AC3249-2018
Bogotá D. C., treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Corte a decidir el recurso de queja formulado por la sociedad Seguros del Estado S.A., frente a la providencia del dos (02) de abril de dos mil dieciocho (2018), proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de la cual negó la concesión del recurso de casación que aquella interpuso.
ANTECEDENTES
1.- Los actores Blanca Cecilia Zapata López en nombre propio y en representación de Leidy Johana e Isabela Orrego Zapata convocaron a juicio ordinario de responsabilidad civil extracontractual a la Cooperativa de Transporte de Santa Rosa Ltda. -Coopetransa-, la sociedad Seguros del Estado S.A., José de Jesús Ramírez y Ángel Osvaldo Taborda, proceso al cual se acumuló la demanda incoada por Carlos Humberto Orrego Zuluaga, María Consuelo Acevedo de Orrego, Olga María, Ricardo Esteban, María Olivia y Oscar Hernán Orrego Acevedo, este último en nombre propio y en representación de su hijo Hernán David Orrego Muñoz, en contra de los mismos demandados.
Procuran los distintos demandantes que se declare la responsabilidad civil de los demandados y se les condene al pago de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a ellos causados por la muerte en accidente de tránsito del señor Carlos Alberto Orrego Acevedo; a la aseguradora hasta el límite de la póliza que amparaba para esa época el vehículo de placas SUL-764, por los montos fijados en sus respectivas demandas.
2. El Juzgado 5º Civil del Circuito de descongestión de Medellín, despacho al que le correspondió definir la litis, una vez agotado el trámite que la ley tiene reservado para esta clase de pleitos, profirió sentencia escrita en fecha 24 de septiembre de 2015, por medio de la cual declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada, a más de declararlos civil y solidariamente responsables, salvo a la compañía aseguradora, del daño por el señalado accidente de tránsito y dispuso las condenas que estimó pertinentes, singularizando sus valores en favor de cada uno de los convocantes, sumado a la condena impuesta a la compañía Seguros del Estado S.A. y a favor de los actores de las cantidades indicadas en el numeral segundo sin exceder la cobertura de la póliza constituida. Dicha providencia fue recurrida en apelación tanto por los demandantes como la parte demandada.
3. El Tribunal mediante la sentencia del 19 de diciembre de 2017, resolvió la alzada modificando los numerales primero, segundo y tercero de la parte resolutiva del fallo impugnado; revocó el numeral sexto y confirmó los restantes
La sociedad Seguros del Estado S.A., codemandada, en tiempo, interpuso recurso de casación circunscrito al numeral sexto del fallo de segunda instancia respecto de la condena al pago de intereses moratorios del artículo 1080 del Código de Comercio.
4. En proveimiento calendado 2 de abril de 2018, el Tribunal acusado decidió negar la concesión del recurso de casación.
5. Frente a la anterior decisión, la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio queja ante esta Corporación, al que se le imprimió el trámite previsto en el artículo 353 del CGP.
6. El Ad quem por auto de 31 de del del año que corre no repuso la providencia denegatoria del recurso de casación, y ordenó la reproducción de las piezas procesales que estimó pertinentes para efectos del recurso de queja, carga procesal que cumplió la parte interesada; agotado el trámite de ley, procede la Corte a resolver.
1.- El juzgador de segunda instancia, para negar el recurso formulado, inicialmente, expuso:
«(…) para el caso concreto se nota que la recurrente ni siquiera expresa a cuánto asciende el agravio que estima irrogado por la sentencia de segundo grado. Incluso, revisando el contrato de seguros que dio causa a su vinculación, fácilmente se observa que el límite asegurado pactado en el mismo es de 160 salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes…, por lo que a lo sumo deberá reconocer intereses sobre esa suma y naturalmente el total a pagar es por mucho inferior al exigido por la norma para recurrir en casación (folios 63 y 64 de las copias allegadas).
2.- Al resolver la reposición formulada por la misma parte en contra de la anterior determinación, el sentenciador de segundo grado, en la providencia del 31 de mayo de dos mil dieciocho (2018), –folios 75 y 76 ib.-, refiriéndose al motivo central de la impugnación horizontal enderezada a que «conforme con lo reglado en el artículo 7º y ss. de la Ley 1285 de 2009, remita las piezas procesales necesarias y suficientes, para que la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala de Casación Civil estudie y selecciones nuestro caso, con el fin de salvaguardar los intereses de mi cliente; de igual forma ejerza un control de legalidad de la decisión en comento y ante todo, se genere un criterio unificador de la jurisprudencia», expuso los mismos argumentos esgrimidos cuando no concedió el recurso de casación, es decir, que el actor no tenía interés para recurrir atendiendo el agravio sufrido con la sentencia objeto de impugnación extraordinaria.
Además, en lo que es la médula del recurso de reposición fue enfática en señalar que no está en el ámbito de competencia del Tribunal seleccionar anticipadamente para estudio de la Corte los fallos que considere importantes para el cumplimiento de la labor unificadora, cuando ni siquiera se reúnen los requisitos para la concesión del recurso extraordinario.
Asimismo, indicó, «que no yerra el recurrente al considerar que a la Corte Suprema se ha confiado la función de unificar la jurisprudencia y controlar la legalidad de los fallos, pero en su argumento pasa por alto un elemental presupuesto, esto es, que esos “fallos” deben ser proferidos dentro de procesos cuya resolución desfavorable para quien pretende la casación supere los 1.000 SMLMV, pues es en esos precisos casos en que se realiza la labor de selección que lleva a cabo la Sala del Alto Tribunal».
CONSIDERACIONES
1.- Por sabido se tiene que el recurso de queja, en lo que a este asunto interesa, por disposición de los artículos 352 y 357 del CGP, tiene como finalidad primordial que el superior funcional revise si el a-quo al negar la concesión del extraordinario de casación, procedió con apego a la normatividad vigente o, contrariamente, al negarla se apartó de sus postulados.
2.- En esa dirección, clarificar el acierto o desacierto del fallador impone, primeramente, sopesar las razones que tuvo y que, expuestas como fundamento de lo decidido, responden a los mandatos de la normatividad vigente o de la realidad procesal.
3.- En las voces del artículo 338 del Código General del Proceso, la cuantía del interés para recurrir depende del valor económico del agravio que la sentencia haya inferido al recurrente, para la fecha en que ésta se dictó.
El aludido interés está supeditado al valor económico de la relación jurídica sustancial que se reconozca o niegue en el fallo; esto es a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el quejoso con la resolución que le es desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día de la providencia; aunque, valga decirlo, cuando la «sentencia es íntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma» (CSJ, AC 28 ago. 2012, Rad. 2012 01238 00), siendo imperativo someterse a los parámetros que en los aludidos escritos se establecen.
4.- Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en asuntos de similares contornos al analizado, ha expuesto lo siguiente:
«Cuando de averiguar la cuantía del interés para recurrir en casación se trata, el sentenciador debe colocarse frente a todas y cada una de las cosas que, pretendidas en el litigio por la parte respectiva, no le han sido concedidas, y que, por lo mismo, constituyen la sumatoria de los perjuicios que le irroga la sentencia recurrida. Labor que ha de cumplir con absoluta independencia de si tales cosas tienen asidero jurídico o no; lo que es objeto de avalúo, entonces es la aspiración perdida, con fundamento o sin él» (Auto de 15 de junio de 2005, Rad. 2005 00430 00).
5. Dentro del caso sub exámine, con miras a determinar el valor de lo resuelto en forma adversa a la demandada, es menester reparar únicamente en la condena al pago de intereses impuesta a la recurrente en el numeral sexto de la sentencia opugnada y el límite máximo económico de la cobertura pactada en la póliza de seguros, que es de 160 SMLMV, para concluir sin equívocos la no satisfacción del requisito de la cuantía para recurrir en casación, como acertadamente lo dedujo el a quem, por tratarse de una inconformidad que tiene un trasunto eminentemente económico.
6. Y, sin duda, es patente que en el asunto que se desata, el quejoso no censura el argumento central del Tribunal para no conceder el recurso de casación sino que pretende que ese cuerpo colegiado desatienda el ordenamiento procesal y otorgue el medio de impugnación extraordinario bajo la eventual hipótesis de una selección positiva que podría realizar esta Corporación, si a esta se le remite las piezas procesales necesarias y suficientes; con lo cual se aparta de la verdadera finalidad del recurso de queja, que no comporta el estudio de fondo de la providencia del Tribunal sino la juridicidad de la decisión denegatoria de la concesión del recurso de casación
7.- Por consiguiente, el juez de segunda instancia no procedió de manera arbitraria o equivocada al no conceder el recurso de casación, ni es esta la oportunidad pertinente para que la Corte ejerza su facultad de selección positiva a la que alude el impugnador, por lo que se impone declarar ajustada dicha determinación a los mandatos del Código General del Proceso.
Con todo y a manera de ilustración, la Sala en otrora oportunidad se refirió a esa nueva figura procesal en AC 1226 de 2018, del 3 de abril de 2018, en los siguientes términos:
En últimas, frente a la facultad otorgada por el legislador estatutario en relación con la selección a secas (DRA: “acción y efecto de elegir a una o varias personas o cosas entre otras, separándolas de ellas y prefiriéndolas”) de sentencias objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal de casación, estableció la Corte Constitucional dos facultades de íntimo ligamen: las que ahora se han dado en denominar gráficamente como selección positiva y selección negativa de sentencias.
Tiene lugar la primera cuando la Corte, en uso de sus atribuciones derivadas directamente del comentado inciso segundo del artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, que modificó el séptimo de la Ley 270 de 1996, selecciona -utilizada esta palabra en el sentido propio, es decir, el de la definición antes transcrita- una sentencia para hacer un estudio exhaustivo y proferir una eventual decisión de fondo con miras al cumplimiento de los fines previstos en el comentado inciso y atinentes a la protección de derechos constitucionales, control de legalidad de los fallos y a la unificación de la jurisprudencia.
Por esta vía, es procedente interpretar que el inciso último del artículo 336 del CGP, atinente a las causales de casación, vino a constituir un desarrollo o reglamento de tal facultad, pues habilitó a la Corte para “casar la sentencia, aún de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público (sic), o atenta contra los derechos y garantías constitucionales”, lo que supone entonces que el Tribunal de Casación pueda dejar de lado aspectos formales que le llevarían a la inadmisión de la demanda de casación, por ejemplo, con miras a seleccionar, preferir o escoger la sentencia objeto de su pronunciamiento -forzosamente la que ya está siendo estudiada por la Corte en virtud del recurso de casación interpuesto- para los anotados fines.
Y tiene lugar la segunda, la denominada impropiamente como selección negativa, al tenor de lo decidido en la sentencia C7013-2008 de la Corte Constitucional, “previa tramitación conforme a las reglas y requisitos específicos que establezca la ley” en decisión adoptada “al momento de decidir sobre la admisión del recurso de casación”, por supuesto motivada.
Esta selección negativa, exclusión, descarte o rechazo fue reglamentada en el Código General del Proceso, pues su artículo 347 permite que la Sala, aunque la demanda de casación cumpla con los requisitos formales, la inadmita en los eventos allí previstos, disposición ajena a estas consideraciones” (Sublineado a propósito).
Sin más reflexiones, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
1.- DECLARAR bien denegado el recurso de casación que interpusiera la parte actora.
2.- Devuélvase al Tribunal la presente actuación para que forme parte del expediente respectivo.
Sin costas por no aparecer causadas (Art. 365 del CGP).
Notifíquese