AC3121-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00896-00
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte lo que corresponde sobre la solicitud de asistencia judicial hecha por el Juzgado Primera Instancia No. 56 de Buenos Aires, Argentina.
I. ANTECEDENTES
1. Mediante sentencia de 28 de marzo de 2014, el Juzgado de Primera Instancia No. 56 de Buenos Aires, Argentina, otorgó la adopción del menor Lautaro Rosas González Alcaraz a favor del señor Ezequiel Prawda, esposo de la madre del niño. [Folio 32, c.1]
2. En consecuencia de lo anterior, la autoridad judicial foránea, ordenó que se inscribiera la decisión en el registro civil correspondiente y con tal fin dispuso que, «se libraran los instrumentos correspondientes para la inscripción de la presente». [Folio 8, c.1]
3. Recibida la comunicación por la Cancillería colombiana, éste la remitió a la Corte Suprema de Justicia, para que se realizara lo necesario para que se inscribiera el referido fallo. [Folio 18, c.1]
II. CONSIDERACIONES
1. Según lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial colombiano competente, que según el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia.
En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Libro V del Título I del Código General del Proceso.
El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 607 ejusdem, cuyo numeral 2º prescribe que la demanda deberá rechazarse si faltare alguna de las exigencias previstas en los numerales 1º a 4º del artículo 606.
El numeral 3º del referido artículo 606, a su vez, señala como requisito para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en Colombia, que esa providencia «se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente autenticada y legalizada». Por consiguiente, la falta de tal formalidad, determina el necesario rechazo in límine de la demanda.
2. No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la reclamante no aportó la decisión judicial objeto del exequátur en copia debidamente legalizada.
Lo anterior, por cuanto la copia allegada no se encuentra apostillada, como lo dispone la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre 1961, la que depositó Venezuela el 28 de febrero de 1985, y de la cual hacen parte tanto Colombia, como la República de Argentina, de donde proviene la sentencia.
3. Por las razones precedentes, y ante la falta de cumplimiento de la carga procesal a que estaba obligada la promotora del trámite, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordenan los artículos 85 y 695 ejusdem.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
PRIMERO: Rechazar la solicitud de la referencia, por no cumplir los requisitos legales.
SEGUNDO: Previas las constancias de rigor, devuélvanse los anexos, sin necesidad de desglose.
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado