AC3337-2018


Radicación n° 11001-02-03-000-2018-01975-00


       Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil dieciocho (2018).


Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo Municipal de Santa Bárbara y Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogotá.

ANTECEDENTES


       1.- Ante el primer Despacho, Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. formuló frente a la sociedad Tres MH S.A.S. «demanda de imposición de servidumbre legal de conducción de energía eléctrica con ocupación permanente» sobre el inmueble denominado «lote de terreno La Arboleda», ubicado en la vereda El Buey, del municipio de Santa Bárbara (Antioquia), identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 023-1365.


       En el aparte de competencia, dijo que la determinaba entre otros aspectos, por la naturaleza del proceso y la ubicación del inmueble, de conformidad con el numeral 7 del artículo 26 del Código General del Proceso.


       2.- El funcionario rechazó el libelo arguyendo que de acuerdo al numeral 10 del artículo 28 ejusdem, quien debía conocerlo es el juez del domicilio de la demandante, por ser una entidad pública, regla que prevalecía en virtud de lo previsto en el canon 29 ibídem. En consecuencia, lo remitió a los Juzgados Civiles Municipales de Bogotá.


       3.- Asignada la controversia al Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal la repelió, pues sostuvo que por tratarse de un «proceso de servidumbre» contra una persona jurídica domiciliada en Medellín, la pauta que definía la «competencia» era la del numeral 7 y no la del 5 del citado precepto, por contemplar aquella un fuero privativo. Así que, la envió a esta Sala para que dirimiera la diferencia de criterios.


CONSIDERACIONES


1.- La presente colisión involucra a juzgados de diferente distrito judicial, motivo por el cual incumbe a la Corte desatarla como superior funcional común de los mismos, a través del Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como preceptúan los artículos 35 y 139 del Código General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado éste por el 7º de la 1285 de 2009.


2.- Para determinar la competencia de las autoridades judiciales el legislador ha establecido varios factores, el territorial, el objetivo, el subjetivo y el funcional.


El primero de ellos está consagrado en el artículo 28 del Código General del Proceso, y la distribuye dependiendo del lugar en donde deba promoverse el litigio, de suerte, que no queda al antojo del convocante instaurarlo en cualquier parte de la geografía nacional, sino, que debe hacerlo ceñido a los parámetros allí consignados.


A tales efectos, se hace uso de los llamados «fueros» o «foros». Así, como regla general, en los procesos contenciosos, se acude al «personal» y, por ende será competente el juez del lugar donde el demandado esté domiciliado, o en su lugar, donde ubique su residencia. A su lado, hay otros especiales, como el que la doctrina ha nombrado «forum rei sitae» o «real», que apunta al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicación de los bienes materia de la disputa, y el del numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso que mira a la calidad de una de las partes, por lo que la fija en consideración a su domicilio.


Varios de esos fueros pueden concurrir en una misma causa, lo que se traduce en pluralidad de jueces para aprehenderlo. Y es cuando la ley usa expresiones como «a elección del demandante», «a prevención» o «es también competente»; otorgándole a quien acude a la administración de justicia la posibilidad de elegir el fallador encargado de adelantar su caso.


Sin embargo, hay ocasiones en que se anula esa discrecionalidad, y es cuando se hace uso de locuciones como «la competencia corresponde en forma privativa», «será competente, de modo privativo», «conocerá en forma privativa». Lo que significa que el servidor a quien en tales condiciones se le atribuye «competencia» es el único encargado de dirimir los debates sometidos a su juicio, con exclusión de cualquier otro.


Sobre el particular esta Corporación en AC1772-2018 reiteró que


“(…) [e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicación del bien involucrado en el debate pertinente, no pudiéndose acudir, bajo ningún punto de vista, a otro funcionario judicial (…) (subrayado de ahora).


Entre esos supuestos, y para los fines de este debate, se destaca el numeral 7 del artículo 28 ejusdem que dispone que


[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiación, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, será competente de modo privativo, el juez del lugar donde estén ubicados los bienes, y si se hallan en distinta circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elección del demandante» (destaca la Sala).


En el mismo sentido, se encuentra el numeral 10 de la misma norma, según el cual


[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte esté conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública y cualquier otro sujeto, prevalecerá el fuero territorial de aquellas».


A fin de que actúen cada uno de esos preceptos es necesario que se cumplan las hipótesis allí descritas. Así, para que se aplique el numeral 7°, debe tratarse de los asuntos allí detallados. En torno al 10, en AC2593-2018 la Sala explicó que


[a]hora, para que operen los parámetros apuntados, y exista esa primacía o exclusividad, es primordial tener certeza de la condición del ente convocado, es decir, debe ser «una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública», de lo contrario, habrá que acudirse a los «foros» generales.


En ese sentido, se destaca, que el artículo 286 de la Constitución Política indica que «son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. La ley podrá otorgarles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley».


Por su parte, el artículo 68 de la Ley 489 de 1998 enseña que son «entidades descentralizadas» del orden nacional


(…) los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio (se enfatiza).


En cuanto al concepto de «entidad púbica», si bien no existe en la legislación una definición, se puede hacer uso del parágrafo del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto advierte que


[p]ara los efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50% (resalta la Sala).

       

       3.- En el sub lite, confluyen esos dos eventos, si en cuenta se tiene que la actora es una entidad pública, pues según sus estatutos (que corresponden a los de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., ya que de acuerdo a la escritura número 3679 de 23 de octubre de 2017, aquélla cambió su nombre por el de Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P.),


(…) es una sociedad constituida con aportes estatales y de capital privado, de carácter u orden distrital, en la cual los entes del Estado poseerán por lo menos el 51% de su capital social, de conformidad con el Acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogotá (antes Concejo de Santa Fe de Bogotá), Distrito Capital, que autorizó su organización como sociedad por acciones en desarrollo de las disposiciones del artículo 17 y 19 de la ley 142 de 1994 y del artículo 104 del Decreto Ley 1421 de 1990”, (se destaca).


       Y además, acude a la jurisdicción para que se imponga servidumbre en el inmueble de propiedad de Tres MH S.A.S.


       Ahora, la colisión se origina porque en el sub lite, la circunscripción judicial a la que apuntan cada uno de esos «foros» es diferente. Véase que de acuerdo al certificado de existencia y representación de la reclamante, su «domicilio» corresponde a la ciudad de Bogotá, sin «sucursales» o «agencias» y, el predio cuya limitación se pretende se encuentra localizado en la vereda El Buey, del municipio de Santa Bárbara.


Luego, ambas pautas, de «forma privativa», están llamadas a regir el sub examine; pero una le asigna la competencia al «juez del lugar donde están ubicados los bienes», y la otra, al «juez del domicilio de la respectiva entidad». Por lo tanto, para efectos de definir el servidor judicial llamado a solucionarlo, habrá de otorgársele primacía a una sobre la otra, es decir, tendrá que escogerse entre el «foro real» o el «personal».


Esta Corte, ha remediado el dilema con el inciso primero del artículo 29 del Código General del Proceso, conforme al cual «es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes», estableciendo que en todos los trámites en donde participe un organismo de ese linaje habrá de preferirse su «fuero personal». Al respecto, en AC2256-2018 aseveró que


[d]e ahí que, tratándose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicación del bien; y, donde una entidad pública sea parte, el fuero privativo será el del domicilio de ésta, debido a que, la ley determina que es el fuero personal el que prevalece.


       Sin embargo, no hay que perder de vista que a la hora de esclarecer el alcance de todas estas directrices, le corresponde al intérprete, en los términos del artículo 26 del Código Civil, fijar su verdadero sentido, atendiendo entre otros aspectos, a su finalidad y contexto, más aún cuando están destinadas a reglar el acceso a la jurisdicción.


       Bajo esta perspectiva, memórese que la diversidad de «foros» señalados en el artículo 28 del Código General del Proceso tiene una razón de ser, de modo que la asignación de la competencia por uno y otro, como lo advierte Chiovenda, obedece al principio de «libertad e igualdad» de quienes participan en un proceso, conforme al cual la ley reparte «entre el actor y el demandado con equitativa proporción sus garantías». Por eso, con el fin aplicarlos es necesario atender las razones que los justifican, no de otra manera podrá acatarse el principio que irradia a todo el estatuto procesal, esto es, que «toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso de duración razonable» (artículo 6).


       Al respecto dicho tratadista enseña que 


[a]un cuando la mayor parte de los fueros o foros se derivan del pasado, la distribución moderna de la competencia territorial se realiza conforme a un concepto enteramente distinto al antiguo. El fuero general de todos los ciudadanos no se funda en su sumisión a un juez determinado que tenga derecho a ejercer sobre él el poder jurisdiccional y esté, por lo mismo interesado en hacer valer este derecho contra jueces rivales que lo usurpasen. Además, suprimidas todas las jurisdicciones privilegiadas o extraordinarias, el actor sabe directamente por la ley cuál es el tribunal ante el cual debe citar al demandado. Y la ley cuando fija la competencia no trata de inspirarse en otro concepto sino en el que informa todo nuestro derecho público: la libertad e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Al aplicar este principio, la ley encuéntrase en la necesidad de repartir entre el actor y el demandado con equitativa proporción sus garantías. Por esto, de un lado tiene en cuenta el interés del demandado de ser molestado lo menos posible en su vida y en sus negocios, disponiendo que sea citado ante el juez menos oneroso para él. Del mismo modo todos pagan sus deudas de ciudadano (servicio militar, impuestos, voto político, etc), en el lugar donde habitan actualmente. De otro lado, la ley tiene en consideración la libertad de acción del actor cuando le da la elección entre varios foros, p. ej. le permite citar al demandado en el lugar del domicilio o de la residencia. Otras veces la ley exige un fuero especial porque le parece más útil al interés de ambas partes o al juez mismo, como en el caso de acción real sobre bienes inmuebles; y a veces en cambio favorece al actor, según las circunstancias de las pretensiones que éste propone en juicio, de este modo la ley evita la apariencia de parcialidad hacia el demandado y al mismo tiempo consigue que los asuntos sean mejor distribuidos en los diferentes Tribunales del territorio del Estado1.


En ese sentido, la «prevalencia» contemplada en el artículo 29 mencionado, lo que establece finalmente es un beneficio a favor de uno de los litigantes, de tal suerte, que ante cualquier otra circunstancia que pueda definir la competencia, se privilegia su status.


Es el caso del numeral 10 ibídem, que sólo habilita al «juez del domicilio de la entidad pública» para conocer de las contiendas en las que éstas intervengan. Ello, para facilitarle el ejercicio del derecho de acción o contradicción,  dependiendo de si es convocante o convocada, de tal suerte que lo pueda desplegar de forma adecuada, sin necesidad de desplazarse a un lugar distinto al asiento de sus negocios. No es otra la aspiración del legislador cuando en estos eventos defiere la «competencia» al «fuero  personal», sino que tales «entes» comparezcan al «proceso» en circunstancias menos gravosas.


Así se desprende de la variación que sufrió el numeral 18 del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, dado que desde la redacción que preveía que «de los procesos contenciosos en que sea parte un departamento, una intendencia, una comisaría, un municipio, un establecimiento público, una empresa industrial o comercial del Estado o de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de economía mixta, conocerá el juez del domicilio o de la cabecera de la parte demandada» (se enfatiza), se pasó a la de que «en los procesos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad» (se enfatiza).


Si esto es así, lo que apareja un «beneficio» para la «entidad», nada impide que decline de él, direccionando el libelo al juez del sitio en donde se encuentran los bienes objeto de sus exigencias, quien en principio estaría facultado para aprehenderlas en virtud del «foro real», máxime si hay motivos para considerar que el traslado del asunto a un lugar distinto a ése, deviene en perjuicio de sus intereses.

En esos términos el canon 15 del Código Civil previene que «podrán renunciarse los derechos conferidos por la leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia», como en este caso, pues se insiste, la «competencia» asignada al «juez del domicilio de la entidad» está instituida en su provecho.


Precepto que opera con todo su rigor en el sub júdice, pues según lo estatuido en el artículo 32 de la ley 142 de 1994,


[s]alvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado.


Adicionalmente, a pesar que el referente para determinar la «competencia» en el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso es la «calidad de las partes», la remite al «domicilio de la entidad», es decir, a uno de los «foros del factor territorial», del cual puede abdicar en virtud a su prorrogabilidad por mandato del artículo 16 del mismo compendio.


De otro lado, las razones de conveniencia para tal desprendimiento tienen que ver con la cercanía de las partes y el juez al lugar donde se sitúa la finca materia de servidumbre, lo que sin duda les facilitará a ellas el «derecho de defensa», y al operador judicial la adopción de las respectivas decisiones, pues estarán próximos a la cosa litigada.


