AC3062-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01474-00


Bogotá D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Respecto de la demanda con que Carmen Sofía Puentes Torres pretende sustentar el recurso de revisión contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Familia, dentro del proceso declarativo de unión marital de hecho que promovió contra Luis Hernando Ariza Moreno, obsérvase que no se aviene a los requisitos formales consagrados por el legislador y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte, en particular respecto de las siguientes exigencias:


1.        De acuerdo con el precepto 357, numerales 2º, 3º de la ley 1564 de 2012, en concordancia con los artículos 74 y 82 de la misma normatividad, falta:


1.1.        El domicilio y dirección electrónica del demandado que fue parte en el proceso cuya sentencia se cuestiona, con quien debe seguirse el procedimiento de revisión (art. 82, nums. 2 y 10 CGP).

Es pertinente recordar que no debe confundirse el domicilio de las personas, con el lugar donde eventualmente pueden recibir notificaciones, porque como tiene dicho la reiterada jurisprudencia de la Corte, el primero consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, en tanto que el otro es el sitio concreto donde las partes respectivas pueden ser ubicadas para ser enteradas de las decisiones judiciales que lo requieran (entre muchos, autos de 3 de mayo de 2011, Rad. 2011-00518-00; AC4018-2016 de 28 de junio de 2016 y AC4669-2016 de 25 de julio de 2016).


1.2.        El poder debe adecuarse a los requisitos del canon 74 ídem, en cuanto el asunto deberá estar determinado y claramente identificado acorde con el objeto y naturaleza del reproche, por cuanto el anejo se encamina a un recurso de revisión «dentro del proceso de unión marital de hecho», sin especificar la sentencia en concreto y la causal o causales que la poderdante habilita proponer a su apoderado (folio 1 del cuaderno 1).


1.3. Las declaraciones y decretos deprecados deberán ajustarse al efecto específico que el legislador ha previsto para cuando se encuentren fundadas las causales alegadas, siendo que el alcance de nulidad que se persigue sobre el fallo está previsto para otros motivos legales de revisión (artículo. 359 del Código General del Proceso).


2.        Hay carencia en relación con el requisito formal de las causales de revisión invocadas, por falta de precisión de las circunstancias en que pretende sustentarlos, visto que se efectuó una narración general de «hechos», sin especificar con claridad los fundamentos fácticos que puedan en realidad edificar cada una, como dispone el artículo 357, numeral 4º, del Código General del Proceso, que consagra como requisito la expresión de los actos constitutivos de revisión «…y los hechos concretos que le sirven de fundamento», formalidad propia del carácter extraordinario y dispositivo del recurso.


Cabe memorar que la refutación por este sendero procesal, debe tener el sustento fáctico que sea relacionado con la causal esgrimida y que pueda tener aptitud para edificarla, exigencia que no luce acatada aquí, como se anota enseguida.


La parte interesada pretende esgrimir las causales tercera y sexta de revisión (numerales 3º y 6º del precepto 355 del CGP).


2.1.        En cuanto a la causal tercera, que acontece por «haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas», falta concreción de los fundamentos de hecho acorde con esa forma de impugnación por esta vía.


Sobre el punto, se logra extraer los siguientes hechos: (i) la señora Deicy Camayo desde 2007 se desempeñó como trabajadora doméstica interna en la casa de la recurrente y por esa razón «fue testigo de una serie de atropellos, humillaciones, malos tratos que el señor Ariza realizaba en contra de [Carmen Sofía Puentes Torres] y de la convivencia que ellos sostuvieron»; pero en audiencia de 6 de abril de 2016 surtida ante el Tribunal «negó haber sido testigo de [esas] manifestaciones de violencia», (ii) la solicitante achacó a esa declaración «una serie de mentiras» porque la testigo «negó todo lo afirmado» con anterioridad e «indicó que la relación era solamente de trabajo»; y (iii) en la actualidad «cursa investigación penal en la Fiscalía…por el delito de falso testimonio en contra de Deicy Camayo…, aún en etapa de investigación». Esas circunstancias son las que pretende presentar la recurrente como contenido de la causal y que su existencia le generó un fallo adverso.


Sin embargo, tal descripción no muestra idoneidad alguna para fundar la causal tercera de revisión, esto es, haberse «basado la sentencia» en «declaraciones de personas que fueron condenadas por falso testimonio en razón de ellas», porque esos hechos deben corresponder a aquellos que guarden relación con el supuesto normativo que la estructura y que se ciñan a la naturaleza extraordinaria del recurso.


Para el caso de la señalada «causal de revisión», se debía informar, sobre la testigo qué declaró en el proceso donde se dictó el fallo impugnado de tal manera que si se advierte contradicción, ello debe aflorar palmario; la incidencia de esa versión en el sentido de la sentencia con grado determinante y de qué manera al prescindir de esas presuntas falsedades se alteraría la decisión cuestionada a pesar de la concurrencia de los demás medios de persuasión en la actuación.


Descuella por su ausencia, los hechos concretos por los cuales se abrió el proceso penal de tal modo que enseñen congruencia frente a lo discutido dentro de la causal. Faltó precisar con el debido soporte legal, en qué estado se encuentra la investigación adelantada contra la declarante en la Fiscalía 201, Unidad de Fe Pública, «NUNC 110016000013201604971», con el fin de determinar si la correspondiente causa punitiva ya inició. (canon. 356, inciso 3 del Código General del Proceso).


El sustrato fáctico invocado, en realidad, se orienta a develar la inconformidad frente al testimonio rendido por Deicy Camayo ante el Tribunal del cual no se sabe con exactitud los puntos neurálgicos que presuntamente faltaron a la verdad con sello de definición por parte de la autoridad penal o que están en vía de ello y que fueron determinantes para el fallo pese a la coexistencia de otras pruebas en el proceso, luego los silogismos de la recurrente carecen de aptitud para ser utilizadas como argumentos de la causal alegada, porque de lo contrario, se abriría paso para que el debate sustancial de la defensa se orientara a puntos que en nada se relacionan con el eje basilar de la decisión opugnada.


2.2.        Respecto a la causal sexta, que se estructura si hubiese «existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente», también falta concreción de los fundamentos de hecho para su establecimiento.


Para esos fines, la recurrente expuso en esencia el siguiente marco fáctico: (i) la conducta observada por su abogada durante la ejecución del mandato judicial, frustró la asistencia de los testigos por aquella postulados a la audiencia de 30 de noviembre de 2015 en donde el a quo profirió decisión desfavorable, y (ii) a causa de las amenazas que el demandado Luis Fernando Ariza dirigió a Deicy Camayo y a su hijo Wilfran Beltrán según endilgó Carmen Sofía Puentes Torres, la señora Camayo no asistió a rendir declaración extra proceso acerca de lo que le constaba sobre los relacionados malos tratos y ante el Tribunal calló ese conocimiento.


Sin embargo, tal descripción no resulta expedita para cimentar la causal sexta de revisión, esto es, la colusión o maniobra fraudulenta «de las partes en el proceso», como prevé la norma, porque de ninguna forma busca dejar al descubierto «...en qué consiste, dónde, cómo o de qué forma pudo haber existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes...» capaz de causar perjuicio al recurrente, en la medida en que no se explicita un pacto ilícito o engañoso, u otra maniobra fraudulenta dañina, que se hubiesen fraguado para inducir en error al juez (Resaltado es del texto original. Auto de 13 de marzo de 2014, AC1206-2014, Rad. n° 11001-02-03-000-2013-02661-00).


El sustrato fáctico invocado, en realidad, se orienta a mostrar comportamientos extraprocesales asumidos por la apoderada judicial relacionados con el asesoramiento para el desarrollo de la audiencia a la cual no comparecieron los testigos invocados por la demandante y las amenazas efectuadas por Luis Fernando Ariza que según la recurrente, impidieron que Deicy Camayo diera fe de los actos de violencia entre los compañeros permanentes.


