AC3216-2018

Radicación n.°11001-02-03-000-2018-01433-00


Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintiocho Civil Municipal de oralidad de Medellín (Antioquia) y Cuarto Civil Municipal de Montería (Córdoba).


I. ANTECEDENTES


1. Eggleth Sofía Lominneth Durango, instauró demanda contra Banco de Colombia S.A. –Bancolombia S.A.-, sucursal Montería, a fin de que se declarara que la mencionada entidad es contractualmente responsable por la sustracción autorizada de su cuenta de ahorros de $15’000.000, ante el incumplimiento de deber de custodia y seguridad que ejerce como profesional especializado en la operación bancaria y en consecuencia, se le condenara a pagar los perjuicios ocasionados con tal retiro. [Folio 1, c. 1]


2. En el libelo se indicó que la competencia se radicaba citada ciudad, por ser el lugar de domicilio de la agencia de la entidad demandada en donde dio apertura a su cuenta de ahorros. [Folios 9, c.1]


3. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería, que en auto de 12 de abril de 2018, lo rechazó por considerar que carecía de competencia, porque a pesar de que en esa ciudad se encuentra una sucursal de la entidad bancaria demandada, lo cierto es que la vinculación de ésta era sólo circunstancial, porque los hechos que daban lugar a la reclamación «defraudación electrónica bancaria» ocurrieron en  Bogotá, así que debía enviarse era a la vecindad principal de la accionada. [Folios 153, c.1]


4. Al ser nuevamente repartido el expediente se asignó al Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín, que en providencia de 3 de mayo de 2018, suscitó el presente conflicto, con fundamento en que la vinculación del litigio con la agencia de la ciudad en la que se radicó el libelo no era aparente o circunstancial, como lo mal interpretaba el funcionario judicial de origen, pues lo cierto es que la cuenta de ahorros en relación a la que se realizó la defraudación fue abierta en dicha oficina y pertenece a la misma, por lo que es frente a ésta que se reclama el incumplimiento contractual, sumado a que la sustracción se hizo fue vía electrónica. [F. 158, c. 1]


II. CONSIDERACIONES


1. Al tenor de lo estipulado por el numeral 1° del artículo 28 de la norma adjetiva civil, «en los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante».


A su vez, el numeral 3º de la referida disposición preceptúa: «en los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita». (Subrayado fuera del texto).


Por su parte el numeral 5º, indica: «en los procesos contra una persona jurídica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia, serán competentes, a prevención, el juez de aquél y el de ésta».


De la inteligencia de las anteriores disposiciones se deduce, sin mayores dificultades, que la regla general de atribución de competencia por el factor territorial en las causas contenciosas está asignada al juez del domicilio del demandado, si son varios en la vecindad de cualquiera de ellos, a elección del demandante.


Sin embargo, en los juicios originados en el incumplimiento de obligaciones de un acto convencional, específicamente, pueden conocer tanto el juez del lugar en el que deben atenderse las prestaciones acordadas, como aquél que ejerza jurisdicción en el sitio en que está domiciliado el convocado al pleito, de acuerdo con la elección que realice el actor.


2. Ahora bien, cuando se escoge el fuero personal, debe tenerse en cuenta que si la accionada es una sociedad puede presentarse en el lugar del domicilio principal de ésta o en el de cualquiera de sus sucursales o agencias, si están vinculadas al asunto, en cuyo caso el juez que conozca en primer lugar será quien asuma la competencia para resolver el asunto.


Como puede advertirse, en este tipo de asuntos el legislador no fijó el conocimiento de la controversia, de manera privativa en atención «al domicilio principal del demandado», sino que ofreció al promotor de la acción la posibilidad de escoger entre las alternativas señaladas.


3. El caso sub-judice versa sobre la declaración de responsabilidad contractual por la sustracción no autorizada de $15’000.000, de la cuenta de ahorros que la demandante tiene en Bancolombia S.A., sociedad que cuenta con varias sucursales, por lo que es ostensible que concurren los fueros señalados a efectos de fijar el juez competente para conocer del asunto y el reclamante estaba legalmente facultado para presentar su libelo ante cualquiera de los jueces mencionados en los citados numerales 1º, 3° y 5º del artículo 28 del estatuto adjetivo.

       

A ese respecto, se advierte que en la demanda, en el acápite atinente a la competencia se indicó que se fijaba en virtud de que en dicho lugar existía una sucursal de la demanda en la que se suscribió el contrato de cuenta de ahorro y que por ello, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 28 del Código General del Proceso, escogía dicho lugar.


De lo que se desprende que el accionante en uso de la facultad que le otorga la ley, no sólo optó por el factor personal, sino que también escogió el de domicilio de una de las sucursales, razón por la que ninguna incidencia tenía en que se determinara o no el lugar del cumplimiento, ni menos aún donde ocurrió la defraudación.


4. Aclarado lo anterior, teniendo en cuenta que la demanda refirió a una agencia de la entidad bancaria y que precisamente el debate en el conflicto se suscitó en relación si ésta estaba vinculada o no al asunto, se entrara a verificar tal circunstancia.


En tal sentido, debe decirse que el contrato de depósito de ahorro al que pertenece la cuenta de la que se sustrajo el dinero de manera no autorizada por su titular,  fue celebrado con la oficina de Bancolombia ubicada en Montería, por tanto la misma pertenece a dicha oficina y en caso de incumplimiento por falta en la seguridad de ésta, la demandante puede reclamar directamente a tal agencia frente a los fraudes ocasionados, pues en principio, fue con quien se dio la relación contractual, por lo cabe duda que las pretensiones relacionan directamente a tal sucursal, contrario a lo dicho por el Juez de esa ciudad.

Y es que el hecho de que la demandada, según dan cuenta los anexos haya intentado un retiro en Bogotá o que haya presentado sus reclamos iniciales en la sucursal de esa ciudad, no es suficiente para señalar que la vinculación de la  oficina de  Montería, sea circunstancial, por el contrario es la relación con la de la capital la que es aparente.


De manera que no cabe duda que el asunto estaba vinculado a la agencia ubicada en el lugar en la que se interpuso la demanda y que por ello se escogió el juez de ese sitio, sin que pueda alterarse tal escogencia por el hecho de que el domicilio principal de la demandada sea Medellín.


En ese orden de ideas, no había ninguna razón para que el juez que inicialmente se le repartió el libelo, se declarara incompetente en conocer el asunto, pues en virtud de la opción tomada por la promotora del trámite, quien señaló como la vecindad de la accionada la referida localidad, la competencia se radicó, de modo privativo, en ese funcionario judicial.


5. Por tales razones se asignará la competencia para seguir conociendo del trámite al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería, Córdoba, de lo cual se dará aviso al funcionario que planteó el conflicto y a la interesada.


III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE:


PRIMERO: Declarar que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Montería (Córdoba) es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. 


       SEGUNDO: Remitir el expediente al mencionado despacho judicial para que continúe con el trámite del asunto.


TERCERO: Comunicar esta decisión al Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín, Antioquia, y a la demandante.




NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,






ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado