Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Decídese sobre la admisión del recurso de casación interpuesto por Norma Cecilia del Castillo Montalvo frente a la sentencia de 6 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Civil-Familia-Laboral, en el proceso que promovieron María Cecilia, Mariela Esther, Aura Helena, Erika Margarita, Patricia Eugenia, Luz Estela, Jacqueline del Carmen y Lilian Teresa Escudero Kerguelén, contra Ismael Antonio Escudero Kerguelén, trámite al que fueron vinculados como litisconsortes cuasi-necesarios1 la impugnante y Jovita Josefa Manotas Marriaga.
ANTECEDENTES
1. Se instauró causa para que, principalmente, se declarara la nulidad absoluta de la compraventa ajustada entre Mariela del Carmen Kerguelén de Escudero (q.e.p.d.) e Ismael Antonio Escudero Kerguelén vertida en la escritura pública n.º 2034 de 4 de agosto de 1995, respecto de la nuda propiedad del predio rural lote n.º 3, denominado «El Guayabo» o «La Loma de Los Chivos», localizado en el corregimiento de Tres Palmas del municipio de Montería, y distinguido con el folio de matrícula inmobiliaria n.º 140-40973; y en subsidio, la simulación absoluta del referido convenio.
Como consecuencia de tales pedimentos, suplicaron la simulación y posterior rescisión del contrato, la cancelación del anotado instrumento público y su inscripción, así como la restitución del inmueble a la masa sucesoral de la extinta Mariela del Carmen Kerguelén de Escudero (folios 56 y 57 del cuaderno 1).
2. En primera instancia se acogieron las pretensiones subsidiarias, decisión que fue confirmada íntegramente por el ad quem.
3. El apoderado judicial de Norma Cecilia del Castillo Montalvo el 12 de abril de 2018, formuló recurso de casación (folios 19 a 25 del cuaderno del Tribunal), el cual fue concedido sin referir el carácter ejecutable de la decisión o la expedición de copias (folios 29 y 30 vto. ídem).
CONSIDERACIONES
1. El recurso de casación, por su naturaleza extraordinaria, está sometido a unos requisitos rigurosos para su interposición, concesión y admisión, los cuales son de imperativa observancia, sin que su desconocimiento pueda ser consentido, salvo que la misma ley lo permita.
En punto a la admisibilidad de la impugnación, el artículo 342 del Código General del Proceso establece que deben verificarse, entre otros requerimientos, que se hayan cancelado las reproducciones de la foliatura, en los eventos que la decisión judicial contenga mandatos ejecutables, en orden a permitir su cumplimiento.
Tal exigencia tiene como objetivo evitar que, mientras se despacha la impugnación, el proveído cuestionado quede en suspenso y no pueda ser obedecido, bajo la consideración que el debate de instancia se cerró en el segundo grado. De hecho, Mauro Cappeletti considera que una vez se profiere el fallo de alzada, el mismo hace tránsito a cosa juzgada, sin perjuicio de las resultas de los instrumentos excepcionales2.
Claro está, la ejecución puede ser suspendida a petición del censor, para lo cual, al interponerse el recurso, deberá ofrecer constituir una caución que ampare a su contraparte por los perjuicios que puedan derivarse de tal solicitud (artículo 341 ídem).
2. Ahora bien, para que pueda ejecutarse lo resuelto por el ad quem, es menester que se reproduzca el expediente, a costa del casacionista, de suerte que el órgano judicial competente tome las medidas necesarias para el cumplimiento, mientras el caso es objeto de conocimiento por la Corte.
Así lo prescribe el referido artículo 341 del Código General del Proceso, a saber:
La concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla, salvo cuando verse exclusivamente sobre el estado civil, o se trate de sentencia meramente declarativa, o cuando haya sido recurrida por ambas partes (…) En caso de providencias que contienen mandatos ejecutables o que deban cumplirse, el magistrado sustanciador, en el auto que conceda el recurso, expresamente reconocerá tal carácter y ordenará la expedición de las copias necesarias para su cumplimiento. El recurrente deberá suministrar las expensas respectivas dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordene, so pena de que se declare desierto el recurso (…) (negrilla fuera de texto).
De acuerdo con la norma transcrita, los juzgadores de instancia tienen el deber de advertir sobre la presencia de decisiones que pueden ejecutarse, con la orden de expedir las copias, lo cual deberá hacerse en la providencia de concesión del medio de defensa. Si omitieren este deber, tal «inadvertencia en manera alguna puede derivar una consecuencia adversa para el recurrente», dado que «la ley solo le traslada la obligación de sufragar el costo de las reproducciones cuando ellas son ordenadas, previa constatación del Tribunal respecto del linaje del fallo opugnado» (AC3763, 17 jun. 2016, rad. 2014-00111-01; reiterado en providencias AC324, 26 ene. 2017, rad. 1998-07501-01; AC6559, 29 sept. 2016, rad. 2014-00299-01 y AC456, 7 feb. 2018, rad. 2015-00066-01).
3. Con base en las premisas expuestas y de cara al caso bajo análisis, se observa que el fallo criticado es uno de aquellos que contiene mandatos ejecutables, sin que el Tribunal advirtiera sobre ello, con la consecuente orden de expedición de copias, actuación que deberá realizarse en este momento en desarrollo del principio de economía procesal.
En efecto, la sentencia de 6 de abril de 2018 confirmó la decisión de primera instancia que declaró simulada absolutamente la compraventa, ordenó la cancelación de la anotación n.º 2 de la matrícula inmobiliaria 140-40973, de todas las que se deriven del negocio jurídico contenido en la escritura pública n.º 2034 de 4 de agosto de 1995, así como de dicho instrumento protocolario, y ordenó a «Ismael Escudero Kerguelén y Norma Cecilia del Castillo Montalvo en calidad de actuales propietarios a restituir el inmueble con matrícula inmobiliaria n.º 140-40973 a la masa sucesoral de la finada Mariela del Socorro (sic) Kerguelén de Escudero en el término de 6 días» (folio 173 y vuelto del cuaderno 1, negrilla fuera de texto).
En otras palabras, en el proveído de segundo grado se asintió en la simulación absoluta del contrato, se impuso la cancelación de sus anotaciones y de la escritura pública contentiva del negocio jurídico, y se mandó a restituir a la masa sucesoral la finca «El Guayabo» o «La Loma de Los Chivos», este último mandato que es susceptible de ser cumplido en el entretanto de la casación.
Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 341 del estatuto procesal vigente, el juzgador de instancia, al conceder la casación el 6 de junio de 2018 (folios 29 y 30 del cuaderno del Tribunal), debió declarar la ejecutabilidad de la decisión y, a costa de la recurrente, ordenar la reproducción del expediente, manifestaciones que brillan por su ausencia. Esta omisión no fue objeto de impugnación o solicitud de complementación por ninguna de las partes, quienes simplemente guardaron silencio.
Ahora bien, dado que el trámite del medio de controversia extraordinario sólo puede llevarse a cabo previo agotamiento del anterior procedimiento, el cual debe satisfacerse antes del estudio de su admisibilidad, se hace necesario promoverlo directamente por esta Corporación, en aplicación del artículo 12 del Código General del Proceso.
Y es que, ante la ausencia de reglas para solventar el yerro anotado, tal vacío deberá superarse «con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal» (ídem), uno de los cuales es precisamente la economía procesal, que impone «realizar los fines del proceso con el mínimo de actos»3. En la presente controversia, en lugar de devolver el proceso al Tribunal y aguardar al trámite, lo que supondría un mayor número de actuaciones, es posible ordenar su realización en esta etapa, por tratarse de un asunto de naturaleza secretarial.
Así lo mandó la Sala en otros casos:
La solución a la omisión del ad-quem, apelando a una interpretación pro-recurso y a la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, será la de señalar el carácter «ejecutable» del fallo y brindar la oportunidad respectiva para pagar las copias, so pena de la sanción procesal respectiva. (AC3763, 17 jun. 2016, rad. 2014-00111-01. En el mismo sentido AC7028, 25 oct. 2017, rad. 2013-00017-01; AC6592, 4 oct. 2017, rad. 2011-00031-01; AC6135, 19 sep. 2017, rad. 2016-00217-01).
4. Con fundamento en lo expuesto y como la censora en casación no hizo ofrecimiento de prestar caución para impedir el cumplimiento de lo resuelto en segundo grado, se declarará que la sentencia es susceptible de ser cumplida y se ordenará el pago de las expensas para las copias necesarias a dicho propósito, a fin de ser enviadas al funcionario de primer grado.
5. Para no afectar a la recurrente con una decisión que debió ser tomada por el Tribunal, la cual puede derivar en la declaratoria de deserción de la opugnación concedida, se dispondrá que el presente auto se comunique mediante anotación en estado y, además, a su apoderado por el medio más expedito y eficaz.
6. También se ordenará que por Secretaría se informe al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, Sala Civil-Familia-Laboral, lo aquí determinado, remitiendo un ejemplar del auto, para lo que estime pertinente.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve:
Primero. Declarar que la sentencia de 6 de abril de 2018, proferida dentro del proceso de la referencia, contiene mandatos ejecutables.
Segundo. Disponer que Norma Cecilia Del Castillo Montalvo, dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, so pena de que se declare desierto el recurso de casación, suministre las expensas para tomar copia auténtica de todo el expediente.
Tercero. Comunicar al Tribunal de origen este proveído y remitirle copia del mismo.
Cuarto. Ordenar que por Secretaría:
(ii) Se remitan las reproducciones, en el caso que sean pagadas a tiempo, al juzgado de primera instancia competente, para hacerse efectivo el cumplimiento de la sentencia;
(iii) Se deje la constancia en caso que no sean satisfechas las erogaciones aquí dispuestas;
(iv) Dar cumplimiento al numeral 3º precedente;
(v) Comunicar esta providencia al apoderado de la impugnante por el medio más expedito y eficaz; y
(vi) Agotado lo aquí dispuesto, ingresen las diligencias para proveer.
Notifíquese.
1 El 25 de noviembre de 2016, en audiencia de que trata el artículo 372 del Código General del Proceso, el Juzgado 4º Civil del Circuito Aplicación Sistema Procesal Oral de Montería dispuso citar a Norma Cecilia del Castillo Montalvo y Jovita Josefa Manotas Marriaga como litisconsortes cuasi-necesarias del accionado Ismael Antonio Escudero Kerguelén (folios 81 y 82 del cuaderno 1).
2 La Oralidad y las Pruebas en el proceso Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aíres, 1972, p. 382.
3 Eduardo J. Couture. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial B de F, Buenos Aires, 2007, p. 184.