Esas circunstancias invocadas por la libelista carecen de aptitud para ser utilizadas como argumento de la causal alegada, porque se dejó de explicar cómo la falta a los deberes profesionales de su mandataria se puede subsumir en el motivo para la revisión, asimismo, es difuso el razonamiento en cuanto a las amenazas impartidas por el demandado de las que no se sabe con suficiente claridad y precisión cómo constituyeron conducta fraudulenta suficiente para influir en el contenido del testimonio de Deicy Camayo y a la postre hacerlo prevalecer sobre los restantes medios suasorios para determinar el sentido del fallo confutado respecto del cual, tampoco se ilustró porque fue inicuo para la recurrente bajo la egida de ese nexo causal. Apreciación y concreciones exhortadas que resultan imperiosas, porque de lo contrario, forjaría una instancia adicional, como en últimas deja traslucir la inconformidad, sin mostrar premisas que puedan edificar, insístase, una posible conducta fraudulenta de las partes o actitud unilateral para inducir en error a la justicia.


3.        De ese modo, no están determinados los «hechos concretos» que podrían servir de fundamento a los esgrimidos motivos del presente reparo, por supuesto que la escaza e inidónea sustentación fáctica, al no tener idoneidad para edificar cada una de las causales invocadas, impide abrir las puertas de este recurso extraordinario, que fue concebido de manera excepcional, y no para esbozar argumentaciones propias de las instancias.


Acerca de la forma en que tienen que invocarse las causales de revisión en la correspondiente demanda, la Corte ha reiterado que:


...desde un comienzo debe el recurrente justificar por qué considera fundada la causal de revisión que alega. Desde luego que, en ese contexto, el recurrente tiene ‘una carga argumentativa cualificada, consistente en formular una acusación precisa con base en enunciados fácticos que guarden completa simetría con la causal de revisión que se invoca, al punto que pueda entenderse que la demostración de esos supuestos, en principio, haría venturoso el ataque. Dicho de otro modo, corresponde al recurrente explicar por qué considera que la sentencia debe revisarse y, para ello, ha de hacer una presentación que permita establecer, desde un comienzo, que existen motivos idóneos que justifican el inicio de este trámite, destinado, como se sabe, a impedir la solidificación definitiva de la cosa juzgada. De ahí que si el recurrente no expresa la causal de revisión que pretende hacer valer, o no pone de presente los hechos que la configurarían, la demanda no puede servir de percutor para la actividad de la Corte; igual sucede, cuando se advierte que los hechos que expone el impugnador no tienen idoneidad para configurar la causal de revisión que se alega, caso en el cual la demanda tampoco tiene vocación para ser admitida, no sólo por el incumplimiento de un perentorio requisito legal, sino porque si en gracia de discusión se tolerara esa deficiencia, tendría que adelantarse una actuación judicial que, a buen seguro, ningún resultado arrojaría, máxime si se tiene en cuenta que por la dispositividad del recurso y por la importancia que para el ordenamiento tiene el principio de la seguridad jurídica, el juez de la revisión no puede hacer pronunciamientos oficiosos, ni salirse del preciso marco de referencia planteado por el censor. (Se resaltó. CSJ ARC de 2 de diciembre de 2009, rad. 2009-01923, transcrito en providencias posteriores como en proveído del 27 de agosto de 2012, rad. 11001-0203-000-2012-01285-00).


4.        De ahí que, además de los otros aspectos formales, sea menester inadmitir la demanda de revisión por falta de planteamiento de unos hechos concretos y separados para cada una de las causales de revisión que se pretende esgrimir, y que potencialmente puedan estructurarlas.

       

Se arrimarán las copias del escrito con que se pretenda dar cumplimiento a las exigencias legales y de sus correspondientes anexos, para efectos de los traslados y reproducción de aquel para el archivo de la Corte (arts. 357 y 89 del C.G.P.).


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:


1.        Inadmitir la demanda de revisión, a fin de que sean subsanados los defectos anteriormente anotados.


2.        Conceder a la parte interesada el término de cinco (5) días para eso, so pena de rechazo.


3.        Reconocer personería al abogado Gonzalo Lázaro Delgado Castro, para efectos del poder que obra a folio 1 de este cuaderno.


Notifíquese.





AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado Ponente