4.- En la cuestión analizada, Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. abandonó esa ventaja, al radicar el pliego ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara, pues adujo que lo hacía porque el «lote de terreno La Arboleda», «se encuentra ubicado en el municipio de Santa Bárbara», que necesita «para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica, requerida dentro del tramo denominado ‘Refuerzo Suoroccidental’» del «Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Nacional».


Y en el escrito de 24 de abril de 2010, donde cuestionó el rechazo de la demanda por el titular de ese Despacho dijo  que


[r]eiteramos que para la entidad demandante sería más fácil atender los procesos en su domicilio, es decir, la ciudad de Bogotá, pero esto sería generar una carga absurda al demandado para que ejerza su derecho a la defensa que con toda seguridad no podrá hacer y también para los jueces, quienes no podrán acceder de manera directa a las pruebas del proceso y cumplir con los términos que la ley ha impuesto para hacerlo más expedito, pues se trata de la prestación de un servicio público esencial que con la decisión objeto de recurso no podrá materializarse efectivamente.

       De este modo, si el Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P., a sabiendas del foro perfilado para su «defensa», abdicó de él al dirigir su demanda al «Juez Promiscuo Municipal de Santa Bárbara», mal podría anteponerse a ese querer la primacía detallada en el artículo 29 del Código General del Proceso, pues si de cara a sus intereses y de los de su contradictor, le parece mejor que sea aquel juzgador el que conozca de sus pedimentos, dada su proximidad al inmueble objeto de controversia, no hay motivos para atarlo a otro que por su lejanía carecerá de inmediación en relación con los hechos que la soportan. Lo contrario, sería tanto como obligar a la empresa a que haga uso de una concesión que le resulta infructuosa.


       Además, tal proceder lejos de ser arbitrario o caprichoso, encuentra respaldo en argumentos que vistos desde los fines de las normas sobre competencia, los satisfacen, en tanto acerca la sede del pleito al lugar en donde se ubica su objeto, lo que a su turno permite la realización eficaz de los actos procesales que allí deben surtirse. Así, el juez que adelanta el caso será quien practique la inspección judicial que demanda el artículo 28 de la ley 56 de 1981, y no uno distinto a la región donde se halla el bien, hecho que en esta polémica cobra aún más relevancia, si ya el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara la efectuó. También se realizarán las pruebas necesarias para dictaminar la reparación a que tiene «derecho» el titular del dominio afectado, quien a su vez comparecerá a la lid con el menor costo y lesión posible, como aquí acontece, en tanto la reconvenida está domiciliada en Medellín, urbe próxima a Santa Bárbara.


       Al respecto, en AC3288-2018 la Corporación en un juicio de similares contornos, aunque por caminos diferentes, concluyó que son competentes de la «‘declaración de la servidumbre para la conducción de energía eléctrica’, «los jueces de la jurisdicción territorial donde se ubica el inmueble en el cual se llevará a cabo la servidumbre». Entre otros puntos, resaltó que


(…) en estos eventos es apenas manifiesto que las pruebas y los elementos para la solución de la controversia se pueden allegar más fácil y rápidamente en el sitio donde se encuentra el objeto de la cuestión, respetándose, además, la comodidad y el interés particular.


(…).


Adicionalmente, el Estado Constitucional debe ofertar justicia facilitando al ciudadano afectado con la servidumbre el acceso a la misma y salvaguardándole sus prerrogativas a la defensa, sin trasladarlo a lugares ajenos al sitio donde ejercer el derecho de dominio sobre la cosa y lo humaniza con su trabajo.


       5.- Por consiguiente, se dispondrá el retorno de las diligencias al servidor que las recibió en un comienzo, a fin de que continúe el adelantamiento de este trámite.



DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, el Suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Bárbara es el competente para conocer del trámite en referencia.


Segundo: Remitir la actuación al citado despacho y comunicar lo decidido al Juzgado Cincuenta y Tres Civil Municipal de Bogotá.


Tercero: Librar, por secretaría, los oficios correspondientes.


NOTIFÍQUESE





OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE

Magistrado


1Chiovenda Giusseppe, Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Págs. 660 y 661.