AC3246-2018
Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-01712-00
Bogotá D. C., treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Decídase el conflicto de competencia que surgió entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Cartagena del Chairá (Caquetá) y el Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá D.C., atinente al conocimiento del proceso ejecutivo de Wilson Javier Gutiérrez Angulo contra Juan Álvaro Barreto Devia.
ANTECEDENTES
1.- En la demanda presentada ante el «JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ», de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclamó de la jurisdicción librar «mandamiento ejecutivo […]», por la suma de «OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000.oo), por concepto de la obligación por capital contenida en el título valor», adicionalmente, por «concepto de intereses legales, siendo exigible a partir del día veintitrés (23) de junio de dos mil quince (2015) y hasta el día veintitrés (23) de diciembre de dos mil quince (2015), y moratorios a contar del día veinticuatro (24) de diciembre de dos mil quince (2015), y hasta cuando se verifique el pago de la obligación en su totalidad».
Además, aseveró, que el juez de dicha urbe es el competente toda vez que «el domicilio del demandando y el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación es el Municipio de CARTAGENA DEL CHAIRÁ – CAQUETÁ […]» (Fls. 2 a 4 Cdno. Principal).
2. El Despacho Promiscuo Municipal de Cartagena del Chairá – Caquetá declaró no ser competente para conocer del asunto por cuanto, «en el libelo introductorio la parte demandante manifiesta que el ejecutado reside en la calle 26 No. 27-48 de la ciudad de Bogotá, el artículo 28 numeral 1 del C.G.P. dispone “… en los procesos contenciosos…, es competente el juez del domicilio o residencia del demandado”; significa que la competencia para el presente caso la determina el lugar de residencia del demandado, en razón a que éste reside en la ciudad de Bogotá D.C. […]» (Fl. 7 Ídem).
3. Cumplidos los trámites preceptivos, el expediente fue repartido y entregado al Despacho Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá D.C., aconteciendo que su titular, el 13 de junio de 2018, lo rechazó, y al respecto esgrimió que «se configura la llamada “competencia concurrente”, puesto que la acción puede ser conocida por varios Despachos judiciales. Ante la situación, es necesario definir cuál será el juez competente para dirimir la controversia y el responsable de ello resulta ser el promotor de la acción».
Asimismo, consideró que «analizado el título valor base del recaudo ejecutivo, encuentra el Despacho que fue suscrito en Florencia y que el lugar de cumplimiento de la obligación es Cartagena del Chairá»; por tanto, «existe concurrencia de fueros como son el numeral 1º y el numeral 3º del artículo 28 del Código General del Proceso y, el hecho de que el demandante haya radicado la demanda ante el juez del lugar de cumplimiento de la obligación respecto del cual se pretende ejecución, da cuenta de la elección que aquél hizo y, consecuencialmente, fija en el juez al que correspondió por reparto el proceso incoado la competencia para resolver del mismo» (Fl. 11 Ídem).
4.- Así las cosas, conforme al canon 139 del Código General del Proceso, se entra a desatar el tópico en cuestión.
CONSIDERACIONES
1.- Para la determinación de la competencia, debe precisarse que la selección del juez a quien, previa autorización legal, le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa, surge como el resultado de la conjugación de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuantía o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros.
2.- De las pautas de competencia territorial consagradas por el artículo 28 del Código General del Proceso, la del numeral primero (1º) constituye la regla general, esto es, que «[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o esta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante» (se relieva).
Empero, en tratándose de asuntos suscitados, entre otros, por un «negocio jurídico», conforme al numeral tercero (3º) del precepto en comento, asimismo es competente el funcionario judicial del lugar de cumplimiento de la prestación, o sea, que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita».
3.- En aras de desatar el presente asunto, es del caso relevar lo siguiente:
3.1.- En primer orden, que si bien esta Corporación había expuesto reiteradamente que «en materia de títulos valores y por principio general, el lugar en donde debe cumplirse la obligación adquirida por el demandado no es elemento que defina la competencia, atendiendo que tal circunstancia no corresponde con estrictez al numeral 5º del aludido artículo 23, disposición esta que regula, en particular, los vínculos negociales; en esa línea, frente a hipótesis de ese temperamento, prevalece la directriz atinente al domicilio general» (CSJ AC, 23 ago. 2010, rad. 2010-00997-00; entre múltiples providencias), lo cierto es que esa aseveración se hacía conforme a las pautas a que se contraía el Código de Procedimiento Civil, hoy día derogado.
3.2.- En segundo término, la letra de cambio presentada para recaudar la pretensa obligación en el sub júdice, conforme a la normativa que la regula (artículo 671 y concordantes del Código de Comercio), es una de las distintas clases de «títulos valores» que existen; por supuesto, tal constituye una de las diversas formas que comprende la noción de «título ejecutivo» a que hace referencia el canon 422 del Código General del Proceso.
Dicho en breve, los instrumentos cartulares, hacen parte de un concepto legal que los abarca: los títulos ejecutivos.
3.3.- En tercer lugar, de la revisión efectuada a las actuaciones cumplidas y, particularmente, al texto del libelo introductorio y a la letra de cambio (Fl. 1 Ídem), cumple afirmar que toda discusión la zanjan los textos mismos de esos escritos, conforme a los precisos términos allí trazados, sin que sea menester recabar en adicionales precisiones sobre el particular.
3.4.- Así, emerge del cruzado análisis de esas piezas procesales que el llamado a conocer la controversia suscitada es el Juzgado Promiscuo Municipal de Cartagena del Chairá (Caquetá), pues tal fue elegido en virtud al foro competencial demarcado por el «cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».
Y, comoquiera que en la demanda se consignó, que el juez de dicha urbe es el competente toda vez que «el domicilio del demandando y el lugar señalado para el cumplimiento de la obligación es el Municipio de CARTAGENA DEL CHAIRÁ – CAQUETÁ […]».
En ese mismo sentido, el titulo valor de la referencia, expresamente menciona que el señor Álvaro Barreto el día 23 de diciembre de «15 […] SE SERVIRÁ USTED PAGAR SOLIDARIAMENTE EN CARTAGENA» del Chairá «A LA ORDEN DE Wilson Javier Gutiérrez […]» (subrayas por fuera del texto).
Es decir, vistas en su integralidad dichas manifestaciones, surge que optó el extremo ejecutante, para seleccionar a qué juzgador le incumbe avocar el conocimiento por cuenta de atribuir la competencia del sub examine, conforme al parámetro que le ofrece el numeral tercero (3º) del artículo 28 del Código General del Proceso, que no es otro que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita» (subrayas por fuera del texto), siendo que ese preciso entendido se refuerza en tanto que el escrito demandatorio presentado ante la jurisdicción, inequívocamente fue dirigido al «JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ».
En ese orden ideas, la elección que ha promovido el actor con base en los elementos normativos descritos, señala que quedó a su arbitrio el lugar de presentación de la demanda, como así sucedió.
En lo concerniente sobre tal convergencia, sobre la potestad de escoger uno de ellos y la consecuencia de esa elección, ha señalado esta Corporación que, cuando la controversia sometida a juicio
[…] tiene como hontanar un contrato, está facultado el actor para demandar tanto en el lugar del domicilio de su contraparte como en el del cumplimiento del mismo. Y es natural que agotada la elección, el fuero que otrora fuera concurrente se convierte en privativo (AC 25 ene. 2013, rad. 2012-02674-00, citado en AC708-2015).
Así mismo, ha establecido la Corte que:
«Significa, que el actor de un contencioso con soporte en un negocio jurídico con alcance bilateral tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o de título ejecutivo debe cumplirse; pero ello queda, en principio, a la determinación de su promotor» (CSJ AC4377-2016. 11 de julio 2016. Rad. 2016-01771-00).
4.- Por lo demás, referente a los conceptos de domicilio y lugar de notificaciones, dichos preceptos fueron confundidos por el juez de Cartagena del Chairá, toda vez que, como reiteradamente lo ha expuesto la Sala, dichas nociones corresponden a figuras jurídicas distintas.
Al respecto, ha explicado la Corporación:
(…) [n]o es factible confundir el domicilio, entendiéndose por tal, en su acepción más amplia, como la residencia acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, ‘pues este solamente hace relación al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de él, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que así lo requieran’ (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer ‘que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transeúnte), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda, sin que por tal razón, pueda decirse que ésta debió formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que éste sufrió alteración alguna’» (CSJ AC 20 de noviembre de 2000, rad. 0057, reiterado recientemente en AC3888-2017, 20 Jun. 2017, rad. 2017-01282-00).
5.- Por las razones antedichas procede, entonces, remitir la presente demanda al Despacho Promiscuo Municipal de Cartagena del Chairá (Caquetá), a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acción emprendida.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR que el conocimiento del proceso de la referencia, deberá continuar por cuenta del Juzgado Promiscuo Municipal de Cartagena del Chairá (Caquetá).
SEGUNDO: COMUNICAR lo decidido al Despacho Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá D.C., acompañándole copia de este proveído.
TERCERO: REMITIR el expediente a la célula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva.
CUARTO: LIBRAR, por Secretaría, los oficios correspondientes dejándose las constancias del caso.
NOTIFÍQUESE
MARGARITA CABELLO BLANCO
Magistrada