LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
AC3233-2018
Radicación n° 08001-31-03-011-2001-00192-01
(Aprobado en sesión de catorce de marzo de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Decide la Corte sobre la admisión de la demanda de casación presentada por la actora Ángela María González Rendón, frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en audiencia celebrada el 5 de mayo de 2017, dentro del proceso declarativo por incumplimiento contractual promovido en contra de Satelcaribe S.A. y Cablevista S.A.
Reclamó la actora, en resumen, se declarara que en calidad de vendedora, el 1º de marzo de 2000, celebró un contrato de compraventa con las sociedades accionadas, en condición estas de compradoras, sobre «bienes materiales e inmateriales», por valor de $211’140.000, el cual incumplieron las adquirentes, y en consecuencia, se les condenara a cancelarle el saldo de $188’140.000, más los respectivos intereses, e igualmente $100’000.000, por concepto de indemnización de perjuicios.
Se reiteraron las peticiones atinentes a la declaratoria de existencia del citado convenio, al igual que su incumplimiento por las convocadas al juicio, incluyéndose como nueva pretensión, la solicitud de condenar a las convocadas al juicio al pago de $100’000.000 a título de pena, de acuerdo con la cláusula décima primera del contrato en mención, más los intereses a partir del día siguiente a la ejecutoria del respectivo fallo.
2.2. Con el propósito de ejecutar el contrato de concesión celebrado el 20 de diciembre de 1999, entre la Comisión Nacional de Televisión y Cablevista S.A., las accionadas «celebraron contratos con distintas personas naturales y jurídicas dedicadas hasta el año 2000 a la prestación informal del servicio de televisión por suscripción, en varias ciudades de la Costa Atlántica, cuyos objetos fueron la compra de los bienes muebles e intangibles que los vendedores destinaban para [aquella actividad».
3.1. La demanda fue admitida el 16 de julio de 2001 y por intermedio de curador ad litem se notificó a la sociedad Cablevista S.A. y a través de su apoderado, se enteró a Satelcaribe S.A., habiendo esta última manifestado su oposición a las pretensiones y negó que fueran ciertos los hechos sustento esencial de la responsabilidad civil reclamada; así mismo propuso frente a las pretensiones principales la excepción denominada «nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito»; y respecto de la petición subsidiaria la titulada «non adimpleti contractus»; en tanto que en la respuesta al escrito de reforma de la demanda, el apoderado judicial constituido por las dos convocadas al juicio, reiteró los citados medios exceptivos.
La demandante interpuso recurso de apelación contra la citada providencia, y concedido se tramitó la segunda instancia, habiendo el juzgador colegiado, confirmado la referida decisión.
Se manifestó que ante la ausencia de irregularidad procesal constitutiva de causal de nulidad y en razón a que concurrían los presupuestos procesales, procedía resolver de mérito sobre el asunto.
De manera general se indicó, que el servicio público de televisión era propio de la finalidad social del Estado, razón por la cual se debía garantizar su acceso a la población, bien de manera directa por el Estado o a través de las comunidades organizadas, o por los particulares, conforme a la regulación legal y bajo el control de la autoridad pública.
Así mismo se sostuvo, que tratándose de obligaciones contractuales, constituía deber para el juez verificar la validez del convenio, para luego establecer el cumplimiento de las respectivas prestaciones.
También indicó el juzgador, que efectuada la lectura del contrato atinente a la controversia, deducía, que recayó sobre la compraventa de un conjunto de bienes materiales e inmateriales, destinados por la actora a la prestación informal del servicio de televisión por suscripción en la ciudad de Cartagena.
Sostuvo que en la cláusula alusiva al objeto del citado convenio, se involucraron todos los elementos necesarios para la prestación del referido servicio, porque sin ellos no podría cumplirse tal actividad.
