AC3131-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2017-03564-00


Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2017).


Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequátur promovida por Jaime Andrés García Rivera.


I. ANTECEDENTES


1. Se formuló petición de exequátur a través de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la República de Colombia, para los fallos de 22 de enero de 2003 y 3 de marzo de 2008, proferidos por la Corte Principal, juzgado de Familia Calcuta, India. [Folio 77]


2. En las referidas providencias se aprobó la adopción de las menores Rita García Rivera y Ramita García Rivera por el señor Jaime Andrés García Rivera y su esposa Ana Álvarez Herranz. [Folios 77]


II. CONSIDERACIONES


1. Según lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial colombiano competente, que según el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia.


En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Título I del Libro V del Código General del Proceso.


El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 607 ejusdem, cuyo numeral 2º prescribe que la demanda deberá rechazarse si faltare alguna de las exigencias previstas en los numerales 1º a 4º del artículo 606.


El numeral 3º del referido artículo 606, a su vez, señala como requisito para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en Colombia, que esa providencia «se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente autenticada y legalizada».


La previsión anterior acompasa con el contenido del inciso 2º del artículo 607 de la normativa citada, en cuanto previene que «cuando la sentencia o cualquier documento que se aporte no estén en castellano, se presentará con la copia del original su traducción en legal forma», y de dicha traducción se requiere que sea realizada por «el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez», todo para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso, tales documentos puedan apreciarse como prueba.


2. No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la reclamante no aportó las decisiones judiciales objeto del exequátur en copia debidamente traducida, ni con la constancia de que se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen.


Lo anterior, por cuanto la reproducción que se allegó de las providencias objeto de este trámite, no se acompañaron de su traducción obtenida en la forma descrita en el citado artículo 251 del estatuto adjetivo, esto es, que se hiciera por intermedio de traductor oficial, pues sólo en una de ellas aparece un sello en el que se indica que quien realizó la traducción es reconocido por el Ministerio, lo que no es suficiente, pues lo cierto es no se allega prueba alguna que acredite tal circunstancia y además, tampoco se encuentra que quien haya trasladado al idioma castellano la otra determinación sea un profesional reconocido por la autoridad respectiva en Colombia.


Como tampoco se anexó la certificación expedida por la autoridad que emitió los pronunciamientos, en las cuales se establezca que aquéllas determinaciones se encuentra en firme.


3. Por las razones precedentes, y ante la falta de cumplimiento de la carga procesal a que estaba obligada el promotor del trámite, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el artículo 607 del Código General del Proceso.


III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, RESUELVE:


PRIMERO. Rechazar la demanda de exequátur de la referencia.


SEGUNDO. Previas las constancias de rigor, devuélvanse los anexos del libelo, sin necesidad de desglose.


TERCERO. Se reconoce al abogado John Alejandro García Rivera, como apoderado judicial del demandante, en los términos y para los fines del mandato conferido. 




ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado