LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado ponente
AC3303-2018
Radicación n.° 19532-31-84-001-2015-00036-01
(Aprobado en sesión de catorce de marzo de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
Procede la Sala a decidir sobre la admisión de la demanda de casación formulada por los integrantes de la parte accionada Adriana Esther e Israel Andrés Vélez Sadovñik, frente a la sentencia dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, en audiencia de 7 de junio de 2017, en el proceso declarativo sobre la existencia de unión marital de hecho y sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, promovido por Nina Tulia Solano, con citación de los nombrados herederos determinados, así como de los demás indeterminados del causante Rodrigo Vélez Jaramillo.
Se solicitó declarar la existencia de la unión marital de hecho que conformó Nina Tulia Solano con Rodrigo Vélez Jaramillo, entre el 1º de enero de 1986 y el 2 de julio de 2014, y reconocer la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes originada en dicha relación de pareja, durante el citado período.
La comunidad de vida cuyo reconocimiento se pidió, comenzó desde 1986 y perduró hasta el fallecimiento del señor Vélez Jaramillo, el 2 de julio de 2014, habiéndose prodigado entre los integrantes de la pareja, «un trato como marido y mujer, pública y privadamente, tanto en sus relaciones de familia como entre los amigos y vecinos; con plena solidaridad, reciprocidad y con ayuda mutua tanto económica como espiritual».
La convivencia inició en El Bordo (Cauca), en la casa de Gladys de Albán, habitando allí por espacio de tres años; los cuatro años siguientes, moraron en la vivienda de Luz Aida Muñoz; en 1993 y 1994, se residenciaron en la «Venta de Cajibio»; durante aproximadamente seis años, se radicaron en la finca «Praga»; en 2001 se trasladaron a vivir a Popayán, en un apartamento ubicado en Torres del Río; en 2006 regresaron a la población inicialmente mencionada, cuando la señora Ana Tulia asumió la gerencia del hospital ubicado en ese lugar, y allí permanecieron hasta la muerte del señor Vélez Jaramillo.
El antes nombrado, estuvo casado con Zeldar Sadovñik Moreno, y se dictó sentencia de separación de bienes el 21 de junio de 1984 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Patía El Bordo, admitió la demanda mediante auto de 13 de abril de 2015.
Los hermanos Vélez Sadovñik, por intermedio de un mismo apoderado judicial, contestaron y se opusieron a las pretensiones del escrito introductorio del proceso; no aceptaron como ciertos los hechos en los términos referidos por la actora; adujeron que la comunidad de vida solo tuvo vigencia a partir del año 2000; y propusieron la excepción de mérito denominada «imposibilidad jurídica de obtener la declaración invocada en la forma solicitada por carecer de la convivencia o comunidad de vida singular permanente y estable antes del año 2000».
A los herederos indeterminados se les designó curador ad litem y notificado, replicó sin manifestar oposición e indicó que la prosperidad de las súplicas dependía de lo que demostrare la accionante.
La sentencia de primer grado se profirió en audiencia que tuvo lugar el 27 de julio de 2016, y en ella se acogieron las pretensiones planteadas por la demandante; se desestimó la excepción de mérito formulada por los herederos determinados convocados al juicio.
Contra la citada decisión interpusieron recurso de apelación los integrantes de la parte vencida -Israel Andrés y Adriana Esther Vélez Sandovñik-; como también la demandante, ésta en lo relativo a la falta de valoración de un testimonio.
Avocada la segunda instancia, se adelantó el respectivo trámite y el juzgador colegiado resolvió en el fallo de 7 de junio de 2017, en el sentido de confirmar la sentencia del Despacho del conocimiento.
En lo esencial, el juzgador colegiado expuso los antecedentes del caso; aludió a la teoría para explicar el entendimiento de la unión marital de hecho como forma de organización de la familia, apoyándose para el efecto en la jurisprudencia de esta Corporación; e indicó que para su conformación se requería de la exteriorización de una comunidad de vida, a partir de los hechos que evidenciaban la relación de pareja; singularidad de la misma, de tal manera que ninguno de los integrantes tuvieran de manera concomitante otra unión familiar con persona distinta; y permanencia en la convivencia, caracterizada por su estabilidad y continuidad.
Se argumentó, que en la declaración de parte los herederos determinados convocados al juicio, reconocieron la convivencia de la pareja bajo un mismo techo a partir del año 2000, y la relación sentimental desde 1986, por lo que se indicó, que esta última manifestación tenía el carácter de confesión.
En cuanto a los testimonios, se mencionaron los recibidos a Blanca Olivia Gómez y Eva Ravelo Gómez, extractando de ellos detalles acerca del inicio de la relación de pareja, ubicando ese momento en el año 1986; así mismo se aludió a la declaración de Zeneyda Pérez Albán, infiriendo que aludió al año 1987, como época en que la pareja vivió en la ciudad de Popayán, constándole porque para entonces ella comenzó a trabajar en la Gobernación del Cauca.
También se examinó la declaración de José Nelson Arbeláez García, deduciendo que informó sobre el trato con el señor Vélez desde aproximadamente 1978, por asuntos de negocios de ganado; así mismo que dio a conocer situaciones de la vida de pareja de aquel con la señora Solano; al igual que de los lugares donde habitaron; aunque se advirtió la imposibilidad de establecer de su versión, una fecha exacta de la convivencia de la pareja.
Las declaraciones de Isidoro González Caicedo y Ramiro Torres, no se consideraron útiles para esclarecer el factor temporal de cuando comenzó la comunidad de vida, en razón de no haber precisado fechas.
En cuanto a los testimonios rendidos de manera extraprocesal, se les restó eficacia, al advertir que se limitaron a expresar mecánicamente lo señalado en las preguntas, como obedeciendo a un libreto preestablecido.
No obstante lo anterior, se tomaron en cuenta las manifestaciones de los herederos determinados y de los testigos, en cuanto a las circunstancias por ellos conocida sobre la vida de la pareja; así como las condiciones personales de los integrantes de la misma, en lo atinente a su formación académica e independencia económica, como factores que hicieron posible el surgimiento de la unión marital desde el año 1986.
Así mismo se indicó, que el juez del conocimiento había analizado las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y que a pesar de que al comienzo de la relación de pareja, sus integrantes permanecían en lugares distintos, reuniéndose solo los fines de semana; se justificó ese hecho, bajo el entendido de que esa situación se produjo por razones de trabajo, y por lo tanto se determinó, que esa circunstancia no afectó el surgimiento de la comunidad de vida.
Formulada la impugnación extraordinaria por los herederos determinados accionados, y concedida por el Tribunal, esta Corporación en providencia de 24 de octubre de 2017, ordenó la expedición de copias para la ejecución en lo pertinente del fallo de segundo grado, y cumplida esa carga por la parte recurrente, se admitió el recurso de casación por auto de 9 de noviembre del citado año, ordenándose correr traslado para la sustentación, acto este cumplido el 15 de enero de 2018.
En el acápite de formulación de cargos del escrito de fundamentación de la impugnación extraordinaria, se manifiesta, que el juzgador de segundo grado, «incurrió en violación directa de la ley 54 de 1990 en la interpretación errónea del artículo 1º frente a los requisitos de comunidad de vida permanente y singular, y por la errónea interpretación del artículo 4º de la misma Ley 54 de 1990 en cuanto a la errónea valoración de las pruebas para establecer que la unión marital comenzó en 1986 y no en el año 2000».
Dice también la censura, que dicha infracción se produjo, «por error de hecho en la apreciación o producto de la valoración probatoria, al tener por demostrada la comunidad de vida estable y permanente» durante el citado período, y se expone, que el Tribunal «omitió valorar en conjunto las pruebas decretadas y practicadas en el proceso, desconociendo las reglas de la sana crítica».
Cuestiona, que se tuvo en cuenta la confesión de los accionados para deducir que la relación de pareja comenzó en 1986, apartándose de esa manera del requisito de la comunidad de vida permanente, porque el noviazgo, así sea duradero, como aconteció en el asunto estudiado, no da derecho a cambiar aquella exigencia; además, porque los deponentes fueron exactos al señalar, que la unión de pareja comenzó en el 2000 e invoca precedente jurisprudencial, el cual se afirma fue desatendido.
