AC3041-2018


Radicación n° 11001-02-03-000-2018-01996-00


       Bogotá, D. C., veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Correspondería decidir el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal y Veintinueve de igual especialidad y categoría de Bogotá, si no fuera porque se advierte que se planteó anticipadamente.



ANTECEDENTES


1.- Ante el primer despacho, Uner Augusto Becerra Largo presentó acción popular contra Banco BBVA S.A. para que se le ordenara restituir al estado normal la acera o andén que modificó frente al lugar donde presta el servicio público sin contar con la respectiva licencia de la autoridad municipal. Indicó que el domicilio y sitio de vulneración es Santa Rosa de Cabal.


2.- El Juzgado Civil del Circuito de la citada localidad rechazó la demanda por falta de competencia, habida cuenta que «el domicilio principal de la entidad accionada, de acuerdo con el certificado de existencia y representación consultado por el Despacho en el RUES, es la ciudad de Bogotá, y aunque en este municipio existe una sucursal de ella, esa circunstancia no es suficiente para que se radique en este Despacho Judicial la misma», por lo que dispuso enviar las diligencias a sus homólogos de esta capital.


3.- El Juzgado Veintinueve Civil del Circuito que las recibió, también se rehusó a adelantar el proceso porque «el actor indicó que el sitio de vulneración de los derechos colectivos que inspiraron su queja se presenta en Santa Rosa de Cabal», y la convocada «ostenta una sucursal en dicho municipio, tal y como logra determinarse en la base de datos públicas de CONFECÁMARAS (RUES)». Por ello, propuso la presente colisión.


CONSIDERACIONES


1.- Comoquiera que la divergencia que se analiza se trabó entre dos estrados de diferente distrito judicial, a esta Corporación le atañe dirimirla como superior funcional común de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este último modificado por el 7º de la 1285 de 2009.


2.- El artículo 16 de la Ley 472 de 1998 establece que las acciones populares se adelantarán ante «el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá, a prevención, el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda». A su turno, el artículo 44 autoriza la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, para la interpretación de las disposiciones no reguladas allí, siempre que éstas no contraríen la esencia de aquéllas.


Así, el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso como criterio general adscribe la competencia por el factor territorial en el funcionario del domicilio del convocado, lo que se complementa con el numeral 5, según el cual, en «los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia serán competentes, a prevención, el juez de aquél y el de ésta».


De modo que para estos juicios concurren diferentes factores determinantes de la competencia, toda vez que pueden proseguirse, a prevención, ante el juez de la residencia principal del demandado, el de la sucursal o agencia a la que se endilga la transgresión del derecho colectivo, o el del lugar donde aconteció la supuesta infracción; a elección del promotor, quien deberá precisar las circunstancias fácticas en las que apoya la escogencia.


       Lo anterior, sin perjuicio de que el extremo pasivo refute la asignación oportunamente.


3.- En el caso concreto, el gestor señaló que la entidad financiera demandada se ubica en Santa Rosa de Cabal y allá también ocurre la afectación de los intereses colectivos; sin embargo, no concretó el lugar de la supuesta violación en tanto genéricamente pretendió que se le ordene aquélla «restituir al estado normal la acera o andén que modificó frente al lugar donde presta el servicio público sin contar con la respectiva licencia de la autoridad municipal», pero no identificó el sitio a que le atribuye esa situación. De ahí que su manifestación en torno al «lugar de ocurrencia de la vulneración», resulta anfibológica.


Ahora, el domicilio principal del Banco BBVA S.A. es Bogotá, pero de lo consignado en la demanda no es posible afirmar ni descartar que haya sido ese el parámetro escogido para definir la competencia. 


Bajo esa perspectiva, surge palmario que los juzgadores actuaron precipitadamente al rechazar el libelo, toda vez que antes de asumirlo o rehusarlo debieron, porque así lo imponía el sub  lite, adoptar las medidas legales para esclarecer cuál de las distintas opciones de asignación fue la seleccionada por el promotor, eso sí, acompañada de la argumentación factual que soporta la predilección.


En un caso similar, recientemente en CSJ AC2120-2018, se recordó que


(…) el receptor no puede salirse de los elementos delimitantes expuestos explícita o implícitamente en la demanda; además, de no estar clara su determinación, está en la obligación de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsión sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo.


4.- En consecuencia, el infolio regresará al primer estrado que lo recibió para que proceda conforme a lo antes esbozado.


                             DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


                                  RESUELVE


Primero: Declarar prematuro el planteamiento del presente conflicto de competencia.


Segundo: Enviar el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, para lo de su cargo. Comuníquesele esta providencia al Juzgado veintinueve de la misma especialidad y categoría de Bogotá.


Tercero: Librar, por Secretaría, los oficios correspondientes.



NOTIFÍQUESE





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado