LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador


AC3347-2018

Radicación n.º 11001-02-03-000-2018-02222-00


Bogotá D. C., nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018)



       Se decide el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Séptimo Civil Municipal de Oralidad de Barranquilla y Sexto Civil Municipal de Armenia, para conocer del juicio ejecutivo “por cuotas de administración” impulsado por el Centro Comercial San Andresito Centenario Armenia frente a G.A.C. Ingeniería y Soluciones S.A.S.


1. ANTECEDENTES


       1.1. Petitum. La actora pidió librar orden de pago por $7.229.301, más sus respectivos intereses.


       1.2. Causa petendi. La accionada es dueña de una local que hace parte de la propiedad horizontal demandante, y adeuda numerosas cuotas de administración.


1.3. Fijación de la competencia en el libelo. La libelista lo dirigió a los jueces civiles municipales de Armenia, respecto de los cuales radicó la competencia “(…) por el domicilio de la demandada [y] por el lugar de cumplimiento de las obligaciones”.


       1.4. En auto de 5 de abril de 2018 (fl. 21), el Juzgado Sexto Civil Municipal de Oralidad de la referida localidad, se declaró incompetente para conocer de la acción, al observar que el domicilio de la demandada se ubicaba en Barranquilla, conforme corroboró accediendo al sistema del Registro Único Empresarial “RUES”.


1.5. Por pronunciamiento de 1 de junio ulterior (fls. 24-25), el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Oralidad de la capital atlanticense, receptor del proceso, de igual modo se sustrajo de atenderlo, tras advertir:


“Si bien es cierto observado el certificado de existencia y representación legal de la parte demandada se aprecia que el domicilio de la sucursal es en Barranquilla (…), no lo es menos, que en los procesos contra una persona jurídica también es competente el domicilio de la sucursal conforme lo establecido en el numeral 5 del artículo 28 del Código General del proceso, en este caso el Juez Sexto Civil Municipal de Armenia, en razón que fue el que escogió el demandante y señaló en el acápite de competencia.


“Por demás, apreciado el título ejecutivo, a fin de establecer si se da cumplimiento al numeral 3 del artículo 28 (…), se observa que el lugar de cumplimiento del obligación (sic) es Armenia, lo que tampoco daría competencia [a este despacho]”.


       1.6. Planteó así el conflicto negativo y envió el expediente a esta Corporación para dirimirlo.


2. CONSIDERACIONES


2.1. Cual ocurre con el Derecho Civil, el Derecho Mercantil se ocupa de regular relaciones privadas, pero no todas; apenas aquellas que de acuerdo con el ordenamiento positivo constituyen “materia comercial”.


A esta finalidad responden un buen número de las disposiciones traídas en el Código de Comercio, entre las cuales se destacan las consignadas en sus artículos 1, 11, 20, 21, 22, 23, 24 y 100. Esos preceptos permiten determinar, en cada caso particular, si el negocio, contrato u operación de que se trata da origen o no a un “asunto mercantil”.


2.2. Las obligaciones propter rem o a causa de la cosa, derivadas de la titularidad del derecho de dominio, la posesión, la propiedad fiduciaria o inclusive la simple tenencia, sobre inmuebles sometidos a los regímenes de propiedad horizontal, aunque en principio merecen la calificación de civiles, se convierten en comerciales cuando sus prestaciones deben ser cumplidas por personas naturales o jurídicas que ostentan la calidad de comerciantes, dedicadas al ejercicio del comercio y que reúnen todos los requisitos para ser apreciados como tales.


Se aplica en estos eventos un criterio subjetivo o personal, partiendo del comerciante hacia el acto de comercio, vale decir, considerando la persona y no la operación realizada, para llegar a la conclusión de que los negocios efectuados por los comerciantes son de comercio y, por tanto, sometidos quedan al imperio de la legislación mercantil (arts. 1, 22 y 100 C.Co.1).