Invocó el fallo T-302 de 2011 de la Corte Constitucional, en el que se analizaron aspectos del servicio de televisión por suscripción, entre otros, e invocando las normas civiles sobre bienes, sostuvo que los elementos transferidos correspondían a bienes corporales e incorporales, comprendiendo aquellos, los equipos, redes y otros muebles, en tanto que los últimos, aludían a la señal de televisión; elementos todos que constituían una unidad necesaria para la prestación del servicio de televisión por suscripción.
En consecuencia aseveró, que la prestación contractual cuya transferencia se pretendía realizar a las compradoras, abarcó los usuarios y los equipos propiedad de la vendedora, para de esa manera continuar la adquirente ofreciendo la señal de los canales de televisión.
Interpretó que a pesar de lo estipulado en el contrato, en cuanto a negar que se trataba de la venta de un establecimiento de comercio, con apoyo en el artículo 515 del Código de Comercio, dedujo, que el objeto del convenio representaba un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa, por lo que los bienes enajenados hacían parte fundamental de la empresa, luego se trató de una negociación sobre dicha unidad.
Aseveró que la actividad realizada por la vendedora estaba reservada al Estado, ya que para entonces, la Comisión Nacional de Televisión era la encargada de ceder los derechos mediante concesiones, previo el cumplimiento de unos requisitos y efectuado el proceso de adjudicación, de conformidad con el artículo 46 y siguientes de la Ley 182 de 1995, en concordancia con la Ley 335 de 1996, y el Acuerdo 10 de 2006 expedido por dicha autoridad.
Por lo tanto estimó, que mal podía la actora efectuar negociaciones que recayeran sobre servicios que exigían todo un procedimiento al que no acudió, y por lo tanto consideró prohibida la conducta observada por la vendedora, ya que para la prestación del servicio de televisión por suscripción, se exigía aprobación del respectivo ente gubernamental, la que no se acreditó.
De acuerdo con lo anterior reiteró, que lo estipulado en el contrato y lo expuesto en la causa petendi, indicaban que la negociación comprendió toda la logística para la prestación del servicio de televisión por suscripción, y por consiguiente dedujo, que lo acordado se salía de la órbita del comercio.
Sostuvo que el negocio jurídico se extendió a bienes públicos, lo cual se hallaba prohíbido por la legislación, (artículo 63 de la Constitución), restricción que conducía a la configuración de un objeto ilícito.
En razón a que las partes incluyeron en el negocio celebrado tanto bienes corporales como incorporales, sin autorización de la autoridad pública, quedaba restringida la comercialización, dándole el cariz de clandestina a la actividad, según el artículo 24 Ley 182 de 1995, lo cual comprometía su transferencia válida.
Así mismo expuso, que las pruebas incorporadas, tales como las declaraciones de los representantes de las empresas demandadas, al igual que los documentos recabados, evidenciaban que el ofrecimiento del servicio no cumplía los requerimientos legales, porque se prestaba con unas antenas para multiplicar la señal a otros usuarios sin contar con permiso para el efecto, según lo infirió de un informe técnico allegado al plenario.
También sostuvo, que la vendedora no contaba con la infraestructura adecuada para dicha actividad, ya que solo disponía de un establecimiento de comercio, lo que era insuficiente, deviniendo en informal, y agregó, que tales operaciones solo las podía realizar una persona jurídica, según el artículo 9º Acuerdo 10 de 2006.
Igualmente comentó, que la venta realizada sobre la totalidad de los bienes para la prestación del servicio de señal de televisión por suscripción, se produjo sin que se cumplieran los pasos para tener la posibilidad de su mercadeo y la comercialización, acudiéndose a artilugios en las estipulaciones, a fin de traficar la señal capturada sin atender la normativa que regulaba la materia.
Así concluyó, que no era válido el negocio jurídico, como lo planteaba el apelante y por consiguiente, se imponía el decreto oficioso de la nulidad, de conformidad con el artículo 1742 del Código Civil, lo cual ameritó la confirmación del fallo de primer grado.
Formulado el «recurso de casación» y concedido por el Tribunal, se admitió en esta Corporación, habiéndose presentado en tiempo la demanda para sustentarlo.
Un (1) cargo se propone como sustento de la impugnación extraordinaria, apoyado en la causal segunda del artículo 336 del Código General del Proceso, por «errores de hecho relevantes en el estudio, apreciación y análisis del denominado contrato de venta celebrado entre las partes del litigio».
Alude la censura a algunos aspectos del fallo impugnado y le atribuye al juzgador de segundo grado haber interpretado de manera errada, que «las partes al celebrar el contrato de compraventa pretendieron que dicho acuerdo transfiriera el uso de la señal de televisión».
Cuestiona que se puso en tela de juicio la validez del negocio jurídico, debido al equivocado entendimiento de sus estipulaciones, toda vez que se desvió la intención de los contratantes, quienes acordaron la venta del «‘conjunto de activos’ de los que era propietaria la vendedora, bienes estos que si bien se usaban para un servicio, no era el servicio mismo lo que se buscó enajenar», y de otro lado se critica la inferencia de que «lo vendido era un servicio o una señal de televisión […] acuerdo carente de valor, pese a lo expuesto y precisado por las mismas partes, en el sentido de que la venta se refería a ‘la totalidad de los materiales, equipos, redes instaladas, computadoras, unidades de cabecera instaladas, herramientas, instrumentos de medición, muebles y enseres de oficina», según lo expresado en la cláusula primera del convenio.
Reprocha el desconocimiento de lo previsto en la cláusula cuarta del contrato, en la que se precisó la fecha de entrega de los bienes objeto de la venta, la cual se realizó el 29 de abril de 2000, conforme se hizo constar en la respectiva acta, en la que aquellos se detallaron; y de otro lado al deducir, que las cosas materiales objeto de la venta «se encontraban íntimamente ligadas al servicio de televisión, razón por la cual no se podían escindir, y la venta de aquellas debía correr la suerte de la venta de esta: su nulidad absoluta».
Alude finalmente al sentido de la violación de las normas de derecho sustancial y finaliza solicitando casar el fallo de segunda instancia, así como el reconocimiento en la sentencia de reemplazo de las pretensiones principales o subsidiarias.
De acuerdo con lo anterior, el artículo 344 del Código General del Proceso, ha fijado los requisitos para la adecuada sustentación de la «demanda de casación», dentro de los cuales se hallan los siguientes:
La formulación por separado de los respectivos cargos, con la especificación de forma clara, precisa, y completa de los fundamentos de cada acusación.
Cuando se plantea la violación indirecta, que comprende los supuestos de la causal segunda contemplada en el precepto 336 ibídem, por errores de hecho y de derecho, no es admisible referirse a aspectos fácticos no debatidos en las instancias.
Tratándose de «error de derecho», se exige el señalamiento de las normas probatorias consideradas transgredidas y una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas.
En el evento de invocarse «error de hecho», deberá indicarse en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas o piezas procesales sobre las que recayó el yerro en la actividad de apreciación de su contenido material.
A fin de probar el desacierto fáctico, habrá de evidenciarse que respecto del escrito introductorio del proceso, su contestación o los medios de prueba, hubo pretermisión o suposición total o parcial de tales elementos de juicio, o alteración de su contenido material, ya por adición o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversación arbitraria o ilógica del respectivo texto.
Igualmente, se debe especificar lo inferido por el juzgador del respectivo medio de prueba y señalar el contenido material del mismo, para de esa manera revelar o exteriorizar en qué consistió la alteración física de la prueba.
En el evento de fundarse la crítica en la preterición u omisión de apreciar pruebas incorporadas al plenario, se requiere, identificar el respectivo medio de convicción, así como su contenido material en aquello que guarde relación con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado y que tengan incidencia en la decisión adoptada.
Cuando se denuncia la infracción de las normas de derecho sustancial regulatorias del asunto materia del litigio, como consecuencia de errores jurídicos (vía directa), o de yerros fácticos o de derecho (senda indirecta), ya sea por aplicación indebida o por la preterición de las mismas, es indispensable incluir la disposición legal que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida, sin que se requiera integrar una proposición jurídica completa.
También tiene el impugnante la carga de evidenciar la trascendencia del dislate en el sentido de la sentencia recurrida, para lo cual demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como apoyo de los cargos, se debe proceder a explicar por qué la decisión habría de ser distinta a la recurrida, además de favorable a los intereses de la parte impugnante.
Al respecto téngase en cuenta, que tratándose de la mencionada modalidad de dislate, no es admisible la simple disputa de pareceres con el juzgador en lo concerniente a la estimación de los elementos de juicio, dado que no se está en presencia de un problema de razonamiento o manifestación de las deliberaciones de la razón, sino de la apreciación objetiva del medio probatorio.
Acerca de las formalidades para sustentar de manera adecuada las acusaciones fundadas en «error de hecho», esta Corporación, entre muchas otras, en providencia CSJ AC6112-2015, rad. n.° 2009-00046-01, en lo pertinente sostuvo:
«En suma, como lo ha expuesto la jurisprudencia de esta Sala, cuando de error de hecho se trata, es necesaria ‘la demostración de los siguientes aspectos: a) singularizar la prueba que se considera mal apreciada, precisando por qué no fue estimada, o por qué fue mal valorada; b) efectuar una comparación, un parangón, entre la conclusión errada del Tribunal y aquella que realmente era la debida; c) acreditar la evidencia del error, es decir, que no se requerían mayores elucubraciones o análisis para establecer su estructuración, y d) la trascendencia del yerro, esto es, demostrar su contraevidencia con la conclusión que extrae la censura que, en últimas, debe traducirse en la única opción o alternativa para solucionar el litigio’».
Igualmente, en el fallo CSJ SC, 14 sept. 2011, rad. n.° 2005-00366-01, se expuso:
«El error fáctico, tiene decantado la jurisprudencia, concierne a la equivocada contemplación material u objetiva, ya por suposición, bien por preterición, ora por alteración probatoria, ‘atañe a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho’ […], y acontece ‘a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad sí existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que sí existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento’ […].
Esta falencia exige tal notoriedad y gravedad, que ‘su sólo planteamiento haga brotar que el criterio del sentenciador fue totalmente desenfocado, que está por completo divorciado de la más elemental sindéresis; si se quiere, que repugna al buen juicio’, lo cual ocurre en aquellos casos en que ‘el fallador está convicto de contraevidencia’ […], ‘cuando el sentenciador se estrelló violentamente contra la lógica o el buen sentido común, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisión so pretexto de aquella autonomía’ […], es decir, debe aparecer o imponerse a simple vista, ‘sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso. No es por lo tanto, error de hecho aquél a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado razonamiento’ […]’.
Por esta inteligencia, se presenta ‘solo cuando la tesis que expone la censura es la única admisible’1 […], pues un fallo judicial ‘no se puede socavar mediante una argumentación que se limite a esbozar un nuevo parecer, por ponderado o refinado que sea, toda vez que, in abstracto, tanto respeto le merece a la Sala el criterio que en esos términos exponga la censura, como el que explicitó el fallador para soportar su decisión judicial’ […], en cuanto que ‘no procederá este recurso, cuando aflore la vacilación o la precitada duda, caso en el cual será menester estarse a lo decidido por el juzgador de instancia, merced a la arraigada presunción de legalidad y acierto que campea en el ordenamiento patrio -ya aludida-...’ […]».
2.2. Para el caso, la recurrente pretermitió efectuar el parangón entre el texto de las estipulaciones contractuales supuestamente apreciadas de forma errada y lo inferido por el juzgador colegiado, para de esa manera revelar o exteriorizar en qué consistió la alteración del contenido material de las respectivas probanzas.
No obstante aseverar, que las partes se refirieron a la venta «‘[d]el conjunto de activos’ de los que era propietaria la vendedora, bienes estos que si bien se usaban para un servicio, no era el servicio mismo lo que se buscó enajenar», y que reprochó al Tribunal por haber interpretado que la enajenación recayó sobre «un servicio o una señal de televisión»; debió tener en cuenta, que en las consideraciones basamento de la sentencia impugnada, se aludió a una interpretación integral de las estipulaciones contractuales, junto a lo expresado en la causa petendi de la demanda; en virtud de lo cual se dedujo, que la enajenación tuvo por objeto una unidad de bienes corporales e incorporales, organizada para la prestación del servicio de televisión por suscripción, y de acuerdo con ello sostuvo, que la negociación involucró elementos de un «bien público».
Obsérvese al respecto, que sobre el objeto del contrato de compraventa, en la cláusula primera, se dijo, que «LA VENDEDORA vende a LAS COMPRADORAS el conjunto de activos, entendidos éstos como la totalidad de los bienes materiales e inmateriales utilizados por la VENDEDORA hasta el día en que suscribimos el presente contrato en el desarrollo del negocio de prestación informal del servicio de televisión por suscripción en la ciudad de Cartagena. A título indicativo, pero no limitativo, se incluye en la venta objeto del contrato, la totalidad de los materiales, equipos, redes instaladas, computadoras, unidades de cabecera instaladas, herramientas, instrumentos de medición y muebles y enseres de oficina; todo ello utilizados por LA VENDEDORA en la prestación del servicio»2.
Ahora, en el texto inicial de la estipulación sobre el precio del citado negocio jurídico, al igual que en la complementación que se le introdujo en escrito adicional, se aludió a los usuarios del servicio de televisión ofrecido y en tal sentido, se expresó: «El precio convenido por las partes respecto del contrato de venta que se formaliza con este escrito, está determinado por el número de usuarios activos del servicio a que acceden los bienes objeto de esta compraventa. […]», y en el parágrafo adicionado, se indicó, que «LA VENDEDORA manifiesta que los bienes transferidos en venta prestan servicio para un mínimo de 2.000 usuarios activos. Número mínimo de usuarios que posibilita a la COMPRADORA la ejecución del proyecto para el cual se adquieren los bienes descritos y el fin propuesto»3.
Y en el acta de entrega, instrumento que sostuvo la impugnante no apreció el juzgador, en el ítem titulado «ACTO CUARTO», en lo pertinente se indicó, que «[p]ara efectos de determinar el número de usuarios activos de que trata la cláusula séptima del contrato inicial y su documento modificatorio, LA VENDEDORA entrega a LAS COMPRADORAS los siguientes documentos: Listado NIT clientes; saldos por cuenta sin corte; auxiliar detallado del centro de costo; movimiento de cartera alfabético y kardex de clientes […]», y en el párrafo final se precisó: «Tomando como base el número de usuarios que LA VENDEDORA afirma tener activos (2.295) y el valor de la cuota mensual de mantenimiento de $9.000, se concluye que el valor a recaudar en el mes de abril es de $20.655.000. Es decir, que existe una diferencia a favor de LAS COMPRADORAS de $6.172.000 que se presume corresponde al recaudo efectuado por LA VENDEDORA durante lo corrido del citado mes de abril».
En los fundamentos fácticos de la demanda, se aseveró en el punto 8, que «[e]l contrato de marras tenía como objeto la venta que la demandante hacía a las demandadas de la totalidad de bienes materiales e inmateriales utilizados [por] ella en el negocio de prestación informal del servicio de televisión por suscripción en la ciudad de Cartagena, […]», y en el numeral 16, se dijo, que «[e]n el mismo acto de entrega de los bienes objeto de venta, celebrado el 29 de abril de 2000, [… la actora] entregó a las demandadas todos y cada uno de los documentos que soportan que [… la vendedora] al momento de dicha entrega tenía dos mil doscientos noventa y cinco (2.295) usuarios activos, los cuales fueron cedidos a las firmas demandadas»4.
Como puede observarse, en los citados elementos de juicio se hace alusión, entre otros aspectos, a la transferencia de bienes materiales e inmateriales; a los usuarios del servicio que comercializaba la vendedora, como factor relevante en la determinación del precio de la venta; a la cesión de los mismos a las adquirentes; etc., y por consiguiente se requería que la recurrente expusiera de manera clara y precisa, en qué consistió la alteración de los aludidos medios de convicción, y de acuerdo con ello exteriorizar, que el convenio celebrado no involucró componentes de los que estimó el Tribunal se encontraban fuera del comercio.
Dicha labor no la cumplió la impugnante, limitándose a exponer, que el yerro fáctico derivó de haber inferido el juzgador de segundo grado, que «lo vendido era un servicio o una señal de televisión», cuando las partes habían señalado en la cláusula primera, los bienes que comprendía el objeto de la compraventa, estipulación aquella que se transcribe solo parcialmente, y se afirma, que se entregaron, según acta incorporada al proceso; sin entrar a confutar puntualmente lo deducido en la sentencia.
Así mismo invocó el fallo CC T-302-2011, en el que se analizaron entre otros temas, el concerniente al servicio de televisión por suscripción, como también lo relativo a sus componentes, habiéndose expuesto sobre esa temática, lo siguiente:
«[…], el servicio de televisión por suscripción, lo componen una unidad de bienes, tanto corporales como incorporales: son corporales muebles los equipos dedicados a la recepción y emisión de la señal, así como las redes y demás elementos necesarios para el transporte de la señal a los usuarios. La señal de televisión es un bien incorporal mueble. Además, en la prestación del servicio de televisión por suscripción, el operador o concesionario, o en su caso, el agente comercial, se apoya en otros bienes corpóreos inmuebles, por ejemplo, en oficinas o en otros bienes muebles como vehículos. Se trata indiscutiblemente de bienes, en la medida en que las citadas cosas corporales tienen un valor económico, que hacen parte del patrimonio del operador (concesionario) o del agente comercial. Igualmente, por la señal de televisión por suscripción los usuarios cancelan un valor o suma de dinero que ingresa al patrimonio del concesionario u operador, el que a su vez hace una contribución o paga una tasa a la Comisión Nacional de Televisión en representación del titular de dicha señal que es el Estado. Finalmente, los mencionados bienes corporales e incorporales están destinados al servicio de televisión por suscripción que satisface la necesidad de información a los usuarios».
En ese contexto, para efectos de la demostración del «error de hecho», le correspondía a la impugnante evidenciar, que no se contaba en el plenario con elementos de juicio que pudieran probar, que el objeto de la compraventa recayó sobre componentes de un «bien público», y exponer la argumentación necesaria a fin de acreditar, por ejemplo, que el juzgador supuso la prueba. No obstante en ese sentido, la censura no hizo planteamientos concretos.
3.1. La deficiencia de la «demanda de casación» examinada, relativa a la omisión de exponer la argumentación técnica adecuada para demostrar el «error de hecho» sustento de la acusación, implica el incumplimiento del requisito formal previsto en la parte final del literal a) numeral 2º artículo 344 del Código General del Proceso, según el cual «[…] En todo caso, el recurrente deberá demostrar el error […]».
Ante dicha circunstancia, con apoyo en el numeral 1º precepto 346 ibídem, se deberá inadmitir el escrito de sustentación de la impugnación extraordinaria.
3.2. Finalmente resulta pertinente señalar, que tomando en cuenta la pretensión y los hechos debatidos, al igual que la actividad probatoria desplegada, no encuentra la Sala, que el fallo impugnado en casación, comprometa gravemente los derechos y garantías constitucionales de la parte vencida en el juicio. Por lo tanto, se descarta la posibilidad de la casación oficiosa, en los términos previstos en la parte final del numeral 5º artículo 336 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casación presentada por la actora Ángela González Rendón, frente al fallo dictado en audiencia celebrada el 5 de mayo de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso referido en el encabezamiento de esta providencia.
SEGUNDO. DEVOLVER EL EXPEDIENTE al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente de Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
1 Se elimina lo subrayado.
2 Se subraya
3 Ídem.
4 El subrayado no aparece en el texto transcrito.