AC3136-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01166-00
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequátur promovida por Paula Castillo Ragghianti.
I. ANTECEDENTES
1. Se formuló petición de exequátur a través de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la República de Colombia, para el fallo proferido el 9 de mayo de 2016, por el Tribunal Colegiado de Familia No. 3 de Rosario, Argentina. [Folio 22]
2. En la referida providencia, según lo señala el demandante, se aprobó acuerdo integrativo sobre el cuidado personal de su hija Luciana Chacra, que ella y el padre de la menor celebraron. [Folio 32]
II. CONSIDERACIONES
1. Según lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial colombiano competente, que según el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia.
En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro país se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, específicamente los contenidos en el Capítulo I del Título I del Libro V del Código General del Proceso.
El trámite del exequátur deberá ceñirse, por tanto, a la forma y términos establecidos en el artículo 607 ejusdem, cuyo numeral 2º prescribe que la demanda deberá rechazarse si faltare alguna de las exigencias previstas en los numerales 1º a 4º del artículo 606.
El numeral 3º del referido artículo 606, a su vez, señala como requisito para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en Colombia, que esa providencia «se encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen, y se presente en copia debidamente autenticada y legalizada».
La previsión anterior acompasa con el contenido del inciso 2º del artículo 607 de la normativa citada, en cuanto previene que «cuando la sentencia o cualquier documento que se aporte no estén en castellano, se presentará con la copia del original su traducción en legal forma», y de dicha traducción se requiere que sea realizada por «el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez», todo para que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 251 del Código General del Proceso, tales documentos puedan apreciarse como prueba.
2. No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la reclamante no aportó la decisión judicial objeto del exequátur con la constancia de que se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley del país de origen.
Lo anterior, porque no se anexó la certificación expedida por la autoridad que emitió el pronunciamiento, en la cual se establezca que aquella determinación se encuentra en firme, pues el solicitante se limitó a afirmar que se encontraba ejecutoriada de acuerdo a las leyes del Estado donde se profirió, lo que no es suficiente, pues la certeza de la firmeza debe provenir de la autoridad que la emitió.
Al respecto ya ha dicho esta corporación que « [e]n efecto, no es suficiente la afirmación hecha por los peticionarios en el sentido de que "la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada"(folio 66)…, pues la certeza sobre la firmeza de la misma debe provenir de certificación emanada de la autoridad que la emitió, quien la otorgará en los términos de la Ley vigente en los Estados Unidos de Norteamérica». (CS AC, 29 Nov. 2009, Rad. 2009-00599-00).
3. Por las razones precedentes, y ante la falta del primer requisito para que se pueda homologar un fallo extranjero en este país, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el artículo 607 del Código General del Proceso.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, RESUELVE:
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequátur de la referencia.
SEGUNDO. Previas las constancias de rigor, devuélvanse los anexos del libelo, sin necesidad de desglose.
TERCERO. Se reconoce a la abogada Andrea Patricia Vivas Pabón como apoderada judicial de la demandante, en los términos y para los fines del mandato conferido.
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado