LUIS ALONSO RICO PUERTA

Magistrado Ponente


AC3232-2018

Radicación n° 11001-31-03-038-2015-01068-02

(Aprobado en sesión de catorce de marzo de dos mil dieciocho)


Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018).



La Corte procede a decidir sobre la admisión de la demanda de casación formulada por el accionante, frente a la sentencia proferida el 20 de octubre de 2016, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso declarativo de simulación promovido por Álvaro Alfredo Contreras Garay contra Inversiones Viena S.A. en Liquidación y Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A.


  1. ANTECEDENTES


1.        Pretensiones


El demandante solicitó declarar la simulación absoluta del contrato de compraventa con condición suspensiva recogido en la escritura pública n.º 339 de 4 de marzo de 2014, por medio de la cual la primera de las convocadas en mención transfirió a la segunda el «Lote Número cinco (5) de la manzana A de Guaymaral», con matrícula inmobiliaria nº 50N-267527 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, y que en consecuencia, se disponga el reintegro del inmueble a la vendedora, la correspondiente cancelación del registro del mencionado instrumento público y su inscripción en la Notaría 35 de esta ciudad.


2.        Fundamentos fácticos


El promotor del juicio, en sustento de sus pretensiones, manifiesta que en su condición de prometiente comprador celebró promesa de compraventa con la sociedad Inversiones Viena S.A., por medio de la cual está se obligó a enajenarle el referido predio por la cantidad de $2.640.000.000,oo.


A pesar de que las partes firmaron «varios otro sig» (sic) al contrato, el último fue suscrito el 1º de diciembre de 2013, habiéndose convenido firmar las escrituras el 31 de marzo de 2014, a las 3 de la tarde, en la Notaría Segunda del Círculo de Chía (Cundinamarca).


El demandante adelantó todos los trámites necesarios encaminados a obtener los recursos para el pago del saldo insoluto de la obligación, en cuantía de $1.748.666.477.oo, al punto que Expocredit Colombia S.A.S. le aprobó un crédito por $2.000.000.000,oo, indicativo de que estaba en disponibilidad de cancelar dicha deuda.

Aquel concurrió a la Notaría a firmar la escritura, pero el liquidador y representante legal de Inversiones Viena S.A. en Liquidación, no asistió, según consta en el acta de comparecencia.


Posteriormente, el actor tuvo conocimiento de que el mismo predio le había sido vendido a la Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A., mediante la escritura pública antes mencionada, en la cual se consignó como precio de la venta, la suma de $554.448.000,oo, es decir, cinco veces por debajo del precio pactado con él.


Considera absurdo aquel precio, si se tiene en cuenta que mediante escrito presentado por el apoderado de la vendedora ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sub Sección C se indicó que según avalúo practicado por la IGAC en 2010, su precio era de $1.122.816.000,oo y, que desde la fecha de presentación del escrito debió tener un incremento del 15%, lo cual indica que al momento de la venta el valor aproximado sería de $1.684.224.000,oo.


Sin ser cierto, en la cláusula cuarta de la escritura se indicó que el inmueble no había sido prometido en venta, cuando sí existía una promesa de compraventa con el accionante, la cual no había sido resuelta judicialmente y la prometiente vendedora tenía recibido parte del precio.


En la estipulación séptima se manifestó haber sido entregado real y materialmente el inmueble, cuando ello no era verdad, dado que el mismo se encontraba embargado y secuestrado en razón de un proceso ejecutivo y su tenencia era ejercida por el demandante, por virtud del contrato celebrado (fls. 41-50 c.1).


3.        Actuación procesal.


3.1.        El escrito introductorio fue admitido mediante auto de 24 de julio de 2015.


3.2.        La convocada Inversiones Viena S.A. en Liquidación contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y formuló como excepciones perentorias, las siguientes:


3.2.1.        «El actor no tiene la calidad de acreedor», al haber desistido expresamente de la promesa de compraventa, pues autorizó al doctor Diego Chávez Alarcón para firmar la venta ahora tildada de simulada.


3.2.2.        «El contrato de compraventa no es simulado», porque la intención de las partes fue transferir, a título de venta, el señalado inmueble y la Asociación de Inversionistas Inmobiliarios efectuó el pago del precio convenido mediante la cancelación de diferentes obligaciones a cargo de la sociedad vendedora, para lo cual ésta la autorizó.


3.2.3.        «Mala fe y temeridad del demandante», dado que éste era conocedor desde un comienzo que la venta era real, pues se hizo para evitar el remate de los inmuebles a él prometidos en venta, los cuales se hallaban embargados dentro de un proceso ejecutivo adelantado por Colciencias, e igualmente, sabía que la compradora había cancelado el precio.


3.3.        La asociación de inversionistas inmobiliarios S.A., también respondió el escrito introductorio oponiéndose a sus pretensiones y formuló las siguientes excepciones de mérito:


3.3.1.        «Falta de legitimación en la causa por activa», dado que el convocante desistió tácitamente de la promesa de compraventa, cuando autorizó al liquidador de inversiones Viena S.A. en Liquidación a transferirle a la Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A., los referidos predios.


3.3.2.        «El contrato de compraventa es real y cierto», pues el propósito del mismo fue transferir el derecho de dominio y la posesión a la Asociación de Inversionistas Inmobiliarios, quien canceló en su totalidad el precio estipulado con el liquidador de Inversiones Viena S.A. en Liquidación, sin que la condición suspensiva pactada torne irreal el negocio y los pagos.


3.3.3.        «Temeridad y mala fe del demandante», dado que con las medidas cautelares solicitadas, éste pretende causar perjuicio a la Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A., pues el demandante era sabedor de que la negociación se llevó a cabo para evitar el remate de los inmuebles cautelados dentro del proceso ejecutivo adelantado por Colciencias y por ello autorizó al liquidador de Inversiones Viena S.A. en Liquidación para firmar la escritura, en favor de aquella.

3.3.4.        «Inexistencia del acto simulado», en razón a que la venta es real, así como el pago del precio, pues la asociación compradora tiene capacidad económica como se prueba con los préstamos efectuados por el banco de Colombia, en cuantía de $1.522.000.000,oo.


3.3.5.        «Inexistencia de mala fe o ánimo fraudulento en la venta realizada», al no haber existido ánimo, interés, acuerdo o determinación de causar perjuicio o defraudación a nadie, toda vez que el móvil principal que tuvo Inversiones Viena S.A. en Liquidación fue obtener recursos para cancelar una acreencia adquirida con Colciencias y así evitar el remate de los inmuebles de su propiedad, dado que el demandante no honró su compromiso de pagar esas obligaciones.


3.4.        Surtido el trámite correspondiente, mediante fallo de 7 de julio de 2016, el a quo declaró probada la excepción de «falta de legitimación en la causa por activa» propuesta por la Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A., y negó las pretensiones de la demanda.


4.        Sentencia del Tribunal.


4.1.        Al desatar la apelación propuesta por el accionante, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, a través de la sentencia recurrida en casación, modificó la de primer grado, en el sentido de «[d]eclarar probadas las excepciones de ‘[e]l contrato de compraventa es real y cierto’, ‘inexistencia de acto simulado’ y ‘el contrato de compraventa no es simulado’, propuestas por las sociedades demandadas», confirmando dicho pronunciamiento, en lo demás.


4.2.        En sustento de su determinación, el ad quem partió de aceptar que el demandante se halla legitimado para promover la acción de simulación, debido a su condición de acreedor de la demandada Inversiones Viena S.A. en Liquidación, pues al haber celebrado con ésta promesa de compraventa y entregado un dinero como parte del precio, el cual no le ha sido devuelto, ello le representa una lesión patrimonial y por lo mismo, se encuentra facultado para promover la demanda, razón por la cual, erró el juez de primera instancia al declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa.


4.3.        De otra parte, encontró acreditados los siguientes hechos:


4.3.1.        La promesa de compraventa del lote Nº 5, Manzana A de Guaymaral, con matrícula inmobiliaria Nº 50N-267527 celebrada entre el demandante, como prometiente comprador, e Inversiones Viena en Liquidación, como prometiente vendedora por valor de $2.640.000.000,oo, de los cuales $1.522.000.000,oo se destinarían a pagar la obligación adquirida por ésta con Colciencias, y que generó el proceso ejecutivo adelantado en su contra por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, en donde se hallaba embargado y secuestrado dicho predio.


4.3.2.        La suscripción de varios «otro sí», que dan cuenta del pago de parte del precio convenido y modificaciones de la fecha para elevar ese negocio a escritura pública.


4.3.3.        El pago de parte del precio realizado por el demandante en cuantía de $1.123.000.000,oo, los cuales no le han sido reintegrados.


4.3.4.        La suscripción de la Escritura Pública Nº 339 de 4 de marzo de 2014, por medio de la cual la demandada Inversiones Viena S.A. en Liquidación le vendió a la Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A., el predio prometido a la accionante, por $554.488.000,oo, haciéndose constar allí, tanto la entrega del terreno, como de dicho dinero, cuando esto no había ocurrido.


4.3.5.        La cantidad de $1.522.000.000,oo que la Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A. le pagó a Colciencias, no corresponden al precio de la venta referida en la escritura pública 339 de 4 de marzo de 2014, sino a la del negocio de venta de los lotes 1 a 4 igualmente negociados entre las demandadas.


4.3.6.        El pago de impuesto predial por valor de $4.642.000,oo realizado por la Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A.


4.3.7.        El sometimiento a condición suspensiva de la compraventa hasta cuando se cancelaran las medidas cautelares de embargo y secuestro, venta inscrita después de un año del perfeccionamiento de la escritura de 4 de marzo de 2014.


4.4.        A pesar de lo anterior y de que podrían reflejarse algunos indicios de la simulación como la falta de examen previo del bien por parte del comprador adquirente, el precio exiguo pactado entre las demandadas de $554.488.000,oo, en comparación al pactado con el demandante de $2.640.000.000,oo, no haberse firmado promesa de compraventa entre las sociedades contratantes, la forma de pago y el precio no efectuado de presente, la falta de claridad en la forma como se pagó el precio, estima el Tribunal, los mismos se diluyen con otras pruebas demostrativas de que el negocio es real y no simulado.


4.4.1.        En efecto, agrega, el precio convenido de la venta, es coincidente con el avalúo catastral que tenía el bien para 2014.


4.4.2.        En la vendedora demandada surgió necesidad de enajenar el inmueble para evitar su remate, pues como lo confiesa el demandante en el hecho cuarto de su escrito introductor, se hallaba cautelado dentro del proceso ejecutivo adelantado en su contra, por Colciencias.


4.4.3.        La oferta mercantil efectuada por la sociedad Helistar S.A. a Colciencias de comprarle los derechos litigiosos generó preocupación en la vendedora demandada, pues de cristalizarse la misma, se llevaría el bien a remate y por lo mismo, se perdería.


4.4.4.        Los pagos fueron realizados por la convocada accionada, de lo cual existe prueba en el expediente, así no haya sido la totalidad convenida.


4.4.5.        La seriedad y veracidad del contrato celebrado entre las demandadas se ratifica con la condición suspensiva pactada, respecto de los efectos jurídicos de las obligaciones emanadas de dicho convenio a la cancelación de las medidas cautelares que afectaban el inmueble.


4.4.6.        De acuerdo con el certificado de existencia y representación de la compradora Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A., ésta tiene dentro de su objeto social, la celebración de contratos de comisiones para comprar y vender inmuebles, adquirirlos para usufructuarlos, arrendarlos, subarrendarlos, hipotecarlos o grabarlos; por tanto, es admisible la adquisición del terreno cuyo negocio se dice simulado, por un menor precio, para luego enajenarlo por uno mayor.


4.4.7.        La Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A., en 2013 tenía un patrimonio líquido de $7.873.002.000,oo, lo cual permite colegir que tenía la disponibilidad presupuestal suficiente para adquirir el inmueble.


4.4.8.        Las convocadas, el 27 de febrero de 2014, conjuntamente le presentaron Colciencias una propuesta para cancelar la hipoteca, pidiendo que se les autorizara el otorgamiento y registro de la escritura pública.


4.4.9.        La compradora accionada pagó el impuesto predial por un monto de $4.642.000,oo.


4.5.        De todo lo anterior, agrega el Tribunal, se desprende que la compraventa sí nació la vida jurídica y generó efectos, de donde entonces no hay lugar a declarar su simulación, pues para acceder a ésta, los indicios deben ser graves, precisos y convergentes; de lo contrario no es posible e inclusive, de existir duda, debe estarse a la sinceridad presumida en los negocios.


4.6.        En tales condiciones, finaliza, a pesar de la legitimación del demandante, no se demostró con certeza que las partes celebraron un acuerdo para engañar a terceros, como tampoco que el contrato no era deseado por ellas.


5.        La demanda de casación.


El accionante formuló un cargo, fundado en el artículo 336 del Código General del Proceso, por «violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho manifiesto y trascendente».


En la sustentación, acusa al Tribunal de haber preterido los testimonios de Álvaro Correa, James Steven Leaver y Diego Chavez, demostrativos de que el fin deliberado de las accionadas no era realizar la venta debido al embargo, sino defraudar al accionante y que Inversiones Viena S.A. mantuviera la titularidad del predio, lo cual es constitutivo de error de hecho, pues aunque mencionó dichas pruebas, las cercenó, asignándoles una significación contraria a su verdadero sentido.


Respecto de las aludidas atestaciones, señala, solo fueron apreciadas en cuanto afirman la necesidad de realizar el negocio debido a la oferta efectuada por la empresa  Helistar, a Colciencias, pero las descartó en lo relativo a que las demandadas sabían de la existencia de la promesa de compraventa con el accionante, quien por tanto tenía la condición de acreedor legítimo, pues la suma sufragada por él como parte del precio, no le había sido restituida.


Tampoco tuvo en cuenta que dichas sociedades hicieron acuerdos privados y que tuvieron la intención de efectuar los pagos directamente a James Steven Leaver, es decir de manera distinta a lo pactado en la escritura.


Las consideraciones del sentenciador, agrega, que lo llevaron a declarar probadas tres de las excepciones de mérito propuestas por las demandadas, no son consistentes, pues la verdadera motivación del acto jurídico no era la urgencia derivada de la oferta comercial de Helistar y la existencia del embargo, pues según los testigos señalados, reitera, lo pretendido con tal negocio era defraudar a Álvaro Alfredo Contreras Garay, como acreedor, dado que los dineros por él pagados como parte del precio no le habían sido reintegrados, e igualmente querían evitar que los dineros ingresaron patrimonio de Inversiones Viena S.A. en Liquidación.


De haber tenido en cuenta dichos medios de prueba, ha debido concluir que existió un acuerdo privado distinto al reflejado en la escritura pública, así como que la motivación era continuar con los lotes, que los pagos posteriores y a cuenta gotas tenía la intención de evitar el ingreso del dinero al patrimonio de Inversiones Viena S.A. en Liquidación, defraudando así la prenda general del demandante, y que las partes conocían sobre la promesa de compraventa existente con él.


Si hubiera considerado esos medios persuasivos, agrega, habría determinado los primeros indicios de que el contrato era simulado y por lo mismo, así lo ha debido declarar; al no hacerlo, ello refleja que el error de hecho es manifiesto y trascendente.


Con base en lo anterior, solicita casar la sentencia del Tribunal y revocar la de primera instancia accediendo a las pretensiones del demandante y desestimando las excepciones presentadas por las convocadas.


  1. CONSIDERACIONES


1.        Aspectos concernientes a la demanda de casación.


En principio conviene señalar, de manera general, que la fundamentación técnica de las causales que viabilizan el recurso extraordinario de casación, debe estar dirigida a demostrar los errores incurridos «en las (…) sentencias proferidas por los Tribunales Superiores en segunda instancia»1, cuando son lesivas de la legalidad de ellas, o en otros términos, está orientado a juzgar el fallo impugnado y no el litigio en sí mismo considerado, pues de hacerlo, mutaría dicha impugnación en una tercera instancia, no prevista por la ley.


En suma, la demanda de casación está sometida a unas reglas formales mínimas de cumplimiento imperativo, cuya desatención genera su inadmisión y de forma complementaria la deserción del recurso.


Por tanto, para que la casación logre sus fines y la Corte pueda ingresar al estudio de fondo del recurso, no es suficiente que éste haya sido interpuesto, concedido y admitido; se requiere la observancia de las reglas específicas mínimas que lo orientan, razón por la cual, el litigante debe observar mayor atención y diligencia de la normalmente reclamada cuando se impugnan otras decisiones del proceso por los medios ordinarios. Debido a ello, no es admisible la presentación de una demanda a manera de alegato de conclusión, pues se repite, se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia.


De acuerdo con lo anterior, el reproche presentado debe dirigirse a que la Corte determine, dentro de los límites trazados por la censura, si la decisión impugnada extraordinariamente está o no ajustada al ordenamiento sustancial o, en su caso, al procesal, pues uno de los fines del recurso de casación previstos en el artículo 333 del Código General del Proceso, se dirige a «controlar la legalidad de los fallos».


Si lo anterior es así, dentro de los objetivos de la señalada impugnación extraordinaria se halla el análisis, tanto de las condiciones jurídicas previstas en las disposiciones legales sustanciales aplicables al caso (causales 1ª y 2ª), como las que involucran los preceptos reguladores de aspectos procesales (motivos 3º, 4º y 5º), atendiendo los límites determinados por el recurrente, sin perjuicio de la excepcional posibilidad de la casación oficiosa.


En punto de la adecuada sustentación de la demanda de casación, el artículo 344 del referido ordenamiento procesal, fija los requisitos para su admisión, los cuales, se reitera, son de estricta observancia.


Así entonces, cuando se trata de violación de normas sustanciales, denunciadas ya sea mediante la vía directa o la indirecta, al censor le corresponde identificar las que tienen esa connotación. De no hacerlo, le impide a la Corte establecer si realmente se presentó o no tal quebrantamiento.


En relación con el señalado requerimiento a cargo del recurrente extraordinario, cuando denuncia la conculcación de disposiciones de la indicada estirpe, esta Corporación, en providencia CSJ AC 23 nov. 2005, Rad. 1999-03531-01 enfatizó:


«‘[E]s deber del impugnante precisar las normas sustanciales violadas, cualquiera que sea la vía que haya escogido para perfilar su acusación; la directa o la indirecta, sin que, tratándose de esta última, pueda excusarse su señalamiento a pretexto de la demostración de los errores de apreciación probatoria que se le endilgan al fallo, o de la determinación de las normas probatorias supuestamente quebrantadas -cuando se predique la comisión de un yerro de derecho-, pues si a esto último se limitare el recurrente, omitiendo la mencionada exigencia, quedaría trunca la acusación, en la medida en que no podría la Corte, al analizar el cargo, establecer oficiosamente cuáles disposiciones materiales habrían sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado’ (…), exigencia que se explica por ser ‘…la demanda de casación, mutatis mutandis,… la carta de navegación con arreglo a la cual la Corte adelantará el escrutinio de las censuras enrostradas, todo como corolario del conocido principio dispositivo, el que campea con fuerza en este recurso extraordinario’».


2.        Caso concreto.


De acuerdo con lo expuesto y como según lo ha determinado la jurisprudencia de esta Corte, son normas sustanciales aquéllas que «‘en razón de una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las personas implicadas en tal situación…’, por lo que no ostentan esa naturaleza las que se ‘limitan a definir fenómenos jurídicos o a describir los elementos de éstos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo’2», la conclusión es que la demanda presentada por el convocante Álvaro Alfredo Contreras Garay, desconoce los señalados requerimientos.


En efecto, a pesar de que denunció la sentencia del Tribunal de haber incurrido en «violación indirecta de la ley sustancial, por error de hecho manifiesto y trascendente», omitió íntegramente señalar norma alguna de esa naturaleza.


La precitada carencia, desconoce por tanto el señalado requisito de citar las normas sustanciales infringidas, el cual se muestra fundamental, dado que cuando se trata de errores probatorios, resultaría infructuosa la verificación de que en el proceso, realmente existen los medios de persuasión indicados como preteridos en la demanda de casación, así como la determinación de su auténtico contenido objetivo, o el otorgamiento del correspondiente alcance jurídico, si no se indica en dónde encaja el pertinente ejercicio de subsunción normativa, o cuál fue el precepto inaplicado, mal aplicado o indebidamente interpretado.


La señalada imprevisión torna incompleto el ataque, «(…) en la medida en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación»3.


En tales condiciones, frente a la desatención del señalado y perentorio requisito, la Sala se considera relevada de develar otras falencias, pues esa sola inobservancia, es decir, la total ausencia de señalamiento de norma sustancial, resulta suficiente para considerar inidóneo el escrito impugnaticio.


3.        Conclusión.


De conformidad con lo analizado en precedencia, en virtud de que la demanda presentada no satisface las formalidades técnicas señaladas, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1º del artículo 346 del C.G.P., su inadmisión, debe ser la consecuencia.


De otra parte, no es del caso seleccionar el asunto para una eventual casación de oficio, porque no se evidencia la estructuración de alguno de los supuestos consagrados en el último inciso artículo 336 del Código General del Proceso, según el cual ello es procedente, «[…] cuando sea ostensible que la [… sentencia] compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales».



  1. DECISIÓN



En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,



RESUELVE


PRIMERO.        DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casación formulada por la parte convocada, frente a la sentencia proferida el 20 de octubre de 2016, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso declarativo de simulación promovido por Álvaro Alfredo Contreras Garay contra Inversiones Viena S.A en Liquidación y Asociación de Inversionistas Inmobiliarios S.A.


SEGUNDO.        DEVOLVER el expediente a la oficina de origen, por conducto de la Secretaría.


TERCERO.        RECONOCER personería al Dr. Guillermo Otálora Lozano, como apoderado del recurrente extraordinario, de conformidad con el escrito visible a folio 7 del cuaderno de la Corte.




Cópiese, notifíquese y cúmplase,






AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Presidente






MARGARITA CABELLO BLANCO





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO





LUIS ALONSO RICO PUERTA





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA


1 Así lo concreta el primer inciso del artículo 334 del Código General del Proceso.

2 CSJ AC2188-2017

3 CSJ. SC 145, 1º oct. 2004, rad. 7736.