AC3253-2018

Radicación n° 11001-02-03-000-2018-01512-00



Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018).


Decídase el recurso de queja interpuesto por Walter Javier Ortega Dorado, quien conforma la parte demandante, respecto de la providencia de 23 de marzo de 2018, en virtud de la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín - Sala de Familia, negó la concesión del recurso de casación por ella formulado contra la sentencia proferida el día 13 de marzo del año en curso, dentro del proceso ordinario que adelantó contra Elizabeth Mejía.


ANTECEDENTES


  1. Walter Javier Ortega Dorado llamó a juicio a la señora Elizabeth Mejía, para que con su citación y audiencia se declarara que entre éstos existió unión marital de hecho y, consecuencia de ello, se conformó sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes.


  1. El Juzgado Quince de Familia de Oralidad de Medellín, a quien le correspondió conocer del asunto, profirió sentencia el 4 de septiembre de 2017, en la que declaró infundada la excepción de prescripción alegada por la demandada, que entre los litigantes «existió unión marital entre compañeros permanentes desde el 10 de diciembre de 1997», decretó «la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial por la separación física y definitiva de los compañeros permanentes el 30 de junio de 2015 y en estado de liquidación» y dispuso las demás ordenaciones que decisión en tal sentido implican (fl. 178 Cd 1).


  1. Inconforme con lo así decidido, la parte demandada formuló recurso de apelación, que fue desatado por el Tribunal Superior de Medellín con sentencia de 13 de marzo de 2018, de manera favorable a sus intereses (fls. 38 Cd 2), en el siguiente sentido:


«CONFIRMANDO PARCIALMENTE la sentencia, de fecha, naturaleza y procedencia, indicada en las motivaciones, salvo sus ordinales segundo, únicamente, en cuanto dispuso que la mencionada sociedad patrimonial culminó, el 30 de junio de 2015, y decretó que la misma quedaba "en estado de liquidación"; el primero, en cuanto no accedió a la excepción de mérito de prescripción de la acción de liquidación de esa sociedad patrimonial, y el tercero inciso segundo, en cuanto ordenó su inscripción, en las M Is 01N-5099743 y 01N-5099715 de ¡a Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, zona norte, aspectos en los cuales, se REVOCA; en su lugar, SE DISPONE:


"SE DECLARA que entre los compañeros permanentes Walter Javier Ortega Dorado y Elizabeth Mejía existió una unión marital de hecho y una sociedad patrimonial, desde el 10 de diciembre de 1997 hasta el 22 de junio de 2015, cuando terminaron, a causa de su separación definitiva.


"SE DECLARA la prosperidad de la excepción de mérito introducida por la parte demandada, consistente en la prescripción de la acción de liquidación de la sociedad patrimonial que conformaron Walter Javier Ortega Dorado y Elizabeth Mejía».


  1. El extremo demandante decidió atacar en casación (fl. 39 vta). Empero, el fallador ad quem denegó tal medio impugnativo el día 23 de marzo de la presente anualidad (fls. 43-46), lo que fue reprochado a través del recurso de reposición (fl. 48), que fue desatado en proveído del 3 de mayo siguiente, sin que el mismo lograra modificar aquella determinación, y autorizó la expedición de copias para efecto del trámite del recurso de queja que ahora ocupa a la Corte (fls. 56-58).


LOS FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL


1. Luego de referirse al contenido del artículo 334 del Código General del Proceso, sostuvo que «no puede soslayarse que, aun cuando la decisión que se recurre, modificó el extremo temporal de la finalización de la unión marital de hecho y de la sociedad patrimonial, que fuera establecida por la sentenciadora de primer grado, en su proveído de 4 de septiembre de 2017 (f 178, c 1), lo cierto es que esta Sala finalmente acogió la que solicitara el demandante en sus pretensiones (f 2, c 1).


Por tanto, el agravio del que se duele la parte activa, para recurrir en casación el fallo del Tribunal, se remite específicamente, a la prosperidad de la excepción de mérito introducida por pasiva, consistente en la prescripción de la acción de liquidación de la sociedad patrimonial que conformaron Walter Javier Ortega Dorado y Elizabeth Mejía, situación que de contera, hace imperioso que se revise la cuantía del interés, para recurrir, a través de este mecanismo extraordinario, como requisito para su concesión».


A partir de lo anterior y atendiendo las normas que regulan la materia consideró que no le asistía interés al recurrente, por cuanto «el interés del demandante para recurrir en casación, se obtiene de la suma de los activos y pasivos que relacionó en su escrito de demanda, los que ascienden a $ 94.595.341, que resulta ser inferior, a la establecida legalmente ($781.242,00.00 m I), para que, por razón de la cuantía, sea procedente el otorgamiento del aludido medio impugnaticio extraordinario».


Remató diciendo en el proveído que resolvió la reposición contra la negativa de la súplica extraordinaria que «la sentencia, emitida en este asunto, no es susceptible del recurso extraordinario de casación, dado que, como se advirtiera en la providencia recurrida, la razón de la que se sujeta la parte demandante, para proponer la impugnación extraordinaria, se finca de manera exclusiva, frente a la prosperidad de la excepción de mérito, atinente a la prescripción de la acción de liquidación de la sociedad patrimonial que conformaron Walter Javier Ortega Dorado y Elizabeth Mejía, situación que exigió la revisión del interés para recurrir, por medio casación, como requisito sine qua non, no podría concederse, el cual no fue cumplido, en este caso, conforme a las previsiones del C G P, artículo 338».


SUSTENTACIÓN DEL RECURRENTE


Destaca la impugnante, como soporte para la reclamación de la concesión del recurso extraordinario, cardinalmente, que «el hecho motivo de debate en Casación no es la liquidación de la sociedad patrimonial derivada de la unión marital de hecho, que fue probada y declarada en la sentencia, sino el hecho de haberse declarado probada la prescripción para ese efecto, en razón a que para la Sala de Familia del Tribunal la demanda para la declaratoria de la unión marital de hecho fue supuestamente presentada fuera de término, hecho que es bastante discutible si tenemos en cuenta el análisis sistemático que hizo la Sala en relación con el artículo 29 de la Constitución Política, cuando el texto legal establece de manera clara y precisa que la suspensión de la prescripción se produce al momento de la presentación de la solicitud de conciliación y no, como lo afirma la Sala de Familia del Tribunal que será cuando la Comisaría Siete de Familia de Medellín le notifica la fecha de la audiencia para la conciliación a la citada».


Sostiene que «el proceso a que estamos haciendo referencia, es eminentemente un proceso declarativo y como tal no está sujeto al requisito del interés para recurrir por cuanto las pretensiones no son esencialmente económicas y la liquidación patrimonial que de él se deriva forma parte, precisamente, de ese proceso declarativo, luego, no se puede desmembrar a efecto de crear un interés para recurrir la liquidación de la sociedad patrimonial del proceso declarativo».


CONSIDERACIONES


1.- Dentro de las distintas particularidades que perfilan el recurso de casación sobresale, a los efectos que ahora interesan, la prevista en el artículo 338 del Código General del Proceso, conforme al cual su procedibilidad está condicionada, entre otras exigencias, particularmente cuando de juicios patrimoniales se trata, a que el agravio económico que la sentencia le cause al recurrente al menos colme el monto allí previsto, precisamente, 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que fue proferida; perjuicio directamente determinado por el valor de la relación sustancial decidida en el fallo recurrido, puesto que es en el momento en que se profiere cuando se produce el menoscabo que determina la inconformidad del recurrente, de manera que, como reiteradamente lo ha expuesto la Sala, «[…] la cuantía de este interés depende del valor económico de la relación sustancial definida en la sentencia, esto es, del agravio, la lesión o el perjuicio patrimonial que con las resoluciones adoptadas en el fallo sufre el recurrente, sólo la cuantía de la cuestión de mérito en su realidad económica en el día de la sentencia, es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado interés» (CSJ AC, 15 may. 1991, rad. 064).


2.- Disiente la recurrente de la decisión del tribunal, en lo medular, porque el presente juicio es un proceso eminentemente declarativo y como tal no está sujeto a la determinación del interés para abrir paso a la súplica extraordinaria, como lo determinó dicha colegiatura.


3.- Resulta pertinente recordar que los procesos declarativos son aquellos que propenden por la comprobación o fijación de una determinada situación jurídica, lo que no lleva implícita de manera absoluta la inexistencia de un interés económico, habida cuenta que según la situación de que se trate, dicho interés podrá o no estar inmerso en aquella declaración, toda vez que en estos puede darse la creación, modificación o extinción de un derecho o situación jurídica, lo que ha motivado que se clasifiquen en declarativos puros, constitutivos, de condena, o mixtos, según el alcance de las pretensiones contenidas en la demanda.


3.1. Dentro de la categoría de juicios declarativos ciertamente está el que se adelanta con la finalidad de obtener la declaración de existencia de la unión marital de hecho y la declaración de existencia de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes derivada de aquella unión marital.


Tratándose de la decisión que resuelve sobre la existencia o no de una unión marital de hecho, de vieja data se ha indicado que ésta declaración conlleva la constitución de un auténtico estado civil, lo que trae aparejado que la sentencia que en relación con el mismo se profiera, evidentemente, es susceptible del recurso extraordinario, sin que devenga necesaria la estimación de la cuantía para abrirle paso al mismo, por la incuestionable connotación que tienen frente a los derechos personales de los individuos involucrados.


3.2. La discusión surge cuando lo cuestionado es la decisión referida a la sociedad patrimonial de hecho, que puede o no surgir como consecuencia de aquella declaración de unión marital de hecho, habida consideración que más allá que dichas pretensiones puedan acumularse en un mismo juicio no dejan de ser acciones independientes y, en ese orden, susceptibles de escindirse las determinaciones que respecto de las mismas se adopten.


Debido a esto, si bien la determinación que frente a la prosperidad o no de la pretensión que en esa dirección se formule sea claramente declarativa, amen que fija la existencia de una situación jurídica, a partir de la cual se reconoce el derecho de los compañeros sobre el patrimonio común conformado con el esfuerzo y ayuda mutua, no viene a duda que la misma tiene un carácter económico, puesto que lo que se que procura es obtener de ella beneficios netamente patrimoniales.


4.- En el asunto bajo estudio, se reclamó por el demandante la declaración de unión marital de hecho y a partir de este reconocimiento, de la conformación de la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes, en donde en relación con la primera hubo simetría en las decisiones, tanto de primera como de segunda instancia, referentes a que ciertamente aquella se conformó y, en ese orden, declararon el estado civil reclamado, con la modificación que del extremo temporal inicial hizo el cuerpo colegiado.


Obsérvese, que el estado civil existente entre los señores Walter Javier Ortega Dorado y Elizabeth Mejía, fue declarado y confirmado en las instancias, sin que ninguna de las partes cuestionara esta puntual determinación, si en cuenta se tiene que sólo la convocada formuló recurso de apelación contra aquella sentencia, restringiendo su disconformidad al hito temporal estimado por el juez de primer grado para demarcar la terminación de la misma, porque afectaba sus intereses patrimoniales, toda vez que con tal definición resultó frustrada la excepción extintiva que planteó frente a la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes que se reclamó a consecuencia de aquella.


El mentado reproche halló eco ante el ad quem, quien, efectivamente, dispuso la modificación del mentado hito de finalización de la unión marital, lo que trajo aparejado la prosperidad de la excepción de prescripción que aquella formuló con la finalidad de enervar el derecho económico pretendido, cual era, reconocer a consecuencia de aquella unión la existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, para que se dispusiera su disolución y liquidación.


Justamente, lo que motiva la interposición de la súplica extraordinaria, según apuntó la recurrente, fue «el hecho de haberse declarado probada la prescripción para ese efecto», de manera que es tal aspecto económico el que es objeto de cuestionamiento, cuyo reconocimiento en últimas es el que se pretende obtener.  


Siendo así las cosas, si el reproche surge por la declaración que con efectos económicos está contenida en la decisión censurada resultaba forzoso que la impugnante en casación acreditara la existencia de la cuantía de su interés para recurrir, en los términos que prescribe el ordenamiento, que habilitara abrir paso al medio extraordinario, puesto que de ésta determinación es que emerge el presunto perjuicio que le infringe la sentencia, máxime si en cuenta se tiene que de cualquier forma el recurso se debe entender interpuesto contra lo desfavorable al recurrente.


Recientemente esta Corporación en caso análogo dijo que:


…el censor, como demandante de esa solicitud tocante con el estado civil, salió airoso, pues le fue concedida. La circunstancia de que el juez de segundo grado haya modificado el fallo del a quo, precisando que dicha unión finalizó el 2 de marzo de 2014, y no el día 5 de los mismos mes y año, nada tiene que ver con la unión marital de hecho propiamente tal, sino, y ello es incontrastable, con los efectos que ella, en materia económica, está llamada a producir, o sea, en concreto, con la sociedad patrimonial.


Dicho con otras palabras, la discusión que en casación se pudiera dar en torno de si la unión finalizó el 2 o el 5, en este caso no es para los efectos de la misma unión marital de hecho, pues, como se ha sostenido con insistencia, ella ya está pacíficamente declarada, y sí para los fines y los efectos de la sociedad patrimonial, en tanto que en ese orden de ideas el convocante sólo buscaría establecer que el finiquito ocurrió el día 5, pretendiendo con ello evitar la configuración de la excepción de prescripción, opuesta por la accionada frente a la súplica económica. Y en este caso mucho más, si no se pierde de vista que lo alegado en los recursos de reposición y de queja no pone en la mira al menos un aspecto típico ni menos temporal de la unión marital de hecho, propiamente tal; ya que se concentra en referir apenas la manera como se tramita el proceso, pretendiendo con ello querer hacer ver que éste es meramente declarativo y no de condena, para procurar ponerse al margen de tener que acreditar el interés para recurrir en casación, dejando en silencio tal baremo y por el contrario, por la conformidad, asintiéndolo en un todo.


Desde luego, si el vínculo viene declarado, cualquiera haya sido su duración o la época de su configuración, la parte actora que la haya pedido absolutamente nada tiene que reclamar a su alrededor. Si le fue concedida en primera instancia, para los fines propios de una declaración de unión marital de hecho ninguna protesta podrá elevar contra ella que le permita ir en apelación. Y si se dio en segunda instancia, esa misma parte carecerá de legitimación para alegar en casación cualquier aspecto relativo a la petición de estado civil, al haberle sido declarada. Como se dijo líneas arriba y ahora se reitera, ningún sujeto procesal puede insistir, por vía de impugnación, se le conceda aquello que ya le fue reconocido o concedido.    


Una vez declarada la unión marital de hecho, dentro del contexto de la Ley 54 de 1990, la discusión sobre su extensión, y más concretamente con la fecha hasta la cual perduró, toca no con dicha unión, que declarada está, sino, en cambio, con la sociedad patrimonial, es decir, con la acción de carácter eminentemente económica que el legislador permite acumular a la declarativa de estado civil, en cuanto el patrimonio que haría parte de ella sería, y ello es apenas obvio, el habido por la pareja desde el nacimiento de la unión hasta su clausura» (CSJ SC. AC de 17 de mar. de 2017, Rad. 2016-03584-00).


5. Consecuente con lo indicado, si la parte demandante carecería de interés para opugnar por vía de casación la declaración de existencia de la unión marital de hecho, al haber resultado está acorde con lo pretendido por él en su demanda, el alcance de la impugnación extraordinaria estaría limitada a la conformación o no de la sociedad patrimonial de hecho, respecto de la cual el tribunal halló configurada prescripción que tornaba inviable dicha reclamación, la cual tiene un carácter eminente económico, resulta inadmisible el argumento referente a que por ser el proceso declarativo no era del caso acreditar la cuantía de su interés.


6. De acuerdo con lo visto, el tribunal en su decisión estuvo apegado al contenido de las normas que regulan la concesión del recurso extraordinario, de suerte que no luce desacertada la decisión impugnada y, por ende, habrá de declararse bien denegado el impetrado por el señor Walter Javier Ortega Dorado.


DECISIÓN


Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil,


RESUELVE:


PRIMERO.- CONSIDERAR BIEN DENEGADO el recurso de casación formulado por Walter Javier Ortega Dorado contra la sentencia proferida el 13 de marzo de 2018, por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso que el mismo promovió contra Elizabeth Mejía.


SEGUNDO.- Sin condena en costas del recurso de queja por no aparecer causadas.


TERCERO.- Devolver al tribunal de origen la presente actuación, para que forme parte del expediente respectivo.




Notifíquese




MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada