AC3336-2018

Radicación n.° 11001-02-03-000-2018-02057-00


Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil dieciocho (2018).


Sería del caso resolver el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de la Virginia y Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, en la acción popular seguida por Augusto Becerra contra Davivienda S.A., si no fuera porque se observa que fue planteado de forma anticipada.

ANTECEDENTES


1.        El promotor pretendió se ordene a la demandada construir unidades sanitarias para los ciudadanos con movilidad reducida  (fl.1, cno1).


2.        El Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia advirtió su incompetencia para impulsar el caso, pues el domicilio de la convocada es Bogotá y de la petitoria no se deduce que el sitio de la vulneración sea el lugar donde se presentó la acción, por lo que dispuso su envió a esta Capital. 


3.        El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá lo repelió al colegir que la atribución la tiene el funcionario ante quien se incoó el libelo, toda vez que el vocero adujo que la vulneración ocurre «a lo largo y ancho del territorio patrio», y escogió al de ese lugar, lo que no podía ser inadvertido por el receptor. Seguidamente, remitió el expediente a la Corte para que dirima esa disparidad de criterios.


CONSIDERACIONES


1.        Como el conflicto negativo de competencia se suscitó entre dos estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corporación zanjarlo como superior funcional de ambos, a través del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, en la forma prevista por los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7º de la 1285 de 2009.


2.  El sistema adjetivo prevé pautas en materia territorial para el reparto de los procesos entre las distintas autoridades judiciales, prueba de lo cual es el numeral primero del artículo 28 de la codificación actual, a cuyo tenor


[e]n los procesos contenciosos, salvo disposición legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia (se relieva).

A su vez, el inciso 2 del artículo 16 de la Ley 472 de 1998 consagra que para conocer de las acciones populares «[s]erá competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elección del actor popular»; sin embargo, en el evento que «[p]or los hechos sean varios los jueces competentes, conocerá a prevención el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda».


Todo ello se complementa con el numeral 5 del artículo 28 del Estatuto Procesal vigente, para concluir que si el extremo pasivo de la litis es una persona jurídica, por regla general, es «competente el juez de su domicilio principal», sin embargo cuando los hechos endilgados estén vinculados a una «sucursal o agencia», tendrán atribución, a prevención, el juez de aquél y el de ésta, regla aplicable por virtud de la remisión establecida en el artículo 44 de la Ley 472 de 1998.


De manera que, al existir todas esas posibilidades, es al gestor constitucional a quien corresponde elegir ante cuál dependencia acude por ser esa una indicación que solo a él incumbe efectuar y que el juzgador debe respetar, sin perjuicio de lo que oportunamente discuta el convocado. 


No obstante, en cualquier caso el querellante, al ejercer la elección a prevención, debe soportar jurídica y factualmente su determinación; es decir, tiene que explicar el fundamento de su predilección.


3.        En este episodio, aunque al inicio del libelo se planteó que la infracción colectiva ocurre «a lo largo y ancho del territorio patrio», en otra parte se sostuvo que «[l]a razón social de la entidad accionada, dirección de domicilio para la notificación y sitio donde ocurre la posible vulneración aparece en la parte final de mi demanda» y antes de signar el escrito genitor, agregó «accionado domicilio Banco Davivienda cra. 7 NO. 7 16 La Virginia Rda, [s]itio de vulneración diag. 75B #2A -191 Medellín» (se destaca).


De ese recuento emerge que pese a existir al menos dos factores con incidencia en la asignación, el actor no hizo manifestación alusiva al criterio de escogencia por el que se inclinaba, pese a que ello era impostergable para instruir debidamente sobre la fijación por él efectuada. 


Siendo así las cosas, era preciso que la funcionaria de La Virginia, sede donde se instauró la demanda, adoptara los correctivos necesarios para superar ese estado de incertidumbre y, una vez dilucidados, entrara, ahí sí, a resolver lo pertinente, antes que repudiar de forma imprecisa y anticipada la facultad para asumirla. 


Precisamente, en CSJ AC1318-2016, se expuso que


(…) el receptor no puede salirse de los elementos delimitantes expuestos explícita o implícitamente en la demanda; además, de no estar clara su determinación, está en la obligación de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsión sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo (subraya ajena al texto).



4.        Quiere decir lo anterior que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia procedió con ligereza al rehusar el conocimiento del caso, ya que sin agotar los medios eficaces se abstuvo de impartirle trámite sin mayor sustento factual, por lo que se devolverán las diligencias para que adopte los correctivos necesarios.


DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar prematuro el planteamiento del presente conflicto de competencia.


Segundo:         Remitir el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, para que proceda de conformidad con lo expuesto, y comunicar lo decidido al otro estrado involucrado en esta actuación.


Tercero: Líbrense los oficios correspondientes.


NOTIFÍQUESE




OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado