AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado ponente



AC3177-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-00727-00


       Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018).



Procede la Corte a resolver la queja interpuesta por Mónica Patricia Corrales Haydar frente al auto de 15 de diciembre de 2017, por medio del cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena negó la concesión del recurso de casación que radicó contra la sentencia del día 6 del mismo mes y año, dictada dentro del proceso ordinario que instauró contra Eduardo Enrique Ordosgoitia Yarzagaray, Grethel Margarita Ordosgoitia Amín, Magali Esther Osorio de Ordosgoitia y Clara Felicia Ordosgoitia Osorio.


ANTECEDENTES


       1.        La demandante pidió declarar que los convocados incumplieron la compraventa que ajustaron mediante escritura pública n.º 757 del 22 de marzo de 2005, otorgada en la Notaría 2ª de Cartagena, respecto de dos inmuebles, uno de su propiedad, identificado con folio de matrícula inmobiliaria n.º 060-90070; y otro, del que era poseedora1, y estaba en proceso «de adjudicación de baldíos a través de la venta administrativa ante la Alcaldía de Cartagena».  La causa petendi fue clara en resaltar que los convocados no pagaron el saldo del precio por $190’000.000.


       En consecuencia, deprecó prestaciones recíprocas, así:


       (i)        Que los demandados -compradores- debían restituir materialmente a la convocante -vendedora- los predios objeto del contrato, con todo lo que hiciera parte de los mismos, así como los frutos civiles que hubieran producido desde la fecha en que recibieron los bienes, junto con los intereses hasta que fueran devueltos.


       (ii)        Que la demandante reintegrara a los accionados la parte del precio cancelado debidamente actualizada, previa deducción del valor correspondiente a los indicados rendimientos.


       También pidió la cancelación de la referida escritura pública, su inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria 060-90070 y cualquier otra posterior a su registro (folios 2 y 3 del cuaderno de copias del juzgado).


       2.        Una vez agotadas las fases de rigor, el Juzgado 6º Civil del Circuito de Cartagena profirió sentencia el 8 de marzo de 2017, en la que negó las pretensiones del líbelo (folio 212 ídem, y cd-rom contentivo de la audiencia de fallo).


       3.        La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, al desatar la alzada interpuesta por la convocante, el 6 de diciembre siguiente revocó la providencia apelada y, en su lugar, declaró la nulidad absoluta por objeto ilícito del negocio jurídico relacionado «con el predio ubicado en el anillo vial, sector de La Boquilla de Cartagena, a que alude la escritura pública 757 del veintidós (22) de marzo de dos mil cinco (2005)» (folios 8 y 9, cuaderno de copias de segundo grado).


       4.        Inconforme con esta resolución, la reclamante formuló casación, pero el Tribunal denegó su concesión con auto del 15 de diciembre último, tras considerar que su interés no superaba los 1.000 smlmv, conforme lo prevé el artículo 338 del Código General del Proceso. El ad-quem explicó que la resolución desfavorable a la impugnante «tiene como fuente las prestaciones pactadas a su favor en el contrato de compraventa (relacionado con el inmueble de La Boquilla) que fue declarado absolutamente nulo»; luego, del precio total pactado por $300’000.000 relativo a los dos predios objeto de la negociación, fueron cancelados a la peticionaria $110’000.000 y quedó pendiente de pago el saldo por $190’000.000 correspondiente al inmueble de «La Boquilla», suma que al actualizarla a la data del fallo de segundo grado, asciende a $318’651.942,6982 (folios 12 a 15 ibídem).


       5.        Esa determinación fue atacada por la convocante vía reposición y en subsidio queja, a fin de obtener el acceso al mecanismo extraordinario, razón por la cual argumentó que para establecer la cuantía del interés echado de menos por el Tribunal, debía fijarse con fundamento en el avalúo comercial del bien y para ese propósito la escritura pública n.º 757 de 2005 aneja al plenario reflejaba su «avalúo comercial» de $573’902.000 (folio 13 vuelto del cuaderno copias del juzgado), cifra que actualizada a la fecha del fallo reprochado equivalía a $962’499.932, superior al mínimo exigido de 1.000 smlmv (folios 16 a 19, ibídem).


6.        El ad-quem confirmó el proveído censurado y adujo que a la promotora incumbía aportar el dictamen pericial si lo consideraba necesario, porque su decreto oficioso no se imponía; que la afectación irrogada por la sentencia a la actora no era otra que la comprendida por las prestaciones insolutas, es decir la suma de $190’000.000, como así quedó estipulado en el referido instrumento escriturario.


Por último, el juzgador ordenó la reproducción del expediente para agotar el medio de defensa que ahora ocupa la atención de esta Corporación (folios 22 a 25, ejusdem).


CONSIDERACIONES


1.        Conforme al artículo 35 del Código General del Proceso, corresponde «a las salas de decisión dictar las sentencias y los autos que decidan la apelación contra el que rechace el incidente de liquidación de perjuicios de condena impuesta en abstracto o el que rechace la oposición a la diligencia de entrega o resuelva sobre ella»; y al magistrado ponente proferir «los demás autos que no correspondan a la sala de decisión».


En consecuencia, la presente decisión no es objeto de pronunciamiento en Sala teniendo en cuenta los criterios expuestos por la Corte al señalar, bajo la vigencia del Código de Procedimiento Civil pero que en lo medular se mantienen, que:


La Corte Suprema resolverá, entre otros asuntos asignados, los que siguen: (…) A) En Sala de decisión. (…) i) Las sentencias (…) iii) pruebas de oficio antes de proferir la sentencia de instancia. (…) B) El Magistrado sustanciador. (…) i) El recurso de queja (…) ii) acumulación de procesos (…) iii) conflictos de competencia (…) iv) el auto que resuelve una nulidad (…) vi) multa por la no asistencia a la audiencia de que trata el artículo 373 del C. de P.C.» (CSJ, AC 27 sep. 2010, rad. 2010-01055).


       2.        Así mismo, de manera preliminar menester es indicar que la presente decisión se adopta al tenor de los cánones del Código General del Proceso, por mandato del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 modificado por el artículo 624 de aquella obra, precepto que indica:


Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.


       En concordancia con tal artículo, el numeral 5º del 625 del Código General del Proceso señaló que:


No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. (Resaltado ajeno al texto).


       Entonces, la normatividad aplicable para resolver un medio de impugnación es la vigente al momento en que fue interpuesto, adoptando una interpretación finalista. Por ende, como en el caso de autos el recurso extraordinario de casación fue radicado el 12 de diciembre de 20172, esto es, en vigencia del Código General del Proceso, es este el ordenamiento que debe aplicarse.


3.        En el caso concreto, el argumento conforme al cual debía examinarse la escritura pública n.º 757 de 2005 obrante en el plenario, en la que aparece registrado como «avalúo comercial del bien inmueble objeto del presente proceso» el valor de $573’902.000, destaca la Corte que no resulta atendible comoquiera que tal aserción alude al inmueble con referencia catastral n.º 02-00-0208-0014-000 y folio de matrícula inmobiliaria n.º 060-90070, distinto del fundo en cuestión, esto es, el localizado en el anillo vial, sector de La Boquilla.


4.        De otro lado, se advierte que acertó el juzgador de última instancia al denegar la concesión del mecanismo extraordinario, porque el interés de la demandante para acceder a éste no superó el previsto en el artículo 338 de la obra procesal en cita equivalente a 1.000 smlmv, que para el año 2017 era de $737’717.000.


Efectivamente, dicho precepto prevé que: «(c)uando las pretensiones sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv).


       Y, en concordancia con esa disposición, el canon 339 ídem consagra que:


Cuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el interés económico afectado con la sentencia, su cuantía deberá establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podrá aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidirá de plano sobre la concesión.


En el sub lite, la afectación o desventaja patrimonial que sufre la censora con la resolución, es la concerniente a la parte del precio ($190’000.000) insatisfecha por los demandados y que así quedara consignado en la escritura pública n.º 757 de 2005, monto que estaba directamente relacionado con la compraventa del predio localizado en el anillo vial, sector de La Boquilla, negocio jurídico este absolutamente invalidado por el Tribunal, por lo que no resulta desatinada la operación aritmética efectuada por esa colegiatura, en orden a establecer el quantum del interés para acudir en casación, la que consistió en actualizar o traer a valor presente -a la fecha de la sentencia de segundo grado- dicha suma insoluta, así:


Valor histórico: $190’000.000 (22 mar. 2005, fecha de la suscripción del contrato invalidado).

Índice final: 138,32156 (conforme a la publicación de nov. 2017 DANE3).

Índice inicial: 82,32699 (mar. 2005).


Valor real = $190’000.000 x 138,32156/82,32699

Valor real a la fecha del fallo censurado = $319’228.195


De donde no se muestra caprichosa o arbitraria tal conclusión, pues consultó el detrimento económico que irradia la decisión que se pretende atacar en casación.


5.        Aunado a lo anterior, en estricta aplicación del citado artículo 339, la cuantificación del interés cumple efectuarla con «los elementos de juicio que obren en el expediente», sin perjuicio de que la impugnante, si lo estimaba necesario, al momento de proponer el remedio extraordinario allegara un dictamen que diera cuenta del valor del predio materia de controversia, lo que no hizo, por virtud de lo cual, al examinar las copias de las piezas procesales arrimadas con el recurso de queja, observa la Corte que con el testimonio rendido por Maira Rodríguez Osorio fueron aportados dos avalúos comerciales del lote localizado en el anillo vial, sector de La Boquilla, y su impuesto predial año 2008.


En el primero de los laboríos4 que data de diciembre de 2006, se calculó como valor total del bien raíz $252’000.0005; y en el segundo6 que era de septiembre de 2007 el mismo se estimó en $179’760.0007, mientras que el certificado tributario8 registró como avalúo catastral $193’124.0009.


Lo expuesto en precedencia significa que el precio de la heredad en cuestión, aún actualizado a la fecha de la decisión confutada, tampoco alcanza la cuantía mínima establecida para abrir paso a la crítica excepcional de esa sentencia, la cual asciende a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.


6.        Por consecuencia, la queja bajo estudio no tiene vocación de éxito, por lo que así se declarará.


DECISIÓN


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, resuelve:


Primero: Declarar bien denegada la concesión del recurso de casación interpuesto frente a la sentencia de 6 de diciembre de 2017, dictada dentro del proceso ordinario promovido por Mónica Patricia Corrales Haydar contra Eduardo Enrique Ordosgoitia Yarzagaray, Grethel Margarita Ordosgoitia Amín, Magali Esther Osorio de Ordosgoitia y Clara Felicia Ordosgoitia Osorio.


Segundo: Ordenar devolver la actuación a la oficina de origen.


Notifíquese,



AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado



1 Dicho predio aparece descrito en la escritura pública n.º 757 de 22 de marzo de 2005 de la Notaría 2ª de Cartagena, así: «un solar o lote terreno ubicado al lado de la carretera de anillo vial, que de esta ciudad conduce al vecino corregimiento de la Boquilla, con las siguientes medidas y linderos: por el Frente, linda con la carretera antes dicha, mide 20.00 metros. Por la Derecha, entrando con Rafael Enrique del Campo Torres, mide 42.00 metros. Por la Izquierda entrando, linda con propiedad de Pastora Jiménez, mide 42.00 metros, por el Fondo, linda con el lote de propiedad de Mónica Patricia Corrales Haydar, mide 20.00 metros» (folio 12 vto., cuaderno de copias). 

2 Folio 10 del cuaderno de copias del Tribunal.

3 www.banrep.gov.co/es/ipc

4 Folios 2 a 10 y 20 a 24 del cuaderno de copias de pruebas.

5 Aplicó la misma fórmula, pero variando el IPC del mes de noviembre de 2017, 138,32156 (vigente para la fecha de la sentencia, 6 de diciembre de 2017) y el índice inicial de octubre de 2013, 113,92928 (vigente para el 25 de noviembre de 2013, fecha en que se aportó la prueba al proceso), arrojó la suma de $305’953.246,786.

6 Folios 2 a 10, 43 y 44 ídem.

7 Igualmente aplicó la fórmula del Tribunal, pero variando el IPC del mes de noviembre de 2017, 138,32156 (vigente para el día de la sentencia, 6 de diciembre de 2017) y el índice inicial de octubre de 2013, 113,92928 (vigente para el 25 de noviembre de 2013 en que se aportó el dictamen), arrojó la suma de $218’246.649,374.

8 Folios 2 a 10 y 40 ibídem.

9 Del mismo modo se aplicó la fórmula del colegiado variando el IPC del mes de noviembre de 2017, 138,32156 (vigente para la fecha de la sentencia, 6 de diciembre de 2017) y el índice inicial de octubre de 2013, 113,92928 (vigente para el 25 de noviembre de 2013 en que se aportó el predial), resultando $234’471.884,255.