Igualmente se le reprocha al juzgador colegiado, no haber valorado las pruebas «en forma individual y conjunta, según las reglas de la sana crítica», y que dejó de advertir el hecho del inicio de la comunidad de vida en el año 2000, según lo confesó la actora, quien reveló que la relación sentimental y de noviazgo comenzó en 1985, y que «vivió en comunidad permanente bajo un mismo techo en un apartamento del señor Rafael Sánchez desde el año 2000 y luego se pasaron a vivir a la casa de la tía Fiya, hasta el día del fallecimiento del señor Rodrigo Vélez Jaramillo»; además de manifestar, que el causante vivió en Cali, viajando los fines de Semana a El Bordo, a visitar las fincas y que tenía una pieza donde el señor Galván, conocido como «Gato».
Reclama por la falta de valoración en conjunto de las declaraciones de Blanca Olivia Gómez Muñoz, Zeneyda Pérez Albán, José Nelson Arbeláez, Ramiro Torres; y en cuanto a los testimonios extra proceso de Gladys Pérez de Albán, Carlos Arturo Buitrago y Fernando Rodríguez García, protesta porque se les restó credibilidad; agregando, que de haberlos examinado otro hubiera sido el resultado respecto de la fecha de iniciación de la relación marital; además porque se desconocieron las reglas de los artículos 280, 176, y 221 del Código General del Proceso.
Se pide casar el fallo impugnado, a fin de que se declare que la unión marital tuvo vigencia solo desde el año 2000, hasta el 2 de julio de 2014.
En la fundamentación técnica de las causales autorizadas para cimentar el «recurso de casación», se deben demostrar los errores del juzgador de segunda instancia, que pudieron haber comprometido la legalidad de la sentencia impugnada, tanto en la aplicación de las normas de derecho sustancial (yerros in judicando), como las relativas al derecho procesal (errores in procedendo).
Coincidiendo con ese esquema, el artículo 344 del Código General del Proceso, fijó los requisitos para la adecuada sustentación de la «demanda de casación», los cuales se refieren a los siguientes aspectos:
La formulación por separado de los respectivos cargos, con la especificación de forma clara, precisa y completa de los argumentos soporte de cada acusación.
Cuando se plantea la violación indirecta, que comprende los supuestos de la causal segunda contemplada en el precepto 336 ibídem, por errores de hecho y de derecho, no es admisible referirse a aspectos fácticos no debatidos en las instancias.
Tratándose de «error de derecho», se exige el señalamiento de las normas probatorias consideradas transgredidas y una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas.
En el evento de invocarse «error de hecho», deberá manifestarse en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas o piezas procesales sobre las que recayó el yerro en la actividad de apreciación de su contenido material.
A fin de probar el desacierto fáctico, habrá de acreditarse que respecto del escrito introductorio del proceso, su contestación o los medios de prueba legal y oportunamente incorporados, hubo pretermisión o suposición total o parcial de tales elementos de juicio, o alteración de su contenido material, ya por adición o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversación arbitraria o ilógica del respectivo texto.
Igualmente, se debe especificar lo inferido por el juzgador del respectivo medio de prueba y señalar el contenido material del mismo, y mediante su cotejo, revelar o exteriorizar en qué consistió la alteración de la prueba.
Cuando en la acusación se denuncia la omisión de apreciar las pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar la respectiva probanza, así como su texto en aquello que guarde relación con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la decisión adoptada.
En caso de plantearse la infracción de las normas de derecho sustancial regulatorias del asunto materia del litigio, como consecuencia de errores jurídicos (vía directa), o yerros fácticos o de derecho (senda indirecta), ya sea por aplicación indebida o por la preterición de las mismas, es indispensable incluir la disposición legal que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida, sin que se requiera integrar una proposición jurídica completa.
También tiene el impugnante la carga de evidenciar la trascendencia del dislate en el sentido de la sentencia recurrida, para lo cual demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de la acusación, deberá proceder a explicar o exponer las razones por las que la decisión habría de ser distinta a la recurrida, además de favorable a los intereses de la parte impugnante.
2.1. Al analizar el escrito mediante el cual se sustentó el recurso de casación, se establece, la ausencia de claridad y precisión en la formulación de la acusación, pues además de no señalarse expresamente las causales en que se apoya -las cuales debían corresponder a las relacionadas en el artículo 336 del Código General del Proceso-, se efectúan planteamientos que en el ámbito de la técnica casacional, no resultan compatibles aducirlos como sustento de un mismo reproche, porque cada uno tiene previsto su correspondiente senda en el puntual diseño del recurso extraordinario.
En ese sentido se aprecia, que en la manifestación inicial los recurrentes aducen, que el juzgador «incurrió en violación directa de la Ley 54 de 1990»; luego se propone la «violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho en la apreciación o producto de la valoración probatoria»; y se agrega, que «omitió valorar en conjunto las pruebas decretadas y practicadas en el proceso, desconociendo las reglas de la sana crítica».
Sobre ese particular, esta Corporación en fallo CSJ SC12638-2017, rad. n.° 2002-00063-01, en lo pertinente sostuvo:
«[…] La violación de la norma sustancial por vía directa se puede configurar, en el evento de no tener en cuenta la disposición legal adecuada para resolver el caso, o por aplicar un precepto ajeno a la controversia, o cuando a pesar de ser la norma regulatoria del asunto materia del litigio, se le da un alcance que no corresponde a su correcto sentido jurídico».
Así mismo, en el auto CSJ AC586-2017, rad. n.° 2013-00088-01, se expuso:
«[…] Cuando el cargo propuesto en casación atañe a la clase de infracción aquí enrostrada, [violación directa,] es imprescindible para el recurrente admitir las conclusiones fácticas y probatorias expuestas por el juzgador de instancia, razón por la cual, no resultan técnicamente admisibles los cuestionamientos efectuados a la ponderación de la demanda, a su contestación o a los medios de persuasión, pues en acusaciones de tal naturaleza, debe prescindirse íntegramente de esa clase de divergencias».
Ahora, no obstante la invocación por los recurrentes de los artículos 1º y 4º de la Ley 54 de 1990, que tienen el carácter de preceptos jurídicos de naturaleza sustancial; no se explica la manera como se originó su transgresión, y la incidencia que tuvo ese yerro en la decisión adoptada, pues de forma inadecuada plantean que provino de la «errónea valoración de las pruebas», sin percatarse de que tal supuesto es propio de la infracción indirecta.
Lo anterior significa, que no se cumplen las formalidades exigidas para aducir y demostrar la violación directa de las disposiciones legales de índole sustancial.
Téngase en cuenta, que en el evento de invocarse «error de hecho manifiesto» en la estimación de los medios de convicción, de acuerdo con la parte final del inciso 3º literal a) numeral 2º artículo 344 ídem, se exige su especificación «[…] con precisión y claridad, indicándose en qué consiste y cuáles son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deberá demostrar el error y señalar su transcendencia en el sentido de la sentencia».
Por su parte, la jurisprudencia ha determinado, que para la demostración del yerro fáctico, se requiere expresar de manera exacta la inferencia del juzgador, al igual que señalar el contenido material del medio de convicción que se considera apreciado de forma errada o dejado de estimar, y mediante el cotejo de esos dos textos, revelar o exteriorizar en qué consistió la equivocación.
Acerca de dicha temática, esta Corte, entre muchos otros, en proveído AC1722-2017, rad. n.° 2007-00217-01, sostuvo:
«[…] Para efectos de la demostración del yerro fáctico se requiere identificar los medios de convicción respecto de los cuales recayó la errada apreciación, reseñar lo deducido de los mismos por el juzgador, expresar en lo pertinente su contenido y a partir de su comparación o parangón, extraer la divergencia o disparidad que evidencie el dislate denunciado.
[…]
[…] cuando se alega la violación de la ley sustancial como consecuencia de error de hecho en la apreciación de las pruebas, [se exige al recurrente] que exponga no como un alegato de instancia, sino mediante una confrontación específica, lo que la prueba dice y lo que el juzgador dejó de ver en ella, o lo que tergiversó o distorsionó de la específica evidencia.
[…] es necesario que […] el recurrente lo demuestre, actividad que debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de erróneamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterición o desfiguración de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con ofrecer la visión del recurrente, a la manera de un alegato de instancia, sino se confronta en sus términos con la sentencia acusada […].
[…]
[…], cualquier razonamiento dirigido a que se vuelva a examinar la situación fáctica, por mostrar el casacionista una simple discordancia frente a la evaluación crítica del fallador, resulta estéril si no se deja al descubierto la magnitud y trascendencia del desacierto que se produjo al apreciar las pruebas en las que se sustentó la decisión».
Para el caso, se observa que no obstante mencionarse la declaración de parte de los herederos determinados demandados, al igual que algunos de los testimonios incorporados, como sustento de la decisión; no se expresa de manera exacta lo deducido de ellos por el Tribunal, y tampoco se reproduce el contenido material de tales probanzas en lo que los impugnantes estiman se hizo de forma errada su apreciación; limitándose el casacionista a plantear su percepción personal de lo que considera se demostró en lo atinente al momento de cuando comenzó la comunidad de vida de la pareja.
Además, como consecuencia de omitir revelar el dislate en los términos referidos, también dejó de acreditar la trascendencia del yerro fáctico frente a la decisión adoptada en la sentencia cuestionada; la cual constituye otra formalidad legalmente reclamada.
2.4. Ahora, de llegar a entenderse que los impugnantes extraordinarios adujeron un «error de derecho» en la sustentación de la acusación, puesto que invocaron la pretermisión del Tribunal de estimar las probanzas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y que se citó como norma probatoria transgredida el artículo 176 del Código General del Proceso, el cual fija pautas para la estimación de las pruebas; se observa el incumplimiento de precisar la manera como se estructuró la transgresión de la disposición legal en cuestión e indirectamente el desconocimiento de la norma sustancial.
Sobre ese particular téngase en cuenta, que de manera general, para la acreditación del «error de derecho», la fundamentación debe estar orientada a evidenciar la infracción de las reglas del régimen probatorio, por ejemplo, cuando se otorga valor persuasivo a un elemento de juicio no autorizado por la ley, o en el evento de requerirse una prueba específica para probar determinado hecho o acto jurídico, se da por demostrado con una probanza distinta, o cuando se exige un elemento de convicción no previsto por el legislador, o ante la inobservancia de las pautas contempladas para la apreciación de las pruebas, como aquella que manda estimarlas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
Acerca del entendimiento en sentido amplio del señalado dislate, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia CSJ SC17162-2015, rad. n° 2010-00026-01, en lo pertinente, memoró:
«[…] el [error] de derecho, se configura en el escenario de la diagnosis jurídica de los elementos de prueba al desconocerse las reglas sobre aducción e incorporación de los mismos o el mérito demostrativo asignado por el legislador. La Corte enseñó que se incurre en éste si el juzgador aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producción; o cuando, viéndolas en la realidad que ellas demuestran, no las evalúa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohíbe para el caso; o cuando, requiriéndose por la ley una prueba específica para demostrar determinado hecho o acto jurídico, no le atribuye a dicho medio el mérito probatorio por ella señalado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificación de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere […]».
Con relación a la error de derecho por omitir la apreciación de las pruebas en conjunto, esta Corporación en fallo CSJ SC047, 25 may. 2004, exp. n.° 7127, sostuvo:
«[…], en lo que atañe con el yerro de derecho que emerge cuando no se aprecian las pruebas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, que es lo que aquí interesa, se observa, sobre todo, que tales pautas identifican el denominado sistema de apreciación racional que impera en el ordenamiento procesal civil; por lo mismo, es importante subrayar que la exigencia de que el juzgador cumpla con esas directrices concierne, por una parte, a la labor de valoración en conjunto de todos los medios de prueba, mediante la utilización de un método crítico que implique una plena coherencia, de modo que se tengan en cuenta las necesarias conexiones, concordancias o discrepancias entre esos diversos componentes; y, por otra, con el hecho de que al apreciar el haz probatorio dentro del contexto que ofrece el litigio, se tenga ‘por derrotero únicamente las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia que, según su entender, sean aplicables a un determinado caso’ (G.J. t. CCLXI, pág. 999)».
Y en fallo CSJ SC198, 29 oct. 2002, exp. n.° 6902, de manera específica acerca de la deficiencia técnica detectada en la demanda de casación que se analiza, se expuso:
«Respecto de este error ha dicho la Corte que: ‘[e]s indiscutible que el incumplimiento por parte del fallador del deber de valorar en conjunto todas las pruebas allegadas al proceso, genera un error de derecho de su parte que hace atacable la sentencia de conformidad con la causal primera de casación. Empero, no es suficiente que tal cosa se afirme simplemente, sino que es imperativo que, además de la individualización de los medios de prueba no estimados globalmente, se indique por la censura los apartes de cada una de ellas que evidencien y demuestren de modo completo la falta total de dicha integración, a consecuencia de la cual se produce la violación de norma de derecho sustancial, so pena de que como secuela de no hacerse así permanezca inalterable la presunción de acierto que cobija toda decisión judicial, y por lo mismo incólume la sentencia atacada con el recurso de casación’ […].
Es decir, que para que el error denunciado se configure debe demostrar el recurrente que la tarea de evaluación de las diversas pruebas efectuada por el sentenciador, se llevó a cabo al margen del análisis de conjunto ordenado por el artículo 187 del C. de P.C.,[hoy artículo 176 Código General del Proceso,] lo cual debe realizar poniendo de manifiesto que la apreciación de los medios de prueba lo fue de manera aislada o separada, sin buscar sus puntos de coincidencia o de enlace, pues si la tarea cumplida por el Tribunal se ciñó al precepto citado, no puede admitirse la existencia del error, cuando con este argumento lo que persigue el casacionista es que se sustituya el examen del conjunto hecho por el juzgador por el realizado por aquel.
Pero además, […] no es suficiente que en su sustentación se afirme que el Tribunal no cumplió con el deber de valorar las pruebas en conjunto, sino que es imperativo que además de individualizar los medios de prueba que en su concepto no se estimaron globalmente, indique el censor los apartes de cada uno de ellos que evidencien y demuestren la falta total de dicha integración, a consecuencia de la cual se produce la violación de norma de derecho sustancial, pues si no procede así, la presunción de acierto que cobija toda decisión judicial permanece inalterable y por lo tanto, incólume la sentencia recurrida».
De acuerdo con lo anterior, se establece el incumplimiento de las formalidades para evidenciar el dislate, porque la impugnante en lo esencial se limitó a cuestionar la omisión de valorar las pruebas en conjunto, sin informar sus coincidencias o enlaces, para de esa manera evidenciar que la unión marital se estructuró a partir del año 2000, mas no desde 1986, como lo dedujo el juzgador colegiado.
Obsérvese que aunque se hace referencia a la «confesión» de la demandante Nina Tulia Solano, sobre el señalado hecho, y no obstante afirmarse que es armónica con el dicho de los demandados, no se da a conocer el contenido exacto de sus versiones.
Tampoco se satisface la referida formalidad, en lo concerniente a la prueba testimonial, ya que la crítica se orientó a cuestionar aspectos concernientes a la apreciación de su contenido material.
En tal sentido se asevera, que el testimonio de Blanca Olivia Gómez Muñoz, «no fue analizado conforme a las ritualidades del C.G.P., que debe ser en conjunto, dando crédito únicamente a la fecha de 1986, sin que la testigo hubiera explicado las circunstancias de tiempo, modo y lugar, donde no hay duda que se aprendió el libreto preestablecido».
En cuanto a la declaración de Zeneyda Pérez Albán, se cuestiona el señalamiento del Tribunal de que «no era útil para el proceso», y que se dejó de estimar su versión relativa a que el señor Vélez «vivía en Cali en la casa de Nancy (hermana), que viajaba al Bordo – Cauca, cada ocho días, que tenía una habitación donde el Gato, y que los fines de semana andaba con Nina, y luego se iba para Cali».
Respecto del testigo José Nelson Arbeláez, se reclama, porque se «omitió valorar en conjunto […], quien expresó con circunstancias de modo, tiempo y lugar que la cohabitación permanente, desde 1999 o 2000, y que desde 1985 Nina y Rodrigo eran novios o amigos, lo que desvirtúa la fecha de la convivencia […] en forma permanente desde el año 1986».
Con relación al deponente Ramiro Torres, se critica la omisión de valorarlo y de tomar en cuenta, que en su versión sostuvo, «que el causante visitaba el Bordo los fines de semana, a una pieza donde el Gato Albán, y que vio a la pareja conviviendo en forma permanente hace 15 o 16 años (la declaración fue en el año 2016) donde una señora Josefina Gómez, luego donde un señor Rafael y luego donde la tía Fiya y que la demandante vivía en la casa materna».
Ahora, acerca de la situación de restarle mérito probatorio a los testimonios rendidos extra proceso, se cuestiona específicamente la falta de apreciación de la declaración de Gladys Pérez de Albán, de quien se indica era la esposa de «Gato», persona esta que le había alquilado una pieza al señor Vélez, desde 1985 a 1988, y se asevera, que ella manifestó, que «cuando el señor Rodrigo llegaba al Bordo, procedente de Cali, la señora Nina Tulia lo visitaba los fines de semana, el señor Rodrigo Vélez Jaramillo viajaba al Bordo a visitar su finca de nombre La Sevillana. Esto lo hacia los fines de semana y el lunes se regresaba para Cali y Nina Tulia se regresaba para la casa de su mamá en el Bordo Cauca. Que entre Rodrigo y Nina Tulia había un noviazgo porque no tenía relación permanente con él».
Como puede advertirse, a pesar de que los recurrentes aluden a algunas de las manifestaciones de los deponentes, omiten construir la argumentación fundada en los enlaces y coincidencias de los hechos por ellos declarados, concretamente de aquellos que pudieran corroborar la tesis de que la unión marital comenzó en el año 2000 y no en 1986, como lo dedujo el juzgador de segundo grado.
Finalmente cabe señalar, que la referida labor de demostración del error en el fallo impugnado no se satisface haciendo mención aislada de aspectos sobre los cuales declararon los testigos, sino que la técnica exige la realización de un trabajo argumentativo, que además de establecer las coincidencias y enlaces de los medios de convicción acerca de un determinado hecho, conduzca a desvirtuar las inferencias obtenidas por el juzgador.
Dicha formalidad obedece a que el recurso de casación conlleva una examen de legalidad del fallo impugnado, de tal manera que le corresponde al censor evidenciar los yerros denunciados, para que la Corte realice su verificación, a partir de los planteamientos del casacionista, sin que se halle facultada para realizar una nueva valoración del material probatorio, como en este caso tendría que hacerlo, dada la deficiencia que presenta la sustentación de la acusación.
Acerca de la problemática en cuestión, esta Corporación en la sentencia SC15173-2016, rad. n° 2011-00169-01, en lo pertinente sostuvo:
«[…]. El recurso de casación, suficientemente es conocido, tiene por mira desvirtuar la presunción de legalidad y acierto de la sentencia impugnada, bajo estrictas causales legales y en las precisas hipótesis normativas.
En esa dirección, siendo la Corte juez de la decisión del Tribunal y no del proceso, la sede extraordinaria excluye la posibilidad de provocar un nuevo análisis de las pruebas recaudadas más allá de la comprobación de los yerros probatorios denunciados en la censura, por ser un trabajo reservado a las instancias, […]; tampoco constituye la oportunidad para oponer a la tarea libre y autónoma realizada por el juzgador, el criterio subjetivo de la parte recurrente en la materia.
De ahí, en temas probatorios, el objeto del recurso de casación no es la apreciación de las pruebas incorporadas, sino establecer si la valoración realizada por el Tribunal es acertada o razonable, o contraevidente. En otras palabras, si las circunstancias establecidas tienen o no respaldo en elementos de juicio dentro del expediente».
De conformidad con lo analizado en precedencia, en virtud de que la demanda presentada no satisface las formalidades técnicas señaladas, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1º del artículo 346 del C.G.P., su inadmisión, debe ser la consecuencia.
De otra parte, no es del caso seleccionar el asunto para una eventual casación de oficio, porque no se evidencia la estructuración de alguno de los supuestos consagrados en el último inciso artículo 336 del Código General del Proceso, según el cual ello es procedente, «[…] cuando sea ostensible que la [… sentencia] compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales».
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casación formulada por los accionados Adriana Esther e Israel Andrés Vélez Sadovñik, frente a la sentencia proferida en audiencia de 7 de junio de 2017, llevada a cabo por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán en el proceso de declaración de existencia de unión marital de hecho y de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, que tuvo por partes las identificadas en el encabezamiento de esta providencia.
SEGUNDO. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Presidente
MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA