LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
AC3271-2018
Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-02137-00
Bogotá D. C., primero (1°) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Se decide el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá y Promiscuo del Circuito de La Virginia, para conocer de la acción popular impulsada por Uner Augusto Becerra Largo frente a Davivienda S.A.
1. ANTECEDENTES
1.1. Petitum. Ordenar la colocación de baños públicos con acceso para ciudadanos discapacitados “(…) en silla de ruedas”.
1.2. Causa Petendi. La entidad financiera convocada no cuenta, en sus dependencias del municipio de Cartagena, con las aludidas instalaciones, incumpliendo con ello lo dispuesto en la normatividad vigente y aplicable al caso.
1.3. Competencia fijada en el libelo. La estableció en el sitio de “dirección de domicilio para la notificación” y el “sitio donde ocurre la posible vulneración”.
1.4. En providencia de 16 de mayo de 2018 (fl. 2), el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia se abstuvo de conocer, porque esa localidad no correspondía a ninguno de los fueros seleccionados por el actor.
Envió entonces el caso a los estrados de Bogotá, urbe donde se ubicaba el domicilio principal de la llamada a juicio.
1.5. El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de esta capital, receptor del proceso, de igual modo se declaró incompetente territorialmente, por cuanto
“(…) el accionante manifestó que la afectación del Banco Davivienda se presenta en todo el territorio nacional, lo que incluye la sucursal ubicada en la calle 7 de La Virginia Risaralda, se tiene que el competente es el Juzgado [de allí]”.
1.6. Planteo así el conflicto negativo de competencia y lo remitió a esta Corte a fin que lo dirimiera.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Junto a las acciones de tutela, la de cumplimiento, de inconstitucionalidad, de habeas corpus, la Carta Política de 1991 consagró expresamente las “acciones populares”, dentro del Capítulo III de los “Derechos Colectivos y del Ambiente”.
2.2. En ejercicio de las potestades estatuidas en el artículo 150 de la Constitución, el Congreso de la República expidió la Ley 472 de 1998, en cuyo artículo 16 determinó que para su tramitación “[s]erá competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular”.
En términos del anotado precepto, el promotor de las acciones de tal linaje tiene libertad para escoger ante cuál de los funcionarios con potencial competencia lo inicia, si ante el del lugar donde acontecieron los hechos, o ante aquél del domicilio del opositor.
Desde luego, la manifestación de preferencia del reclamante al respecto, es vinculante para él, pero también para el juez ante quien la concreta, por tratarse de una competencia de naturaleza concurrente o a prevención, cual lo tiene decantado la jurisprudencia de la Sala1 y corroborado la doctrina2.
2.3. Trasladando lo atrás expuesto al subéxamine, aflora patente, le asiste razón a la autoridad judicial de La Virginia, en el sentido de rechazar la demanda por falta de competencia territorial. Primero, porque el domicilio procesal o constituido para las notificaciones no es lo determinante; y segundo, por cuanto en dicho lugar no se sucedían las circunstancias motivadoras de la acción.
Empero, se equivocó al remitirla a los estrados de Bogotá, porque si por ninguna parte el actor eligió el domicilio sustancial o civil de la entidad convocada, el juez no podía suplantarlo. De allí se desprende que el único foro restante, de entre los escogidos por el promotor, es el del sitio de ocurrencia de los hechos.
Bajo ese espectro, el fallador de esta capital también erró al considerar que por dicho foro el juzgado risaraldense era el competente, pues en el libelo introductorio expresamente se señaló que los hechos lesivos del interés colectivo acontecían en Cartagena.
2.4. En consecuencia, así la sociedad demandada tenga su domicilio sustancial o civil en Bogotá, como fue constatado, se decidirá entonces que ninguna de las autoridades involucradas es competente para conocer. En cambio, lo son las oficinas judiciales de la ciudad bolivarense.
Se justifica la remisión de las diligencias a una autoridad judicial en principio no implicada en el conflicto aquí auscultado, en atención a la finalidad y naturaleza propias de las acciones populares, que reclaman pronto trámite y resolución, motivo por el cual se hace necesaria la inmediata y certera individualización del juez de conocimiento.
2.5. Se asignará entonces el asunto a los aludidos funcionarios.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que los competentes para conocer de la acción popular de la referencia son los juzgados civiles del circuito de Cartagena, a cuya oficina de reparto se ordena remitir las diligencias para lo de su cargo, comunicando lo decidido a las autoridades judiciales involucradas en la presente colisión. Ofíciese.
Notifíquese
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado Sustanciador
1 Et al: AC669 de 2018, exp. 2018-00330-00; AC 8687 de 2017, exp. 2017-02729-00; AC 8177 de 2017, exp. 2017-03181-00; AC 7492 de 2017, exp. 2017-02281-00. Entre muchísimos más.
2 AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de Derecho Procesal. Tomo III. Bogotá. 2016. Págs. 413-414.