AC3061-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01785-00
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Decídese el conflicto de competencia que se suscitó entre los Juzgados Primero de Familia de Pereira (Risaralda) y Promiscuo Municipal de Aránzazu (Caldas), en el trámite de la demanda de custodia y cuidado personal promovido por Johanna Alzate Valencia en representación de su hija menor [A.S.A.]1 contra Nelson Segura Vargas.
ANTECEDENTES
1. Ante el primero de los despachos arriba mencionados, la promotora instauró demanda de custodia y cuidado personal de su hija menor [A.S.A.], para que «mediante sentencia definitiva sea ejercida de manera exclusiva por [la madre de la niña]» (folio 1 y 3, cuaderno 1).
En el libelo el invocó el conocimiento del trámite, por la «naturaleza del proceso, por el domicilio de las partes» (folio 16, ejusdem).
2. El estrado judicial de esa ciudad a quien se repartió la demanda, la rechazó por falta de conocimiento territorial porque «el domicilio de la menor de edad…se encuentra radicado en el municipio de Aránzazu, Caldas». Acorde con el inciso 2°numeral 2º, artículo 28 del Código General del Proceso, remitió el libelo introductorio a su homólogo de Aránzazu (Caldas) (folio 22, ibídem).
3. El juzgado receptor del expediente, declinó su conocimiento y planteó la colisión negativa de esta especie, tras estimar que el funcionario de origen no debió apartarse del asunto, pues «ese es el lugar donde se encuentra la menor residiendo con su señor padre». Por lo cual, la convocante escogió el domicilio de las partes y por la competencia privativa del juez, tal como lo preceptúa el inciso 2°numeral 2º, canon 28 de codificación adjetiva (folio 24 y vuelto, ídem).
CONSIDERACIONES
1. Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.
2. El inciso 2º, numeral 2° del artículo 28 del Código General del Proceso consagra como regla especial de competencia que «en los procesos de alimentos, pérdida o suspensión de la patria potestad, investigación o impugnación de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulación de visitas, permisos para salir del país, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el niño, niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel».
En ese orden, reluce, que la atribución de competencia por el factor territorial, en particular, para los procesos de custodia y cuidado personal en los que se encuentre vinculado un menor, está asignada de manera privativa al juez del domicilio y/o residencia de éste, lo que excluye la vigencia de la pauta ordinaria.
Así lo ha manifestado la Sala, al analizar la norma en comentario, con lo cual «se pretende asegurar y proteger el interés superior de éste, facilitando, de ese modo, que la causa litigiosa se adelante en el escenario donde a él le resulte menos traumático y más beneficioso para su seguridad y bienestar» (AC068, 15 ene. 2016, rad. 2015-02664-00).
3. El constituyente de 1991 consagró la calidad de sujetos de especial protección por parte del Estado para los niños, las niñas y los adolescentes, autorizando la protección integral, el interés superior y la prevalencia de sus garantías respecto de los demás sujetos de derecho, incluidos los de su núcleo familiar, lo cual tiene su fuente en la trascendencia a que revisten en la especie, formación con valores indispensables para la existencia, consolidación y desarrollo de los cometidos del Estado y la comunidad, esto es, por beneficios de alto rango.
Sobre el interés superior del menor, la Corte Constitucional en sentencia T-587/98, dijo:
Esta nueva visión del menor se justificó tanto desde una perspectiva humanista -que propende por la mayor protección de quien se encuentra en especiales condiciones de indefensión-, como desde la ética que sostiene que sólo una adecuada protección del menor garantiza la formación de un adulto sano, libre y autónomo. La respuesta del derecho a estos planteamientos consistió en reconocerle al menor una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes. Tal reconocimiento quedó plasmado en la Convención de los Derechos del Niño (artículo 3°) y, en Colombia, en el Código del Menor (decreto 2737 de 1989) [hoy Ley 1098 de 2006]. Conforme a estos principios, la Constitución Política elevó al niño a la posición de sujeto merecedor de especial protección por parte del Estado, la sociedad y la familia (artículos 44 y 45).
Aunado a estos aspectos, esa Corporación indicó:
…Ahora bien, el interés superior del menor no constituye una cláusula vacía susceptible de amparar cualquier decisión. Por el contrario, para que una determinada decisión pueda justificarse en nombre del mencionado principio, es necesario que se reúnan, al menos, cuatro condiciones básicas: (1) en primer lugar, el interés del menor en cuya defensa se actúa debe ser real, es decir, debe hacer relación a sus particulares necesidades y a sus especiales aptitudes físicas y sicológicas; (2) en segundo término, debe ser independiente del criterio arbitrario de los demás y, por tanto, su existencia y protección no dependen de la voluntad o capricho de los padres o de los funcionarios públicos encargados de protegerlo; (3) en tercer lugar, se trata de un concepto relacional, pues la garantía de su protección se predica frente a la existencia de intereses en conflicto cuyo ejercicio de ponderación debe ser guiado por la protección de este principio; (4) por último, debe demostrarse que dicho interés tiende a lograr un beneficio jurídico supremo consistente en el pleno y armónico desarrollo de la personalidad del menor.
En esa línea de pensamiento favorable al interés superior del menor, la Corte se ha pronunciado:
[L]a Sala ha venido sosteniendo que cuando se está ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los niños, el juez debe ser más acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de intereses debe ser verse desde un contexto más amplio, pues acorde con la amplia normatividad existente a nivel internacional, en nuestro medio se debe partir del postulado 44 de la Carta Política, según el cual ‘los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás’ (STC7351, 7 jul. 2018, rad. 2018-00141-01).
4. En el sub lite la niña esta ubicada con su padre Nelson Segura Vargas quien tiene su domicilio en Pereira (Risaralda) como se indicó en la demanda (folio 13, cuaderno 1), luego desde esa óptica, no se encuentra razón para que el juez de Pereira, rehusara la competencia en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, por cuanto la menor está actualmente en la mencionada localidad.
5. En consecuencia, se remitirá el presente caso al juzgado en mención para que asuma su trámite y se informará esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.
DECISIÓN
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Primero de Familia de Pereira (Risaralda), al que se le enviará de inmediato el expediente.
Comuníquese esta decisión al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitirá una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar.
Notifíquese.
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado
1 En virtud del artículo 33 del Código de la Infancia y la Adolescencia –derecho a la intimidad-, se omite el nombre de la menor.