AC3129-2018

Radicación n.°76001-31-10-011-2012-00267-01


Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Previamente a decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación presentado, se resuelve lo que en derecho corresponde sobre lo dispuesto en el artículo 341 del Código General del Proceso.


I. ANTECEDENTES


1. Dentro de la acción promovida por Agustín Enrique Garavito Miranda contra Jaime Giraldo González, Marlene Gaitán González, Gladys Gaitán de Arias, Bertha Nayibe Gaitán de Calderón, Deifa Mary Gaitán González, María Saidee Gaitán González, Betty Gaitán González, Alfonso William Espinosa González y herederos indeterminados de Fanny Gaitán González, se dictó sentencia que declaró la existencia de una unión marital entre el demandante y la citada causante, con vigencia desde el 31 de diciembre de 1985 hasta el 12 de julio de 2011 y en consecuencia, disuelta y en estado de liquidación la sociedad patrimonial que existió entre los compañeros permanentes. [Folio 481, c.1]

2. Apelada esa decisión, el Tribunal mediante fallo de 7 de marzo de 2018, confirmó la decisión del a-quo. [Folio 35, c. 7]


3. Inconforme con aquella resolución, el extremo demandado la censuró en vía de casación. [Folios 39, c. 7]


4. En auto de 29 de enero de 2018, se concedió por el ad-quem el recurso extraordinario, sin embargo, no se especificó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 341 del Código General del Proceso, si la sentencia objeto de la impugnación tenía mandatos ejecutables y de serlo cuales eran las copias necesarias para dar cumplimiento. [Folio 41, c. 7]


II. CONSIDERACIONES


1. En torno de la casación, establece el artículo 341 del Código General del Proceso que su concesión «no impedirá que la sentencia se cumpla, salvo cuando verse exclusivamente sobre el estado civil, o se trate de sentencia meramente declarativa, o cuando haya sido recurrida por ambas partes» y en caso «de providencias que contienen mandatos ejecutables o que deban cumplirse, el magistrado sustanciador, en el auto que conceda el recurso, expresamente reconocerá tal carácter y ordenará la expedición de las copias necesarias para su cumplimiento. El recurrente deberá suministrar las expensas respectivas dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordene, so pena de que se declare desierto el recurso». (Subrayado fuera del texto)


Sin embargo, también dispone la referida norma en su  inciso cuarto que en la oportunidad para interponer  «E el recurso, el recurrente podrá solicitar la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada, ofreciendo caución para garantizar el pago de los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquella. El monto y la naturaleza de la caución serán fijados en el auto que conceda el recurso, y esta deberá constituirse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de aquel, so pena de que se ejecuten los mandatos de la sentencia recurrida. Corresponderá al magistrado sustanciador calificar la caución prestada. Si la considera suficiente, decretará en el mismo auto la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada».


2. Las anteriores premisas normativas dejan en evidencia que para que pueda surtirse el indicado recurso, es necesario que el impugnante suministre las expensas correspondientes para la expedición de copia de las piezas procesales que se requieran a fin de dar cumplimiento al fallo, dado que aquél no lo impide ni obstaculiza, tal como lo previene el primer inciso del artículo 341 ibídem, a menos que se trate de los eventos excepcionales contemplados en ese mismo precepto y que se contraen a que la cuestión se relacione exclusivamente con el estado civil de las personas; que la resolución judicial sea meramente declarativa; y cuando haya sido recurrida por ambas partes.


Sin embargo, el nuevo precepto impone al juzgador el deber de explicitar, al momento de verificar la viabilidad de la concesión de tal opugnación, el carácter ejecutable de la sentencia, no asignando para el inconforme ninguna carga para solicitar las reproducciones en caso de que aquél omita hacerlo.


De ahí, que en caso de que el fallador guarde silencio sobre «los mandatos ejecutables» de la providencia o señale que no existen, tal omisión no puede ser adversa a los intereses del recurrente, pues, la ley solo le traslada la obligación de sufragar el costo de las reproducciones cuando ellas son ordenadas, previa constatación del Tribunal respecto del linaje del fallo opugnado.


3. De manera que si un asunto llega a la Corte bajo esas circunstancias, no es posible resolver sobre la admisibilidad del recurso, por no haberse aún dispuesto lo necesario para el cumplimiento del fallo. Tampoco puede inadmitirse, toda vez que ello es el resultado de «no haberse pagado las copias», pero a la parte no se le dio la oportunidad de ello, como tampoco puede devolverse el expediente al Tribunal, en la medida en que la norma únicamente lo prevé «si la sentencia no está suscrita por el número de magistrados que la ley exige» (artículo 342, Ley 1564 de 2012).


En ese orden, la solución a la omisión del ad-quem, apelando a una interpretación pro-recurso y a la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, será la de señalar el carácter «ejecutable» del fallo y brindar la oportunidad respectiva para pagar las copias, so pena de la sanción procesal respectiva.


Este entendimiento viene a ser semejante al que la Sala dio en vigencia del artículo 371 del Código de Procedimiento Civil, según el cual:


(…) en atención a que por la determinación de la segunda instancia se privó al extremo recurrente de cumplir la carga procesal contemplada en el artículo 371 del Código de Procedimiento Civil y el expediente se encuentra en esta Corporación, se procederá de la misma manera que en casos similares al presente, en los que acudiendo a los principios generales del derecho, en especial al de economía procesal, no se devolverá el diligenciamiento al Tribunal, sino que el acto de expedición de copias se verificará en la secretaría de la Sala, pues. (CSJ AC de 21 de agosto de 2008, Rad 1996-08781-01 y 5 de abril de 2011, Rad. 2006-00385-01; reiterado en AC, 28 de junio de 2012, Rad2003-00163-01 y 11 de febrero de 2013, Rad. 2008-00215-01, entre muchas otras).


4. En el caso bajo estudio se advierte, que la sentencia impugnada, no corresponde a ninguna de las hipótesis taxativamente previstas en la norma que viene de comentarse, en virtud de las cuales se estaba exentó el cumplimiento, toda vez que la decisión del Tribunal confirmó la del a-quo, en la que no sólo se declaró la existencia de la unión marital de hecho de Agustín Enrique Garavito Miranda y la fallecida Fanny Gaitán González, sino también la sociedad patrimonial entre dichos compañeros, la que además reconoció «disuelta y en estado de liquidación», resolución ésta que es susceptible de cumplirse por el inferior, en lo que respecta al trámite liquidatorio.


Sobre lo anterior, en un caso de similares características, esta Sala explicó recientemente que: (…) la decisión emitida no es de aquellas que su ejecución esté excepcionada, pues no alude, de manera exclusiva, al estado civil, tampoco refiere a una determinación meramente declarativa o recurrida por ambas partes,  contrariamente, el fallo emitido incorpora un componente de corte eminentemente patrimonial como es la disolución y liquidación de la sociedad declarada entre los compañeros permanentes, providencia que, sin duda, deviene ejecutable”. (CSJ AC, 12 Jul 2013, Rad. 01069-01; CSJ AC, 16 Sep 2013, 2009-00071-01).


Sin embargo, el Tribunal no ordenó las copias necesarias para acatar lo resuelto en la sentencia que confirmó, pese a que no existía ofrecimiento de prestar caución para impedir la ejecutabilidad de la sentencia, ello permite concluir que aún no se ha cumplido uno de los requisitos indispensables para surtir esta impugnación, el pago de las expensas para las copias necesarias a dicho propósito y su envío al funcionario de primer grado.


No obstante, debido a que tal situación no puede atribuírsele a la recurrente, esta Corporación le ordenará que en el término de tres días contados a partir de la ejecutoria del presente proveído y de acuerdo con lo previsto en el inciso 3° del artículo 341 del Código General del Proceso, cancele en la Secretaría de la Sala el valor de las expensas requeridas para la expedición de copia auténtica de las sentencias de primera y de segunda instancia, so pena de que se declare desierta la impugnación extraordinaria. 


Para no sorprender a la impugnante con una decisión que debió ser adoptada por el Tribunal y cuya desatención puede derivar en la deserción del recurso ya concedido, en aras de garantizar el debido proceso y la satisfacción plena y tempestiva de la carga que se le impone, se ordenará a Secretaría que además de notificar por estado la providencia, la comunique conjuntamente a la parte impugnante y a su apoderado por el medio más expedito y eficaz.


Previsión que, es bueno anotarlo, no resulta novedosa ni excesiva, toda vez que ya la jurisprudencia constitucional la incorporó al procedimiento, en un caso que resulta análogo.


En efecto, en la sentencia C.C. C-838 de 2013, a propósito del inciso sexto del artículo 358 del C. de P.C., se advirtió por la Corte Constitucional que esa parte de la norma es exequible «bajo el entendido que como condición para la declaratoria de deserción del recurso, el despacho de segunda instancia requiera por el medio más expedito al apelante y a su abogado, a fin de la carga procesal que deben asumir».


DECISIÓN


       La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE:


       PRIMERO: ORDENAR a la parte demandada, dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, so pena de que se declare desierto el recurso de casación, suministre las expensas para tomar copia auténtica de las sentencias de primera y segunda instancia, con sus respectivos anexos.


       SEGUNDO: Ordenar a la Secretaría deje las constancias de rigor y comunique a la parte recurrente y a su apoderado, por el medio más expedito, justo antes de que medie la notificación por estado, la carga procesal que debe asumir.



Notifíquese y cúmplase.






ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado