ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado Ponente


AC3278-2018

Radicación n. º 11001-02-03-000-2016-01169-02


Bogotá D.C., dos (02) de agosto de dos mil dieciocho (2018).


La Corte decide el recurso de queja interpuesto por el demandado GILBERTO CARDOZO LOZANO, contra el auto de 20 de octubre de 2017, mediante el cual, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá no le concedió el extraordinario de casación en relación con la sentencia de segunda instancia dictada en el juicio de la referencia.


I. ANTECEDENTES


1. Luz Elizabeth Rico Camargo pidió declarar nula, por falta de formalidades legales, la venta del 50% de un inmueble que su progenitora Dayle Camacho de Rico convino con Gilberto Cardozo Lozano.


2. En el fallo del 30 de abril de 2014, el a-quo accedió a esa pretensión, y ordenó aclarar la matrícula respectiva “en el sentido que el señor Gilberto Cardozo Lozano, es propietario del bien, quedando incólume la propiedad que en un 50% tiene la demandante Luz Elizabeth Rico Camargo”.


3. Al desatar la apelación de Gilberto Cardozo, el  Tribunal modificó la decisión confutada (9 de diciembre de 2015), para “precisar” que el contrato “es nulo absolutamente” en relación con dicha cuota. En consecuencia, condenó a la sucesión de Dayle Camacho de Rico a restituir y pagar a aquél el precio que desembolsó, e intereses del seis por ciento (6%) anual más corrección monetaria, en caso de incumplimiento. De otro lado, impuso a  Gilberto Cardozo restituir a Luz Elizabeth Camacho Rico la mitad del inmueble más cinco millones ochocientos cincuenta mil pesos ($5.850.000) por frutos. Así mismo, ordenó a la demandante pagar dos millones cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos pesos ($2.486.500) por lo invertido en generar aquellos productos y, vencido el mismo término, réditos a la tasa indicada. Finalmente, autorizó la compensación de dichas cifras y condenó en costas al impugnante (fls. 1 al 32, cdno. 1).


4. Inconforme con lo resuelto, el 12 de enero de 2016 el demandado interpuso el recurso de casación (fl. 34, ibídem), que no fue concedida por la magistrada sustanciadora del Tribunal, en decisión ratificada al resolver el recurso de reposición planteado por el interesado. 


5. Enviadas a la Corte las diligencias para decidir la queja subsidiaria, esta se declaró prematuramente concedida (AC8583-2016), porque debió rituarse por el Código de Procedimiento Civil, por estar “vigente al momento en que comenzó a correr el término para formular los recursos”, y como los elementos obrantes en el expediente no eran suficientes para determinar el interés económico para acudir en casación, se debía aplicar el artículo 370 de dicha normatividad y decretarse un peritaje, pues, “es patente que tratándose de la nulidad absoluta del contrato de compraventa de un inmueble, el perjuicio que sufre el demandado frente a quien se decreta, equivale al valor de la cuota sobre la que versó la declaración del ad quem más las otras sumas que se le haya impuesto pagar, todo ello mesurado a la fecha del fallo” (fls. 57 al 62, cdno. 2).


6. Elaborado ese dictamen, respecto del cual no se tramitó por improcedente la objeción elevada por la contraparte del aquí recurrente, el 20 de octubre de 2017 la Magistrada Sustanciadora negó la opugnación extraordinaria. Tras mantener la decisión del 9 de diciembre de 2015 en sede de reposición y conceder la queja, remitió el expediente a esta Corporación, donde por proveído de 22 de febrero del presente año resolvió devolverlo para que esa autoridad “en la forma colegiada que se señaló pertinente desde el proveído del 14 de diciembre de 2016 adopte la resolución de rigor en torno a la impugnación del demandado” (AC670-2018) (fls. 29 al 33, cdno. 3).


7. El 23 de abril siguiente, en Sala de Decisión el Tribunal negó la concesión del recurso de casación, porque el 50% del avalúo que se obtuvo del inmueble ($191´674.700), sumado a los $5´850.000 por la condena en frutos, da un total de $197.524.700, monto inferior al umbral de 425 salarios que señala el Código de Procedimiento Civil (fls. 316 al 318, cdno. 1).


8. Contra esa determinación, el inconforme interpuso los recursos de reposición y subsidiario de queja, argumentando que la aplicación del Código de Procedimiento Civil se extendió por el Tribunal a todo el trámite de la impugnación extraordinaria, cuando lo mandado por la Corte se limitó a “la cuantía de la casación”.


En ese orden, señaló el recurrente que no podía emitirse pronunciamiento sobre la viabilidad de la casación, sin antes haberse tramitado, conforme a las reglas  del Código General del Proceso, la objeción al dictamen pericial elaborado por el auxiliar de la justicia designado, que resulta falto de solidez, claridad, exhaustividad y precisión, a lo que se agrega la carencia de idoneidad del perito.


Por último, el interesado señaló que la experticia que aportó como prueba de su objeción, determinó un avalúo comercial del inmueble por $630.252.000, cuyo 50% con las compensaciones del caso, totaliza una suma superior a 425 s.m.l.m.v. para diciembre de 2015 (fls. 319 al 322, ibídem.).


9. El Tribunal mantuvo el proveído censurado, destacando que el aplicable al trámite del recurso es el Código de Procedimiento Civil, según lo dispuesto por esta Corte. Además, autorizó reproducir las piezas procesales necesarias para tramitar el remedio accesorio (fls. 324 y 325, ibíd.).


10. Llegado el caso a esta sede y corrido traslado, no hubo pronunciamientos adicionales (fls. 1 al 3, cdno. Corte).


III.        CONSIDERACIONES


1. El presente recurso de queja tiene por objeto que, antes de resolverse sobre la concesión de la casación interpuesta oportunamente contra el fallo del Tribunal, se ordene a este dar trámite a la objeción que por error grave formuló el demandado al dictamen que se rindió para determinar la cuantía del interés para recurrir en casación. La razón en la que el impugnante fundamenta esa solicitud, es porque estima que el código aplicable al trámite de la casación que radicó es el General del Proceso -excepción hecha de lo relativo a la cuantía para recurrir-, regulación que en su entender sí prevé dicha oposición a la experticia.


2. A lo largo de este trámite, el centro de toda la controversia ha sido, precisamente, establecer la norma aplicable al recurso de casación interpuesto por el demandado frente al fallo de 9 de diciembre de 2015, propalado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.


A la vista de lo expuesto por la Corte en las providencias anteriores, quedó sentado, con absoluta claridad, que todo lo relacionado con el mencionado recurso de casación lo disciplina el Código de Procedimiento Civil, por ser la normatividad vigente al momento en que comenzó a correr el término para formular el mismo, lo que sin duda cobija también las actuaciones que surjan con ocasión de su trámite (AC8583-2016).


Y si alguna duda hubiere quedado después de ese pronunciamiento, en el ulterior de 22 de febrero de 2018 (AC670-2018), esta Corporación, con cita de su jurisprudencia, indicó que “en lo que atañe al aspecto procesal, el surtimiento de cada una de las fases que transita el recurso de casación acá en cuestión, se debe examinar bajo la óptica del Código de Procedimiento Civil”, advirtiendo además sin ambages, que “la legislación aplicable también cobija el tema de la objeción presentada al dictamen elaborado para tasar el interés”.




En el anterior orden de ideas, no resulta de recibo la petición del recurrente de declarar prematura nuevamente la actuación del Tribunal hasta tanto se decida la objeción por error grave a la experticia del auxiliar allí designado, puesto que, a tenor del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, ese “dictamen no es objetable”.


Es irrefutable, entonces, por disposición expresa de la norma aplicable, que en este asunto no era viable la objeción al dictamen rendido por el auxiliar de la justicia designado por el ad-quem, lo que en manera alguna significa que la labor realizada por el auxiliar resulte inescrutable, toda vez que debe ser analizada a la luz de las reglas de la sana crítica, vigilando que cumpla con las condiciones contempladas en el artículo 237, numerales 2° y 6º, del Código de Procedimiento Civil. Pero aún con lo precisado, tampoco resultaba del caso apartarse de las conclusiones del auxiliar de la justicia designado por el Tribunal, porque la peritación se elaboró directamente por un ingeniero civil, con licencia para avaluar inmuebles, quien describió en detalle el bien en cuestión, sus características principales y explicó el método de avalúo utilizado junto con sus fundamentos técnicos (fls. 223 a 237 del c. 3).


       3. Resta resolver sí, como concluyó el juzgador de segundo grado, el interés económico extraído de la pericia y de los demás aspectos involucrados en la sentencia censurada, es insuficiente para recurrir en casación.


       Para ese propósito, cumple recordar que según el artículo 366 ibíd., la casación procede “cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda cuatrocientos veinticinco (425) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, cifra que en este caso particular “equivale al valor de la cuota sobre la que versó la declaración del ad-quem más las otras sumas que se le haya impuesto pagar, todo ello mesurado a la fecha del fallo”, conforme quedó establecido desde el pronunciamiento del 14 de diciembre de 2016, cuando se declaró prematuramente concedida la queja.


Y eso fue lo que precisamente hizo el Tribunal en este caso, donde a partir del avalúo que se realizó al inmueble en litigio ($383´349.400), estimó que la mitad que se ordenó restituir al recurrente en la decisión censurada ($191´674.700), sumada al valor de los frutos civiles que se le impuso pagar ($5´850.000), arrojaba un monto ($197´524.700), inferior al mínimo necesario para acceder a la opugnación extraordinaria, que a la fecha de la sentencia generadora del agravio equivalía a $273´848.750.


4. En consecuencia, como el impugnante no tiene el interés para recurrir que alega, se declarará bien denegada la casación, sin condena en costas porque no hubo intervención de la parte demandante que justifique su imposición.


III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, RESUELVE declarar bien denegado el recurso de casación interpuesto por el demandado contra la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2015 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del proceso ordinario ya referenciado.


Sin costas.


Devuélvase lo actuado a la Corporación de origen. Ofíciese.



Notifíquese,





ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado