ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado ponente
AC3060-2018
Radicación n° 41298-31-03-001-2011-00016-01
(Aprobado en sesión de cuatro abril de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018).-
Se decide a continuación sobre la admisibilidad de la demanda presentada por LUISA DÍAZ DE VIVAS, para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia fechada el 1° de marzo de 2017, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario de simulación que en contra de NINFA FALLA RAMOS y suyo propio interpusieron MONICA DÍAZ CRUZ y Yolanda Valderrama Sánchez como representante legal de GILBERTO DÍAZ VALDERRAMA en sus calidades de hijos del causante ARTURO GILBERTO DÍAZ MANRIQUE.
ANTECEDENTES
1. Conforme se desprende del escrito de la demanda las pretensiones materia de la acción intentada apuntaron, en síntesis, a lo siguiente:
1.1. Se declarara «absolutamente simulado el contrato de compraventa»” celebrado entre Luisa Díaz de Vivas como vendedora y Ninfa Falla Ramos como compradora respecto de los bienes denominados «La Quinta» y «Jamaica» elevado mediante escritura pública Nro. 2149 del 13 de octubre de 2010.
1.2. Se declarara, así mismo, «absolutamente simulado el contrato de compraventa y su pacto de retroventa»” celebrado entre el causante Arturo Gilberto Díaz Manrique como vendedor y Luisa Díaz de Vivas como compradora respecto de los mismos bienes, y que fuere elevado mediante escritura pública Nro. 1450 del 15 de agosto de 1992.
1.3. Que en consecuencia de lo anterior se declare que los predios no han salido del patrimonio del causante Arturo Gilberto Díaz Manrique, y por tanto, entran a formar parte del acervo hereditario del mismo.
2. Como sustento fáctico de tales pretensiones se expuso en síntesis que,
2.1. Mediante escritura pública Nro. 1450 del 15 de agosto de 1992, Arturo Gilberto Díaz Manrique dijo vender con pacto de retroventa a su hermana Luisa Díaz de Vivas los inmuebles identificados con los folios de matrícula Nro. 202-5003 y 202-4942 de la oficina de instrumentos públicos de Garzón-Huila.
2.2. Arturo Gilberto Díaz Manrique falleció el 4 de enero de 2006.
2.3 Luisa Díaz de Vivas demandó, en proceso anterior, a los herederos del causante pretendiendo la devolución del dinero que, según la escritura pública ya referida, había entregado a título de compra.
2.4 Tanto en primera como en segunda instancia, se desestimaron las pretensiones de Luisa Díaz de Vivas.
2.5 Mediante escritura pública Nro. 2149 del 13 de octubre de 2010, Luisa Díaz de Vivas dijo vender a Ninfa Falla Ramos los inmuebles en cuestión.
2.6 Arturo Gilberto Díaz Manrique había contraído nupcias con Encarnación Polo de Díaz con quien no tuvo hijos, por lo que en razón de una grave enfermedad de su cónyuge, y con el fin de distraer los bienes de su patrimonio, celebró simuladamente el contrato de compraventa con su hermana Luisa Díaz de Vivas, quien no pagó precio por los inmuebles, además que la posesión permaneció en cabeza del vendedor, lo que, junto con otros indicios, daban cuenta del contrato simulado.
3. Notificada Luisa Díaz de Vivas se opuso a las pretensiones de la demanda, pero no alegó ningún medio exceptivo. Dentro de las peticiones probatorias, solicitó que se decretara como prueba trasladada todo lo actuado dentro de los procesos ordinario de nulidad de contrato promovido por Maria Elena Polo de Guevara contra Arturo Gilberto Díaz Manrique; y, del proceso ordinario que interpuso contra los herederos de Arturo Gilberto Díaz Manrique (fls. 123 a 135 del cuad. 1)
4. Tramitada la instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garzón Huila, le puso fin con sentencia del 24 de julio de 2015, en la que declaró simulado el contrato de compraventa contenido en la escritura pública Nro. 1450 del 15 de agosto de 1992, y por lo tanto, concluyó que los bienes inmuebles de dicho contrato no salieron del patrimonio del que fuera vendedor, a saber, Arturo Gilberto Díaz Manrique. En consecuencia, ordenó cancelar la escritura pública mencionada, así como el registro de la misma en los correspondientes folios de matrícula. También ordenó cancelar las escrituras públicas Nro. 2149 del 13 de octubre de 2010 y Nro. 2294 del 3 de noviembre de 2010 (fls. 486 a 512, cuad. 1).
5. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, Sala Civil Familia Laboral, al desatar la apelación que contra el memorado fallo interpuso la parte pasiva, en el suyo, que data del 1° de marzo 2017, lo confirmó en lo que atañe a la declaratoria de simulación del contrato de compraventa celebrado por el causante con la hoy recurrente, modificando el numeral tercero que había ordenado la reincorporación de los bienes a la causa mortuoria de aquél, para en su lugar disponer:
«CONDENAR a la demandada LUISA DÍAZ DE VIVAS al pago de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($442.400.000.00) junto con los intereses civiles, desde la fecha del otorgamiento de la escritura pública de compraventa N° 4129 del 13 de octubre de 2010, hasta la fecha en que se efectúe el pago total, Restitución que deberá efectuarse al patrimonio de la sucesión de la causante ENCARNACIÓN POLO DE DÍAZ, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia» (fls. 122 a 135 cuad. 11).
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
Sus argumentos se compendian así:
1 La sentencia fue incongruente al ordenar la restitución de los inmuebles a los que se refiere la escritura pública Nro. 1450 del 13 de agosto de 1992 a la causa mortuoria de Arturo Gilberto Díaz Manrique (vendedor), pues ninguna de las pretensiones iba dirigida a la declaratoria de la simulación de la compraventa celebrada posteriormente con un tercero adquirente, y que fuere contenido en la escritura pública Nro. 2149 del 13 de octubre de 2010, siendo que, no resulta acorde con el ordenamiento jurídico que declarada la simulación de la compraventa contenida en la escritura pública anterior «sobrevenga como consecuencia, la ineficacia de los negocios jurídicos celebrados por uno de los simuladores Luisa vivas de Díaz con un tercero Ninfa falla». En consecuencia, el juez falló ultrapetita porque ordenó la cancelación de las anotaciones de los folios de matrícula de los bienes inmuebles que corresponden a esta última venta, así como la cancelación de la escritura de compraventa Nro. 2149 del 13 de octubre de 2010 y su aclaración mediante escritura Nro. 2294 del 3 de noviembre de 2010.
2.- Analizada la causa que motivó a los contratantes Arturo Gilberto Díaz Manrique y Luisa Díaz de Vivas para la celebración del contrato de compraventa, así como el contexto que se desarrolló el negocio, se puede concluir que éste sí fue simulado, lo que explicó de la siguiente manera:
2.1 Se identificaron dos causas determinantes para la simulación: La primera, el grave estado de salud de Encarnación Polo de Díaz, cónyuge del vendedor. La segunda, la inminente ejecución de una entidad bancaria a la que se veía abocado este, siéndole imperioso sacar los bienes de su patrimonio.
2.2 Se identificaron como indicios de simulación los siguientes: (i) las relaciones de parentesco entre vendedor y comprador; (ii) la necesidad de simular conforme a la causa de ésta; (iii) la época en que se realizó el negocio; (iv) el objeto de la negociación se constituyó por los bienes de mayor significación del causante, otrora vendedor Arturo Gilberto Díaz Manrique; (v) la retención de la posesión por el vendedor, que aunque se pactó en el acto escriturario que aquél permanecería como administrador, nunca rindió cuentas de su gestión, constituyendo así una verdadera coartada; (vi) la indeterminación del pago del precio; (vii) el precio vil; y, (viii) la falta de capacidad económica en la compradora.
3.- En consecuencia, confirmó la sentencia en cuanto declaró la simulación del contrato de compraventa celebrado entre el causante y su hermana, pero modificó la decisión que ordenó reincorporar los bienes vendidos al patrimonio de la causa mortuoria de aquél, «pues al momento de su celebración el causante se encontraba casado con la señora Encarnación Polo de Díaz, luego al fallecer está (sic) a los pocos días, esos bienes entran a hacer parte de la sociedad conyugal de la referida señora, cuya sucesión ya se encuentra liquidada; y no al patrimonio de causante Díaz Manrique».
4.- Dispuso además que la compraventa celebrada con posterioridad por Luisa Díaz de Vivas con Ninfa Falla, permanece incólume, pues aquél negocio jurídico le era inoponible. En consecuencia, ordenó la restitución del valor de los bienes al patrimonio de la sucesión de Encarnación Polo de Díaz en consideración a que para la fecha del contrato simulado, el causante Arturo Gilberto Díaz Manrique tenía sociedad conyugal vigente con la referida señora, luego al fallecer ésta, el bien debía estar en cabeza de su esposo, y por ende, le correspondería a la sociedad conyugal que integra la masa de los bienes relictos de su causa mortuoria.
5.- Contra el pronunciamiento emitido por el ad quem, los demandantes y la demandada Luisa Díaz de Vivas interpusieron recurso de casación. Como aquéllas tenían interés para recurrir, de conformidad con el artículo 335 del Código General del Proceso, también se concedió el de la demandada Luisa Díaz de Vivas que carecía de aquel. Admitidos los recursos, las demandantes desistieron del recurso interpuesto, por lo que la Corte ahora estudia la demanda presentada, en tiempo hábil, por Luisa Díaz de Vivas. (fls. 92 a 120 del c. de la Corte).
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Se invocó la transgresión de la causal contemplada en el numeral primero artículo 336 del Código General del Proceso. A continuación se exponen en síntesis, los argumentos de la demanda:
ÚNICO CARGO
Acusa la sentencia de ser violatoria de manera directa del artículo 29 de la Constitución Nacional en concordancia con el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil «normas estas que fueron indebidamente aplicadas por la Sala Civil Familia Laboral- Sala Quinta de Decisión, del H. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva, procediendo tal infracción de la apreciación errónea, por error de hecho».
Luego de transcribir las normas cuya violación directa denuncia, y explicar in extenso el instituto jurídico de la cosa juzgada a nivel doctrinal y jurisprudencial, concluyó que Luisa Díaz de Vivas no podía ser condenada porque no se desvirtuó la cosa juzgada.
Dijo que «la sentencia del señor Juez A-quo, mediante la cual se condenó, debió ser, entonces, revocada por la causal de ‘COSA JUZGADA’ que constitucional y legalmente la amparaba desde el comienzo de este proceso, el cual no fue, al final, desvirtuada por razón de la ‘concurrencia de poderosos factores de hesitación que impiden extraer inferencias incotrarrestables’»
Alegó insistentemente que el Tribunal no aplicó, cuando debía aplicarlo, el «principio de cosa juzgada», que lo obligaba a dictar sentencia revocatoria.
En el acápite destinado para exponer la síntesis del proceso y los hechos materia del litigio introdujo un subtítulo denominado «otros hechos materia del litigio» dónde, apartándose de los que fueron realmente tales, expone que ya existían dos fallos que versaron sobre los mismos procesos, configurándose así la «cosa juzgada». A continuación explica por qué en su sentir se cumplían los requisitos para tenerla por tal, a la par que alegó impedimentos de los magistrados para conocer de este proceso.
CONSIDERACIONES
1.- El Código General del Proceso, que entró en vigor integral el 1° de enero de 2016, prevé en sus artículos 624 y 625-5, que «(…) los recursos…se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron…», y como el de casación que ahora ocupa la atención de la Corte se formuló el 14 de marzo de 2017, será a la luz de dicha codificación que se hará el estudio del libelo sustentatorio presentado.
2.- En el marco del nuevo estatuto procesal civil, el de casación sigue siendo, en líneas generales, un recurso extraordinario de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentación el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su artículo 336, y mediante la introducción de una demanda que satisfaga las exigencias del artículo 344 ibídem.
De ahí que en el respectivo libelo, so pena de inadmisión, se impone para el extremo recurrente mencionar las partes de la controversia, sintetizar los hechos y pretensiones materia del litigio y formular por separado los cargos, con fundamentos claros, precisos y completos, entendiéndose por esto último, que las razones expuestas por el censor combatan cabal e íntegramente los genuinos soportes de las determinaciones adoptadas por el sentenciador de segunda instancia, pues, como ha dicho la Corte, en doctrina que mantiene vigencia, «si el laborío del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podría quebrarse en virtud del recurso extraordinario» (CSJ AC de 19 de dic. de 2012, Rad. 2001-00038-01).
