AC3213-2018
Radicación n.°11001-02-03-000-2018-01837-00
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de Plato (Magdalena) y Segundo Civil del Circuito de Rionegro (Antioquia).
I. ANTECEDENTES
1. El 24 de septiembre de 2014, la Proveedora la Cachaquera Ltda., demandó a Jorge Iván Martínez Sepúlveda, a fin de que se declarara a éste civil y extracontractualmente responsable de los perjuicios derivados del embargo indebido del establecimiento de comercio y los dineros de la sociedad demandante y en consecuencia, se le condenara a pagar por daño emergente y lucro cesante la suma de $302’243.695. De igual forma, presentó llamamiento en garantía contra la sociedad Liberty Seguros S.A., por las obligaciones derivadas de la póliza No. 827156. [Folio 2, c. 1]
2. En libelo introductorio se indicó que el domicilio del demandado correspondía a San Antonio de Pereira, corregimiento del municipio de Rionegro, Antioquia. [Folio 1, c.1]
3. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de la citada localidad, que mediante auto de 14 de noviembre de 2014, admitió la demanda y en proveído de 5 de diciembre de ese año, el llamamiento en garantía.
4. Notificado el extremo pasivo y la llamada en garantía, esta última solicitó presentó excepciones previas, una de ellas la falta de competencia, con sustento en que el juez que podía decidir y pronunciarse «respecto de la póliza judicial JU 827152, es el Juez Promiscuo del Circuito de Plato (Magdalena), conforme lo estipula el artículo 508 del CPC, y sobre la relación contractual derivada del contrato de seguro de caución judicial». [Folio 3, c. 5]
5. La parte demandante, se opuso con sustento en que el despacho era el competente por ser el domicilio del demandado que era el factor determinante por ser un proceso ordinario de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, ahora verbal según el CGP, y no la vecindad de la llamada en garantía. Sumado a que el litigio versaba sobre la responsabilidad civil extracontractual de naturaleza declarativa y en «ningún caso es para darle aplicación al artículo 508 de la norma adjetiva civil. [Folio 7, c. 5]
6. En providencia de 22 de marzo de 2018, declaró probada la excepción previa y dispuso la remisión del expediente al Juzgado que había conocido del litigio ejecutivo en donde se habían decretado y levantado las medidas cautelares, tras considerar que si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Código de Procedimiento, por regla general el competente era el juez del domicilio del demandado, lo cierto es que el conocimiento de la ejecución «para el cobro de cauciones judiciales le corresponde al mismo juez que asumió el conocimiento del proceso en el cual se prestó la caución». [Folio 9, c.5]
7. Al ser recibido expediente por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato, Magdalena, en auto de 22 de mayo de 2018 (sic), el cual suscitó el presente conflicto, con fundamento en que el juez de origen se equivocó al interpretar el inciso 4º del artículo 508 del CPC, que no tiene aplicación en el asunto, porque acá no se ejercía la acción de ejecutiva para el cobro de la póliza, pues la misma sólo sería posible si existiera sentencia condenatoria y en la que se declarara la obligación de la aseguradora de pagar la en el proceso de responsabilidad civil extracontractual, en la que la aseguradora fuera llamada en garantía. [Folio 138, c.1]
II. CONSIDERACIONES
1. Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, el superior funcional común a ambos es esta Sala de la Corte, por lo que es la competente para dirimirlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.
2. Prevé el artículo el inciso 3º del artículo 624 del Código General del Proceso que: «La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad».
De manera que el presente asunto, se resolverá de acuerdo a las normas de competencia establecidas en el Código de Procedimiento Civil, por cuanto la demanda se presentó el 26 de septiembre de 2014, cuando aún no se encontraba vigente la nueva normatividad.
3. Al tenor de lo estipulado por el numeral 1° del artículo 28 de la norma adjetiva civil, «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante».
A su vez, el numeral 6º de la referida disposición preceptúa: «en los procesos por responsabilidad civil extracontractual, es también competente el juez del lugar donde sucedió el hecho».
De dichas normas, se desprende que si bien es competente el juez del domicilio del demandado, también lo es, y a elección del demandante, el del lugar en que ocurrió el hecho generador de la responsabilidad extracontractual que se pretende ventilar en el proceso, de manera que escogida por el actor alguna de esas opciones, se convierte tal determinación en vinculante para la autoridad judicial.
4. En el caso sub-judice, de la revisión de la demanda se desprende que hace referencia a una acción de responsabilidad civil extracontractual, por lo que la demandante podían interponerla en cualquiera de las opciones antes señaladas.
Es así que el demandante presentó su libelo, en los Juzgados Civiles del Circuito de Rionegro Antioquia, Reparto, e indicó que interponía el «proceso verbal de mayor cuantía de responsabilidad civil extracontractual en contra del señor JORGE IVAN MARTINEZ SEPULVEDA, igualmente mayor de edad, con domicilio en San Antonio de Pereira corregimiento de Rionegro (Ant)»; de igual forma, al descorrer el traslado de la excepción previa, señaló: «es competente el Juez del domicilio del demandado es decir el municipio de Rionegro». [Folio 7, c. 5].
Siendo ello así, puede concluirse que la competencia para conocer de la presente controversia reside en los Despachos de la mencionada localidad, pues la escogencia del demandante en su escrito incoativo, deja en evidencia que su intención es la de acudir al foro territorial consagrado en el numeral 1° del artículo 23 del Código General del Proceso y por ende, el conocimiento del asunto se torna privativa para el funcionario en mención.
En ese orden de ideas, no había ninguna razón para que el que inicialmente conoció de la controversia, toda vez que tal actuación se sustentó en que «el trámite de ejecución para el cobro de cauciones judiciales» le correspondía a juez que conoció del proceso en el que se prestó la caución de conformidad con lo dispuesto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil; no obstante, como se advirtió, en este caso se ejerció fue una acción declarativa de responsabilidad extracontractual, en el que se llamó en garantía a la aseguradora, y no en el juicio de cobro, menos aún el dispuesto en la norma en cita, pues ello no puede extraerse ni siquiera de una interpretación de la demanda.
Al respecto se hace necesario aclarar que según lo dispone el referido artículo 508 ejusdem, que tal ejecución tiene lugar cuando «en un proceso ejecutivo se hubiere prestado caución bancaria o de compañía de seguros con cualquier fin, si quien la otorgó no deposita su valor dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo ordene, el juez librará mandamiento ejecutivo contra el garante, en cuaderno separado, y decretará en el mismo auto embargo, secuestro y avalúo de los bienes que el interesado denuncie», supuestos fácticos que no se cumplen en el caso, en especial, cuando se advierte que al levantar las cautelas en el litigio llevado en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato, Magdalena, no se ordenó a la compañía aseguradora depositar valor alguno, por el contrario se dispuso la devolución de la caución.
A este punto conviene memorar que según lo sentado por esta Sala «el funcionario judicial no está facultado para elegir entre las alternativas de atribución territorial, por cuanto ésta es una potestad únicamente dispensada al demandante». (CSJ. SC. Auto de 8 de julio de 2014, rad. 2014-01122-00 reiterado en AC2018, 11 abr. 2016, rad. 2016-00807-00).
De ahí que atendiendo la manifestación del convocante, si en principio, el sitio de domicilio del demandado es Rionegro y el cual aceptó también el extremo pasivo, entonces es el juez de éste quien está llamado a dirimir la controversia.
5. Por consiguiente, se declarará que el competente para conocer del asunto es el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, Antioquia, de lo cual se dará aviso al despacho que suscitó el conflicto y a la interesada.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE:
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro, Antioquia, es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia.
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que continúe con el trámite del asunto.
TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato, Magdalena, y a los demandantes.
Notifíquese y cúmplase,
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado