AC3268-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02148-00


Bogotá, D. C., primero (1°) de agosto de dos mil dieciocho (2018).


Decídese el conflicto de competencia que se suscitó entre los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Monterrey (Casanare) y Séptimo Civil Municipal de Villavicencio (Meta), en el trámite de la demanda ejecutiva de mínima cuantía promovida por Banco de Bogotá S.A. contra Luis Hernando Vargas Mondragón.


ANTECEDENTES


1. Ante el primero de los despachos judiciales citados, el promotor instauró demanda ejecutiva con el fin de obtener el pago total de $23.803.048 junto a intereses moratorios a partir de la fecha de vencimiento, contenidos en el pagaré n.º 7231282 báculo de acción (folios 4 y 5, cuaderno 1).


En el libelo el ejecutante invocó el conocimiento del trámite, por el «domicilio de la parte demandada» (folio 2 vuelto, ejusdem).


2. El despacho judicial de esa localidad a quien se repartió la demanda, la rechazó por falta de competencia territorial porque «el domicilio del demandado es la ciudad de Villavicencio», pues así lo concluyó. En el escrito fue remitido a su homólogo de la capital del Meta, por aplicación de los numerales 1º y 3º del artículo 28 del Código General del Proceso (folios 15 y 16, ibídem).


3. El juzgado receptor del expediente, declinó su conocimiento y planteó la colisión negativa de esta especie, tras estimar que el funcionario de origen no debió apartarse del asunto, pues el ejecutante escogió el lugar de domicilio del demandado el cual está ubicado en el municipio de Monterrey – Casanare, tal como lo preceptúa el numeral 1° del artículo 28 del C.G.P. (folio 20, ídem).


CONSIDERACIONES


1. Habida cuenta que la presente colisión de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casación desatarla como superior funcional común de ambos, de acuerdo con los artículos 139 del Código General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la ley 1285 de 2009.

2. El numeral 1° del artículo 28 del Código General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, con la precisión de que si éste tiene varios domicilios, o son varios los demandados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elección del demandante; además de otras pautas para casos en que el demandado no tiene domicilio o residencia en el país.


Al respecto la Sala ha manifestado que:


… como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aquél su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00).


A su vez, el numeral 3° dispone que «[e]n los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones».


Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jurídico o que involucran títulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui).

Por eso ha doctrinado la Sala que el demandante, con fundamento en actos jurídicos de «alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor» (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00).


3. Desde esa óptica, carece de razón el primigenio juzgador para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, comoquiera que la demanda en este caso se presentó para cobrar el importe del pagaré n.º 7231282 ante el Juez Promiscuo Municipal de Monterrey correspondiente al domicilio del ejecutado, tal cual indicó el acreedor en el escrito genitor y en el memorial poder, según facultad que le otorgaba el numeral 3° del artículo 28 del Código General del Proceso (folios 2 a 3, cuaderno 1).


       4. En ese orden de ideas, bajo el entendido de un conflicto de competencia solamente por el factor territorial, el promotor eligió accionar ante el juez de Monterrey, localidad atinente al domicilio del encausado, luego es elección que conforme el precedente de esta Corte ut supra, debió respetar el funcionario que primero conoció el asunto y no repudiar su conocimiento.


       5. En consecuencia, se remitirá el presente caso al juzgado en mención para que asuma su trámite y se informará esta determinación al otro funcionario involucrado en la colisión que aquí queda dirimida.


Lo anterior sin desmedro de la facultad que le asiste a la parte demandada para controvertir ese punto, en oportunidad y por el mecanismo legal correspondiente.


DECISIÓN


Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Monterrey (Casanare), al que se le enviará de inmediato el expediente.


Comuníquese esta decisión al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitirá una copia de esta providencia para los fines a que haya lugar.


       Notifíquese.




AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO

Magistrado