Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civiles del Circuito, de Arauca y Quinto de Pereira, adscritos a los Distritos Judiciales de sus respectivas ciudades, para conocer la acción popular de RODOLFO HERRERA MORALES contra BANCOLOMBIA S.A.
1. El actor popular denuncia que la referida entidad carece de profesional intérprete o guía intérprete acreditado por el Ministerio de Educación Nacional, «tal y como lo ordena [la] Ley 382 de 2005», en su sede de la «Cra. 22 # 18-51 Arauca», indicando a la vez que «la vulneración (…) ocurre a lo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO». Como domicilio de la convocada señaló la «Cra. 8 No. 17-50 Pereira, Rda».
2. La reclamación se radicó ante los Juzgados Civiles del Circuito de Pereira, correspondiendo en reparto al Quinto de la aludida especialidad.
Esa autoridad rechazó de plano el libelo el 24 de abril de 2018, y la remitió al reparto de sus homólogos de Arauca, por ser el lugar de vulneración de los derechos colectivos (fl. 1, cdno, 1).
3. El Juez Civil del Circuito del lugar de destino provocó la colisión que se examina, destacando que su conocimiento corresponde al Juzgador de Pereira, pues «se tiene que la competencia determinada por el lugar de ocurrencia de los hechos, corresponde a cualquier Juez Civil del Circuito donde tenga sitios de atención al público la entidad demandada, lo que incluye al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira», ello si se tiene en cuenta que «el mismo accionante en los hechos del escrito introductorio resaltó y subrayó que la posible vulneración tenia ocurrencia a nivel nacional» (fls. 8 y 9).
II. CONSIDERACIONES
1. Como la discusión planteada involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional común de ambas, según lo establecido en los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la Ley 1285 de 2009.
2. Los factores de competencia determinan el operador judicial al que el ordenamiento atribuye el conocimiento de un litigio en particular, razón por la cual, a quien se le radica el libelo con que se promueve tiene la carga de valorar la legislación vigente al momento de radicación, a fin de adoptar la determinación de rigor en torno a su facultad o la de otra autoridad para conocerlo.
3. Para el caso de las acciones populares, el artículo 16 de la Ley 472 prevé que «[s]erá competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor…», estableciendo así un fuero concurrente a prevención.
De manera que, como lo ha señalado esta Sala,
En términos de tal expresión legislativa, el promotor de la acción judicial tiene libertad para escoger ante cuál de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestación de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para él, pero también para el juez ante quien se la concreta (AC2862-2018).
4. Dicho lo anterior, la Corte observa que si bien en el caso analizado el reclamante seleccionó el juez competente con fundamento en la vecindad de la entidad accionada informada en la misma demanda; es decir, en la ciudad de Pereira, resulta que la información que reposa en la base de datos de la Superintendencia Financiera de Colombia, consultable sin restricción ninguna en la página www.superfinanciera.gov.co1, determina que el domicilio principal de BANCOLOMBIA S.A. es en Medellín, de donde se deduce que la radicación realizada por aquél no se ajusta a la realidad, sin que la eventualidad de que la persona jurídica tenga alguna sucursal en Pereira sea suficiente para asignar a sus juzgadores el caso, en la medida que la infracción que se le atribuye no hace relación a ese lugar.
Al respecto, la Sala ha sostenido que:
En ese orden, en el caso no se puede atender la opción ejercida por el actor en cuanto al municipio donde radicó su demanda, pero sí su escogencia en relación a que la competencia se radique en el domicilio del demandado, que se conoce corresponde a Medellín, por lo que se asignara la competencia a los funcionarios de dicha ciudad. En un pronunciamiento reciente esta Sala indicó, en tal sentido «Como el promotor escogió el domicilio del accionado, éste necesariamente debe ser el de Popayán, conforme al certificado de existencia y representación y a la doctrina de esta Corte, por cuanto el de la agencia no es factor para determinar competencia en esta clase de asuntos» (CSJ AC, 18 Feb 2016, Rad. 2016-00317-00, CSJ AC, 10 jul. 2018, rad. 2018-01882-00).
5. Cumple advertir que si bien es cierto la Corte en varias providencias se atuvo a la simple manifestación del actor popular sobre el domicilio de la accionada, la entrada en vigencia plena del Código General del Proceso, y particularmente de su artículo 85, posibilita verificar esa información cuando reposa «en las bases de datos de las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla»; todo en aras de «procurar la mayor economía procesal» como lo ordena el artículo 42-1 ibídem.
6. De acuerdo con lo expresado, se establece que habiéndose atribuido la competencia por el domicilio del presunto trasgresor, el juez que debe conocer el asunto es el de Medellín, a quien se le enviará, por intermedio de la Oficina de Reparto.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,
RESUELVE:
PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto suscitado entre los Juzgados Civiles del Circuito, de Arauca y Quinto de Pereira, adscritos a los Distritos Judiciales de sus respectivas ciudades, señalando que los Juzgados Civiles del Circuito de Medellín son los competentes para conocer la acción popular de Rodolfo Herrera Morales contra Bancolombia S.A.
SEGUNDO.- REMITIR el expediente a la oficina de reparto que corresponde a los Juzgados Civiles del Circuito de Medellín a quienes se les asignó la competencia, para que se continúe con el trámite del asunto.
TERCERO.- COMUNICAR esta decisión los Juzgados involucrados en el conflicto que se ha dirimido.
Notifíquese,
Magistrado