por dicha vía el quantum de la pluricitada resolución desfavorable, materia en la cual cuenta con un prudente, modesto y razonable arbitrio.» (AC8527-2017).


Precisamente, las anteriores premisas fueron las que apenas comenzó y no concluyó en su desarrollo concreto el Tribunal de origen, en tanto que sólo expresó que el recurrente: «se opuso a la prosperidad de las anteriores súplicas, porque “el valor de venta de cada una de las acciones es bastante menor al valor comercial de las acciones con lo cual esta venta resultó perniciosa para el mandante por los resultados desfavorables”, y cuando se refirió al condicionamiento del ajuste de precio de enajenación accionaria –“ebitda” de la empresa Inkra S.A.S.-, fue contundente en afirmar que las mismas son difíciles de cumplir, por tanto, “el negocio [es] por el valor correspondiente a las 3.903 acciones transferidas por el precio de $256.312 cada una”».


De esta forma, es claro que la alusión a «el valor de venta de cada una de las acciones es bastante menor al valor comercial de las acciones con lo cual esta venta resultó perniciosa para el mandante por los resultados desfavorables», da cuenta de un plausible criterio orientador de la «desventaja o menoscabo económico que para la parte inconforme se desprenda de la resolución definitiva en el segundo grado de conocimiento» ante la prosperidad de la «pretensión liberatoria subyacente».


No obstante, irrefutable resulta que el mismo nunca se cuantificó, en razón a que simplemente se aludió al monto de la venta efectivamente realizada, cuyo producto se ofrece en la rendición espontánea y se calificó por el demandado de «venta (…) perniciosa para el mandante», sin compararlo con los elementos de juicio obrantes o allegados por el recurrente, que permitieran inferir, por ejemplo, que la diferencia de dicho guarismo con el «valor comercial de las acciones» superaba el baremo legal para recurrir en casación (1.000 SMLMV), esto es, nunca se concluyó el quantum de «los resultados desfavorables» a que refirió el interesado, mismos que en el decurso argumentativo del pronunciamiento de origen, se obtienen a partir de la constatación entre el fruto de la venta realizada y la utilidad de la negociación que para el mandante no resultaría «perniciosa» o «desfavorable».


Por supuesto que lo anterior exige valorar la totalidad de los elementos de prueba pertinentes y disponibles, expresando las razones del mérito conferido a los mismos, pues como recientemente se ha reseñado:


«Debe destacarse que el artículo 339 del Código General del Proceso preceptúa que la cuantía del «interés económico afectado con la sentencia (…) deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente», permitiendo a renglón seguido que dicho acervo básico se nutra con un insumo adicional, cuando faculta al recurrente para «aportar un dictamen pericial si lo considera necesario».


Así las cosas, la potestad que la ley confiere al impugnante para complementar y actualizar los elementos de juicio obrantes en el plenario, no supone en lo absoluto una reducción del material probatorio que permita al funcionario limitar su análisis al nuevo dictamen, sino, que por el contrario, implica un incremento de los medios de convicción disponibles para soportar su decisión.


No puede olvidarse que la fijación del interés para recurrir en casación, al igual que toda otra decisión judicial, debe responder al principio de necesidad de la prueba, esto es, «debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso» (art. 164 C.G.P.) y atender las pautas de apreciación de dichas probanzas, lo que implica, entre otros imperativos, que las probanzas «deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos», paro lo cual «El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba» (art. 176 ibídem).


Incluso, en materia del justiprecio del interés que aquí concierne, es particularmente sensible la cabal satisfacción de los lineamientos precedentes, en tanto que la limitación legal prevista para que la Corte examine de fondo o modifique la cuantía fijada por el Tribunal (art. 342 ibíd.), supone una relevante atribución al ad quem, que al tiempo exige una carga argumentativa expuesta con suficiencia y sindéresis, para así impedir que la providencia pueda calificarse como simplemente fundamentada en un arbitrio judicial.» (AC2528-2018, 22 jun., rad. 2015-00188-01).


4.        Conclusión.


La habilitación de la impugnación extraordinaria devino prematura, lo cual impone devolver la actuación a la Corporación de origen para que de conformidad con los lineamientos pertinentes, en especial los aquí resaltados, determine el valor actual de la resolución desfavorable y su incidencia para decidir sobre la viabilidad del recurso.




  1. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,


RESUELVE


PRIMERO.        DECLARAR PREMATURA la concesión del recurso extraordinario de casación en referencia.


SEGUNDO.        DEVOLVER el expediente a la Corporación judicial de origen para lo pertinente.




Notifíquese,






LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado