AC3182-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02056-00


Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Decídese el conflicto de competencia que se suscitó entre los Juzgados Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá y Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Soacha (Cundinamarca), en el trámite de la demanda ejecutiva de mínima cuantía promovida por la Cooperativa Financiera Cotrafa contra Jesús Antonio Vargas Garzón.


ANTECEDENTES


1. Ante el primero de los despachos judiciales citados, la promotora instauró demanda ejecutiva con el fin de obtener el pago total de $15.848.560 junto a intereses moratorios a partir de la fecha de vencimiento, contenidos en el pagaré n.º 044000298 báculo de acción (folios 2 y 3, cuaderno 1).


En el libelo la ejecutante invocó el conocimiento del trámite, por el «lugar de cumplimiento de la obligación, el domicilio [del demandado] y por la cuantía…» (folio 30, ejusdem).


2. El despacho judicial de esa ciudad a quien se repartió la demanda, la rechazó por falta de competencia territorial en razón que «el [deudor] tiene su domicilio en…Soacha (Cundinamarca)». El libelo introductorio fue remitido a su homólogo de ese municipio, por aplicación del artículo 28 del Código General del Proceso (folio 34, ibídem).


3. El juzgado receptor del expediente, declinó su conocimiento y planteó la colisión negativa de esta especie, tras estimar que el funcionario de origen no debió apartarse del asunto, pues la ejecutante escogió el lugar de cumplimiento de la obligación, es decir, donde debe honrarse el crédito, tal como lo preceptúa el numeral 3° del artículo 28 del C.G.P. (folio 41, ídem).


CONSIDERACIONES


1. Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.


2. El numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, con la precisión de que si éste tiene varios domicilios, o son varios los demandados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elección del demandante; además de otras pautas para casos en que el demandado no tiene domicilio o residencia en el país.


Al respecto la Sala ha manifestado que:


… como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00).


A su vez, el numeral 3° dispone que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».


Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jurídico o que involucran títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui).

Por eso ha doctrinado la Sala que el demandante, con fundamento en actos jurídicos de «alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor» (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00).


3. Desde esa óptica, carece de razón el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, por cuanto la demanda en este caso se presentó para cobrar el importe del pagaré n.º 044000298 que, como se expresa en su texto, debía ser cancelado en la Capital de la República, lugar que coincide con el del domicilio del ejecutado, tal como se expresó en el memorial poder y en el escrito genitor, es más, la acción fue dirigida desde el comienzo «al Juez Civil Municipal de Bogotá (reparto)» (folios 1 y 21, cuaderno 1).


De igual manera, resultó desafortunado que dicho funcionario judicial hubiera colegido el domicilio del demandado en Soacha a partir de información inserta en el acápite de «notificaciones», comoquiera que con ese actuar equiparó los conceptos de domicilio y residencia, raciocinio proscrito en esta materia (folio 31, cuaderno 1).


Reitérese que hay diferencia en esos conceptos, pues no debe confundirse el domicilio de las personas, con el lugar donde eventualmente pueden recibir notificaciones, porque como tiene dicho la inveterada jurisprudencia de la Corte, el primero, que acontece en una circunscripción territorial del país, consiste en la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, en tanto que el otro es el sitio concreto donde las partes respectivas pueden ser ubicadas para ser enteradas de las decisiones judiciales que lo requieran. (entre muchos, autos de 3 de mayo de 2011, Rad. 2011-00518-00; AC4018-2016 de 28 de junio de 2016, AC4669-2016 de 25 de julio de 2016 y AC6566-2016 de 29 de septiembre de 2016).


La estipulación cartular sobre el lugar para el pago del crédito y el domicilio del demandado, sin duda alguna, otorgan competencia al estrado judicial de Bogotá, a términos del comentado numeral 3° del artículo 28 del Código General del Proceso, luego quien rehusó inicialmente la competencia no lo podía hacer, pues desconoció la elección realizada por la demandante acorde a derecho.


       4. En consecuencia, se remitirá el presente caso al juzgado capitalino en mención para que asuma su trámite y se informará esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.


Lo anterior sin desmedro de la facultad que le asiste a la parte demandada para controvertir ese punto, en oportunidad y por el mecanismo legal correspondiente.


DECISIÓN


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Setenta y Uno Civil Municipal de Bogotá, al que se le enviará de inmediato el expediente.


Comuníquese esta decisión al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitirá una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar.


       Notifíquese.




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado