AC3040-2018


Radicación n° 11001-02-03-000-2018-01810-00


       Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Séptimo de Familia de Bogotá y Único de Familia de Funza.


ANTECEDENTES


  1. En procura de que la judicatura declare que entre ella y el fallecido Alfonso Gerardo Molina existió unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, Luz Mila González Feo, quien manifestó ser vecina de Bogotá y atribuyó la competencia al primer despacho «teniendo en cuenta el último domicilio de las partes», demandó a Michael Andrés Alfonso Molina González en calidad de heredero determinado del causante y a los demás sucesores desconocidos, informando que éste se domicilia en Madrid (Cund.), lugar en el que también se produjo la convivencia (fls. 9 al 11, cuaderno 1).
  2. El 11 de mayo de 2017 la oficina judicial admitió el libelo y dispuso notificar a los convocados, actuación que en el caso del prenombrado se cumplió por conducta concluyente, en tanto que los causahabientes inciertos fueron vinculados mediante la curadora ad litem  designada para el efecto, sin que ninguno cuestionara que el trámite estuviera a cargo de dicha autoridad (fls. 13 al 29, ídem).


  1. Cumplido lo anterior, el 23 de enero de 2018 el estrado judicial expresó carecer de facultad para seguir conociendo el asunto y lo remitió a su par del circuito de Funza, con jurisdicción en el municipio de Madrid, sosteniendo que conforme al numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso en los litigios contenciosos dicha potestad recae en el juzgador del domicilio del demandado y de acuerdo con el 2 ejusdem en casos de la naturaleza del aquí ventilado «será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve», concluyendo que «[d]el contenido de la demanda se establece claramente que actualmente la demandante y el demandado, señor reside (sic) en el municipio de Madrid, Cundinamarca, lugar donde igualmente la pareja tuvo su último domicilio» (fls. 34 y 35).


  1. El Juzgado de Familia del lugar de destino igualmente repelió el asunto y provocó la colisión que se desata, argumentando que el artículo 27 ibídem indica los casos en que se puede alterar la radicación de una disputa judicial, «de lo cual se puede concluir que una vez admitida la demanda sin que se hubieren propuesto excepciones por la parte demandada y hubiese guardado silencio, queda establecida la competencia y no es viable que el juez de oficio, se declare incompetente» (fl. 46 ib.)



CONSIDERACIONES


1.- Toda vez que la controversia sobre quién está habilitado para conocer el pleito incoado se trabó entre dos juzgados de diferente distrito judicial, a esta Corporación le corresponde zanjarla como superior funcional común de ambos, por conducto del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, comoquiera que así lo disponen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la Ley 1285 de 2009.


2.- La Ley 1564 de 2012 fija las reglas para repartir las demandas civiles y de familia entre las distintas autoridades de estas especialidades, a partir de uno o de varios factores, tomando en consideración la clase o materia de lo debatido, su cuantía, la calidad de las partes, la naturaleza de la función o la existencia de conexidad o unicidad, según lo encuentra pertinente.


De manera general, el primer numeral del artículo 28 ejusdem asigna los pleitos contenciosos al funcionario con asiento en el domicilio del demandado (fuero personal), salvo «disposición legal en contrario»,  criterio que para los procesos, entre otros, de «declaración de existencia de unión marital de hecho, liquidación de sociedad conyugal o patrimonial», amplía en el siguiente nomenclador al establecer que «…será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve».


3.- No obstante, el inciso segundo del artículo 90 ib. fija la ocasión precisa en que el funcionario debe examinar estos aspectos, al prescribir que una vez presentada la demanda, la «(…) rechazará…cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla”, en tanto que el canon 27 íd. contempla los únicos eventos en que de manera sobreviniente se altera la competencia y el 139 ejusdem predica que el fallador «(…) no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional», disposiciones de alcance similar a otras contenidas en el derogado Código de Procedimiento Civil (75 num. 2, 85 y 148 inc. 2) que en su momento dieron pie para que la jurisprudencia y la doctrina desarrollaran el principio de la «perpetuatio jurisdictionis», conforme al cual, una vez asumida la competencia no es posible que el funcionario la repudie motu proprio, de tal forma que solamente las partes mediante los mecanismos y en las oportunidades legales pueden discutirla.


En tal sentido, en vigor de la actual reglamentación ritual, en CSJ AC548-2018 la Corte reiteró lo que venía sosteniendo, en el sentido que


(…) al juzgador le asiste liminarmente el deber de evaluar lo relativo a la competencia para asumir el trámite de un asunto particular, con sujeción a los factores expresados por el petente en su demanda, toda vez que si considera que no la tiene así deberá declararlo, rechazando el escrito incoativo y remitiendo el expediente al funcionario judicial que estime competente.  De modo tal, que esta es la oportunidad legal que le asiste al juez para expresar su incompetencia para tramitar un proceso. (…) Contrario sensu, si el operador judicial admite la demanda o verbi gratia libra mandamiento de pago, la competencia queda fijada, y, en cuanto refiere al factor territorial, únicamente podrá declinarla en el evento de que prosperen los cuestionamientos formulados por los demandados a través de los conductos procesales establecidos para ello.  Así mismo, el silencio de la parte pasiva frente a esta situación, igualmente conlleva al saneamiento de la presunta nulidad que por dicha circunstancia pudiese brotar, por lo tanto no es dable al juez declararse incompetente por el sobredicho factor (CSJ AC 8 Sept. de 2011. Rad. 2011-01755-00. Reiterado en CSJ AC 20 mayo 2013. Rad. 2013-00614-00).


4.- En el sub examine,  la Corte advierte que el juzgado de Bogotá admitió el escrito introductor sin reparo alguno y que puesto a derecho el extremo pasivo tampoco formuló cuestionamientos sobre este aspecto, de tal forma que aquél no podía válidamente por iniciativa propia sustraerse del conocimiento que asumió, pues la oportunidad para ello feneció en ese primer momento, cuando le correspondía examinar el  tema a profundidad, máxime que para entonces ya contaba con todos los insumos para ese propósito, toda vez que las ulteriores intervenciones no aportaron ninguna novedad en torno al tópico


Así las cosas, no se encuentra justificación para que el juzgador de la capital de la República se desprendiera tardíamente del caso sin que mediara petición de la parte interesada.


5.  En consecuencia, se asignará el debate a quien desde un comienzo le correspondió, lo que será comunicado al otro estrado judicial involucrado.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


       Primero:        Declarar que el Juzgado Séptimo de Familia de Bogotá es el competente para conocer de la disputa en referencia.


       Segundo:        Enviar el expediente al citado Despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado de Familia de Funza.


       Tercero: Librar, por secretaría, los oficios correspondientes.



        Notifíquese,








OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado