AC3029-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01742-00


Bogotá, D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Decídese el conflicto de competencia que se suscitó entre las Comisarías de Familia de Barbosa y Santo Domingo ambas de Antioquia, en el trámite del proceso administrativo de restablecimiento de derechos promovido por Héctor Asmed Vélez Ramos y Yorlady Patricia Trujillo García en representación de su hija menor [C.V.T.]1.


ANTECEDENTES


1. Ante la primera de las entidades citadas, los promotores instauraron solicitud para abrir proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de la menor de edad [C.V.T.], «con el fin de verificar la inobservancia, vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales y en consecuencia su restablecimiento» (folio 1, cuaderno 1).

2. La indicada comisaría en un comienzo «dispuso decretar la medida provisional de ubicación [de la niña], en medio familiar en la modalidad de Hogar de Paso…mientras se ubica a la menor ya sea con familia extensa o con hogar sustituto o la medida que recomiende el equipo interdisciplinario…», con la finalidad de que recibiera atención especializada y acompañamiento para garantizar «el restablecimiento de sus derechos» (folio 32, ejusdem).


Con posterioridad, el 27 de abril de 2018 esa entidad entregó la custodia provisional y cuidados personales de la niña a su tío paterno Jhonny Julián Ceballos García quien tiene domicilio en el corregimiento de Porce, municipio de Santo Domingo (Antioquia), por ese motivo remitió las diligencias a la comisaría de esa localidad «por ser de su competencia…[realizar] el respectivo seguimiento de las recomendaciones suministradas…» (folios 41 a 48, ídem).


3. La entidad receptora de la actuación, declinó su competencia y planteó la colisión negativa de esta especie, tras estimar que «los hechos tuvieron ocurrencia en el municipio de Barbosa Antioquia…en igual sentido el lugar de domicilio de la niña para el momento de la apertura del proceso». Añadió que la ubicación de la niña en familia extensa fue una medida provisional adoptada en un procedimiento  fundamentado en la ley 294 de 1996 lo que lleva a concluir que la autoridad remitente es quien debe seguir conociendo de las diligencias según la ley 1878 de 2018 (folios 50 a 52, ibídem).


4. Posteriormente, el Juzgado Promiscuo de Familia de Cisneros (Antioquia), como destinatario inicial a fin de definir el conocimiento, remitió el asunto a esta Corporación para dirimir el conflicto de competencia (folio 55 vuelto, ídem).  


CONSIDERACIONES


1. Precísase por la Sala que de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Política, las autoridades administrativas también ejercen funciones jurisdiccionales, en los precisos eventos dispuestos por el legislador, colofón respaldado por el numeral 2º, canon 13 de la ley 270 de 1996.


2. El inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso indica que «Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada».


En lo relativo con medidas de protección para menores, adoptadas por las Comisarías de Familia esta Corporación ha enseñado:


[A]unque el artículo 83 de la ley 1098 de 2006 señala que las Comisarías de Familia “[s]on entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario”, ese mismo fundamento normativo conduce a concluir que, en cuanto hace al trámite de las acciones o medidas de protección, las Comisarías de Familia son autoridades administrativas que también desempeñan funciones judiciales, precisamente de aquellas que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la Jurisdicción Ordinaria. (CSJ AC, 5 Jul. 2013, Rad. 2012-02433-00).


3. Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones involucra a dos autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales de diferente distrito judicial, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.


4. El constituyente de 1991 consagró la calidad de sujetos de especial protección por parte del Estado para los niños, las niñas y los adolescentes, autorizando la protección integral, el interés superior y la prevalencia de sus garantías respecto de los demás sujetos de derecho, incluidos los de su núcleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia a que revisten en la especie, formación con valores indispensables para la existencia, consolidación y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por beneficios de alto rango.


Sobre el interés superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587/98, dijo:


Esta nueva visión del menor se justificó tanto desde una perspectiva humanista -que propende por la mayor protección de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensión-, como desde la ética que sostiene que sólo una adecuada protección del menor garantiza la formación de un adulto sano, libre y autónomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consistió en reconocerle al menor una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento quedó plasmado en la Convención de los Derechos del Niño (artículo 3°) y, en Colombia, en el Código del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constitución Política elevó al niño a la posición de sujeto merecedor de especial protección por parte del Estado, la sociedad y la familia (artículos 44 y 45).


Aunado a estos aspectos, esa Corporación indicó:


…Ahora bien, el interés superior del menor no constituye una cláusula vacía susceptible de amparar cualquier decisión. Por el contrario, para que una determinada decisión pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se reúnan, al menos, cuatro condiciones básicas: (1) en primer lugar, el interés del menor en cuya defensa se actúa debe ser real, es decir, debe hacer relación a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) en segundo término, debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de este principio; (4) por último, debe demostrarse que dicho interés tiende a lograr un beneficio jurídico supremo consistente en el pleno y armónico desarrollo de la personalidad del menor.


5. Además, el lineamiento actual del Código de la Infancia y la Adolescencia, marcó la tendencia contemporánea en el ordenamiento, a través de los servidores judiciales, en procura de garantizar el interés superior de los niños, las niñas y adolescentes que se encuentren implicados en un asunto.


6. Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta que el artículo 97 de la ley 1098 de 2006 le da competencia territorial para conocer de las actuaciones en pro del restablecimiento de los derechos de los menores, a las autoridades administrativas del lugar donde estos se encuentren.


7. En el sub lite la niña fue ubicada en la familia extensa de su tío paterno Jhonny Julían Ceballos García quien se localiza en Porce (Santo Domingo -Antioquia) a donde fueron remitidas las actuaciones, según versa el acta de «reintegro familiar y entrega» (folios 42 a 48, cuaderno 1), luego desde esa óptica, no se encuentra razón para que la Comisaría de Familia de Santo Domingo, rehusara la competencia en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, por cuanto la menor se encuentra actualmente en el corregimiento de Porce perteneciente a esa localidad.


También resulta inadmisible el argumento de esta autoridad administrativa al pretender apartarse del conocimiento del asunto, pues la interpretación por ella expuesta desconoce el interés superior de los niños, al colocar barreras que la ley 1878 de 2018 u otra disposición de la materia no han impuesto en punto de la competencia de las comisarías de familia en asuntos de procesos administrativos para el restablecimiento de derechos de los menores.


El interés superior del que se alude, comporta un postulado a modo de insumo en las decisiones de alcance jurisdiccional que siempre las direcciona a facilitar la protección de los niños, niñas y adolescentes, en otros fines, para auspiciarles el acceso directo a la administración de justicia en el lugar que se encuentren ubicados, pues de esta forma se evita que tengan que incurrir en erogaciones de toda índole para reparar sus necesidades, las que a la postre podrían verse insatisfechas de tener que acudir a un lugar distinto de donde se localizan, reflexión que con cara a la tutela efectiva del derecho, aplica al caso concreto de la niña [C.V.T.].


En esa línea de pensamiento favorable al interés superior del menor, la Corte se ha pronunciado:


[L]a Sala ha venido sosteniendo que cuando se está ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los niños, el juez debe ser más acusioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe ser verse desde un contexto más amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado 44 de la Carta Política, según el cual ‘los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demas’ (CSJ STC7351, 7 Jul. 2018, Rad. 2018-00141-01).


       8. En consecuencia, se remitirá el presente caso a la Comisaría de Familia de Santo Domingo para que asuma su trámite y se informará esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.




DECISIÓN


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es la Comisaría de  Familia de Santo Domingo (Antioquia), a la que se le enviará de inmediato el expediente.


Comuníquese esta decisión a la otra entidad administrativa involucrada en el conflicto, para lo cual se remitirá una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar.


       Notifíquese.




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado


1 En virtud del artículo 33 del Código de la Infancia y la Adolescencia –derecho a la intimidad-, se omite el nombre de la menor.