2.3. En el subjúdice, no hay duda, la entidad convocada, en el caso G.A.C. Ingeniería y Soluciones S.A.S., ostenta la calidad de comerciante, no sólo por hallarse inscrita en el registro del ramo, dedicarse habitualmente a realizar actos de tal naturaleza; sino también por ser una sociedad simplificada por acciones de carácter comercial (art. 100 ib.).


Por ese motivo, a la relación obligacional existente entre ella y el centro comercial reclamante le son plenamente aplicables las disposiciones del Estatuto Mercantil.


2.4. Lo dicho sirve de base para dejar por establecido que, en el asunto de autos, la competencia territorial para conocer de las diligencias se encuentra radicada en el juzgador de Armenia, porque en razón de lo previsto en el canon 8762 de la codificación en cita, la satisfacción de las obligaciones demandadas, a falta de estipulación en contrario, debe realizarse en el domicilio del acreedor, que de acuerdo con la información vertida en el libelo inicial y en sus anexos, es en esa capital.


Por lo mismo, en atención a lo estatuido en el numeral 3º del artículo 28 del Estatuto Procesal, debe concluirse que es a dicho sentenciador a quien incumbe gestionar la controversia cuyo conocimiento aquí se discute.


A otra conclusión se llegaría de contemplarse que el subéxamine se rigiera bajo las normas del Código Civil, porque según ellas, específicamente en el artículo 1646, de no pactarse en contrario, “se hará el pago en el domicilio del deudor”. Pero evidentemente no es este el caso.


2.5. No son atendibles las razones expuestas por los estrados involucrados para separarse del conocimiento del presente asunto, pues ello equivaldría a subvertir las reglas de competencia fijadas en el canon 28 de la codificación citada; nótese, el actor, único a quien pertenece la elección tratándose de fueros concurrentes, optó por impetrar el libelo ante los jueces de Armenia, por ser ese el lugar del cumplimiento de las obligaciones dimanadas del título base del recaudo y el “domicilio de la demandada”.


Descartado que el domicilio principal de la entidad llamada a juicio se encontrase en Armenia, concernía al respectivo juzgador eliminar el otro foro invocado por el promotor, esto es, el atañedero al sitio donde habrían de satisfacerse las obligaciones ejecutadas. Al no proceder de esa manera, terminó suplantándole en su elección, contrariando con ello, lo previsto en los numerales 1, 3 y 5 del precepto 28 de la Ley de Enjuiciamiento vigente.


Tampoco es admisible la tesis prohijada por el juzgador de Barranquilla, porque no hay constancia, en la foliatura, de que la demandada posea sucursales o agencias legal y debidamente constituidas en la ciudad de Armenia.


Por otra parte, y contrario a lo sostenido por el aludido fallador, no obra en el expediente prueba alguna de la cual se desprenda que el lugar de pago de las expensas reclamadas se hubiere pactado expresamente en la capital del Quindío, imposibilitándose entonces la aplicación de lo consignado en el numeral 3º del precepto 28 C.G.P., en el sentido por él propuesto, mas sí en la forma en como se ha razonado en este proveído.


2.6. Se asignarán entonces las diligencias al enunciado funcionario.


3. DECISIÓN


       En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara que el Juzgado Sexto Civil Municipal de Armenia es el competente para conocer de la acción ejecutiva de la referencia, a quien se ordena remitir las diligencias, comunicando lo decidido a la otra autoridad judicial involucrada. Ofíciese.


Notifíquese





LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado Sustanciador


1 “Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas” (Art. 1 C.Co.).

“Si el acto fuere mercantil para una de las partes se regirá por las disposiciones de la ley comercial” (Art. 20 C.Co.).

“Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles.

Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil” (Art. 100 C.Co.).

2 “Salvo estipulación en contrario, la obligación que tenga por objeto una suma de dinero deberá cumplirse en el lugar de domicilio que tenga el acreedor al tiempo del vencimiento (…)”.