AC3215-2018
Radicación n.°11001-02-03-000-2018-01766-00
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Dieciséis Civil Municipal de Oralidad de Medellín (Antioquía) y Tercero Civil Municipal de Pereira (Risaralda).
I. ANTECEDENTES
1. Coordinar Seguridad y Compañía Ltda., formuló demanda ejecutiva contra Dignus Caribe S.A.S., con el fin de obtener el pago de las sumas de dinero incorporadas en varias facturas de prestación de servicios.
2. En el libelo se indicó que el servicio de seguridad por el que se generaron los títulos valores se prestó en Pereira, lugar donde también la demandada se comprometió a pagar su valor, por lo que se elegía radicar la competencia en los Despachos, de dicho sitio. De igual forma, se señaló que el domicilio del extremo pasivo corresponde a Medellín.
3. El asunto correspondió por reparto al Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira, que mediante auto de 5 de marzo de 2018, rechazó la demanda por falta de declaró que carecería de competencia porque los títulos valores no daban cuenta que en dicho lugar se debía cumplir la obligación y el domicilio principal de la demandada era Medellín. [Folio 27, c.1]
5. Al ser nuevamente repartido el litigio se asignó al Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Oralidad de la citada ciudad, que suscito el presente conflicto con sustento en que en el caso se podía determinar que la parte demandante había elegido al funcionario de origen por ser el lugar de cumplimiento de las obligaciones, por lo que éste no podía desprenderse de la controversia. [Folios 29, c.1]
II. CONSIDERACIONES
1. Como el conflicto planteado involucra dos juzgados de diferente distrito judicial, el superior funcional común a ambos es esta Sala de la Corte, por lo que es la competente para dirimirlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.
2. Al tenor de lo estipulado por el numeral 1º del artículo 28 del Código General del Proceso, «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante».
A su vez, el numeral 3º de la referida disposición preceptúa: «En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (Subrayado fuera del texto).
De la inteligencia de la anterior disposición se deduce, sin mayores dificultades, que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos está asignada al juez del domicilio del demandado. Sin embargo, tratándose de los procesos a que da lugar una obligación contractual o que involucre títulos ejecutivos, entre ellos como una especie los títulos valores, específicamente, es competente el juez del lugar de su cumplimiento.
3. Al respecto cabe señalar, que si bien no se puede confundir la noción de «título ejecutivo con título valor», pues se trata de documentos que conceptualmente se encuentran regidos por principios y características jurídicas que los diferencian e individualizan, lo cierto es que tal como lo ha señalado esta Corporación, «todo título valor puede ser título ejecutivo pero no todo título ejecutivo es un título valor. A mayor abundancia, los títulos valores en nuestra legislación son de carácter taxativo, verbi gratia, sólo los así calificados por la ley son tenidos como tales». (CSJ AC, 1º Abr. 2008, Rad. 2008-00011-00)
En efecto, los títulos valores son bienes mercantiles que al tenor del artículo 619 del Código de Comercio constituyen documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, por lo que es un documento formal y especial que legitima al tenedor, conforme con la ley de circulación del respectivo instrumento para exigirlo en el tráfico jurídico y a perseguir su cobro por vía ejecutiva mediante la denominada acción cambiaria (artículo 780 y ss. C. Comercio), con independencia de la relación o negocio jurídico causal que le dio origen.
Además, la regla general de la negociabilidad o circulación de los cartulares según sea al portador, a la orden o nominativo y la presunción de autenticidad de su contenido y firmas, permiten individualizarlo de otro tipo de documentos (artículo 793 ejusdem) y constatar que se rige por un régimen normativo especial que no se aplica a los demás títulos ejecutivos.
En se orden, un título valor es un título ejecutivo, porque proviene de un deudor y contiene una obligación clara, expresa y exigible, pero no todo título ejecutivo es un título valor.
De ahí, que en este tipo de asuntos en donde se incluya un instrumento cambiario el legislador, no asignó una competencia privativa al juez del domicilio del demandado, sino que fijó un criterio opcional para que el actor escoja si presenta su demanda ante aquél o el del lugar del cumplimiento de la obligación.
4. El caso sub-judice, versa sobre el cobro de la obligación contenida en una letra de cambio, por lo que es ostensible que concurren los dos fueros antes señalados. De manera que la parte actora estaba legalmente facultada para presentar su demanda ante cualquiera de los jueces mencionados en los referidos numerales 1º y 3º del Código General del Proceso.
A ese respecto, se advierte que en la demanda, en el acápite atinente a la competencia se indicó que se fijaba por «el cumplimiento y el pago de la obligación» y de los hechos de la demanda se advierte, según lo que se afirma, que tanto la prestación de servicio de seguridad como la contraprestación de está, por acuerdo de las partes se daría en Pereira. [Folio 25, c.1]
Así que si el demandante escogió la referida localidad para presentar su demanda y señaló que en las mismas era donde debían cumplirse las obligaciones, no había ninguna razón para que el juez que inicialmente conoció de la controversia se declarara incompetente, pues no es posible acudir, a otro funcionario judicial diferente, como quiera que el demandante escogió el fuero contractual, sin perjuicio que el mismo sea discutido por el extremo pasivo.
5. Por tales razones, se asignará la competencia para seguir con el trámite al Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira, Risaralda, de lo cual se dará aviso al funcionario que suscitó el conflicto de competencia y a las partes.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE:
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Pereira, Risaralda, es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia.
SEGUNDO: Remitir el expediente al mencionado despacho judicial para que continúe con el trámite del asunto.
TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Oralidad de Medellín, Antioquia, y a las partes.
Notifíquese y cúmplase,
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Magistrado