Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Se decide la queja formulado por Camilo González Aguirre y Lilian Irene Ospina Parada, respecto del auto de 2 de noviembre de 2017, mediante el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Civil-Familia-Laboral, negó concederles el recurso de casación que interpusieron contra la sentencia de 3 de octubre del mismo año, pronunciada en el proceso declarativo incoado por Fernando Tobón Aristizábal y Eduardo Fajardo Molina, frente a los recurrentes, con demanda de mutua petición.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum y causa petendi. Los actores solicitaron se condenara a los interpelados, en calidad de poseedores materiales, a restituir un inmueble de su propiedad, o en subsidio, declarar la nulidad de la promesa de compraventa de 9 de enero de 2014, celebrada entre las partes, en uno u otro caso, con las restituciones mutuas correspondientes.
La convocada, Lilian Irene Ospina Parada, por su parte, prevalida de dicha promesa, afirmando haberla cumplido en lo pertinente, solicitó su ejecución, mediante la suscripción de la respectiva escritura pública, o en defecto, su resolución, esto último, con las secuelas inherentes, entre ellas, la restitución el precio entregado ($123’500.000), el reconocimiento de mejoras en cuantía de $37’500.000 y el pago de $36’500.500, cancelados en un proceso ejecutivo.
1.2. El fallo de primera instancia. El 31 de marzo de 2017, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Armenia, negó las pretensiones de la demanda de reconvención (cumplimiento o resolución de la promesa de compraventa); y en lugar de la reivindicación solicitada en el libelo inaugural, declaró la nulidad absoluta de dicho contrato.
En ese marco, condenó a los convocados iniciales a restituir a sus demandantes el inmueble involucrado, conjuntamente con la suma de $41’725.758, valor de los frutos; y a éstos, en favor de aquéllos, a pagar las cantidades de $123’560.000 y $39’603.853, en su orden, por concepto de la parte del precio efectuado y las mejoras plantadas.
Sin embargo, negó ordenar el pago de la obligación alegada por los demandados como cubierta “(…) a favor de un tercero respecto del proceso ejecutivo (…) esgrimido”.
1.3. El recurso de apelación. En lo pertinente, los originales convocados, como se dio cuenta por el ad-quem, solicitaron se les reconociera el valor de las mejoras necesarias y lo sufragado en el referido proceso ejecutivo seguido contra el hijo del pretensor Eduardo Fajardo Molina.
1.4. El fallo de segundo grado. El 3 de octubre de 2017, el Tribunal, al resolver el recurso de apelación, confirmó, sin ninguna modificación, la providencia apelada.
1.5. El recurso de casación. Interpuesto por los mismos apelantes, el juzgador, mediante auto de 2 de noviembre de 2017, negó su concesión, aduciendo que su interés económico, para la época de la providencia impugnada, no excedía el equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes ($737’717.000).
Lo anterior, porque del “avalúo comercial del inmueble a restituir” ($760’987.000) y de la condena por concepto de frutos ($41’725.758), cabía descontarse las sumas que debían recibir los recurrentes de los demandantes por el precio pagado ($123’560.000) y mejoras ($39’603,853), obteniéndose como resultado la cantidad de $639’548.905.
1.6. La reposición. Según los censores, en el minuendo había que incluir otras partidas reclamadas en el contexto, a saber: el valor del rescate de un proceso ejecutivo ($36’500.000), los costos de mudanza ($15’000.000), los gastos de trasteo ante la eventual restitución ($15’000.000), lo atinente a conservación y mantenimiento ($7’500.000) y el lucro cesante derivado de unos salarios dejados de percibir ($407’000.000), para un total de ($481’000.000).
Concluyen, por lo tanto, si el agravio sufrido con la sentencia impugnad, en definitiva, ascendía a la suma de $1’120.548.905, luego de aplicado el sustraendo, resultaba claro que dicha cantidad superaba con creces el valor de la cuantía exigida para acceder al recurso extraordinario.
1.7. El auto objeto del recurso de queja. En sentir del Tribunal, no le asistía la razón a la parte impugnante, porque al decretarse la nulidad de la promesa de compraventa, esto conllevaba la improcedencia de las súplicas de la demanda de reconvención, dirigidas al cumplimiento del contrato. La cuantía en casación, consiguientemente, debía establecerse alrededor de la pretensión acogida y no de la negada.
1.8. El recurso de queja. Compulsadas las copias peticionadas en subsidio y remitidas para resolver dicho medio de defensa, procede la Corte de conformidad.
2. CONSIDERACIONES
2.1. En el caso, imponiéndose condenas en contra y en favor de los recurrentes, en su orden, $802’712.758.00 (avalúo del inmueble y frutos), y $163’163.853 (precio pagado y mejoras), no se remite a duda que el agravio económico inferido a dicho extremo se encuentra representado por la diferencia entre ambas partidas, a cuyo resultado igualmente debe adicionarse el valor de las demás pretensiones a las cuales en el contexto aspiraba y que le fueron negadas.
2.2. Con relación a lo primero, ninguna polémica aparece planteada, por el contrario, las partes en contienda se muestran en total acuerdo, seguramente, siguiendo directrices de esta misma Corporación, según las cuales, el resultado entre el minuendo y el sustraendo es lo que determina el monto de la cuantía para recurrir en casación.
En efecto, como lo tiene sentado, “(…) en los casos de condenas a restituir bienes, contenidas en la sentencia de resolución o de nulidad de actos jurídicos, etc., el interés [económico dicho del recurrente] se determina por el valor del inmueble que debe restituir, junto con el de los frutos cuyo pago se le impuso, cifra de la cual debe descontarse la cantidad que la actora le debe abonar al condenado (…)”1.
2.3. El problema a elucidar se reduce a establecer si el hecho investigado debía limitarse a la cuestión jurídica resuelta, como lo señaló el Tribunal, o si, al decir de los inconformes, había a lugar a tener en cuenta otros rubros implorados, a la postre negados expresa o implícitamente.
2.3.1. En los términos del artículo 338 del Código General del Proceso, el “valor actual de la resolución desfavorable al recurrente”, constituye el parámetro a tener en cuenta para mensurar el interés en comento.
Dicho interés, al decir de la Corte, “(…) está supeditado al valor económico de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, vale decir a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta adversa (…)”2.
El detrimento económico, en consecuencia, depende de las líneas resueltas o trazadas en las sentencias de instancia, inclusive en función de la competencia funcional. Esto último, porque si el apelante, independientemente de la posición procesal en que se encuentre, limitó sus reparos al interponer el recurso de apelación a ciertos puntos desfavorables, dejando indemnes otros también adversos, esto significa que consintió y se conformó con lo así decidido.
En ese evento, para conceder o no el recurso de casación, en dirección del agravio sufrido por el interesado, en palabras de eta misma Sala, “(…) no puede pasarse por alto que éste, al no apelar la sentencia del juzgado, se dio por satisfecho únicamente con lo concedido”3.
Esta doctrina que, por lo mismo, se aplica cuando no todos los agravios inferidos al apelante en primera instancia son protestados, en tanto, los aspectos reclamados son confirmados por el Tribunal. De tal manera, cuando se han demarcado los límites de la competencia funcional, lo negado en segunda instancia dentro de dichos contornos, ciertamente, viene a constituir la desventaja patrimonial a medir para la procedencia del medio extraordinario.
2.3.2. Frente a las anteriores directrices, en el caso, la concesión del recurso de casación no podía negarse, argumentándose que como fue decretada la nulidad de la promesa de compraventa, el interés económico para el efecto solo podía definirse alrededor de las prestaciones mutuas que se imponían como consecuencia de esa decisión.
Así, entonces, es equivocada la conclusión del Tribunal, según la cual como la nulidad de la promesa de compraventa, implicaba la improcedencia de las súplicas de la demanda de reconvención, dirigidas al cumplimiento del contrato, pues la existencia de éste era su requisito, todo debía girar alrededor de la pretensión acogida y no de aquéllas otras.
Lo anterior, por cuanto, dadas las circunstancias concretas en causa, el monto investigado debía medirse por el valor de las cuestiones adversas impuestas a los casacionistas en primera instancia, las cuales, pese a ser apeladas, fueron confirmadas por el Tribunal.
2.4. No obstante, como seguidamente se expone, la conclusión del a-quem sigue siendo la misma, razón por la cual cabe avalarse.
Las pretensiones de la demanda de reconvención, incluidas algunas de las sumas solicitadas, ahora objeto de controversia, se negaron expresamente en el numeral séptimo de la parte resolutiva del fallo de primer grado. En el numeral quinto, mismo acápite, tampoco se recibió el “(…) concepto aducido como pago de la obligación a favor de un tercero respecto del proceso ejecutivo aquí aducido”.
De acuerdo con lo reseñado por el Tribunal, en punto de todas esas cantidades pretendidas en el minuendo, únicamente fue apelado lo relacionado con las mejoras necesarias y lo sufragado en el referido proceso ejecutivo.
Confirmado, sin ninguna modificación, la sentencia del juzgado, esto significa que también fueron negados los rubros reclamados en el recurso de apelación.
En suma, el interés económico del recurrente en asación, se encuentra representado únicamente por el avalúo del inmueble ($760’987.000), los frutos ($41’725.758), el valor de las mejoras necesarias ($7’500.000) y lo solucionado en el asunto compulsivo ($36’500.000), de cuyo total debe sustraerse lo reconocido a su favor por concepto del precio pagado ($123’560.000) y de otras mejoras ($39’603,853).
Ahora, como el resultado equivale a $683’548.905, no se remite a duda que el agravio económico sufrido por los impugnantes con la sentencia recurrida, no excede el equivalente a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes para la época en $737’717.000.
2.5. Así las cosas, las motivaciones de la queja formulada en subsidio de la reposición, carecen de mérito, razón por la cual debe procederse de conformidad, sin lugar a condenar en costas al recurrente por no aparecer causadas.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara bien denegada la concesión del recurso de casación de Camilo González Aguirre y Lilian Irene Ospina Parada, respecto de la sentencia de 3 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Sala Civil-Familia-Laboral, en el proceso declarativo incoado por Fernando Tobón Aristizábal y Eduardo Fajardo Molina, contra los recurrentes.
Como secuela, ordena devolver lo actuado al despacho judicial de origen para que forme parte del expediente.
NOTIFÍQUESE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
1 CSJ. Civil. Autos 095 de 26 de mayo de 2004 (expediente 00095), 4888 de 25 de agosto de 2014 (radicación 00216) y 924 de 24 de febrero de 2016 (expediente 02671), entre otros.
2 CSJ. Civil. Autos de 30 de junio de 2006 (expediente 00467), de 11 de diciembre de 2013 (radicación 02768) y de 8 de febrero de 2017 (expediente 00251), entre otros muchos.
3 CSJ. Civil. Auto 068 de 24 de abril de 2007, expediente 00122. Doctrina que se conserva vigente, porque en la material, el artículo 338 del Código General del Proceso, mantuvo los mismos lineamientos del artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones que le fueron introducidas.