3.- Revisado el libelo presentado por el recurrente, se advierte que esas exigencias fueron desatendidas en el único cargo propuesto, pues, se extiende a la materia probatoria, y se introducen puntos nuevos que no fueron discutidos en las instancias. Además, se desconoce la precisión técnica contenida en el parágrafo del artículo 344 del Código General del proceso, en tanto que, pese a invocar la infracción de normas de derecho sustancial, aquélla no constituyó ni la base esencial del fallo, ni debió serlo de conformidad con la competencia del superior delimitada en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época de interposición del recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, y por ende, norma aplicable al desatarse la segunda instancia, de conformidad con los artículos 624 y 625 del Código General del Proceso. En efecto:
3.1 Tal como se explicó en el desarrollo del cargo, el censor se limitó a transcribir las disposiciones que en su sentir, fueron inaplicadas por el tribunal, a la par que ocupó su argumentación en disertar sobre la «cosa juzgada», para finalmente afirmar que «se equivocó garrafalmente el Honorable Tribunal cuando, en su sentencia, NO postuló tal principio constitucional y procedimiental, y se equivocó por dicha razón» pero sin explicar en qué consistió el yerro de la mencionada corporación con la sentencia reprochada.
Al respecto, se debe precisar que no basta con invocar las disposiciones sustanciales a las que se hace referencia en la demanda como desconocidas o inaplicadas por el tribunal, pues es preciso de un lado, que esas normas constituyan la base esencial del fallo o, que a juicio del recurrente hayan debido serlo; y, de otro, que en la demanda se ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió.
Se ha explicado con suficiencia que cuando la acusación se dirige por la vía directa, no es válido al impugnante hacer reproche alguno a la apreciación de las pruebas, pues se presenta «directamente, en línea recta, sin rodeos, sin el medio o vehículo de los errores en el campo probatorio» (CSJ, GJ. LXXXVIII, 657). Pero, al margen de lo anterior, también constituye un requisito formal imprescindible, el precisar la forma de transgresión denunciada en tanto que el recurrente debe exponer el fundamento de cada acusación, tal y como lo exige el numeral segundo del artículo 344 ibídem, el cual se echa de menos en el desarrollo del único cargo.
Es así pues, que la censura encarrilada por la causal primera, si bien presupone el desconocimiento de una norma de rango sustancial (artículo 332 CPC), también requiere la exposición y fundamento del recurrente de la manera en como esa norma sustancial fue desconocida por el ad quem¸ consecuencia de lo cual no cumple con la formalidad y técnica del recurso extraordinario cuando, como aquí se hizo, el censor se limita a identificar nominalmente las normas presuntamente desconocidas, sin proveer de argumentos para indicar la razón de su desconocimiento.
Es preciso indicar que, el estudio de la norma sustancial presuntamente quebrantada se circunscribe a la contenida en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, pues el artículo 29 de la Constitución Nacional en este caso no comporta, conforme se alegó, un evento que implique su aplicación directa. Y ello es así, pues si bien al tener la calidad de norma constitucional, per se supone como imperativo ser pasible de aplicación inmediata, en el caso que se analiza, no atribuye un derecho subjetivo que tenga relación con el asunto debatido, siendo entonces insuficiente, para este caso –se itera-, que en ella se soporte el cargo casacional.
Se insiste entonces que las normas constitucionales, de aplicación inmediata, pueden soportar cargos casacionales, siempre que las mismas atribuyan derechos subjetivos y determinados que hayan sido desconocidos en la sentencia cuestionada, pero en cada caso deberá determinarse el alcance de la norma constitucional. Realizado ese análisis para el caso concreto, se advierte que las alegaciones en las que soporta el ataque, no tienen relación con la violación directa de la Constitución, y por tanto, resultan insuficientes para tal propósito.
3.2. Ahora, la violación directa de la ley, reiteradamente ha señalado la Corte, «es necesario demostrarla» (CSJ AC de 22 de julio de 2010, Rad. 2006-00026-01), por lo cual no es suficiente aseverar, sin la concreción debida, el desconocimiento de ciertas reglas sustanciales, siendo menester que se manifieste en qué consistió tal conducta y qué incidencia produjo en el resultado judicial final que se controvierte.
Revisada en su integridad la demanda con la cual se pretende sustentar el recurso extraordinario de casación, se observa que si bien en el acápite destinado a la «Formulación y Fundamento de los cargos contra la sentencia recurrida» no se hace referencia a aspectos fácticos, resulta que en el cuerpo de la misma, en el capítulo destinado a cumplir con el requisito formal dirigido a que se realice la síntesis del proceso, el censor incluyó un subtítulo denominado «otros hechos materia del litigio» dónde, apartándose de aquéllos, explica que ya existían dos fallos que versaron sobre los mismos procesos, configurándose así la «cosa juzgada». Es entonces en este acápite que el demandante expone en qué consistieron los fallos frente a los cuales asegura se presentaba la cosa juzgada, dando cuenta de la causa petendi de ambas, sus pretensiones, y su resolución, para afirmar de un lado, que los magistrados cognoscentes de la sentencia recurrida en casación se encontraban impedidos; y, de otro, para concluir que se violó el principio de la «cosa juzgada» porque «la demanda que originó la petición de esta casación versó sobre el mismo objeto (las fincas ‘La Quinta’ y ‘La Jamaica’), se fundó en análogas causas que el anterior (las demanda (sic) de nulidad por lesión enorme, de resolución de contrato y otras similares y/o análogos hechos y actos), entre ambos procesos hubo identidad jurídica de las partes, (entre otros, los sucesores de la misma difunda que lo originó, Sra Encarnación Polo de Díaz) y, por esto exixtía y perdura esta figura y/o principio de la cosa juzgada»
Y es entonces allí, dónde inevitablemente el demandante acude a aspectos fácticos para sustentar la violación directa de la norma sustancial, incurriendo así en el entremezclamiento proscrito tratándose de la causal primera de casación.
Ello aunado a que en la enunciación del cargo, el censor alude a que la sentencia es violatoria por la vía directa «procediendo tal infracción de la apreciación errónea, por error de hecho» cuestión que a todas luces comprende un hibridismo entre las causales, inaceptable en casación.
3.3. Pero además de lo anterior, se incumple con lo preceptuado en el parágrafo primero del artículo 344 del Código General del Proceso, que reza
«Cuando se invoque la infracción de normas de derecho sustancial, será suficiente señalar cualquiera disposición de esa naturaleza que, constituyendo la base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposición jurídica completa» (negrillas intencionales)
Y se dice que se incumplió tal requisito formal de la demanda, pues además de que el actor no expuso el fundamento de la acusación, tampoco explicó por qué esa norma sustancial debió ser la base esencial del fallo de segunda instancia, cuando en la apelación realizada por la recurrente, no se incluyó tal cuestión como motivo de inconformidad con la decisión de primer grado.
Incluso, tal y como se dejó expuesto, la demandada, hoy recurrente en casación, no propuso excepciones de mérito al contestar la demanda, ni alegó en las instancias la aludida «cosa juzgada» que viene a exponer en casación, de manera que, se plantean aspectos fácticos que no fueron debatidos en las instancias.
En consecuencia, revisadas estas precisiones de cara al ataque que por esta vía se expuso en la demanda, ha de concluirse que el mismo no cumple con los parámetros que exige este medio extraordinario de contradicción, en lo que a la violación directa de una norma jurídica sustancial se refiere.
4. Por último, cumple señalar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y técnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 336 del Código General del Proceso, y el canon 7º de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa la ostensible vulneración de las garantías constitucionales de los implicados en la controversia; o la notoria transgresión del principio de legalidad; o una significativa afectación de la ley objetiva comprometida en el juicio; o el marcado agravio de los derechos de las partes.
Corolario de lo expuesto se concluye que el escrito incoativo de este recurso extraordinario no satisfizo, con el rigor mínimo que se reclama, las exigencias necesarias para su admisibilidad.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada por LUISA DÍAZ DE VIVAS para sustentar el recurso extraordinario de casación interpuesto frente a la sentencia de 1° de marzo de 2017, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso ordinario de simulación que en contra de NINFA FALLA RAMOS y suyo propio interpuso MONICA DÍAZ CRUZ y Yolanda Valderrama Sánchez como representante legal de GILBERTO DÍAZ VALDERRAMA en sus calidades de hijos del causante ARTURO GILBERTO DÍAZ MANRIQUE.
SEGUNDO: DECLARAR DESIERTA la impugnación extraordinaria.
TERCERO: ADVERTIR que contra la presente decisión no procede recurso alguno al tenor del artículo 346 del Código General del Proceso.
CUARTO: DEVOLVER por las Secretaría el expediente al Tribunal de origen.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
(Presidente de la Sala)
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA