AC3244-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01390-00


Bogotá D. C., treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018).


       Decídese el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Quinto Civil del Circuito de Pereira (Risaralda) y el Once Civil del Circuito de Bucaramanga (Santander), atinente al conocimiento de la acción popular de Rodolfo Morales Herrera contra Bancolombia - Sucursal Carrera 8 No. 17-50 Pereira. 


ANTECEDENTES


1.- En defensa del bien colectivo, la persona natural de marras mediante escrito dirigido al «JUZGADO CIVIL CIRCUITO» de Pereira, deprecó que se ordenara a la entidad demandada «que contrate de planta a un guía interprete y a un intérprete o contrate con entidad idónea certificada por el Ministerio de educación nacional para que de planta se atienda a dicha población objeto de la ley 982 de 2005 […]».


Asimismo, el actor tras pregonar que «la vulneración o agravio ocurre a lo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO», precisó que «la posible vulneración aparece en la parte final de [su] demanda», denotando luego que las «notificaciones» del «accionado» se han de efectuar en la «Cra 8 No. 17 50 PEREIRA Rda».


2.- Sustentó su reclamo arguyendo, en síntesis, que la «entidad ACCIONADA […] presta sus servicios PUBLICOS en un inmueble de atención al PUBLICO en general», que «no cuenta en el inmueble donde presta sus servicios con profesional interprete y guía interprete acreditado por el Ministerio de Educación Nacional, tal como lo ordena ley 382 de 2005», y precisó, que el sitio de «vulneración» es en la «Cra 15 # 28– 26 Bucaramanga» (Fl. 1 Cdno. Principal).


3.- El escrito pertinente, que está dirigido a los jueces civiles del circuito, fue radicado en Pereira (Risaralda) y, una vez se llevó a cabo el reparto correspondiente, se asignó al despacho Quinto Civil Circuito de esa urbe con tal especialidad y categoría, que rechazó la demanda argumentado que carecía de competencia y resolvió remitir la actuación a sus homólogos de la capital de Santander.


Lo propio, por considerar que «aunque el actor decidió presentar su demanda ante el Juez Civil del Circuito de Pereira, Risaralda, tal proceder no se ajustó a las opciones que otorga el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, pues dicho funcionario no es el juzgador del territorio de ocurrencia de los hechos narrados, ni el del “domicilio principal” de la demandada, por cuanto pese a que en esta ciudad existe una sucursal de la entidad, tal motivo no es suficiente para que se radique el asunto en tal sitio, como quiera que la norma no establece dicho factor como determinante para fijar la competencia en las acciones populares».


Además, refirió que «la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado para señalar que: ”(…) la existencia de una sucursal o agencia de la opositora en el lugar de los hechos, ninguna incidencia tiene en orden a determinar la competencia para conocer de una acción popular, pues como arriba se reseñó, es el propio legislador el que, en ejercicio de sus potestades, determinó sentar una regla especial en materia de competencia para esta especie de contiendas judiciales, y el que circunscribió a los precisos lindes trazados en el citado artículo 16 (…)”» (Fl. 3 Ídem). 


4.- Arribadas las actuaciones al Despacho Once Civil del Circuito de Bucaramanga, por auto de 3 de mayo de 2018,  también se abstuvo de avocar conocimiento y suscitó el conflicto, en consideración a que, «la Corte Suprema de Justicia en casos análogos, la dependencia judicial que fue elegida por el actor no puede abrogarse preliminarmente una discusión que compete a la entidad u organismo acusado de la vulneración, sin ser lo menos que, echa de menos el Juzgado de Risaralda la competencia a prevención claramente determinada la ley que regula las acciones populares […]».


Adicionalmente, mencionó que «resulta de relieve traer a colación la afirmación que hizo el actor popular cuando en su escrito inicial manifestó a los señores Jueces de Risaralda –lugar escogido según se corrobora en el acta de reparto-: “…pido admita la acción (…) a fin que no crea perder competencia, como suele hacerlo a saciedad…”».


Asimismo, relevó que «si bien existen dos factores de competencia, no puede echarse de menos el marcado raigambre Constitucional de las Acciones Populares, por tal razón no tendría mucho sentido –a no ser que ésta sea la voluntad expresa del accionante- conminarlo, rencausarle o remitirle su reclamo a una ciudad distinta a la escogida por él, todo a voluntad del funcionario judicial, que no del interesado, interpretación que no compartimos».


Y, arguyó que «de cara a la competencia a prevención, es preciso memorar un caso análogo, se trata de la providencia calendada el 24 de agosto de 2016 de la SALA CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Rad.11001-0203-000-2016-02248-00 – M.P. Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo), a través de la cual se dirimió un conflicto negativo de competencia entre en Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira y el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga, allí se consideró lo siguiente:

5. Respecto a la consideración del Juzgado de Pereira según la cual «la información disponible en la página web de la Superfinanciera da cuenta que el domicilio de la entidad demandada es la ciudad de Medellín», razón por la que declaró su falta de competencia, advierte la Sala que corresponde a la entidad convocada mediante los mecanismos idóneos refutar la afirmación del demandante a cuyo tenor el domicilio del Banco demandado es la ciudad de Pereira, pues es el despacho que conoce primeramente de la acción no puede asumir esta tarea defensiva para desligarse del conocimiento del rito procesal» (Fls. 2 a 3 Cdno. No. 2).


6.- Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.


II. CONSIDERACIONES


1. Atendiendo la naturaleza de la colisión traída a esta Corporación, en cuanto que enfrenta a dos jueces de diferente Distrito Judicial, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, conforme así lo regulan, perentoriamente, los artículos 16 de la Ley 270 de 1996, reformado por el canon 7º de la Ley 1285 de 2009, -Estatutaria de la Administración de Justicia.


2. El ordenamiento jurídico, mediante los factores competenciales determinados en la legislación, establece criterios por virtud de los cuales ha de esclarecerse a qué funcionario judicial corresponde el conocimiento de cada particular asunto. Aquellos, empero, pueden ser concurrentes.


3. En tratándose de las «acciones populares y de grupo» establecidas en el precepto 88 Superior, cuyo despliegue normativo lo realizó la Ley 472 de 1998, el precepto 16 ejúsdem dispone que de dicha herramienta constitucional conocen, en primera instancia, «los jueces administrativos y los jueces civiles del circuito […] Será competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda» (se destaca).


Relativamente a la disposición ut supra, la Sala ha sostenido lo siguiente:


[L]a reseñada norma consagra un evento de “concurrencia de fueros”, que en el ámbito del “factor territorial” posibilitan al “actor popular” la escogencia del funcionario judicial para presentar el escrito introductorio, aspecto este que la doctrina jurisprudencial de esta Corporación ha explicado en reiteradas oportunidades, señalando que “el gestor de la demanda al momento de seleccionar el funcionario competente, bien puede encontrarse frente a la presencia de uno sólo de los fueros o de varios de ellos, (…), evento ante el cual, iterase, le corresponderá, a su arbitrio, determinar por cuál de ellos se decide. Y, claro una vez defina sobre el particular, en principio, en esos términos deja definida la competencia, la que, por excepción, puede variar solo si el demandado, mediante los mecanismos idóneos refuta la atribución efectuada por el demandante (CSJ AC, 15 ago. 2008, rad. 00966; reiterado, entre otras providencias, en CSJ AC, 5 nov. 2013, rad. 02537; CSJ AC, 21 nov. 2013, rad. 02536-00; y CSJ AC1172-2016, 2 mar. 2016, rad. 2015-01661-00).


4.- Descendiendo al caso de autos, al examinar el expediente se observa que el libelo fue presentado ante la judicatura con sede en Pereira; se dirigió a los jueces civiles del circuito; y, por reparto le correspondió al despacho de tal especialidad y nivel funcional de la mentada urbe. Asimismo, señala el actor en el escrito genitor, por un lado, que el «sitio de vulneración» es «la Cra 15 # 28-26 Bucaramanga», y, por otro, que el domicilio de la entidad bancaria es «Cra 8 No 17 50 PEREIRA Rda».


5.- Bajo esas circunstancias, expuestos los factores legales y fácticos, se encuentra que la naturaleza de la norma (Art. 16 Ley 472 de 1998), está delimitada por los fueros concurrentes allí expuestos, por tal razón, el extremo activo podrá optar, exclusivamente, por una de las alternativas establecidas en el artículo 16, llevada a cabo esta selección, deberá el juez, respetar dicha escogencia.


6.- Verificada la base de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia1, de acuerdo con lo reseñado por el artículo 85 del C.G.P., halla  la Corte que el domicilio principal de la entidad demandada es la ciudad de Medellín – Antioquia, pues allí se suscribe lo que fielmente corresponde al certificado de existencia y representación del banco; elemento de juicio idóneo, que en consonancia con las reglas del Código de Procedimiento Civil correspondía arrimar al actor, y que en la actualidad no puede exigirse por el juez cuando se trate de personas jurídicas de derecho privado cuya información «conste en las bases de datos de las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla», y asimismo, «cuando la información esté disponible por este medio, no será necesario certificado alguno».     


Visto lo anterior, surge que si bien el gestor presentó el libelo ante el Juez del Circuito de Pereira, bajo la consideración de que ese era el «domicilio» de la entidad demandada, como elemento para determinar la competencia en la célula judicial de esa localidad, no es menos cierto que el «domicilio» principal de Bancolombia es la ciudad de Medellín; por lo que la equivocación en que incurrió el accionante no tiene fuerza vinculante para el juzgador.


Adicionalmente, el hecho de existir una «sucursal» en ese territorio, no resulta razón suficiente para radicar el asunto allí, debido a que la norma, en ningún sentido, permite que se presente el libelo en «sucursales o agencias», pues itérese, solo lo admite en el «domicilio principal» (numeral 5º Art. 28 C.G.P.), por lo que no se puede aprobar que este sea un factor incontrovertible que pueda fijar la competencia en las acciones populares.    


Al respecto, reiteradamente se ha pronunciado la Corte, para señalar que «la existencia de una sucursal o agencia de la opositora en el lugar de los hechos, ninguna incidencia tiene en orden a determinar la competencia para conocer de una acción popular, pues, como arriba se reseñó, es el propio legislador el que, en ejercicio de sus potestades, determinó sentar una regla especial en materia de competencia para esta especie de contiendas judiciales, y el que la circunscribió a los precisos lindes trazados en el citado artículo 16» (CSJ AC, 3 Ago. 2015, Rad. 2015-01596-00. Reiterada en AC8152-2016).


7.- En este caso no puede ser atendida la elección que llevó a cabo el actor en lo concerniente con el municipio donde presentó su demanda, empero, sí la opción que ha ejercido en consonancia con el domicilio del extremo pasivo, que de acuerdo a lo visto, corresponde a la ciudad de Medellín, por tanto, anticipadamente, se fijará la competencia en los jueces de Medellín.


Así lo ha manifestado la Sala, al señalar que


“como el promotor escogió el domicilio del accionado, éste necesariamente debe ser el de Popayán, conforme al certificado de existencia y representación y la doctrina de esta Corte, por cuanto el de la agencia no es factor para determinar competencia en esta clase de asuntos” (CSJ AC, 18 Feb. 2016, Rad. 2016-00317-00. Reiterada en AC8152-2016).


8.- Bajo esa tesitura, es preciso fijar el conocimiento del trámite sub judice al competente, aunque en este no participen los Despachos que previamente han conocido del conflicto, debido al carácter vinculante que así establecen los presupuestos normativos en materia de competencia y los principios que rigen las acciones populares; cuestiones que en ocasiones anteriores se ha cumplido, toda vez que, bajo estrictos basamentos legales, la Corte ha estipulado el conocimiento de procesos a jueces aun cuando estos no hayan hecho parte de la colisión, «en razón del carácter público, imperativo, improrrogable e inmodificable de las reglas de competencia» (CSJ AC416-2017, enero 31 de 2017, Rad. 2016-03534).


9.- En anteriores oportunidades este Despacho frente a situaciones similares había adoptado como criterio considerar que el conflicto de competencia era prematuro; empero, esta posición al interior de la Sala ha evolucionado y al revisarse el asunto, parece más adecuado definir de fondo el conflicto atendiendo la naturaleza constitucional de la «acción popular», y en aras de dar aplicación prevalente a los principios de eficacia, celeridad y debido proceso, con lo cual se tiende a reducir la exagerada litigiosidad que ha originado la excesiva presentación de «acciones populares» con idéntico cuadro fáctico, por lo que este Despacho se adhiere a ese cambio y participa; a partir de esta providencia, en la definición del conflicto, cumpliéndose de esta forma la carga argumentativa con respecto a la nueva posición que se adopta en esta providencia.      


10. Atendiendo el fuero personal elegido, después de imponerse su inferencia, la autoridad competente para conocer de la presente acción popular es el Juez Civil del Circuito de Medellín (reparto).   


RESUELVE


PRIMERO: DECLARAR competente para conocer del proceso de la referencia al Juez Civil del Circuito de Medellín (reparto).


SEGUNDO:        COMUNICAR lo decidido a los Juzgados Quinto Civil del Circuito de Pereira (Risaralda) y el Once Civil del Circuito de Bucaramanga (Santander), acompañándole copia de este proveído.


TERCERO: REMITIR el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva.


CUARTO: LIBRAR, por Secretaría, los oficios correspondientes dejándose las constancias del caso.



NOTIFÍQUESE





MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada


1 SuperintendenciaFinanciera:https: //www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=61694.